SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por **********, director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, quien fue autoridad responsable en el amparo indirecto 1329/2008, del que derivó el incidente en revisión 489/2008 del cual conoció el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el cual constituye uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del recurso de queja 28/2007 interpuesto por la administradora local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal; así como de los incidentes de suspensión en revisión: 632/2005, 311/2007, 230/2008 y 413/2008, interpuestos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; **********, Sociedad Anónima de Capital Variable e **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente.
En el juicio de amparo indirecto 1175/2007 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el ocho de agosto de dos mil siete, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable para el efecto de que no se continuara con la ejecución de la orden de visita domiciliaria reclamada. En contra de dicha determinación la Administradora Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal interpuso el recurso de queja 28/2007; por lo que el tribunal del conocimiento, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil siete, lo declaró fundado y modificó el auto recurrido, a efecto de negar la suspensión provisional a la quejosa respecto de la ejecución de la orden de visita domiciliaria, ya que respecto de dicho acto no se colmaba el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, apoyando su resolución en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. El examen del recurso de queja pone de manifiesto que la autoridad recurrente formula, esencialmente, los siguientes agravios: a) El Juez de Distrito infringió lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues pasó por alto que con la concesión de la suspensión provisional se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público, dado que esa medida tiene por efecto paralizar las facultades de comprobación que la administración ejercitó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de verificar que la contribuyente quejosa cumple con sus obligaciones fiscales, habida cuenta que la sociedad está interesada en que no se suspendan esos procedimientos de fiscalización. b) El Juez Federal no tomó en cuenta que la colectividad se encuentra interesada en que todos los gobernados cumplan con las obligaciones tributarias a su cargo, con la finalidad de que el Estado pueda allegarse de los medios necesarios para sufragar el gasto público, por lo que es evidente que a través de la institución de la suspensión no se puede impedir que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, o que las paralice cuando previamente las hubiera iniciado, ya que en tales supuestos no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. c) El Juez de Distrito en forma indebida optó por preservar el interés de la empresa quejosa que el de la propia sociedad, pues al impedir que se continúe con la visita domiciliaria reclamada, afectó implícitamente el interés de la colectividad, el cual debe protegerse de manera preferente al de los particulares. d) El Juez Federal basó su decisión de conceder la suspensión provisional a la empresa quejosa, en una tesis que no resulta aplicable en el presente asunto, dado que se refiere a la procedencia del amparo contra órdenes de visita domiciliaria, pero no a la suspensión que se solicite contra los referidos actos. Los anteriores planteamientos se estudian en forma conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, pues se encuentran dirigidos a demostrar que no debió concederse la suspensión provisional a la empresa quejosa, por considerar que no se surte el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la legislación en comento. Con tal propósito, es menester precisar que la empresa quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclama la expedición de la orden de visita número 324-SAT-09-IV-6-1-B-13080 del dieciséis de julio de dos mil siete, así como las consecuencias que deriven de ese procedimiento fiscalizador, que hizo consistir en el diligenciamiento o práctica de la visita domiciliaria y la emisión de créditos fiscales; además, la quejosa también señaló como actos reclamados la notificación de la referida orden y la ejecución material de la visita. Cabe destacar que en la demanda de amparo la empresa quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban al momento en que presentó esa demanda. Significativo resulta precisar que el Juez de Distrito que emitió el auto recurrido, remitió junto con el escrito de agravios de la autoridad recurrente, entre otras constancias, copia certificada de la orden de visita reclamada y del acta parcial de inicio levantada el diecisiete de julio de dos mil siete. En el auto recurrido, el Juez de Distrito determinó negar la suspensión provisional solicitada por la quejosa por cuanto hace a la emisión de la orden de visita reclamada, el citatorio del dieciséis de julio de dos mil siete y por el acta de visita levantada el día diecisiete de los mismos mes y año, por considerar que esos actos revisten el carácter de consumados; además, el Juez concedió la medida cautelar provisional para el efecto de que no se continúe con la ejecución de la orden de visita domiciliaria, pues indicó que sólo se había practicado de manera parcial y que, por tal motivo, es susceptible de suspenderse hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ya que, adujo, se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el Juez de Distrito señaló que la parte quejosa solicitó la suspensión y que no se causa perjuicio al interés público con la concesión de esa medida cautelar, sino que se preserva la materia del juicio de amparo, precisando que de no conceder la suspensión se causarían daños de imposible reparación a aquélla, dado que no se le podría restituir en el goce de las garantías previstas en el artículo 16 constitucional, como es la intromisión a sus papeles, posesiones y domicilio. Asimismo, el Juez Federal precisó que con la concesión de la suspensión provisional tampoco se pretende obstaculizar el ejercicio de las facultades de fiscalización de las autoridades responsables, pues expuso que con su decisión sólo se aplaza la ejecución de la orden de visita reclamada a efecto de mantener viva la materia del juicio, máxime que existen otras formas de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; de igual forma, el juzgador de amparo señaló que no es óbice que la referida orden constituya el origen de un procedimiento de verificación, ya que indicó que es un acto autónomo y que, por tal motivo, es susceptible de suspenderse por las razones antes aludidas. Además, el Juez de Distrito sostuvo que si bien el procedimiento de verificación inició con el acta parcial levantada el diecisiete de julio de dos mil siete, y que la sociedad está interesada en que esos asuntos no sean interrumpidos, a efecto de verificar que los particulares cumplan con sus obligaciones fiscales; lo cierto es que, aclaró, el artículo 138 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de suspender los procedimientos en los casos en que con su continuación se cause un daño irreparable a la quejosa, por lo que señaló que como en la especie no ha terminado el referido procedimiento al no existir un acta final, resulta procedente conceder la medida cautelar para evitar que la orden de visita se consuma de manera irreparable. En ese orden de hechos, a efecto de verificar la legalidad de las mencionadas determinaciones, se estima pertinente realizar algunas reflexiones en torno a la figura de la suspensión del acto reclamado, por lo que con tal cometido debe precisarse que es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de garantías, por lo que su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la litis constitucional. En otras palabras, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la procedencia de la suspensión de los actos reclamados precisa considerar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad en la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso, los que la medida origine a terceros y al interés público. En congruencia con ese precepto constitucional, en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se establecen los requisitos mínimos para conceder la suspensión del acto reclamado en una demanda de garantías, precepto que se relaciona con lo dispuesto en los artículos 125 y 135 de la propia Ley de Amparo, según la naturaleza del acto reclamado. Uno de ellos, el previsto en la fracción I del artículo de que se trata, es que la suspensión la solicite el agraviado; otro, el establecido en la fracción II del referido artículo, es que con la concesión de la medida precautoria no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y el otro, el contemplado en la fracción III del mismo precepto legal, consiste en que la ejecución del acto reclamado cause al agraviado daños y perjuicios de difícil reparación, es decir, que el acto combatido conlleve una ejecución. De esos requisitos resulta relevante para la solución del presente asunto el previsto en la fracción II del artículo en comento, conforme al cual, la suspensión de los actos reclamados se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La citada disposición señala los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público; ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, tan es así que el propio precepto, al enumerarlos, se refiere a esos casos, entre otros. Asimismo, esa disposición hace referencia al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular; dicha norma atiende pues al interés del quejoso para que no se ejecute el acto reclamado, pero si el interés aludido pugna con el de la sociedad o el Estado, debe relevarse el primero, en beneficio del segundo. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 55/98 entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentó el criterio de que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno, desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades, o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. De lo anterior se sigue que el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En cambio, la contravención al orden público se refiere a la infracción de leyes que establezcan tales derechos de la colectividad. En ese contexto, a efecto de verificar si en la especie se satisface el requisito que para concede
la suspensión del acto reclamado prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, se estima pertinente precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los mexicanos se encuentran obligados a contribuir con los gastos públicos de la Federación, Estado y Municipio en que residan, en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por tal motivo, en el párrafo decimoprimero del artículo 16 constitucional se faculta a la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias, a efecto de cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. La referida intromisión implica una excepción a la inviolabilidad del domicilio particular, la cual se justifica por el interés general que existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes que el legislador establece en relación con su obligación de contribuir para el gasto público en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Es importante destacar que en atención al principio de seguridad jurídica tutelado en el propio artículo 16 constitucional, la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias se encuentra sujeta a diversas formalidades, a efecto de que no sea ejercitada en forma caprichosa, por lo que en la orden de visita relativa debe expresarse el lugar que ha de inspeccionarse y el objeto que se busca, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar revisado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia (formalidades de los cateos). Al respecto, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación reitera la facultad en comento al señalar en su fracción III, que las autoridades fiscales pueden practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, a efecto de verificar que han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. El artículo 43 de la legislación en comento prevé los requisitos que deben contener las órdenes de visita, entre los que destacan el lugar o lugares donde debe efectuarse, el nombre de la persona o personas que deban practicar la visita, así como el de la persona visitada, salvo que se ignore su nombre. Por su parte, los artículos 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación establecen las formalidades conforme a las cuales debe llevarse a cabo el procedimiento administrativo de fiscalización, pues entre otras cuestiones, señalan que la visita debe practicarse en el lugar o lugares señalados en la orden relativa; que en caso de no encontrar al visitado o su representante, el verificador debe dejarles citatorio con la persona que se encuentre en el referido lugar, para que lo esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita, y si no lo hacen la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado; los verificadores deben identificarse al iniciar la visita y requerir la designación de testigos; los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la diligencia, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la revisión, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; debe levantarse acta circunstanciada de los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores; pueden levantarse actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, y que una vez levantada el acta final, no se podrán levantar otras actas complementarias. El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales deben concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo los casos que prevé expresamente. De lo expuesto se desprende que el procedimiento de fiscalización en comento se inicia con la notificación de la orden de visita domiciliaria, y culmina con la decisión de la autoridad hacendaria en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones advertidos por el personal visitador o revisor; lo que pone de manifiesto que las disposiciones que regulan ese procedimiento son de orden público, pues existe interés general en que las referidas autoridades verifiquen que los gobernados cumplan con su obligación de contribuir para el gasto público de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Sobre tales premisas, debe concluirse que no resulta jurídico que el Juez de Distrito haya concedido la suspensión provisional a la quejosa en el auto recurrido para el efecto de que no se continúe con la ejecución de la mencionada orden de visita domiciliaria, pues con esa decisión se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, dado que implica paralizar el procedimiento de fiscalización que se instauró para verificar si la empresa quejosa cumple con las obligaciones fiscales a su cargo, el cual ya había iniciado desde el momento en que se notificó a la quejosa la orden de visita que reclama en su demanda de amparo, habida cuenta que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, ya que tienen como finalidad comprobar que los gobernados cumplan con la obligación de contribuir al gasto público, para que el Estado pueda hacer frente a las diversas necesidades de la colectividad, por lo que es inconcuso que no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. No representa obstáculo para la anterior determinación lo expuesto por el Juez de Distrito, en el sentido que de no concederse la suspensión se causarían daños de imposible reparación a la empresa quejosa, por estimar que no se le podría restituir en el goce de las garantías previstas en el artículo 16 constitucional, como es la intromisión a sus papeles, posesiones y domicilio, así como que la suspensión concedida tiene por efecto preservar la materia del juicio de amparo; pues en los casos en que se está en presencia del mencionado conflicto de principios, debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario se haría nugatorio el interés público inmerso en el procedimiento de fiscalización, que se traduce en que la autoridad hacendaria verifique que los gobernados cumplan con la obligación constitucional de contribuir al gasto público, a efecto de que el Estado pueda prestar los servicios públicos que le corresponden y haga frente a las necesidades de la sociedad; además que siendo la visita domiciliaria un procedimiento regulado por la Constitución Federal y las leyes ordinarias, mediante diversas formalidades, como una orden previa, que en el caso se acepta fue emitida y es conocida por la quejosa, no es dable evidenciar una molestia notoriamente inconstitucional que justificara el otorgamiento de una suspensión contra actos fuera del procedimiento; de ahí que los agravios en estudio resultan esencialmente fundados. Sirve de apoyo a lo anterior, en forma análoga, la jurisprudencia número 1a./J. 69/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 379 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DESIGNACIÓN Y LA ACTUACIÓN DE UN VISITADOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES, PORQUE DE CONCEDERSE SE PARALIZARÍA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y, POR ENDE, SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe). Así como la diversa jurisprudencia número 2a./J. 37/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 447 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA INVESTIGAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe). No pasa inadvertido a este Tribunal Colegiado lo expuesto por el Juez Federal en el sentido de que no es óbice que la orden de visita reclamada constituya el origen de un procedimiento de verificación, por considerar que al ser un acto autónomo, es susceptible de suspenderse cuando se puedan causar daños de imposible reparación a la quejosa; pues como ya se apuntó, en la especie debe prevaler el interés que tiene la sociedad en que las autoridades hacendarias comprueben que los gobernados cumplen con el mandato constitucional de contribuir con el gasto público, ya que no puede ponerse en riesgo que el Estado cuente con los ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades de la colectividad, que por lo general se identifican con la prestación de servicios públicos elementales para la sociedad. Además, debe precisarse que si bien el artículo 138 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de suspender los procedimientos en los casos en que con su continuación se cause un daño irreparable a la quejosa, como lo señaló el Juez de Distrito; lo cierto es que ese precepto legal parte de la premisa de que la suspensión sea procedente, pues señala que en tal supuesto debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, salvo que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Por consiguiente, no puede interpretarse de manera aislada lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, pues debe relacionarse con lo dispuesto en el diverso numeral 124 de esa legislación, dado que este último prevé los requisitos que deben colmarse para conceder la suspensión, por lo que la interpretación sistemática de esos normativos pone de manifiesto que para que puedan paralizarse los procedimientos con motivo de la citada medida cautelar, no basta que sea susceptible de consumarse irreparablemente un daño para el quejoso, sino que también es indispensable que ese perjuicio no se encuentre en contraposición con algún interés social. En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, debe declararse fundado el presente recurso de queja y modificarse el auto recurrido, a efecto de negar la suspensión provisional a la quejosa respecto de la ejecución de la orden de visita que reclama, pues, se reitera, respecto de dicho acto no se satisface el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo."
Las consideraciones sustentadas por el tribunal de referencia al resolver los incidentes de suspensión en revisión números
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21708-ee55db0f/suspension-en-el-juicio-de-amparo-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO LA CONSTITUYE EL ALEGATO DE LA DEMANDADA EN EL SENTIDO DE QUE EL ACTOR ABANDONÓ EL TRABAJO ANTES DE LA FECHA DEL DESPIDO I (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTOR, ANTES DE PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA, PROMOVIÓ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RECLAMANDO LOS MISMOS ACTOS CUYA NUL (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PENSIONES CAÍDAS, INDEMNIZACIONES GLOBALES Y CUALQUIER PRESTACIÓN EN DINERO A CARGO DEL ISSSTE. LA FALTA DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS O SUS REIVINDICACIONES QUE NO CONSTITUYAN PROCESOS DE PRODUCCIÓN O DE FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y QUE EN SU COMPOSIC (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
- REVOCACION DE SUS PROPIAS DETERMINACIONES. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PROHIBE A LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE LA. (I.6o.T.336 L)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis