JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTOR, ANTES DE PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA, PROMOVIÓ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RECLAMANDO LOS MISMOS ACTOS CUYA NULIDAD DEMANDÓ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 352/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo directo 86/2001, interpuesto por **********, por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil, dictada por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación dentro del juicio de nulidad 378/00-04-01-2, en la que se sobreseyó el juicio de nulidad de referencia.
El tribunal del conocimiento, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil uno, otorgó el amparo a la empresa quejosa, apoyando su resolución en las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Los conceptos de violación planteados, resultan sustancialmente fundados, en la medida en que este órgano colegiado suple su deficiente exposición, de conformidad con lo que estatuye el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que, como se verá, existió en contra de la empresa quejosa una violación manifiesta de la ley que la dejó sin defensa. En efecto, el artículo 202, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, preceptúa: (se transcribe). Del transcrito numeral queda de manifiesto que la Sala Fiscal debe considerar improcedente la demanda de nulidad cuando los actos impugnados en ella, hayan sido de igual forma reclamados en un procedimiento judicial, esto es, la causal de la fracción VIII se aplica cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncie en el otro juicio (procedimiento judicial) en la que exista identidad en los sujetos y en el objeto. Ahora bien, la Sala responsable decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, por estimar concretada, precisamente, la causal de improcedencia instituida en el artículo 202, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación, porque, adujo, la parte actora ‘promovió el juicio de amparo con anterioridad al presente medio de defensa en contra de actos impugnados ahora en la demanda de nulidad y que se encuentran en trámite ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por lo que sí resulta improcedente el juicio respecto de los actos que han quedado precisados, que además son por los que se admitió la demanda de nulidad, con lo que se actualiza la causal a que se refiere la fracción VIII del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, pues corresponden las resoluciones impugnadas en este juicio de nulidad a las que vía demanda de garantías se señalaron como actos reclamados, por lo anterior es de concluirse que cuando se interpuso la demanda de nulidad se encontraba promoviendo la propia actora el juicio de amparo ante el citado Juzgado de Distrito y de ahí la improcedencia de aquél’; que de la simple lectura a los documentos materia de la litis se observa que se trata exactamente de los mismos, en razón de que, tanto el escrito de cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, como el oficio 990 de veinte de enero de dos mil, fueron los actos reclamados vía juicio de amparo y son los que a través del juicio contencioso administrativo se demandó su nulidad (fojas 472 a 473 del juicio de nulidad). En las condiciones indicadas, queda claro que es fundado el concepto de violación de la empresa quejosa, en el que alegó que resulta incorrecto el sobreseimiento, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 202 del código tributario federal. Cierto, la Sala a quo indebidamente consideró concretada la referida causal de improcedencia a que alude la fracción VIII del artículo 202 antes invocado, porque la quejosa impugnó exactamente los mismos actos reclamados en el juicio de nulidad a través de un juicio de amparo. En efecto, el juicio de garantías no es un procedimiento judicial, pues por procedimiento judicial debemos entender a aquella contienda en la que intervienen actor y demandado y que es resuelta por el Juez de la causa; mientras que el juicio de amparo no es un procedimiento jurisdiccional, sino que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Sobre el particular, se comparte, por las razones que la informan, la tesis número III.1o.C. 9 K, publicada en la página 488, Tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 430/2001, promovido por ********** ..."
La anterior resolución dio origen a la tesis III.2o.A.80 A, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 1280, que es del tenor siguiente:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LA PREVÉ CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAYAN SIDO IMPUGNADOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, NO DEBE ENTENDERSE ACTUALIZADA CUANDO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA SE IMPUGNARON LOS MISMOS ACTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE AMPARO. El artículo 202, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación dispone que será improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; de lo anterior queda de manifiesto que dicho tribunal debe declarar improcedente la demanda de nulidad cuando advierta que los actos que a través de ella se impugnan fueron previamente reclamados en un procedimiento judicial, y que se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncie en él (procedimiento judicial), en la que exista identidad entre los sujetos y el objeto. Ahora bien, si previamente a la presentación de la demanda del juicio de nulidad se promovió juicio de amparo en el que se impugnaron los mismos actos reclamados, no debe considerarse actualizada la causal de improcedencia a estudio, en virtud de que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de las garantías individuales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados que lo distinguen de los medios ordinarios de defensa."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció del amparo directo 165/2009, interpuesto por **********, por conducto de su representante, en contra de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil nueve, dictada en el juicio de nulidad 3001/08-12-02-9, del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que sobreseyó el juicio de nulidad referido; órgano jurisdiccional que, en sesión de diecisiete de junio de dos mil nueve, resolvió negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, apoyando su resolución, en la parte que interesa, en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de violación deben desestimarse por los motivos señalados a continuación. Antes de realizar el pronunciamiento respectivo, es conveniente reseñar los siguientes antecedentes del asunto: 1. A través del escrito (fojas 1 a 54) enviado por vía postal desde la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el seis de octubre de dos mil ocho (foja 82), recibido el día diez siguiente en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la empresa denominada **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de: a) La resolución emitida el veintitrés de julio de dos mil ocho (fojas 67 a 81), por el director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Tlaxcala, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente 149.C201.0089.2008, en la cual se le impusieron multas por la cantidad total de $**********, como resultado de la práctica de una inspección periódica de condiciones generales de seguridad e higiene; y, b) El procedimiento administrativo de ejecución incoado para cobrar la suma anterior. 2. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil ocho (foja 83), el secretario en funciones de Magistrado instructor, por ministerio de ley, previno a la parte actora para que dentro del plazo correspondiente, exhibiera copia de cada uno de los documentos anexos a la demanda, a fin de correr el traslado respectivo a la autoridad enjuiciada, apercibida que de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda. Al efecto, ordenó que dicho proveído se notificara en forma personal, únicamente a la parte actora. 3. En auto de tres de noviembre de dos mil ocho (foja 215), el secretario en funciones de Magistrado instructor, por ministerio de ley, tuvo por cumplido el requerimiento señalado en el punto anterior y, entre otros acuerdos, admitió a trámite la demanda de nulidad, aunque sólo respecto de la resolución indicada en el inciso a) del punto 1 que antecede, pues estimó que la demanda resultaba improcedente en cuanto a los actos ejecutivos mencionados en el inciso b). Por último, ordenó que las notificaciones respectivas se hicieran por correo certificado a la parte actora y mediante oficio a la autoridad demandada. 4. El cuatro de noviembre siguiente, el secretario en funciones de Magistrado instructor, por ministerio de ley, dictó el siguiente proveído: (se transcribe). 5. Inconforme con el auto que admitió parcialmente la demanda de nulidad, la autoridad enjuiciada interpuso recurso de reclamación, mediante oficio presentado el dieciocho de noviembre del año próximo pasado (fojas 118 a 120), ante la oficialía de partes de la Sala responsable. 6. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil ocho (foja 124), el Magistrado instructor admitió a trámite el recurso de reclamación y decretó que las notificaciones correspondientes se realizaran por lista a la parte actora y por oficio a la demandada. 7. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre siguiente (fojas 126 a 130), ante la oficialía de partes de la responsable, la actora promovió incidente de nulidad de notificaciones, a partir de la realizada en cumplimiento a lo ordenado en el auto de tres de noviembre anterior. 8. En proveído de once de diciembre de dos mil ocho (foja 132), el Magistrado instructor admitió a trámite el incidente de mérito. 9. Seguido el juicio por sus demás etapas procesales, mediante interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil nueve (fojas 138 a 140), la Sala declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones, por ende, confirmó la legalidad ‘... del acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2008 y de las notificaciones practicadas por lista con fechas 6 y 21 de noviembre de 2008, así como 13 de enero de 2009, respecto de los acuerdos de fechas 3, 4 y 20 de noviembre y 11 de diciembre de 2008.’ (foja 140 vuelta). 10. Finalmente, por resolución también pronunciada el veintiséis de enero de dos mil nueve (fojas 143 a 147), la responsable determinó lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, por razón de método, los conceptos de violación se examinan en un orden distinto al en que fueron propuestos. En el segundo concepto de violación, inciso c) -en realidad es el inciso b)- (fojas 13 a 17), la quejosa manifiesta que la responsable apoya su decisión en dos criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo éstos se refieren a dos preceptos actualmente derogados, es decir, los artículos 202 y 203, del Código Fiscal de la Federación; que además todavía no existe sentencia respecto del acto impugnado, por lo tanto la Sala debió continuar conociendo del juicio de nulidad, pero en vez de ello buscó una mínima causa de improcedencia, la relacionó con criterios que aplicó por analogía y por consiguiente no examinó el fondo del asunto. Son infundados los argumentos resumidos. En efecto, la responsable estimó que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 8o., fracción VIII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra dice: (se transcribe). Las pruebas examinadas por la Sala fueron las siguientes: Demanda de nulidad (fojas 1 a 54), enviada por vía postal desde la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el seis de octubre de dos mil ocho (foja 82), recibida el día diez siguiente en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la cual se advierte que la empresa denominada **********, por conducto de su representante legal, impugnó, entre otros actos, la resolución emitida el veintitrés de julio de dos mil ocho (fojas 67 a 81), por el director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Tlaxcala, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente 149.C201.0089.2008, en la cual se le impusieron multas por la cantidad total de $**********, como resultado de la práctica de una inspección periódica de condiciones generales de seguridad e higiene; auto dictado el tres de noviembre de dos mil ocho, en el juicio contencioso administrativo de origen (foja 215) del cual se desprende que el secretario en funciones de Magistrado instructor, por ministerio de ley, entre otros acuerdos, admitió a trámite la demanda de nulidad, respecto de la resolución precisada en el apartado precedente; oficio 32425, dirigido al director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Tlaxcala, suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en esa misma entidad federativa, en el que se transcribe el auto dictado el dos de septiembre de dos mil ocho, por el titular de dicho órgano jurisdiccional, dentro del juicio de garantías 1190/2008, promovido por la persona moral denominada **********, por conducto de su apoderado legal, el cual dice en lo conducente: (se transcribe). Copia certificada de la interlocutoria emitida el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1190/2008, promovido por **********, cuyo contenido se transcribe en lo que interesa: (se transcribe). Con base en la valoración de las pruebas anteriores, la responsable legalmente concluyó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 8o., fracción VIII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la persona moral actora, denominada **********, a través de su representante legal, promovió juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, radicado con el número 1190/2008, contra el mismo acto que también impugnó vía juicio de nulidad, ante la Sala responsable, es decir, la resolución dictada el veintitrés de julio de dos mil ocho (fojas 67 a 81), por el director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Tlaxcala, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del expediente 149.C201.0089.2008, sin que a la fecha de la emisión de la resolución ahora reclamada, dijo la Sala, existiera constancia de que la parte actora, previamente a la presentación de la demanda de nulidad, haya desistido de la promoción de la demanda de garantías y que como consecuencia de esto último, se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. Por consiguiente, al no haberse demostrado dicho extremo, la responsable resolvió que se surtía la causa de improcedencia de mérito. No es obstáculo para esta conclusión lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que ‘aún no existe sentencia respecto del acto que fue impugnado’ (foja 15 del juicio de amparo directo en que se actúa), pues a pesar de que efectivamente, en los autos del juicio de nulidad de origen no obra constancia alguna que acredite si ya se resolvió el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, sin embargo, ello no beneficia a la impetrante, porque a fin de que se demuestre la causa de improcedencia examinada por la Sala, basta con que se compruebe, como es el caso, que la empresa denominada **********, con anterioridad a la presentación de la demanda de nulidad de origen, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la misma resolución que posteriormente también impugnó a través del juicio contencioso administrativo, por lo que existe identidad entre los sujetos y el objeto, como legalmente lo estimó la Sala, habida cuenta que el motivo de improcedencia relativo a la litispendencia, previsto en el artículo 8o., fracción VIII, de la ley en consulta, tiene como finalidad evitar que se emitan sentencias contradictorias. En otro aspecto, tampoco es óbice para la conclusión alcanzada, el hecho de que la responsable haya invocado, para apoyar su resolución, tesis aisladas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se refieren a los artículos 202, fracción VIII y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ambos actualmente derogados, pues precisamente la Sala señaló que aplicaba tales criterios por analogía, lo cual es legal en la medida que el contenido de dichas porciones normativas se reproduce en los numerales 8o., fracción VIII y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otro lado, debe decirse que este tribunal interpreta que cuando el artículo 8o., fracción VIII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la improcedencia del juicio de nulidad contra actos ‘que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial’, se refiere no sólo a los juicios ordinarios, sino también al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues al respecto se estima que el fin perseguido por el legislador al establecer la causa de improcedencia analizada, estriba en evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, aun cuando esto ocurra en un juicio ordinario y en otro de carácter extraordinario, porque a pesar de las diferencias estructurales entre uno y otro, lo cierto es que al existir identidad entre los sujetos (quejoso/actor y autoridades responsables/demandadas) y el objeto (acto reclamado/resolución impugnada), ello basta para considerar que en la especie sí se actualiza la improcedencia de mérito, como legalmente lo resolvió la Sala responsable. Esta conclusión se apoya en el hecho de que es el gobernado quien motu proprio elige promover primero el juicio de amparo y no obstante ello enseguida promueve el juicio contencioso administrativo, contra el mismo acto y la misma autoridad, de ahí que en tal supuesto sea inconcuso que el particular debe asumir las consecuencias de su propia elección, traducidas en el sobreseimiento por improcedencia del segundo juicio, es decir, el contencioso administrativo. Es pertinente señalar que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa, cuyo trámite y resolución por regla general son más ágiles que los correspondientes al juicio de nulidad, motivo por el cual si, como sucede en la especie, la parte quejosa promueve el juicio de amparo y durante su tramitación presenta una demanda de nulidad en contra del mismo acto antes reclamado en el juicio de garantías, emitido por la misma autoridad, también señalada como responsable en el primer juicio, entonces se llegaría al absurdo de que una vez cerrada la instrucción del juicio de nulidad y al iniciar el plazo para que el Magistrado instructor formulara el respectivo proyecto de resolución, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podría ya estar fallado el juicio de amparo promovido con antelación, incluso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso si el Magistrado instructor no tuviera la posibilidad legal de proponer a la Sala el sobreseimiento en el juicio de nulidad con fundamento en el artículo 8o., fracción VIII, de la ley invocada (ante la interpretación restringida consistente en considerar que el supuesto de improcedencia así previsto no comprende también al juicio de amparo), entonces de no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento se vería forzado a examinar el fondo del asunto y, con ello, sobrevendría la posibilidad de que se emitieran fallos contradictorios, en detrimento de las partes y de la seguridad jurídica de que deben gozar los gobernados. Por las razones expuestas este tribunal no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, contenido en la tesis aislada III.2o.A.80 A, publicada en la página 1280 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LA PREVÉ CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAYAN SIDO IMPUGNADOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, NO DEBE ENTENDERSE ACTUALIZADA CUANDO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA SE IMPUGNARON LOS MISMOS ACTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe) ..."
La resolución dio origen a la tesis VI.1o.A.276 A, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1559, que es del tenor siguiente:
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, GENERADA POR RECLAMAR ACTOS QUE HAYAN SIDO IMPUGNADOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SE ACTUALIZA, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO ANTES DE PROMOVER LA DEMANDA DE NULIDAD EL ACTOR IMPUGNÓ LOS MISMOS ACTOS MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Este tribunal interpreta que cuando el artículo 8o., fracción VIII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la improcedencia del juicio de nulidad contra actos ‘Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.’, se refiere no sólo a los juicios ordinarios, sino también al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues al respecto se estima que el fin perseguido por el legislador al establecer dicha causa de improcedencia, estriba en evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, aun cuando esto ocurra en un juicio ordinario y en otro de carácter extraordinario, porque a pesar de las diferencias estructurales entre uno y otro, lo cierto es que al existir identidad entre los sujetos (quejoso/actor y autoridades responsables/demandadas) y el objeto (acto reclamado/resolución impugnada), ello basta para considerar que sí se actualiza la improcedencia de mérito. Esta conclusión se apoya en el hecho de que es el gobernado quien motu proprio elige promover primero el juicio de amparo y no obstante ello enseguida promueve el juicio contencioso administrativo, contra el mismo acto y la misma autoridad, de ahí que en tal supuesto sea inconcuso que el particular deba asumir las consecuencias de su propia elección, traducidas en el sobreseimiento por improcedencia del segundo juicio, es decir, el contencioso administrativo. Es pertinente señalar que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa, cuyo trámite y resolución por regla general son más ágiles que los correspondientes al juicio de nulidad, motivo por el cual si la parte quejosa promueve el juicio de amparo y durante su tramitación presenta una demanda de nulidad en contra del mismo acto antes reclamado en el juicio de garantías, emitido por la misma autoridad, también señalada como responsable en el primer juicio, entonces se llegaría al absurdo de que una vez cerrada la instrucción del juicio de nulidad y al iniciar el plazo para que el Magistrado instructor formulara el respectivo proyecto de resolución, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podría ya estar fallado el juicio de amparo promovido con antelación, incluso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso si el Magistrado instructor no tuviera la posibilidad legal de proponer a la Sala el sobreseimiento en el juicio de nulidad con fundamento en el artículo 8o., fracción VIII, de la ley invocada (ante la interpretación restringida consistente en considerar que el supuesto de improcedencia así previsto no comprende también al juicio de amparo), entonces, de no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, se vería forzado a examinar el fondo del asunto y, con ello, sobrevendría la posibilidad de que se emitieran fallos contradictorios, en detrimento de las partes y de la seguridad jurídica de que deben gozar los gobernados."
CUARTO. Ahora bien, una vez expuestos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se consideran contradictorios, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a las cuestiones jurídicas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22004-4d859f67/juicio-contencioso-administrativo-es-improcedente-cuando-el-actor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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