PENSIONES CAÍDAS, INDEMNIZACIONES GLOBALES Y CUALQUIER PRESTACIÓN EN DINERO A CARGO DEL ISSSTE. LA FALTA DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS HUERTA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa, del conocimiento de este cuerpo colegiado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes de los tribunales contendientes.
TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la sentencia del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, dictada al resolver el juicio de amparo directo administrativo 835/2008, sustentó, en lo que aquí interesa, las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Es fundado pero inoperante para conceder la protección constitucional solicitada el concepto de violación de carácter formal que se hace valer; e infundados los demás que se relacionan con el fondo del asunto. Aunque asiste la razón al quejoso en el argumento de que la Sala responsable omitió citar el precepto legal que fundamentara la determinación de que aquél sólo tiene derecho a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le pague las diferencias de pensión por jubilación por los últimos cinco años que no hubiesen prescrito, a partir del uno de enero de dos mil uno en que este organismo le otorgó dicha pensión; atento a que en la sentencia reclamada en relación con tal pronunciamiento la Sala se limitó a establecer: ‘... b) Tomando en consideración que las prestaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que no hubieran sido reclamadas o pagadas, en el plazo de cinco años a partir de que sean exigibles prescriben a favor del instituto, es obvio que la actora sólo tiene derecho a que se le paguen las diferencias de pensión que no hubiesen sido prescrito, por lo que si la concesión de pensión otorgada por la demandada fue a partir del 1o. de enero de 2001, únicamente tiene derecho al pago de los últimos cinco años por los que no han prescrito las diferencias de pensión que van desde dicha fecha, en la misma proporción del 80% correspondiente al monto de la pensión otorgada.’. El concepto de violación a estudio debe calificarse inoperante, pues carecería de efectos prácticos conceder la protección constitucional solicitada a fin de que la Sala responsable citara el o los preceptos que fundamenten la determinación de que el quejoso sólo tiene derecho a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se le paguen las diferencias de pensión por jubilación por los últimos cinco años que no hubiesen prescrito; en tanto ello sería insuficiente para que obtuviera un fallo favorable a sus intereses, ya que debe subsistir aquella determinación; de ahí que no existe razón para conceder la protección constitucional para efectos y que la Sala responsable repare la violación formal en que incurrió, por cuanto con ese proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, o -en su caso- este Tribunal Colegiado por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses del peticionario de garantías; de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado; de acuerdo a las razones que sustentan a la jurisprudencia 108 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.’ (se transcribe). Es así, ya que -contrario a lo que aduce el quejoso- a la pretensión de pago de diferencias de la pensión jubilatoria que le otorgó la parte aquí tercera perjudicada, sí le aplica el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete- que establecía: ‘El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación.’. Lo anterior es de ese modo, por cuanto que este Tribunal Colegiado estima que si bien conforme a ese precepto las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del mencionado instituto (como en el caso el monto de una pensión que no fue debidamente entregado por la incorrecta cuantificación) que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. Sin embargo, la circunstancia de que el citado organismo omita realizar el apercibimiento a que el precepto en comento se refiere, no conlleva a la interrupción del plazo para que opere la prescripción, en tanto la falta de notificación no puede tener esa consecuencia si en el caso no se prevé expresamente y -por el contrario- en tal hipótesis aplica exactamente el principio general de derecho que preconiza que: donde la ley no distingue no debe hacerse distinción alguna. Ello tiene justificación si se considera que el objetivo de tal notificación implica únicamente prevenir al trabajador y evitar que pueda perder el derecho a su reclamación; mas -se insiste- ello no interrumpe el término para que opere la prescripción, pues de ser así, el legislador lo habría señalado, como lo hizo en el diverso numeral 188 de la citada legislación, que disponía que las obligaciones en favor del instituto, a cargo de dependencias o entidades, prescribirán en el plazo de diez años, pero que la prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro; así es que se determina que el apercibimiento aludido en el artículo en mención debe ser efectuado sólo cuando sea jurídicamente exigible, esto es, cuando el citado instituto haya dado autorización para el cobro de las prestaciones pero el interesado no se haya presentado a reclamarlo. Las consideraciones precedentes se orientan -por compartirse- en la tesis aislada 50 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA.’ (se transcribe). Así como en la tesis aislada 25 -por compartirse- sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que en seguida se transcribe: ‘APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS.’ (se transcribe). Es por las anteriores razones por las cuales este Tribunal Colegiado no comparte las tesis que en relación con el tema a estudio sustentan -las dos iniciales- el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y -la última- el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en las tesis de los rubros: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL APERCIBIMIENTO A LOS ACREEDORES SOBRE LA FECHA DE LA PRESCRIPCIÓN DE SU DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, ES OBLIGATORIO.’, ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LOS ACREEDORES PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, NO PUEDE EMPEZAR A CORRER SI SE OMITIÓ APERCIBIRLOS SOBRE LA FECHA DE PRESCRIPCIÓN.’, ‘PRESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, APERCIBIMIENTO PERSONAL AL ACREEDOR SOBRE LA FECHA DE LA.’. Como consecuencia de la divergencia de criterio al fallar este asunto, con el diverso contenido en las tesis transcritas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase la denuncia correspondiente al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si bien el derecho a obtener o a que se fije correctamente la pensión jubilatoria, por ser de tracto sucesivo es imprescriptible, por las razones que informan a la tesis aislada -que transcribió el quejoso- de lo que fue el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del rubro: ‘JUBILACIÓN. SU OBTENCIÓN O FIJACIÓN CORRECTA SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO IMPRESCRIPTIBLES.’, consistentes en que: el otorgamiento de una inferior a la que realmente corresponde, son actos de tracto sucesivo que se producen día a día, porque en realidad el término para ejercer esas acciones comienza a computarse todos los días, lo que hace imprescriptible el derecho en cuestión; no debe perderse de vista que aquella figura jurídica la Sala responsable la aplicó a la obligación de pago de las diferencias de pensión por jubilación que debe satisfacer el instituto tercero perjudicado y no al derecho del peticionario del amparo para exigir que se le fije correctamente, la cual es imprescriptible, a diferencia de su pago al que le resulta aplicable esa figura jurídica, por mandato expreso del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete- que en lo conducente establecía: las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto. Así, ante lo fundado pero inoperante e infundado de los conceptos de violación a estudio, se impone negar la protección constitucional solicitada."
En la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil cinco, dictada al resolver el amparo directo número AD. 321/2005, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en lo que aquí interesa, las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Como único concepto de violación el quejoso aduce esencialmente que la Sala responsable indebidamente desechó la demanda de nulidad por él interpuesta y desatiende el artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no advierte que la materia del juicio de nulidad es obtener una pensión justa por jubilación, reclamo para que constituye un derecho imprescriptible y que puede ejercitar en cualquier momento, por lo que no es aplicable el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación. Que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, expresamente señala que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en armonía con su contenido, el reclamo al otorgamiento correcto de la pensión por jubilación que se demanda está en tiempo. Para dar contestación al concepto de violación antes sintetizado es conveniente referir la naturaleza del juicio de nulidad y contra qué resoluciones procede, por lo que en primer término se cita a continuación el contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). De la interpretación armónica del artículo antes citado se advierte que el juicio de nulidad es procedente contra resoluciones definitivas y luego hace una relación de las materias de su competencia, ahora bien, son resoluciones definitivas: a) Aquellas que no admitan algún otro medio de impugnación, o bien, cuya interposición sea opcional de conformidad con la legislación aplicable; b) Aquellas en las que se haya configurado la negativa ficta por el silencio de la autoridad, o afirmativa ficta si esta última está prevista el ordenamiento legal respectivo. Aunado a lo anterior, para que sea admitido un juicio de nulidad también es requisito que no se esté en algún supuesto que implique su desechamiento, como es el que contiene el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, que en la parte que interesa establece: ‘Artículo 207.’ (se transcribe). En el caso concreto la materia del juicio a tratar versa sobre pensiones, cuyo supuesto está contemplado en la fracción VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, asimismo, se trata de una resolución definitiva en la que se determina la concesión de la pensión; ahora bien, como argumenta el quejoso los derechos de jubilación y pensión son imprescriptibles, de conformidad con el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que establece: ‘Artículo 186.’ (se transcribe). De la lectura al artículo que precede, se descuellan dos hipótesis: 1) En la primera parte del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, establece que los derechos a la jubilación y pensión son imprescriptibles, tal disposición obedece a que por su naturaleza son derechos de tracto sucesivo que se generan una vez que se han reunido todos los supuestos para su actualización y su determinación surte consecuencias a lo largo de la vida del pensionado; en este mismo sentido debe entenderse que es imprescriptible el derecho para obtener su fijación correcta, por lo que la acción para combatir su indebida cuantificación puede provocarse en el momento en que el pensionado estime conveniente al percatarse de su posible incorrección, acción que en el caso de ser fundada surtirá efectos a partir de que se intente su debida cuantificación. 2) Que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. De lo anterior se concluye que el derecho a la rectificación de la pensión es imprescriptible, esto es, puede combatirse la cuantificación de la pensión en cualquier momento, sólo que en el caso de resultar fundado el reclamo del afectado sólo podrá reclamar por la vía correspondiente el pago de las pensiones caídas o el monto que no le fue debidamente entregado por la indebida cuantificación, sólo si éste no ha prescrito a favor del instituto. En este punto es necesario aclarar que si bien la acción para solicitar la correcta determinación del monto de pensión, es imprescriptible al tratarse en sí mismo del derecho de pensión, esta acción sólo tendrá efectos a partir de que fue solicitada la correspondiente corrección y, por otra parte está el derecho a solicitar el monto de las pensiones caídas, cuya procedencia está sujeta a un plazo de prescripción. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 151-156 quinta parte, página ciento cuarenta y seis, cuyo texto establece: ‘JUBILACIÓN, MONTO DE LA. EL DERECHO A QUE SE CUANTIFIQUE CORRECTAMENTE, ES IMPRESCRIPTIBLE.’ (se transcribe). Del criterio interpretativo antes citado, mismo que no ha sido superado o modificado, se aprecia que efectivamente el derecho a corregir la cuantificación de la pensión es imprescriptible, sin confundir que por otra parte se tiene derecho a exigir las diferencias de la misma mientras no fue combatida, acción que sí tiene un plazo para su impugnación de conformidad con la legislación aplicable. Ante lo expuesto resulta fundado el único concepto de violación, motivo por el cual, es procedente otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para el efecto de que la Sala responsable dicte otra resolución en la que se apegue a los lineamientos expuestos y de no encontrar otro motivo de desechamiento admita a trámite la demanda de nulidad y resuelva conforme a derecho proceda."
De la anterior ejecutoria derivó la tesis publicada con el número I.3o.A.50 A en la página 2395, del Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA. La primera parte del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que los derechos a la jubilación y a la pensión son imprescriptibles; tal disposición obedece a que por su naturaleza son derechos de tracto sucesivo generados una vez que se han reunido todos los supuestos para su actualización y su determinación surte consecuencias a lo largo de la vida del pensionado; en este mismo sentido debe entenderse que es imprescriptible el derecho para obtener su fijación correcta, por lo que la acción para combatir su indebida cuantificación puede intentarse en el momento en que el pensionado estime conveniente al percatarse de su posible incorrección, acción que en el caso de ser fundada surtirá efectos a partir de que se intente. Por otra parte, las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del mencionado instituto (como puede ser el monto de una pensión que no fue debidamente entregado por la incorrecta cuantificación), que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación; el apercibimiento aludido en el artículo en mención debe ser efectuado sólo cuando sea jurídicamente exigible, esto es, cuando el citado instituto haya dado autorización para el cobro de las prestaciones pero el interesado no se haya presentado a reclamarlo."
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el catorce de noviembre de dos mil siete, en el expediente AD. 142/2007, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación, aun supliendo su deficiencia. Para dar claridad al asunto, cabe destacar que el actor, ahora quejoso, ante la Junta responsable demandó del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, las prestaciones siguientes: a). La devolución de sus aportaciones que hizo durante su vida laboral; y, b). El pago de la indemnización global a que alude el artículo 87, fracción III, de la Ley Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado abrogada. Mediante diverso escrito de ocho de agosto de dos mil uno el actor aclaró su demanda, precisando que como prestaciones reclamaba las siguientes: a) El pago de la indemnización global equivalente al monto total de las cuotas cubiertas, más noventa días de su último sueldo básico, de conformidad con el artículo 87, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) El pago de las aportaciones correspondientes al fondo de la vivienda, previstas en el artículo 106, fracción V, de ese mismo ordenamiento, vigente al momento de la jubilación. La contraria, al contestar la demanda, opuso como excepciones la de prescripción prevista por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, por haber transcurrido más de un año desde la fecha en que era exigible la reclamación, y con relación al pago de indemnización global, sostuvo que esa prestación era improcedente por no haberse separado definitivamente del servicio antes de los catorce años, como lo precisa el artículo 87, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado abrogada, sino que había sido pensionado por jubilación y que el referido artículo 87 establece que quienes tienen derecho a pensión por jubilación no pueden ser objeto de jubilación global. La Junta responsable mediante laudo pronunciado el veintiocho de octubre de dos mil cinco, declaró procedente la referida excepción de prescripción, por estimar que si el propio trabajador había manifestado que fue retirado de su trabajo el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete y la demanda la presentó el veinticuatro de agosto de dos mil, era evidente que había transcurrido más de un año desde que la obligación se hizo exigible. No conforme con esa decisión el actor promovió amparo directo, y este Tribunal Colegiado que conoció de la misma, por ejecutoria pronunciada el catorce de marzo de dos mil siete en el amparo directo 365/2006, concedió la protección federal a fin de que la Junta responsable: Analizara la excepción de prescripción opuesta por el instituto demandado a la luz de lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado abrogada, en razón de que al reclamarse prestaciones relacionadas directamente con aportaciones de vivienda de los trabajadores, a cargo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, las disposiciones aplicables son las consignadas en dicha ley, por contener normas precisas y concretas que regulan el plazo que se tiene para hacer efectivo el derecho que se tenga. La Junta responsable emitió nuevo laudo, constitutivo del acto reclamado, en el cual absolvió al instituto demandado, por estimar que habían transcurrido más de los cinco años que exige el artículo 186 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, para exigir el pago de las prestaciones reclamadas. Ahora bien, el quejoso aduce que indebidamente la Junta responsable insiste en declarar procedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, al establecer que transcurrieron más de cinco años de la fecha en que la prestación reclamada se hizo exigible a la de la presentación de la demanda laboral, pues, dice, que conforme a lo que dispone el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, debe notificarse al trabajador cuando menos con seis meses de anticipación; que ese apercibimiento fue impuesto por el legislador al órgano demandado como una obligación, para evitar que los trabajadores perdieran la oportunidad de obtener sus prestaciones por desconocimiento o ignorancia, en caso de que no la reclamaran en ese término, lo que, afirma, no deja al arbitrio del instituto demandado la facultad de apercibir a los trabajadores, por ser una obligación, y que si no cumplió con esa disposición no es posible que se den los supuestos de dicho numeral. El artículo 186 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se controvierte, dice: ‘Artículo 186.’ (se transcribe). De lo transcrito se aprecia lo siguiente: a) Que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. b) Que prescribirán a favor del instituto las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles. c) Que cuando menos con seis meses de anticipación apercibirá a los acreedores, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción. Sin embargo, no es jurídicamente correcto que no se dé el supuesto que prevé el referido artículo 186 por la falta de notificación al actor, ahora quejoso, de la fecha de prescripción. Se afirma lo anterior, porque la circunstancia de que el instituto de salud demandado no hubiera llevado a cabo la alegada notificación, no basta para considerar, como se afirma, que no hubiere transcurrido el término de cinco años que se exige para que opere la figura de la prescripción. En efecto, el hecho de que el organismo público demandado no notificara al actor la fecha de prescripción del término que tenía para exigir la devolución de las aportaciones que hizo al instituto durante su vida laboral, no es suficiente para estimar que se surte la sanción pretendida por el quejoso, esto es, la interrupción del término de prescripción de cinco años, ya que la falta de notificación no trae esa consecuencia. Ello es así, toda vez que el precepto materia de estudio, según el análisis que se hizo con anterioridad, no prevé ese aspecto, aun cuando se imponga como obligación al instituto de salud poner en conocimiento del trabajador la fecha de prescripción seis meses antes de que ocurra ese evento, siendo el objetivo de esa notificación únicamente preventiva con el propósito de evitar que el trabajador, en su caso, pierda su derecho a reclamar cualesquier prestación en dinero. Sin embargo, no podría considerarse que la falta de notificación interrumpa el término de la prescripción, pues si el legislador hubiera querido referirse a la interrupción del término, por esa omisión así lo habría expresado, ello en atención al principio general de derecho que establece que donde el legislador no distingue no cabe hacer la distinción. Verbigracia, el diverso 188 de la misma normatividad, establece que las obligaciones que en favor del instituto señala esa ley, a cargo de las dependencias o entidades, prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles, pero que la prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro. En todo caso, la falta de notificación de la fecha de prescripción podría ser materia de responsabilidad, de conformidad con los artículos 189 a 196 contenidos en el título sexto, relativo a la responsabilidad y sanción, que refieren la aplicación de multas por inobservar los funcionarios alguna de las obligaciones que les impone esa propia ley, o la de responsabilidad civil, administrativa o penal en que pudiera incurrirse por las diversas faltas que se cometan ..."
De dicha ejecutoria derivó la tesis XIX.1o.25 L, publicada en la página 2173, del Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS. El artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada establece que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del instituto, entre las que se encuentran las aportaciones, que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, y que éste apercibirá a los trabajadores, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. Ahora bien, la circunstancia de que el citado organismo omita realizar el apercibimiento, no conlleva a la interrupción del plazo para que opere la prescripción, ya que la falta de notificación no puede tener esa consecuencia si no se prevé expresamente, de conformidad con el principio general de derecho que dice: ‘Donde la ley no distingue no debe hacerse distinción alguna’, pues su objetivo es únicamente prevenir al trabajador y evitar que pueda perder el derecho a su reclamación, pero, se insiste, ello no interrumpe el término para que opere la prescripción, pues de ser así, el legislador lo habría señalado, como lo hizo en el diverso numeral 188 de la citada legislación, que dispone que las obligaciones en favor del instituto, a cargo de dependencias o entidades, prescribirán en el plazo de diez años, pero que la prescripción se interrumpirá por cualquier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21609-6538eb87/pensiones-caidas-indemnizaciones-globales-y-cualquier-prestacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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