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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO O CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PRESENTADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2009. · Registro digital (IUS): 22063
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2000.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 325/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por quien actuó como parte quejosa dentro de uno de los juicios de amparo donde se dictó una de las resoluciones señaladas como contradictorias.

TERCERO. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada es necesario transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el doce de marzo de dos mil nueve el amparo directo 10/2009, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Como las causas que dan lugar a la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada, sea que las partes lo hagan valer o no, conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 73 de la Ley de Amparo, a continuación este tribunal se avoca al examen de la que hace valer la autoridad responsable, Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su informe justificado de veintiséis de noviembre de dos mil ocho. La Sala responsable en su informe con justificación relativo manifiesta que se debe sobreseer en el presente juicio de garantías, bajo el argumento de que no resulta procedente el juicio de amparo directo contra la resolución reclamada de cinco de junio de dos mil ocho, emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, al no constituir una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por un tribunal administrativo. Asiste razón a la autoridad en cita, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse agotado un medio ordinario de defensa en contra de la resolución reclamada, por medio del cual se pudiera modificar, revocar o nulificar. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, prescribe lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). La anterior norma contempla la hipótesis de la improcedencia del juicio de garantías cuando existe un medio ordinario de defensa que deba agotarse previo (sic) a demandar la protección constitucional, a través del cual pueda ser modificado, revocado o anulado el acto reclamado. Tal precepto legal consagra el principio de definitividad del juicio de garantías, consistente en que, como el referido juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa, debe acudirse a él una vez que el gobernado ha agotado, en primer término, los recursos ordinarios que la ley común ha puesto a su alcance, de manera que no exista diversa posibilidad para dejar sin efecto o variar el sentido del acto reclamado. Además de lo anterior, la citada norma reglamentaria pretende evitar la existencia simultánea de diversos medios de defensa respecto del mismo acto reclamado, lo que se explica porque se correría el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, provocando inseguridad jurídica en el gobernado, lo que jurídicamente es inadmisible. Para efecto del presente estudio, se considera necesario precisar el contenido del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el siguiente: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). El segundo párrafo del precepto constitucional antes transcrito fue adicionado mediante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil dos, a fin de establecer que sería objetiva y directa la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares; y que los gobernados tendrían derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Ahora, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esa ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia. Los artículos del 17 al 26 de la referida Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, regulan el procedimiento de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales, en los términos siguientes: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). ‘Artículo 19.’ (se transcribe). ‘Artículo 20.’ (se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). ‘Artículo 22.’ (se transcribe). ‘Artículo 23.’ (se transcribe). ‘Artículo 24.’ (se transcribe). ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 26.’ (se transcribe). De los preceptos antes transcritos se infiere, en lo que aquí interesa, que la parte interesada podrá presentar su reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante podrán impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado refiere textualmente que dicha impugnación procederá cuando ‘nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante’; sin embargo, no puede llegarse al extremo de concluir que únicamente cuando se resuelva el fondo del litigio procede la referida impugnación, y no así en el supuesto de sobreseimiento en el procedimiento respectivo -como sucede en la especie-, pues es evidente que en ambas hipótesis no se satisface la pretensión de la parte accionante. Por consiguiente, en tal disyuntiva debe realizase una interpretación extensiva del precepto legal que se analiza en el caso en que se sobresea en el procedimiento administrativo instado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de atender la intención del legislador, misma que consistió en evitar la posible parcialidad o discrecionalidad en la que pudieran incurrir las autoridades que otrora resolvían en primera instancia este tipo de conflictos en su propia sede administrativa, por lo que se consideró preferible que fuera el mencionado tribunal el que conociera inicialmente de esas reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a través de un procedimiento regulado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, actuando como autoridad administrativa y no jurisdiccional; asimismo, se estableció la procedencia de impugnar la resolución de ese procedimiento ante el mismo órgano jurisdiccional, de donde se concluye que el propio tribunal fiscal se erige como sede biinstancial. Dicha competencia se corrobora con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente el veintidós de noviembre de dos mil siete -fecha en que se presentó la demanda de responsabilidad patrimonial-, del tenor siguiente: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves seis de diciembre de dos mil siete, en su artículo 14, fracciones VIII y XV, dispone: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Ahora, de los autos que conforman el expediente 86/08-01-01-7 del índice de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se advierte que en el escrito de demanda presentado por el ahora quejoso **********, precisó textualmente lo siguiente: (se transcribe). En proveído de once de enero de dos mil ocho se admitió a trámite el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en cuanto a la vía jurisdiccional conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Seguido el procedimiento en sus etapas procesales correspondientes, el cinco de junio de dos mil ocho se resolvió bajo los puntos resolutivos siguientes: (se transcribe). Bajo dichas consideraciones, queda demostrado que en contra de la resolución reclamada en esta instancia constitucional de cinco de junio de dos mil ocho procedía su impugnación directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por medio del cual se podía modificar, revocar o nulificar la misma. Al efecto, este órgano judicial comparte la tesis aislada número I.15o.A.91 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1814 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de 2008, que dice: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS PROCESOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y LA DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES VINCULADAS AL TEMA, EVIDENCIAN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN EN LA MATERIA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y DE LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL QUE EN ÉL SE DICTE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe). Por ello, sí era procedente que se agotara el medio ordinario de defensa consistente en impugnar directamente la resolución de cinco de junio de dos mil ocho por vía jurisdiccional ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo a demandar la protección constitucional. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Como producto de esas reflexiones, el Tribunal Colegiado de cuenta emitió la siguiente tesis aislada:

"No. Registro: 166,811

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXX, julio de 2009

"Tesis: XV.5o.6 A

"Página: 2066

"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN RESPECTIVO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y, POR TANTO, ÉSTE DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado refiere que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante, podrán impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el propio tribunal, también lo es que no puede concluirse que únicamente cuando se resuelva el fondo del litigio procede la referida impugnación, pues en el supuesto de que se sobresea en el procedimiento respectivo, es evidente que no se satisface la pretensión de la parte accionante. En tal disyuntiva, debe realizarse una interpretación extensiva de dicho precepto, a fin de atender la intención del legislador, que consistió en evitar la posible parcialidad o discrecionalidad en la que pudieran incurrir las autoridades administrativas que resolvían en primera instancia este tipo de conflictos en su propia sede, por lo que se consideró preferible que fuera el mencionado tribunal el que conociera inicialmente de esas reclamaciones de indemnización, a través de un procedimiento regulado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, actuando como autoridad administrativa y no jurisdiccional; asimismo, se estableció la procedencia de impugnar la resolución de ese procedimiento ante el propio órgano jurisdiccional, de donde se concluye que éste se erige como sede biinstancial. Bajo dichas consideraciones, el sobreseimiento decretado en el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el citado tribunal y, por tanto, debe agotarse previo a la promoción del juicio de garantías, al existir un medio ordinario de defensa que puede modificar, revocar o nulificar dicha determinación, en términos de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el veintiséis de marzo de dos mil nueve el amparo en revisión 384/2008, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios son sustancialmente fundados. En efecto, la parte recurrente esencialmente se duele de que la Juez de Distrito interpretó indebidamente el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez que dicho numeral establece que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante podrán impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el propio Tribunal Fiscal Federal, pero que la a quo perdió de vista que la resolución por la que se desechó su reclamación inicial, de fecha tres de marzo de dos mil ocho, no fue una resolución final dictada por el Pleno del Tribunal responsable, sino una que lo declaró improcedente, emitida por un solo Magistrado, por lo que, en esas condiciones, sí procedía el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la aplicable en la especie, contrario a lo sentenciado, por lo que pide que el amparo le sea concedido para el efecto de que se admita el recurso de revisión planteado ante la autoridad responsable. Los reseñados agravios son fundados, en la medida en que es verdad que la Juez del conocimiento realizó una incorrecta interpretación del artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa del Estado, en que se fundó el acto reclamado, como enseguida se verá. Así es, se recordará que los antecedentes del caso, que se relacionaron en la sentencia recurrida, son los siguientes: (se transcriben). Como se ve, a la reclamación presentada por los ahora quejosos el veintisiete de febrero de dos mil ocho, para solicitar el pago de una indemnización por concepto de daño moral y personal, en nombre de su menor hijo **********, causado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como consecuencia de que el personal de ese instituto (se transcribe), de la cual correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y a la que recayó acuerdo de tres de marzo de dos mil ocho, dictado por el Magistrado instructor, en el que se desechó la mencionada reclamación, al considerarla extemporánea. En contra de ese desechamiento, los promoventes interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la propia Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien, en respuesta a ello, dictó el auto de cuatro de abril de dos mil ocho (acto reclamado en el juicio de garantías), en el que declaró improcedente dicho recurso de revisión, fundamentalmente, por considerar que el Magistrado instructor ante quien se presentó el mencionado recurso: (se transcribe). Hasta aquí queda claro que el auto en que se desechó la reclamación, esto es, que puso fin a ese procedimiento que se tramita en la vía administrativa, de fecha tres de marzo de dos mil ocho, fue dictado por el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, que en el acto reclamado dictado por la Sala responsable el cuatro de abril de esa misma anualidad se consideró que el recurso de revisión hecho valer los promoventes de la reclamación, en contra de tal desechamiento, era improcedente, al no estar previsto en precepto legal alguno quién es el superior jerárquico del referido Magistrado instructor, que debe sustanciarlo. Ahora bien, el Artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que dicha ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Por su parte, el numeral 9o. de la ley en cita dispone que, a falta de disposición expresa en la misma, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal y los principios generales del derecho. Asimismo, el diverso artículo 24 de la mencionada Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prevé que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante podrán impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según se aprecia de su texto que dice: ‘Artículo 24.’ (se transcribe). De una correcta interpretación del texto del anotado precepto legal se aprecia que, como aducen los inconformes, al referirse a ‘las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante’, debe entenderse que alude a resoluciones finales dictadas por el Tribunal Fiscal Federal, esto es, funcionando en pleno, en las que se resuelve el problema de fondo planteado en la reclamación, tanto es así que al señalar que ‘nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante’, es evidente que la negativa implica que se examinó el planteamiento del afectado con la conducta irregular del Estado, y se llegó a la conclusión de negarlo, o bien, se determina la responsabilidad del Estado y se establece una cantidad a pagar por concepto de indemnización, menor a la pretendida por el particular. En este sentido, resulta inconcuso que, al remitir la propia ley de la materia a la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace palpable que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conoce de esas reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a través de un procedimiento en el que actúa como autoridad administrativa y no jurisdiccional. Tiene aplicación al caso, el criterio, que se acoge, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tesis número I.15o.A.91 A de la Novena Época, con número de registro IUS 170,022, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1814, que dice: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS PROCESOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y LA DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES VINCULADAS AL TEMA, EVIDENCIAN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN EN LA MATERIA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y DE LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL QUE EN ÉL SE DICTE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe). Luego, es evidente que el supuesto jurídico previsto en el citado artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en cuanto a que en contra del desechamiento de la reclamación formulada por los afectados, proceda el juicio de nulidad, no se concreta en este asunto, dado que, como se vio, el auto de tres de marzo de dos mil ocho, en que se desechó la solicitud de reclamación formulada por los aquí quejosos, no constituye una resolución final que hubiese negado la indemnización solicitada, ni determinó monto alguno a pagar por concepto de indemnización, precisamente porque fue desechada, lo cual quiere decir que no hubo estudio de fondo y, por lo mismo, contrario (sic) a lo señalado por la a quo, dicha decisión no es factible de considerarse ‘análoga’ a una negativa, ya que constituye una resolución de naturaleza jurídica distinta a aquélla, como equivocadamente sostuvo la juzgadora en la parte de la sentencia en que dijo: (se transcribe). Al respecto, cobra aplicación, por los motivos que lo informan, el criterio que se comparte del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, reflejado en la tesis número I.15o.A.93 A de la Novena Época, con número de registro IUS 170,024, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1811, del tenor siguiente: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN LA FASE ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA INDIRECTA.’ (se transcribe). Aunado a lo anterior, la Juez Federal soslayó que, ante la falta de disposición expresa que establezca el medio de defensa idóneo para combatir el desechamiento de una reclamación, debió estarse a lo dispuesto por el referido artículo 9o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial el Estado, que, como se vio, autoriza la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, misma que, en su artículo 83, ciertamente establece el recurso de revisión para los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, como acontece en la especie, y se corrobora con su texto que dice: ‘Artículo 83.’ (se transcribe). No constituye obstáculo a la anterior decisión el que la autoridad responsable hubiese apoyado la improcedencia del recurso de revisión que nos ocupa, bajo la consideración relativa a que no existe disposición que establezca quién es el superior jerárquico que debe sustanciarlo, pues es evidente que ese superior jerárquico es el propio Pleno del Tribunal Fiscal Federal, quien debe conocer y resolver ese recurso, puesto que es ese tribunal, en principio, quien en todo caso debe resolver la reclamación. En este sentido, tiene aplicación, por los motivos que lo informan, el criterio que se comparte del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la tesis número I.15o.A.92 A de la Novena Época, con número de registro IUS 170,023, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1813, que dice: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA EN LA FASE ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL DE LA MATERIA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO ASÍ LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA UNA DEMANDA DE NULIDAD.’ (se transcribe). En estas condiciones, al no haber admitido el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es inconcuso que el tribunal responsable incurrió en violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en el artículo 14 constitucional, en detrimento de los quejosos, ya que el cumplimiento de las mencionadas garantías no se concreta exclusivamente a que se invoquen fundamentos de derecho a cada caso concreto, sino implica que, previo a emitir el acto de autoridad, se verifique que se actualice la hipótesis normativa al caso concreto, de tal modo que resulte aplicable al supuesto de hecho. Así, no es válido que las autoridades, sean jurisdiccionales o administrativas, resuelvan una instancia sin ajustarse a los supuestos normativos, pues están obligadas a resolver según el derecho aplicable a los hechos expuestos por el interesado; de lo contrario, vulneran las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En las condiciones anotadas, es claro que el acto reclamado atribuido a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la parte que declaró improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento, hecho valer por los promoventes de la reclamación, en contra de su desechamiento, es violatorio de garantías, por lo que lo que procede en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los peticionarios, a efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, en la parte relativa, y en su lugar, dicte uno nuevo en el que prescinda de los argumentos que aquí se estiman incorrectos, y hecho lo cual, dicte la resolución correspondiente de acuerdo al procedimiento establecido en el referido cuerpo legal. La anterior decisión no se contrapone a la concesión otorgada por la juzgadora en la sentencia que se revisa, sino que le da sentido, habida cuenta que de esa forma se logra cumplir con el objetivo que persigue el juicio de amparo, que consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, según lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo."

QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, por lo siguiente:

1. Al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron sobre una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si de conformidad con el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decreten el sobreseimiento de un procedimiento donde haya solicitado la indemnización por causa de responsabilidad patrimonial del Estado pueden o no impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el propio tribunal; los órganos colegiados sostuvieron criterios encontrados entre sí.

2. Al pronunciarse sobre el particular, los órganos jurisdiccionales antes mencionados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito señaló lo siguiente:

A) Que cuando, como en el caso de su conocimiento, se impugne la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, sin antes acudir al recurso de reclamación ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de los artículos del 17 al 26 de la ley relativa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra de la resolución reclamada.

B) Que si bien el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se refiere a que dicho medio de impugnación procede cuando se niegue la indemnización o cuando su monto no satisfaga el interés del reclamante; sin embargo, eso no significa que sólo procederá tal recurso cuando se resuelva el fondo de litigio, sino que debe hacerse extensivo a los casos en que, al resolver, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considere actualizada alguna causa de improcedencia y decrete el sobreseimiento respectivo, máxime que el legislador, al prever la existencia del medio de impugnación comentado, consideró necesario evitar la posible parcialidad en que pudieran incurrir las autoridades que anteriormente resolvían en primera instancia este tipo de conflictos en su propia sede administrativa, por lo cual el propio Tribunal Fiscal se erige como sede bi instancial.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito adujo medularmente:

A) Que de acuerdo con el contenido del artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa del Estado se desprende que cuando éste se refiere a las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22063-260a99b4/responsabilidad-patrimonial-del-estado-no-procede-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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