Corpus
Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. LA DESIGNACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, NO INVALIDA SU PRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2009. · Registro digital (IUS): 22128
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 681.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal; y los artículos 37, primer párrafo y 88, segundo párrafo, primera parte, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia común, también existen criterios temáticos que resuelven el problema jurídico planteado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por **********, en su calidad de autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, de la persona moral denominada **********, quejosa dentro del juicio de amparo directo 389/2009, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, dentro del cual se resolvió el recurso de reclamación 15/2009, que constituye uno de los criterios materia del presente asunto; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Para pronunciarse sobre la existencia de la contradicción de tesis y la procedencia de la denuncia, deben considerarse los criterios sustentados por los órganos colegiados involucrados, por lo que a continuación se transcriben:

La parte considerativa de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el recurso de reclamación 15/2009, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"PRIMERO. El auto recurrido, es del tenor literal siguiente: ‘Mexicali, Baja California, a diecinueve de junio de dos mil nueve. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese el expediente de amparo directo número 389/2009. Ahora bien, del análisis del expediente y los anexos que remite la Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que la resolución impugnada le fue notificada a la parte quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, el treinta de enero de dos mil nueve, surtiendo efectos tal notificación el tres del febrero del año en curso, conforme lo establece el artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que, el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, empezó a correr el cuatro, concluyó el veinticinco de febrero de dos mil nueve, siendo inhábiles los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós, por haber sido sábados y domingos, y en consecuencia inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el cinco del mes y año en comento, y como la demanda de garantías fue presentada el tres de marzo de dos mil nueve, ante la autoridad responsable Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Tijuana, Baja California, es clara su extemporaneidad; por tanto, con fundamento en el artículo 177 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 73, fracción II y 21 de la ley de la materia, se desecha por extemporánea la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, personalidad que tiene acreditada ante la autoridad responsable, misma que le es reconocida en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, en contra del laudo dictado por la multicitada Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente número 4451/06-01-01-9. No pasa inadvertido para este órgano colegiado, que la demanda de garantías que nos ocupa, fue depositada en el Servicio Postal Mexicano, el veinticuatro de febrero del año en curso, según se advierte de las constancias que informan el presente sumario; sin embargo, la circunstancia de que el libelo constitucional de mérito haya sido depositado en el Servicio Postal Mexicano, no suspendió el término para su presentación ante la autoridad responsable como lo prevé el artículo 163 de la ley en aplicación; puesto que, de las constancias que informan el juicio de nulidad de donde deriva el acto reclamado, a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, se obtiene que el opositor, aquí inconforme, al acudir en demanda de nulidad ante la autoridad responsable, señaló domicilio dentro de su residencia oficial, esto es, el ubicado en **********, domicilio en el que incluso le fue notificada la sentencia de marras; por tanto, resulta inconcuso que para el cómputo del término de la interposición de la demanda de garantías debe tomarse en cuenta la data en que fue recepcionada por la autoridad responsable y no la diversa en que se depositó en el Servicio Postal Mexicano; consecuentemente, como se estableció en párrafos que anteceden, la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada el tres de marzo de dos mil nueve, ante la autoridad responsable Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte en esta ciudad, y por autorizados en los términos que indica a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, excepto a **********, **********, **********, **********, y **********, toda vez que no se encontró registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 del Acuerdo General Número 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígasele a las partes, que la presente determinación, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente el presente proveído a la parte quejosa por conducto del actuario adscrito a este Tribunal Colegiado, quien tiene su domicilio en Justo Sierra y Laureles número 1101-B, colonia Justo Sierra de esta ciudad. Cúmplase. Así lo acordó y firma el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, licenciado Eucebio Ávila López, ante el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.’. SEGUNDO. La parte recurrente externó lo siguiente: (se transcribe). TERCERO. Antes de analizar los agravios hechos valer por la recurrente, este tribunal estima pertinente tener presentes los siguientes antecedentes del caso: Mediante escrito recibido ante la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, el día veinticinco de mayo de dos mil ocho, el representante legal de la empresa **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-II-1A-1422, de fecha veintisiete de febrero de dos mil seis, por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual determinó un crédito fiscal por la suma de $**********, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y multa y recargos. Por auto de fecha once de septiembre de dos mil seis, el Magistrado instructor de la citada Sala Regional, admitió a trámite la demanda de referencia registrándola con el número 4451/06-01-01-9, ordenando además, correr traslado a la autoridad denominada Administración Local de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California; emplazándola con el carácter de autoridad demandada para que emitiera la contestación correspondiente dentro del término legal, teniendo por admitidas, a su vez, las pruebas señaladas por la parte actora. Así, por oficio número 325-SAT-02-III-H-4114, presentado el veintidós de febrero de dos mil siete, ante la Sala Fiscal del conocimiento, el administrador local jurídico de Tijuana, Baja California, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y autoridad demandada, dio contestación en tiempo y forma a la demanda, ofreció las pruebas que a su derecho convino, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada; se le tuvo por contestada la misma, mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil siete y por admitidas las pruebas que se ofrecieron. De igual manera, se le concedió a las partes el término legal para que formularan alegatos por escrito. Y, el veinte de mayo de dos mil ocho, se dictó la resolución correspondiente, a través de la cual se declaró la nulidad lisa y llana del oficio liquidador, al haber advertido una indebida, por insuficiente, fundamentación de la competencia por grado de la autoridad que llevó a cabo el procedimiento administrativo del cual emanó la resolución liquidatoria, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: (se transcribe); por lo que inconforme con dicha resolución, el administrador local jurídico de Tijuana en el Estado de Baja California, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y autoridad demandada, interpuso recurso de revisión fiscal. Medio de convicción que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el cual por ejecutoria del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, se declaró procedente y fundado, al sostenerse sustancialmente que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no prevé algún tipo de competencia o facultades de dichas unidades administrativas, por ende no puede considerarse como norma compleja. Finalmente, el ocho de diciembre de dos mil ocho, la autoridad responsable, en cumplimiento al citado fallo protector, dictó nueva resolución, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: (se transcribe); no conforme con dicha resolución, el representante de la empresa quejosa **********, promovió demanda de amparo. Demanda de garantías que por razón de turno, tocó conocer a este Tribunal Colegiado, misma que por auto de diecinueve de junio de dos mil nueve, se desechó por extemporánea, con base en las consideraciones anteriormente transcritas, que la recurrente ataca en sus agravios; auto que constituye el acto reclamado. Ahora bien, aduce el reclamante en sus agravios, que difiere de la conclusión asentada en el acuerdo, emitido por este tribunal, porque la demanda de garantías fue presentada oportunamente, dado que la sentencia reclamada le fue notificada el treinta de enero de dos mil nueve y presentó su demanda el veinticuatro de febrero del mismo año, por ende, no excedió el plazo de quince días que establece el numeral 21 de la Ley de Amparo, lo que tiene sustento en los diversos dispositivos 25 de dicha ley, 29 del Código Civil Federal y 10 del Código Fiscal de la Federación, los cuales prevén que en tratándose del juicio de amparo, se tiene la posibilidad de que las partes pueden presentar sus escritos por el Servicio Postal Mexicano desde el domicilio, cuando residan fuera de la residencia del tribunal responsable, como aconteció. Continúa manifestando el recurrente, que es un hecho notorio, que el único Tribunal de Justicia Fiscal y Administración que conoce de los juicios de nulidad en el Estado de Baja California, se encuentra en Tijuana, por tanto, por práctica y justicia procesal el quejoso puede presentar sus escritos a través de las oficinas de correos del Servicio Postal Mexicano en su domicilio y no tenga que trasladarse al lugar de residencia del tribunal a instar el juicio; no obstante que el precepto 25 de la Ley de Amparo, no señale expresamente tal supuesto, pues la voluntad del legislador fue considerar a los que se encuentren fuera del lugar del establecimiento del referido tribunal. Finalmente, infiere el reclamante, que la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de residencia del tribunal responsable, para que la responsable le notificara todas sus actuaciones y sentencia, a fin de facilitar y agilizar la secuela procesal, pero no para considerar estar de acuerdo de manera tácita en cambiar su domicilio, menos perder el derecho previsto en el referido numeral 25 de la ley de la materia; para tal efecto invocó la tesis aislada del rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA POR CORREO O TELÉGRAFO. PARA QUE SEA OPORTUNA DEBE DEPOSITARSE EN LA OFICINA RELATIVA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL QUEJOSO Y NO EN LA QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES SEÑALADO EN EL JUICIO DE ORIGEN.’. Ahora bien, resulta infundado el recurso planteado por el promovente en razón de que, en primer término, de los autos remitidos por la responsable, se advierte que efectivamente, la resolución combatida de ocho de diciembre de dos mil ocho, fue notificada por la Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Tijuana, Baja California, el treinta de enero de dos mil nueve, a la parte quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, quien se identificó con la cédula profesional 2552593 (foja 284), que el propio recurrente al promover la demanda señaló para oír notificaciones y recibir documentos, así como para los efectos en los términos del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación (foja 1, expediente principal), razón por la cual, es correcto el cómputo realizado en el auto combatido, toda vez que el mismo comenzó a correr del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil nueve. Se sostiene lo anterior, toda vez que contrario a lo señalado por la parte inconforme, de las constancias que integran el expediente administrativo 4451/06-01-01-9, de donde deriva la sentencia reclamada, en la foja 284 se advierte que la sentencia que reclama, le fue notificada de manera personal al autorizado de la quejosa el treinta de enero de dos mil nueve, surtiendo efectos la notificación el día tres de febrero de dicho año, de conformidad con lo que dispone el artículo 70 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que el término de quince días para promover el juicio de garantías, se computó, con apoyo en lo establecido por los artículos 21 de la Ley de Amparo, esto es, empezó a contar el cuatro de febrero de dos mil nueve y concluyó el veinticinco de dicho mes y año, mediando como días inhábiles el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós, por ser sábados y domingos; e inhábil también el cinco de febrero del presente año, en términos del precepto 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de garantías la promovió hasta el tres de marzo de dos mil nueve, como se desprende del sello estampado por la responsable y de la certificación de la demanda de amparo, realizada por la misma, es inconcuso que transcurrió en exceso el término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior resulta acertado, porque se insiste de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de la interposición de la demanda de amparo, será de quince días y dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado conocedor de los mismos; y conforme a lo dispuesto por el precepto 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. Luego es incontrovertible que el término de quince días a que se refiere la citada norma 21 de la Ley de Amparo, transcurrió en perjuicio del peticionario de garantías y, por consiguiente, se actualizan las hipótesis de la fracción XII del artículo 73 y fracción III del 74, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En otro aspecto también deviene infundado en torno a que presentó oportunamente el escrito de demanda promovido en el Servicio Postal Mexicano, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, como se puede advertir del auto de diez de marzo del citado año y certificación realizados por la autoridad responsable Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Tijuana, Baja California (foja 289), ello no interrumpe el término para la presentación de la demanda, en términos del precepto 163 de la ley de la materia, pues también debe decirse, que la parte quejosa aquí inconforme **********, en su demanda indicó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, es decir, dentro de su residencia oficial, lugar en el que le fue notificada la sentencia reclamada; motivo por el cual, fue correcto se haya tomado como fecha para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda a que se refiere el precepto 21 de la Ley de Amparo, del cuatro de febrero de dos mil al veinticinco de dicho mes y año, mediando como días inhábiles el siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós, por ser sábados y domingos; e inhábil también el cinco de febrero del presente año, en términos del precepto 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y si bien es cierto, que existe una regla de excepción en cuanto al cómputo de los términos en el juicio de garantías, esto es, en cuanto al aludido término de quince días para presentar la demanda, se interrumpe cuando se presente ante las oficinas del Servicio Postal Mexicano, como lo dispone el artículo 25 de la Ley de Amparo, mismo que establece: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). También lo es, que tal excepción opera únicamente como el propio numeral transcrito lo prevé, ‘cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia’, lo anterior, a efecto de que puedan tener el debido acceso a dicho medio de control constitucional, presentando la demanda ante una oficina de correos señalando, como requisitos para la validez de su presentación, que el depósito se realice dentro de los términos señalados para ello por la propia Ley de Amparo y que se haga en la oficina de correos que corresponda al lugar de residencia del quejoso. Luego, contrario a lo expuesto por el inconforme, tal requisito no se satisfizo, pues como ya se asentó y en este apartado se itera, la parte quejosa aquí inconforme **********, en su libelo de garantías indicó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, es decir, dentro de su residencia oficial, lugar en el que le fue notificada la sentencia reclamada, de ahí lo ineficaz de sus argumentos. Finalmente, debe indicarse, si la parte recurrente no expone un principio lógico jurídico a partir del cual este tribunal pueda emprender el examen de la supuesta ilegalidad del auto reclamado, es inconcuso que en el caso las manifestaciones lacónicas que produce deben conceptuarse como ineficaces. En tales condiciones, dada la ineficacia de los agravios hechos valer por la recurrente, el presente recurso de reclamación resulta infundado."

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 156/2006, sustentó lo siguiente:

"SEGUNDO. Del contenido de las constancias de autos, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme lo dispone su artículo 2o., se observa lo siguiente: a) El veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, **********, cuando presentó su demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señaló como domicilio fiscal el ubicado en carretera Santa Ana Chiautempan número once mil cuatrocientos tres, en la colonia Industrial San José el Conde, código postal setenta y dos mil diecinueve, en la ciudad de Puebla, Estado del mismo nombre. b) De igual forma, atendiendo a que el tribunal ante quien presentaba su demanda, se encuentra en la Ciudad de México, señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en **********. c) La sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que conoció de la demanda antes indicada, dentro del expediente 28540/04-17-04-4, se ordenó notificar a la parte actora, **********, a través del oficio 17-4-1-51402/05 6-9 de primero de diciembre de dos mil cinco, en el domicilio convencional citado en su escrito inicial de demanda. d) La pieza postal R 76 del servicio público con la que se notificó la sentencia antes mencionada a **********, contiene, entre otros, los siguientes datos: 1. Un sello de despacho y recibido de la oficina postal Vértiz del Servicio Postal Mexicano, de fecha cuatro de enero de dos mil seis. 2. Un sello de color rojo con la fecha cinco de enero de dos mil seis. 3. Como fecha de recepción, el cuatro de diciembre de dos mil seis. e) En la certificación a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable hizo constar que la sentencia impugnada por el ahora quejoso, le fue notificada el cinco de enero de dos mil seis. f) En congruencia con lo expresado por la responsable, **********, manifestó en su demanda de amparo que el cinco de enero de dos mil seis fue cuando se le notificó la sentencia señalada como acto reclamado. g) En la pieza postal por la que la parte quejosa en el presente juicio presentó su demanda de amparo, existen cuatro sellos del Servicio Postal Mexicano en Puebla, Estado del mismo nombre, con fecha veintisiete de enero de dos mil seis. h) De acuerdo con la certificación de la secretaria de Acuerdos de este tribunal, el plazo para que el quejoso en el presente juicio promoviera su demanda de amparo en tiempo, transcurrió del nueve al veintisiete de enero del año en curso, en atención a que el acto reclamado le había sido notificado a **********, el cinco de enero de dos mil seis surtiendo sus efectos al día siguiente y los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil seis fueron sábados y domingos. De lo anterior, se observa que existen dos problemas para determinar si la demanda de amparo presentada por **********, fue presentada en tiempo. El primero consiste en determinar si fue correcto que dicho escrito se haya presentado a través del Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Puebla, Puebla y, el segundo, cuándo fue notificado el acto reclamado, lo cual es necesario para saber si aquélla fue presentada en tiempo o no. En cuanto al primero, el artículo 25 de la Ley de Amparo, consagra una regla de excepción en cuanto al cómputo de los términos en el juicio de amparo. Dicha disposición establece lo siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Como se puede observar, la anterior disposición, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juicio o del incidente, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si se depositan en el correo dentro del plazo legal. De igual manera es importante señalar que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, la voz residencia significa ‘casa en que se vive’, por su parte la voz residir significa ‘estar establecido en un lugar’ (vigésimo segunda edición, tomo II, página mil novecientos cincuenta y seis). De lo anterior, podemos concluir que el artículo 25 de la Ley de Amparo, al señalar la palabra residencia, se refiere al lugar en donde una persona vive. Esto se confirma con lo dispuesto en el artículo 29 del Código Civil Federal que señala: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). En el caso, resulta que el ahora quejoso en su demanda de nulidad señaló como domicilio fiscal el ubicado en **********. Y, como domicilio convencional, es decir, para oír y recibir notificaciones dentro del juicio de nulidad el ubicado en **********. Lo anterior, nos permite inferir que si bien el ahora quejoso indicó un domicilio en esta Ciudad de México en su demanda de nulidad, no menos cierto es que éste no es el lugar en donde reside o donde tenga el centro principal de sus negocios, pues únicamente lo señaló para oír y recibir notificaciones. Por tanto, si el ahora quejoso presentó su demanda de amparo en la oficina de correos de la ciudad de Puebla, Puebla, lugar en donde tiene su domicilio fiscal, el cual en términos de lo que establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, es el lugar en donde una persona tiene el principal asiento de sus negocios, debe concluirse que el quejoso sí estaba dentro de la regla de excepción antes indicada y que fue correcta la forma en que presentó aquélla. Por lo que se refiere al segundo problema, éste deriva de que en la pieza postal por la que se notificó la sentencia controvertida, existen varios sellos con fecha cuatro de enero de dos mil seis y otros con la del día siguiente, es decir, el cinco de enero del mismo año; sellos de los cuales no se pu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22128-a0cf1848/amparo-directo-la-designacion-de-domicilio-para-oir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.