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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD SANCIONADORA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 240/2009. · Registro digital (IUS): 21812
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 809.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 240/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ...".

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por **********, **********, quien fue autoridad demandada en el juicio de nulidad del que derivó el juicio de amparo directo número DA. 516/2008 del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual constituye uno de los criterios contendientes, materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del recurso de revisión fiscal 75/2006-1061 interpuesto por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en contra de la resolución dictada en el juicio de nulidad 24593/04-17-08-7 del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cinco de septiembre de dos mil cinco, en la que se declaró la nulidad tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida.

El tribunal del conocimiento, en sesión de diez de abril de dos mil seis, declaró fundado el recurso de mérito, por lo que revocó la sentencia recurrida y reconoció la validez tanto de la resolución administrativa impugnada, como de la primigeniamente recurrida, apoyando su resolución en las consideraciones siguientes:

"TERCERO. En el fallo recurrido, para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada, en lo que interesa, la Sala se basó en las siguientes consideraciones: En el considerando sexto de la sentencia recurrida, la a quo resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la resolución primigenia, en la que se impuso al servidor público las sanciones de destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por el plazo de un año, porque consideró que la conducta por la que se sancionó a la actora consistió en el incumplimiento a la obligación contenida en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que es ilegal que la autoridad le haya impuesto como sanción la destitución del cargo, ya que el artículo 13, penúltimo párrafo, del ordenamiento de referencia, expresamente establece qué infracciones se consideran graves (a efecto de no dejar al arbitrio de la autoridad el que determine qué conducta reviste el carácter de grave), entre las que no se encuentra comprendida la conducta prevista en la fracción I del artículo 8o. citado. Agregó la Sala que no era obstáculo a la decisión tomada el hecho de que la autoridad haya considerado como grave la conducta de la demandante, puesto que tal conducta quedó comprendida en el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual no tiene el carácter de grave, por lo que no procedía imposición de la sanción de destitución. Contra tal determinación la autoridad recurrente en sus agravios alega, sustancialmente, que la Sala inexactamente resolvió que la infracción a la obligación contenida en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es grave, pues afirma que dicho precepto sólo prevé las obligaciones de los servidores públicos, cuyo incumplimiento se considera como conducta infractora y que si bien el artículo 13, establece las sanciones por incumplimiento a las obligaciones previstas en el citado artículo 8o., el artículo 14 del propio ordenamiento, encausa la actuación de la autoridad para imponer las sanciones mediante el análisis y estudio de ciertos elementos, permitiendo la individualización de la sanción que corresponde a la infracción cometida, es decir, deja a juicio de la autoridad considerar qué conducta es o no grave para individualizar la sanción a imponer, pues de lo contrario, no tendría razón el análisis de los elementos previstos en el artículo 14, ya que la gravedad de las infracciones estaría predeterminada por el antepenúltimo párrafo del artículo 13. Agrega la recurrente que el penúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sólo dispone que ‘en todo caso’ se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8o., pero no restringe que el incumplimiento de las obligaciones previstas en las demás fracciones puedan tener el carácter de graves, pues corresponde a la autoridad con base en los elementos de juicio del caso concreto, determinar si la conducta cuestionada es grave o no a fin de individualizar la sanción que conforme a derecho proceda. Es esencialmente fundado el agravio sintetizado, por lo siguiente: Cabe mencionar que por resolución de treinta de marzo de dos mil cuatro, el órgano de control en el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado impuso a la actora las sanciones de destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracciones III y V; 16, fracciones II y III; y 30, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por las irregularidades que se hicieron consistir en: ‘Por haber firmado de revisado su estado de cuenta de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dos, a sabiendas de que el mismo incluía dos fichas de ingreso a casa (sic) alteradas por **********, pretendiendo hacer pasar como suyos los pagos realizados por el **********, ex-empleado del Fondo de la Vivienda, considerando tal cantidad como presunto pago de su crédito, tratando de obtener un beneficio al obtener un pago adicional por la devolución de descuentos indebidos, ilícito que no se consumó al haberse detectado dicha anomalía por parte del Área de Tesorería del Fondo de la Vivienda. Asimismo, se señala que para realizar la conducta irregular, aprovechó el conocimiento que tiene de la mecánica de los registros de los pagos, de la elaboración de los estados de cuenta, del acceso a la información y documentación que presentan los acreditados.’. Ahora bien, los artículos 8o., 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen lo siguiente: (se transcriben). Del contenido de los preceptos mencionados se desprende que la ley de responsabilidades administrativas establece las obligaciones de todo servidor público, cuyo incumplimiento dará lugar a las sanciones correspondientes y fija las reglas para la individualización de las sanciones; asimismo, de manera enunciativa pero no limitativa, califica a ciertas infracciones como graves, a las que en todo caso se debe imponer la destitución. A juicio de este Tribunal Colegiado, como lo sostiene la autoridad recurrente, de una correcta interpretación de los numerales transcritos, se desprende que la autoridad sí puede destituir al servidor público por una causa de responsabilidad administrativa distinta de las que se mencionan en el artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, puesto que al aplicar el artículo 14 de dicho ordenamiento, necesariamente tendrá que determinar si la falta cometida por el funcionario fue o no grave, pues sería absurdo que para determinar la gravedad de la responsabilidad de aquél, la autoridad sólo pudiera considerar a las faltas no graves. Consecuentemente, si el citado artículo 14, establece que para la imposición de las sanciones administrativas se debe tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad incurrida, es inconcuso que las infracciones no mencionadas en el antepenúltimo párrafo del artículo 13, pueden ser consideradas graves o no, con base en los elementos de juicio que tenga la autoridad para individualizar la sanción al caso concreto, pues de otra manera, carecería de sentido que la autoridad considerara tal gravedad. Esto es, el hecho de que la fracción I del artículo 14 de la ley en cita prevea que se deba tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad para la imposición de la sanción, significa que la autoridad debe apreciar si la falta cometida fue o no grave, pues de otra manera tal disposición carecería de sentido. También es lógico estimar que el análisis de los elementos establecidos en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sólo debe hacerse tratándose de las faltas administrativas no mencionadas en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la citada ley, pues respecto de las infracciones ahí señaladas, tal ponderación es innecesaria, ya que esas infracciones en todo caso deben reputarse graves y, por ende, conforme a dicho precepto, su comisión, necesariamente tiene como consecuencia la destitución del servidor público. De ahí que la expresión: ‘en todo caso, se considerarán como faltas graves’, que se emplea en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, significa que las faltas mencionadas en dicha disposición siempre deben considerarse graves, pero tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que únicamente puedan considerarse graves las faltas ahí previstas, ya que gramaticalmente, la frase ‘en todo caso’, no puede significar o implicar ‘solamente’, es decir, la expresión: ‘en todo caso’, es enunciativa de las conductas graves pero no limitativa, lo que significa que el incumplimiento de las obligaciones previstas en las distintas fracciones del artículo 8o., pueden ser graves o no, según los elementos de juicio de cada caso en concreto, salvo las que la propia ley les da el carácter de graves. De sostenerse lo contrario, se llegaría al absurdo de considerar que un servidor público que cometiera una falta de conducta ominosa, que esté contenida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero que no se mencionara en el referido antepenúltimo párrafo del artículo 13, no podría ser sancionado con la destitución del cargo. Además, debe tenerse presente que el bien jurídico protegido por la ley consiste en la salvaguarda del servicio público para que se preste conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a que se refieren los artículos 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que obviamente no destituir a un funcionario cuya permanencia en el cargo resulta inconveniente, contravendría al citado bien jurídico. Por tanto, resulta incuestionable que el antepenúltimo párrafo del artículo 13, en relación con el 14, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad, en tratándose de faltas administrativas previstas en la ley, no mencionadas en el antepenúltimo párrafo del artículo 13, tiene la facultad de determinar, en cada caso concreto, la gravedad de la responsabilidad del funcionario, y en el supuesto de que ésta sea grave, proceder a su destitución. En la especie, si bien la conducta por la que se destituyó al servidor público sancionado (prevista en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) no está comprendida dentro de las infracciones que se consideran como graves en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la referida ley, también es cierto que fue sancionada en términos de lo dispuesto en su fracción III (que prevé la ‘destitución del puesto’), en razón del análisis de la gravedad de la responsabilidad en que incurrió y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 14. Interpretar el precepto en los términos propuestos por la Sala a quo, llevaría al absurdo de considerar que la sanción que podría imponerse a un funcionario que incurriera en las faltas administrativas no mencionadas en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, serían sólo las previstas en las fracciones citadas en dicho precepto, con excepción de la destitución, no obstante que la infracción tuviera el carácter de grave dada su naturaleza. Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes cabe concluir que el sistema establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para la destitución de los servidores públicos por infracciones graves, en el supuesto de que la falta que resulte probada no se encuentre señalada en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la referida ley, la autoridad deberá considerar los elementos mencionados en el invocado artículo 14, particularmente lo relativo a la gravedad de la infracción prevista en la fracción I. En la hipótesis de que, realizada tal ponderación, concluya que la falta cometida fue grave, podrá destituir al funcionario de acuerdo con lo preceptuado en la fracción III del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sirve de apoyo a lo resuelto por este tribunal, por identidad de razones, la tesis P. CLXXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 125, que dice: ‘MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PUEDE DESTITUIRLOS POR CAUSAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Al resultar fundado el agravio formulado por la autoridad responsable (sic), procede revocar la sentencia recurrida y, por ende, reconocer la validez de la resolución administrativa impugnada, así como de la primigeniamente recurrida."

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, conoció del amparo directo 516/2008, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil ocho, en el juicio de nulidad número 2618/06-13-01-7 del índice de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se reconoció la validez de la resolución impugnada; órgano jurisdiccional que, en sesión de catorce de mayo de dos mil nueve, resolvió otorgar el amparo a la parte quejosa, apoyando su resolución en las consideraciones siguientes:

"... es fundado lo que arguye en el séptimo concepto de violación, porque la Sala responsable soslayó que las presuntas sanciones que se determinaron como infringidas se fundaron en las fracciones I y XXIV del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades, ‘... mismas que no son aplicables a las conductas que no exteriorizan gravedad, ya que al respecto y bajo el principio de tipicidad, por virtud de ley, sólo se consideran graves las infracciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIV del artículo 8o. de dicha ley, como lo dispone taxativamente el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades ...’ y, por ende, carece de sustento jurídico para imponer ‘... la sanción mayor al impetrante de destitución de puesto, inhabilitación por 20 años, y daño patrimonial por más de ********** ...’ aun cuando las supuestas infracciones el legislador no las consideró graves, de ahí la extralimitación de funciones competenciales que la demandada ejerció y la Sala convalidó ‘... ya que la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa.’. El titular del Área de Responsabilidades del órgano interno de Control en Pemex Petroquímica, al emitir la resolución impugnada en lo que interesa determinó: ‘V. Una vez acreditadas las irregularidades y para efecto de determinar la imposición de sanciones al ********** se procede a realizar el análisis de los elementos a que se refiere el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en los siguientes términos: Las irregularidades en que incurrió el ********** se consideran graves, ya que las mismas afectaron de manera sustancial las actividades de Pemex Petroquímica, esto es así, ya que las irregularidades que se acreditaron se hicieron consistir en deficiencia en sus funciones como residente de la obra relativa al contrato número CO-MSI-006/05, celebrado entre Pemex Petroquímica y **********, lo cual inclusive derivó en daño al patrimonio de dicha empresa paraestatal, amén de haber quedado de manifiesto una total carencia de la más elemental prudencia por parte del **********, ya que por las características de los trabajos cuya supervisión, vigilancia, control y revisión, estaban a su cargo, era evidente que las consecuencias de un trabajo mal ejecutado podían ser desastrosas para Pemex Petroquímica y **********, para sus trabajadores y para la seguridad, patrimonio e integridad física de los habitantes de las zonas por las que corre el etilenoducto en cuestión, por lo cual, cualquier negligencia en las funciones para las cuales fue designado, es inadmisible, como en el caso particular resultó ser el hecho de informar al subdirector de Operación de Pemex Petroquímica, que el multimencionado etilenoducto quedaba disponible para su operación en el momento que el área operativa así lo dispusiera, aun cuando no contaba con toda la información necesaria para corroborar la calidad de las reparaciones materia del contrato de obra respecto del cual era residente. Por los motivos expuestos, esta autoridad administrativa concluye que las conductas desplegadas por el **********, constituyen prácticas que resulta conveniente suprimir, toda vez que, aunado a lo expresado con anterioridad, infringen las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Su nivel socioeconómico al momento de los hechos, se determina tomando en consideración que cuenta con instrucción académica de ingeniero químico industrial, servidor público adscrito a Pemex Petroquímica, con nivel 37, percibiendo mensualmente **********; igualmente se valora el nivel jerárquico del infractor como especialista técnico ‘B’, desempeñando funciones de residente de la obra relativa al contrato número CO-MSI-006/05, celebrado entre Pemex Petroquímica y **********. Por otra parte, para la individualización de la sanción que corresponda por la responsabilidad en que ha incurrido el servidor público, se toman en consideración también los antecedentes y las condiciones del infractor, como lo es que ya ha sido sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que derivado de investigaciones llevadas a cabo por Pemex Petroquímica, en dos ocasiones se le ha aplicado la sanción de suspensión temporal de sus labores por ocho días; en relación a las condiciones exteriores, es de señalarse que en el presente caso se considera que las mismas se presentaron al momento de no haber llevado a cabo de manera adecuada sus funciones como residente de la obra relativa al contrato CO-MSI-006/05, celebrado entre Pemex Petroquímica y **********, siendo que tales condiciones motivaron las irregularidades en que incurrió, en cuanto a los medios de ejecución, se considera que en el caso que nos ocupa no se dieron, en razón de que no se desprende que el servidor público haya utilizado algún medio o recurso adicional para consumar las irregularidades que se le atribuyen. Por otra parte, la antigüedad con que contaba en el servicio público de veinte años, aproximadamente, y de doce años, aproximadamente, en su último puesto, refleja que poseía la experiencia suficiente para conocer la normatividad que regía tanto su servicio, como las funciones de las cuales se hacía cargo por virtud de su puesto. Por otro lado, es necesario hacer constar que aun cuando el **********, fue sancionado por incumplimiento de obligaciones, relacionadas con el servicio público, imponiéndosele una suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión por el término de noventa días, en el expediente 006/2005 del índice de esta área de responsabilidades, resuelto el veinte de enero de dos mil seis en términos de las disposiciones aplicables previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; debe precisarse que dicha resolución está siendo combatida por el investigador mediante juicio contencioso administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, motivo por el cual, al no estar firma (sic) la resolución mencionada, no puede considerarse al **********, como reincidente en el cumplimiento de obligaciones. Finalmente, se toma en consideración que, como consecuencia de las irregularidades en que se incurrió, se ocasionó un daño al patrimonio de Pemex Petroquímica del orden de **********. VI. En términos de los razonamientos lógico jurídicos que se han hecho valer, de las documentales y elementos analizados en los considerandos que anteceden, ha quedado acreditada la responsabilidad administrativa impugnada al **********, que consiste en el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones I y XXIV del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.’. En ese orden, debe considerase como lo alega el quejoso, que es incorrecto que la Sala responsable haya reiterado las consideraciones que tuvo la autoridad demandada, hoy tercera perjudicada, en cuanto a que las irregularidades en que incurrió, constituían una infracción grave conforme el artículo 8o., fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo expuesto, en razón de que si el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo que interesa prevé: ‘En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8o. de la misma ley’, el proceder del órgano sancionador, es ilegal al no ajustarse a las disposiciones legales aplicables, porque la responsabilidad administrativa atribuida al hoy quejoso consistió en el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones I y XXIV del artículo 8o. de la invocada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme aquel ordenamiento no las cataloga como graves, como de forma incorrecta lo resolvió la Sala responsable. Por tanto, debe concluirse que la sentencia reclamada en este aspecto viola en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídicas tuteladas por los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. Consecuentemente, al resultar parcial y sustancialmente fundado el concepto de violación estudiado, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente la sentencia que se reclama, pronuncie otra en la que siguiendo los lineamientos que se marcan en esta ejecutoria, resuelva con apego a derecho, tanto el carácter de la falta que se imputa al ahora quejoso, como la sanción que por ello pudiera corresponderle y en la parte en la que tuvo por demostrada las imputaciones contenidas en el punto 5 (cinco) del oficio citatorio relativo. Visto lo anterior, este Tribunal Colegiado considera innecesario ocuparse del estudio de los restantes conceptos de violación hechos valer por la quejosa, en atención a que están supeditados a lo que la Sala responsable determine al emitir la nueva sentencia, conforme a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 107, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochenta y cinco, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

CUARTO. Ahora bien, una vez expuestos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se consideran contradictorios, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a las cuestiones jurídicas que fueron tratadas por ambos órganos jurisdiccionales, es decir, que ambos tribunales hubieren resuelto situaciones jurídicas esencialmente iguales y hubieren adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes, ya sea en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas.

Lo anterior se desprende de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que sirven como fundamento para dilucidar si en el presente caso existe o no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21812-f2ed8819/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-el-antepenultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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