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Modo: Corpus Pro

OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. LOS ACUERDOS QUE DESECHEN PRUEBAS EN EL INCIDENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN IV, DEL INDICADO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2009. · Registro digital (IUS): 21780
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 1787.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, porque aun cuando el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia común, existen precedentes que auxilian a su resolución, por lo cual se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por uno de los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, del que derivó uno de los criterios denunciados como contradictorios, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en sesión de veinte de marzo de dos mil nueve, resolvió por unanimidad de votos, el amparo en revisión A.R. 320/2008, de su índice, y las consideraciones, en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, son las siguientes:

"SÉPTIMO. Los primeros dos agravios hechos valer, cuya estrecha vinculación autoriza a examinarlos de manera integral, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan inatendibles, sin que en la especie se advierta motivo alguno para suplirlos en su deficiencia, por no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al principio de estricto derecho que impera en el amparo administrativo, previstos en el artículo 76 Bis de la citada ley. El agraviado **********, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada **********, esgrime diversas manifestaciones entrelazadas en forma directa e inmediata con los proveídos de veinte de febrero y once de marzo de dos mil ocho (fojas ciento sesenta y siete, ciento sesenta y ocho, ciento setenta y nueve y ciento ochenta del cuaderno de amparo), por medio de los cuales el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, determinó lo siguiente: a) En el primer auto, requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surtiera sus efectos la notificación que se le practicara del primer proveído citado, exhibiera el original del documento que fue materia del incidente de objeción hecho valer en el juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en ese plazo o, bien, no contara con ese original, declararía desierta la prueba pericial ofrecida en el juicio, ante la imposibilidad que refirieron los expertos en grafoscopía para emitir su opinión sobre la base de un documento que no fue exhibido en original. b) En tanto que en el segundo de tales proveídos, o sea, en el de once de marzo de dos mil ocho, dicho juzgador declaró desierta la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por la parte objetante, quejosa y hoy recurrente, virtud a que no exhibió el original del documento materia de la objeción planteada en autos. Al respecto, el recurrente manifiesta que fue ilegal la deserción de la prueba pericial ofrecida dentro del incidente de objeción de falsedad de documentos, en virtud a que no estaba en condiciones de cumplir con el requerimiento impuesto por el a quo, pues la documental que le fue exigida nunca se le entregó a la persona que responde al nombre de **********, de manera que ese hecho negativo así sostenido desde la presentación de la demanda de garantías, no correspondía demostrarlo al quejoso, sino a la autoridad responsable, por haber afirmado que sí hizo entrega del citatorio previo al acto de notificación impugnado, razón por la que al haberlo determinado en sentido adverso el Juez Federal, lo dejó en estado de indefensión; citando -por vía de fundamento- las tesis de rubros: ‘AMPARO, CARGA DE LA PRUEBA EN EL.’ y ‘PRUEBA EN EL AMPARO, CARGA DE LA.’, provenientes de la otrora integración de la Segunda y Primera Salas del más Alto Tribunal de Justicia del país, respectivamente. No obstante, es de señalarse que los acuerdos dictados en aquellos sentidos por el Juez de Distrito, en todo caso debieron impugnarse por el aquí agraviado en el momento procesal oportuno y a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la citada Ley de Amparo, pues se trata de dos autos de trámite que, al ser previos (sic) a la celebración de la audiencia constitucional y por su naturaleza trascendental y grave, causaban un daño o perjuicio no susceptible de repararse en la sentencia definitiva. En efecto, el artículo 83 de la Ley de Amparo regula los diversos supuestos en los cuales es procedente el recurso de revisión, a saber: I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior; III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia; y, V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Como se aprecia, ninguna de las distintas hipótesis jurídicas a que se contrae el invocado artículo 83 de la Ley de Amparo cobra aplicación en la especie, pues los acuerdos que el ahora inconforme impugna en grado de revisión, o sea, los datados el veinte de febrero y once de marzo de dos mil ocho, no son de aquellas resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; tampoco se trata de acuerdos en los que el Juez Federal hubiese concedido o negado la suspensión definitiva, modificado o revocado el auto en que concedió o negó dicha suspensión o, bien, en las que revocara o modificara el auto por el que concedió esa medida suspensiva. A la vez, no constituyen un auto que hubiere decretado el sobreseimiento o que se refieran a una interlocutoria dictada en los incidentes de reposición de autos; menos aún se trata de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por el Juez de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, ni constituyen una resolución que en materia de amparo directo pronunciara algún Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decidiera sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o donde se estableciera la interpretación directa de un precepto de la Constitución; supuesto este último de procedencia del recurso de revisión que, dicho sea de paso, es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 84 de la Ley de la Materia. En cambio, conforme al método de exclusión en la interpretación de las normas, válidamente se concluye que el recurso procedente en contra de los citados proveídos era el de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, por tratarse de resoluciones dictadas por un Juez de Distrito durante la tramitación del incidente de objeción de falsedad de documentos gestado dentro del juicio de amparo, que no admitían expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, eran de aquellas que causaban un daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva, en la medida en que el juzgador no podría examinar nuevamente en la audiencia de ley la legalidad de esos proveídos, porque contravendría el principio relativo a que los juzgadores no pueden revocar sus propias determinaciones, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo, en su parte última, establece: ‘Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de sustanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión’. En tanto el diverso 153 de la propia ley, señala lo siguiente: ‘Si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio. Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de la propuesta una multa de diez a ciento ochenta días de salario’. De tales preceptos no se advierte más trámite para el procedimiento del incidente de falsedad de documento que la celebración de una audiencia incidental -dentro de la propia audiencia de juicio del principal- en la que se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento; mas no dispone el recurso que proceda contra la sentencia interlocutoria que lo decida, o contra alguna resolución dictada durante su trámite o respecto de las decisiones tomadas en aquella incidencia. Sin embargo, ya la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el sentido y alcance del segundo de los preceptos legales en la tesis de jurisprudencia siguiente: ‘FALSEDAD DE DOCUMENTOS. SI LA OBJECIÓN PROVIENE DE LA RESPONSABLE DEBE ABRIRSE EL INCIDENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO AUN CUANDO AQUÉLLA NIEGUE EL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS PARA DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA.’ (se transcribe). De cuya ejecutoria de contradicción de la que emergió dicha de (sic) tesis de jurisprudencia se consideró que en lo relativo al desechamiento de una prueba propuesta en el procedimiento del incidente de falsedad operaban, por analogía, las reglas del principal, entre las que se encuentra la prevista en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, esto es, la procedencia del recurso de queja y tan es así, que los criterios contendientes surgieron de ese medio de defensa reglamentario según se advierte de las consideraciones que la sustentan y que son las siguientes: (se transcribe). Así, pues, es indudable que cobran aplicación analógica las reglas del principal al procedimiento incidental, en particular al desechamiento de alguna prueba en éste, pues si el incidente es un procedimiento que como accesorio viene a formar parte de uno principal, en este caso del juicio de amparo indirecto, y que tanto ese juicio -visto como un proceso que se integra por varios procedimientos, entre ellos el postulatorio, el conclusivo o de primera instancia, el de revisión o de segunda instancia, el de ejecución, y cualquier incidente como el de falsedad de documento, incluso el de cumplimiento sustituto, entre otros que pueden surgir- como el incidente inicia mediante la presentación de la demanda respectiva, según la teoría general del proceso, es de considerarse que el sentido de la norma es de que sí procede el recurso de queja tanto contra el auto que admite a trámite la demanda incidental o la desecha como contra el que rechaza una prueba dentro de su propio trámite. Todo ello, además, por las razones que sustentan a la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 514, tomo 217-228, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘QUEJA PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL TRÁMITE DE INCIDENTES DE REPOSICIÓN DE AUTOS, AUN CUANDO NO HAYA SIDO ADMITIDA LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO.’ (se transcribe). Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria por la que resolviera la contradicción de tesis número 40/2003-PL y de la cual emergiera -entre otras- la tesis de jurisprudencia número 64/2004, estableció que las reglas que rigen el cómputo del plazo para acudir a la Justicia Federal en demanda de amparo, deben ser aplicables también, por identidad de razón, para computar el plazo a partir del cual las partes en el juicio de garantías pueden hacer valer el recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia protectora, porque en ese recurso existe la misma razón que en aquel juicio de amparo: la necesidad de tener un conocimiento cierto tanto del acto como de su contenido, que será materia del recurso. Razón que, en aplicación a la analogía por identidad jurídica, vale en el caso concreto; toda vez que la razón que impera para que proceda el recurso de queja contra el auto que desecha una prueba en el juicio de amparo indirecto, vale también para la procedencia de ese recurso contra el auto que la desecha durante el trámite de una demanda incidental dentro del mismo juicio de amparo. Luego, si no se hizo valer dicho medio de impugnación y en esta alzada se cuestiona la decisión asumida por el a quo en los proveídos de que se trata, es claro que los primeros dos agravios hechos valer derivan inatendibles, pues en ellos se pretende demostrar la ilegalidad de una determinación jurisdiccional previa a la celebración de la audiencia constitucional que, al no ser impugnada oportunamente, se entiende tácitamente consentida por la parte quejosa, al no interponer en su contra el recurso de queja legalmente procedente. Orienta al punto que antecede, la tesis de jurisprudencia P./J.37/97 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 87, Tomo V, junio de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN.’. En tal virtud y con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, consultable en la página 262, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; este órgano colegiado determina, congruente con lo inatendible de los agravios a estudio y por vía de consecuencia, que no resultan aplicables ni fueron infringidas por el Juez de Distrito ninguna de las tesis citadas para sustentar dichos motivos de inconformidad, de las voces: ‘AMPARO, CARGA DE LA PRUEBA EN EL.’ y ‘PRUEBA EN EL AMPARO, CARGA DE LA.’, provenientes de la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración correspondiente a la Quinta Época. No es óbice para establecer la procedencia del recurso de queja y no el de revisión, desde luego, el que la tesis de jurisprudencia P./J. 37/97 citada con anterioridad, del Tribunal en Pleno del Máximo Tribunal de la República, esté dada expresamente para aquellas pruebas que, antes de la celebración de la audiencia constitucional, sean desechadas mediante un auto por el Juez de Distrito durante la sustanciación del juicio de amparo, pues no debe perderse de vista que la Segunda Sala de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 2a./J. 177/2008 de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO EN QUE, PREVIAMENTE A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA O NIEGA TENER POR FORMULADA LA OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY CITADA.’, ya definió que cuando previamente a la audiencia el juzgador desecha la objeción o la tiene por no formulada, tal actuación es eficaz y surte plenamente sus efectos, siendo impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, del ordenamiento invocado. Lo anterior, adujo la indicada Sala, en razón a que dicha resolución la emite el Juez de Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos del precepto 37 de la propia legislación, durante la tramitación del juicio de garantías en la vía indirecta, la cual es irrecurrible a través del recurso de revisión y, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, en la medida en que el juzgador no podrá examinar nuevamente en la audiencia de ley la pertinencia de la objeción, porque contravendría el principio relativo a que los juzgadores no pueden revocar sus propias determinaciones, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Además, señaló que al consumarse el derecho de la parte interesada a formular la objeción por haberlo ejercido una vez, no podrá hacerlo valer de nueva cuenta antes o al celebrarse la audiencia y, lógicamente, el Juez tampoco podrá pronunciarse en la sentencia sobre la pretensión de falsedad, con el riesgo de que pueda reconocerse valor probatorio pleno al documento cuestionado, no obstante que una de las partes lo tildó de falso. Finalmente, puntualizó que al constituir una decisión previa a la audiencia, el desechamiento de la objeción tampoco podrá ser materia de impugnación al interponerse recurso de revisión contra la sentencia, en términos del artículo 83, fracción IV, última parte, de la ley de la materia. Tesis jurisprudencial que se corrobora con la diversa aislada 2a. XCVI/2002, de la propia Segunda Sala del más Alto Tribunal de Justicia del país, de la voz: ‘QUEJA ADMITIDA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO, ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO PRINCIPAL, SIN QUE ELLO SEA POTESTATIVO.’, en la medida en que en este criterio también se sostuvo, en lo que aquí interesa, que tratándose del auto que desecha pruebas antes de la celebración de la audiencia constitucional, su impugnación debe hacerse valer a través del recurso de queja previsto en el invocado artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, con suspensión del procedimiento principal, habida cuenta que la resolución que se dicte en la queja puede influir en la sentencia, pues ya sea que por virtud del fallo de ese recurso quede o no firme el acuerdo que desechó pruebas, es indudable que podrá tener efectos decisivos en la sentencia que se dicte en lo principal, ya sea de procedencia o de fondo. Consecuentemente, si el Máximo Tribunal de Justicia de la República ya se pronunció en torno a la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra de la determinación del Juez de Distrito que desecha el incidente de objeción de falsedad de documentos planteado antes de la celebración de la audiencia constitucional, esto es, contra el género en sí mismo considerado, no existe ninguna razón jurídica ni válida para estimar que ese propio medio impugnativo no proceda contra su especie, es decir, frente a los autos pronunciados por el Juez durante el trámite incidental respectivo, como lo es aquel por el que desecha una prueba tendente a acreditar los extremos de la objeción formulada, atentos los principios de que donde la ley no distingue, no es dable hacerlo a su exégeta y de que donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. En mérito a lo expuesto y con fundamento, además, en lo que establece el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, es que este Tribunal Colegiado considera que no deben confirmarse y, por ello, se aparta de los criterios sostenidos en las siguientes tesis aisladas: La de rubro: ‘QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE PROMUEVE DENTRO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable con el registro 184,427 en la obra digital denominada ‘Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS 2007’, que edita y diseña la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; o, bien, con la clave III.2o.P.26 K en la página 1125, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. La de la voz: ‘QUEJA. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CUANDO, AL ESTAR SUSPENDIDA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SE COMBATE EL AUTO QUE DESECHA UNA PRUEBA EN EL TRÁMITE DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTO.’, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible con el registro digital 177189 en la indicada obra; o, bien, con la clave XXI.2o.P.A.28 K en la página 1540, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Materia Común, del Semanario y época ya citados. La del epígrafe: ‘QUEJA. RESULTA IMPROCEDENTE LA PREVISTA EN LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO CONTRA VIOLACIONES COMETIDAS EN EL TRÁMITE DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS REGULADO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA PROPIA LEY REGLAMENTARIA (INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO CONTENIDO EN LA TESIS DE RUBRO: «QUEJA, PROCEDENCIA DE LA, EN CASO DE QUE SE RECLAMEN VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO).», sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible con el registro 168,814 en la mencionada obra digital o, en su caso, con la clave I.3o.C.83 K en la página 1400, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.’. La del rubro: ‘RESOLUCIÓN SOBRE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. ES ATACABLE AL INTERPONERSE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE PRONUNCIE EN EL AMPARO, NO EN QUEJA.’, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable con el registro 209815, o bien, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, clave: IV. 2o. 98 K, página 435; y la intitulada: ‘INCIDENTE DE FALSEDAD, ACUERDOS RELATIVOS AL, DICTADOS EN AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBEN IMPUGNARSE EN REVISIÓN, NO EN QUEJA.’, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el registro digital 218,838 y en la página 566, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil siete, por mayoría de votos, resolvió el recurso de queja Q.C. 69/2007 de su índice, bajo las consideraciones que se transcriben a continuación:

"CUARTO. No se estudiarán los agravios que hace valer la recurrente, en virtud de que este órgano colegiado advierte que no se surten los requisitos de procedencia del recurso de queja interpuesto, cuyo estudio es de orden preferente. En efecto, el artículo 95 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Supr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21780-d0beb206/objecion-de-falsedad-de-documentos-los-acuerdos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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