ETAPA DE CONCILIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DE DESAHOGARLA DENTRO DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 376/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL ACTUAL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año; en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia laboral, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quienes emitieron una de las ejecutorias contendientes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que ha de resolverse la denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 386/2003, en lo que al tema interesa, determinó:
"SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado en uso de la facultad que le confiere el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede a suplir la deficiencia de los conceptos de violación esgrimidos al advertir que la responsable incumplió con lo dispuesto por el artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que omitió celebrar la audiencia en sus etapas de conciliación; y, de demanda y excepciones. De las constancias que integran los autos, se desprende que la responsable infringió las leyes que rigen el procedimiento en términos de la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, al omitir señalar fecha para celebrar las etapas de conciliación y, la de demanda y excepciones, incumpliendo con esa omisión el citado precepto, en contravención también con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional y, a su vez el principio de legalidad estatuido en el numeral 16 de la propia Ley Fundamental por hacer nugatoria la garantía de audiencia. Inobservando con ello además la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, Volumen I, visible en la página 266, que dice: ‘LITIS, FIJACIÓN DE LA.’ (se transcribe). En efecto, de autos se aprecia que el actor, entre otras prestaciones, reclamó del ********** pensión por incapacidad parcial permanente. La Junta admitió la demanda y señaló fecha para la audiencia trifásica. El dos de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, fecha señalada para la celebración de la audiencia compareció por la parte actora ********** y, por el ********** demandado **********, quienes solicitaron diferir la misma por encontrarse en pláticas conciliatorias. La Junta acordó de conformidad la petición, señalando las dieciséis horas con treinta minutos del día ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho para la celebración de la misma, a la que acudieron por la actora ********** y por la demandada **********. Ambos hicieron la petición de diferir la audiencia y, la Junta acordó de conformidad la solicitud, pero, señaló fecha únicamente para el desahogo de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, al puntualizar: (se transcribe). Etapa que se desahogó en el día y hora indicados. La actuación de la responsable es ilegal porque no obstante que las partes solicitaron se difiriera la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta únicamente señaló fecha para la etapa correspondiente al ofrecimiento y admisión de pruebas, lo cual evidencia una infracción a lo dispuesto por los artículos 873, 875, 878 y 885 de la Ley Federal del Trabajo que establecen la obligación de la Junta de celebrar la citada audiencia trifásica y, por consecuencia, del artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo. Para considerarlo así es menester citar el contenido de los artículos 873, 875, 878, fracción VIII y 885 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: (se transcriben). Deriva de los preceptos reproducidos que la Junta debe dictar acuerdo que señale el día y la hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenar la notificación personal de ese acuerdo a las partes con una anticipación de diez días y proveer lo procedente cuando se omita alguna notificación a fin de que aquéllas queden enteradas de la fecha y hora en que se celebrará la audiencia. En virtud de tales disposiciones resulta claro que la Junta no debió desahogar la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin antes llevar a cabo la audiencia en sus etapas de conciliación, y de demanda y excepciones, por ser imperativo legal celebrar la misma para efecto de fijar la litis del procedimiento, por lo que si no está fijada la misma, no existe controversia y la Junta no está en aptitud de resolver conforme a derecho. Por tanto, la omisión de llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones a que se refieren los preceptos legales aludidos, contraviene en perjuicio del quejoso, las leyes que rigen el procedimiento, en términos de la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, que refiere que los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se consideran violadas las leyes que rigen el procedimiento que afecten las defensas del quejoso, cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley, supuesto que la intención del legislador al fijar los términos es dar oportunidad a las partes de preparar su acción y defensa y en el caso no se respetaron los mismos al no señalar fecha para la celebración de las etapas de conciliación, demanda y excepciones pues no se respetó el derecho de las partes para dar el uso de la palabra al actor para la exposición de su demanda, ratificándola o modificándola, al demandado para que proceda a dar contestación a la misma, oponiendo sus excepciones y defensas, y, hacer uso del derecho de réplica y contrarréplica, sin que la ley permita la omisión de la celebración de las etapas, pues en éstas es donde se fija la litis del procedimiento. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se deje insubsistente el laudo impugnado y, se reponga el procedimiento para que se celebre conforme a derecho la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas."
De la ejecutoria anterior derivó la tesis IV.3o.T.140 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 1145, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE LA JUNTA DIFIERA LA AUDIENCIA TRIFÁSICA Y POSTERIORMENTE SEÑALE FECHA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS SIN DESAHOGAR PREVIAMENTE LA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 873 y 875, de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá verificarse dentro de los siguientes quince días, ordenando su notificación de forma personal a las partes; audiencia que consta de tres etapas, como son: a) De conciliación, b) De demanda y excepciones y, c) De ofrecimiento y admisión de pruebas; de modo que si la Junta determinó el diferimiento de la audiencia y posteriormente señaló fecha y hora únicamente para la verificación de la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin haber celebrado las dos primeras, dicha actuación constituye una violación al procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, al impedirse a las partes la consecución de un posible arreglo que evitara la tramitación del procedimiento laboral, así como la correcta fijación de la litis del procedimiento, al no permitírseles exponer y contestar la demanda, ni hacer uso del derecho de réplica y contrarréplica."
De igual forma, al resolver el amparo directo 376/2008, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, expresó:
"OCTAVO. Es fundada y suficiente para conceder el amparo, la violación procesal alegada por el quejoso en su segundo concepto de violación. Discute el amparista que la Junta ilegalmente le negó el derecho de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este propio Tribunal Colegiado, se le ordenó reponer el procedimiento para que el actor en un término de tres días aclarara y corrigiera su demanda respecto al concepto de rebajes y, una vez que se llevó a cabo dicha aclaración, la juzgadora emitió un segundo laudo, sin haberle otorgado la garantía que consagra dicho precepto. Es fundado el argumento anterior pues la Junta soslayó que cuando el actor aclara su demanda, adiciona hechos, y reclama nuevas prestaciones, debe hacerse tal aclaración y adición de hechos del conocimiento de su contraparte, con base en la garantía de audiencia a que alude el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al ejercitar aquél una nueva acción, es jurídico que el demandado esté en posibilidad de preparar adecuadamente su contestación. Para considerarlo así, se tiene en cuenta que ********** demandó de **********, **********, por descuentos efectuados ilegalmente a su salario semanal, agregando que fue despedido el treinta y uno de julio de dos mil seis. Posteriormente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de cinco de septiembre de dos mil seis, la parte actora aclaró, entre otras cosas, que la parte demandada le descontaba quincena tras quincena diversas cantidades por concepto de diesel o diferencia de éste u otros conceptos, precisando que reclamaba ********** por concepto de estos descuentos, además reclamó el pago de ********** por concepto de ahorro descontado en el último año laborado. La empresa demandada negó que le hubiese descontado al actor cantidad alguna por la suma de ********** y opuso la excepción de litispendencia. La Junta emitió un primer laudo en el cual absolvió a la empleadora de las prestaciones reclamadas por considerar que el actor no había precisado los conceptos que comprendían los descuentos. Inconforme con dicha determinación el trabajador promovió demanda de amparo ante este Tribunal Colegiado, la cual se registró bajo el número DT. 780/2007, en el que se le concedió el amparo, en esencia, para los siguientes efectos: (se transcriben). En cumplimiento a la ejecutoria anterior, la Junta acordó prevenir al actor para que aclarara o corrigiera su demanda laboral por cuanto a los descuentos que reclamó; sin embargo, posterior a la aclaración presentada por el demandante, la Junta emitió un segundo laudo en el cual condenó a la empresa demandada al pago de los descuentos reclamados, sin que se advierta de las constancias de autos que le hubiese concedido la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, respecto a la aclaración formulada por el actor. Luego, si la Junta antes de emitir el segundo laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, soslayó que cuando existen cambios sustanciales en relación con las acciones intentadas o respecto de los hechos invocados, sobre los cuales el demandado no ha tenido conocimiento, para que tenga la posibilidad jurídica de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, debe ordenar, de oficio, el diferimiento de la audiencia, o bien, correr traslado a aquél con copia cotejada del escrito de modificación de la demanda o de la audiencia en la que el actor hubiera realizado tales modificaciones, para que tenga conocimiento de ello y pueda controvertir los hechos y oponer las excepciones y defensas que estime convenientes, toda vez que de no hacerlo así, se equipara a una falta de emplazamiento, violatoria no sólo del artículo 873 de la ley mencionada, sino también de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equiparable a una violación al procedimiento que encuadra en lo dispuesto por el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe). Entonces, si la Junta impidió a la parte demandada contestar la demanda en relación a la aclaración presentada por el actor y, del mismo modo, de hacer uso del derecho de réplica y contrarréplica, en la nueva audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que tuviera verificativo con motivo de dicha aclaración, tal actuación, se repite, constituye una violación al procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, según criterio que analógicamente al caso, se sustentó por este Tribunal Colegiado en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, del mes de octubre de 2003, visible en la página 1145, que a la letra dice: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE LA JUNTA DIFIERA LA AUDIENCIA TRIFÁSICA Y POSTERIORMENTE SEÑALE FECHA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS SIN DESAHOGAR PREVIAMENTE LA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES.’ (se transcribe). Así las cosas, si la Junta tuvo conocimiento de que se dieron cambios sustanciales en relación con las acciones intentadas por el actor, era inconcuso que estaba obligada a hacerlo del conocimiento de su contraparte para que ésta contestara al respecto y gozara de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, al tenor de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 28/2002, derivada de la contradicción de tesis 17/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XV, del mes de mayo de 2002, visible en la página 47, que dice: ‘AUDIENCIA LABORAL. PROCEDE SU DIFERIMIENTO DE OFICIO, CUANDO EL ACTOR MODIFICA SUSTANCIALMENTE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y EL DEMANDADO NO ESTÁ PRESENTE EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.’(se transcribe). Por tanto, si la propia Ley Federal del Trabajo prevé la facultad para el actor de modificar o ampliar ese escrito inicial sin imponer límite a esa actitud procesal, es inconcuso que al existir cambios sustanciales en lo que se refiere a las acciones intentadas o respecto de los hechos invocados, sobre los cuales el demandado no ha sido emplazado, la Junta está obligada a hacer del conocimiento a dicha parte de la aclaración o modificación señalada por el actor a través de copia cotejada de la demanda, por analogía, de conformidad con el artículo 17 de la ley laboral, el cual dispone: (se transcribe). De ahí que al haberle negado al demandado la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, procede conceder el amparo de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y, reponga el procedimiento, a partir de la audiencia de treinta y uno de julio de dos mil seis, en que el actor aclaró, con el objeto de que lo haga del conocimiento de la demandada y, de ser de su interés, proceda a dar contestación al mismo, preparando sus defensas y excepciones en relación con dicho libelo."
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al resolver el amparo directo 34/2007, sostuvo, en lo conducente:
"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por los quejosos, resultan fundados pero inoperantes, infundados e inatendibles. En efecto, por cuestión de orden lógico, procede analizar en primer término, los argumentos propuestos en el apartado A de las violaciones a las leyes del procedimiento hechas valer por los inconformes, en el primero de sus conceptos de violación; violación que se relaciona con la falta de levantamiento de la etapa conciliatoria en el juicio laboral de origen; planteamientos éstos que si bien este órgano colegiado estima esencialmente fundados, lo cierto es que los mismos devienen inoperantes. Ciertamente, la lectura y análisis de las constancias de autos, permite establecer la existencia de la violación procesal consistente en la falta de desahogo de la etapa conciliatoria (foja 53), dado que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, verificada a las diez treinta horas del trece de abril de dos mil cuatro, inició concediéndole el uso de la palabra al apoderado de la actora, quien procedió a aclarar, adicionar y ampliar el escrito inicial de demanda; luego, se le concedió el uso de la voz al representante de **********; y, enseguida, al representante de **********, quienes dieron contestación al escrito inicial de demanda y solicitaron se difiriera la audiencia respectiva para dar respuesta a las aclaraciones, adiciones y ampliaciones efectuadas, todo lo cual tuvo lugar, sin que previamente se hubiese abierto la fase relativa a la etapa conciliatoria, en la que la Junta debió haber exhortado a las partes para que llegaran a un arreglo conciliatorio, en los términos del precepto 876 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, no obstante resultar fundada la violación procesal de que se trata, la misma deviene inoperante, si se toma en cuenta que el proceder de la responsable, no dejó en estado de indefensión a los actores, ahora quejosos, toda vez que las partes contendientes estuvieron en plena libertad de llegar a un convenio en las subsecuentes etapas procedimentales, y hasta antes de que el laudo reclamado adquiera definitividad; asimismo, dicha violación tampoco trascendió al resultado del fallo, tal como lo exige el artículo 158 de la Ley de Amparo, debido a que no repercutió en la fijación y resolución de la litis laboral planteada, motivo por el cual, la falta de desahogo de la mencionada etapa, ningún agravio irrogó a los inconformes, que debiera repararse en esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior, es de invocar al efecto, de conformidad con el principio de identidad jurídica sustancial, el criterio de la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país, que enseguida se relaciona: ‘CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe)."
De la ejecutoria transcrita derivó la tesis XIII.1o.9 L, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1601, Novena Época, que dice:
"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO PERO INOPERANTE. LO ES EL RELATIVO A LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE CELEBRAR LA ETAPA DE CONCILIACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, POR NO AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El concepto de violación relativo a la falta de desahogo de la etapa de conciliación dentro del procedimiento laboral resulta fundado pero inoperante, en virtud de que si bien es cierto que dicha omisión constituye una infracción a las reglas adjetivas, también lo es que no afecta las defensas del quejoso, ya que las partes están en libertad de llegar a un convenio hasta antes de que el laudo adquiera definitividad; además, dicha violación tampoco trasciende al resultado del fallo debido a que no repercute en la fijación y resolución de la litis."
Por su parte el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 214/2009, en lo que al tema interesa, indicó:
"QUINTO. Son infundados en un aspecto, fundados pero inoperantes en otro, e inoperantes en uno más, los conceptos de violación tendentes a resaltar distintas violaciones al procedimiento que en este considerando se analizan. En efecto, no asiste razón a los representantes de la empresa quejosa al señalar -en el concepto de violación marcado con el número ‘2’, el cual se analiza en primer término por cuestión de método- que la autoridad responsable viola en agravio de su mandante las leyes del procedimiento, dado que omitió aplicar los numerales 11, 785 y 786 de la Ley Federal del Trabajo, pues a pesar de que en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil cinco, requirió a las partes para que se presentaran personalmente a la celebración de la audiencia de conciliación, el veintiocho de junio del mencionado año -fecha fijada para la celebración de la audiencia trifásica-, la responsable tuvo por compareciendo (sic) a los apoderados jurídicos de las partes y aun así abrió la referida etapa -conciliación-, la cual fue cerrada ante la imposibilidad de llegar a un arreglo; por tanto, se apartó de lo dispuesto en el último de los artículos en consulta ‘... violando en perjuicio de la quejosa sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, toda vez que la Junta responsable se encontraba imposibilitada legalmente para abrir la etapa de conciliación dado que no se encontraba presente ninguna persona que legalmente representara a la persona moral ********** de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo ...’. Con el objeto de ponderar las razones que sustentan tal aserto, es conveniente traer a colación las consideraciones que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertió al resolver, en sesión de doce de mayo de dos mil, la contradicción de tesis 48/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la cual emergió la jurisprudencia 51/2000, de rubro: ‘AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO PROCEDE DIFERIRLA POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES AUN CUANDO SEA POR ENFERMEDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).’, específicamente al realizar el estudio relacionado de los artículos 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 y 880 de la Ley Federal del Trabajo: La audiencia de ley en el procedimiento laboral consta de tres etapas: la de conciliación, la de demanda y excepciones, y la de ofrecimiento y admisión de pruebas. En cada etapa de la audiencia imperan los principios de inmediatez y de oralidad, dado que es menester la presencia de una persona para exponer, ratificar, modificar, aclarar, objetar, replicar o contrarreplicar, según sea el caso. Esto acorde con los principios que rigen el proceso laboral previstos en los artículos 685 y 713 de la Ley Federal del Trabajo. La fracción I del artículo 876 establece la exigencia de que las partes comparezcan directamente a la etapa conciliatoria y prohíbe categóricamente que lo hagan por medio de abogados patronos, asesores o apoderados. La razón de esta exigencia, que rechaza cualquier posibilidad de representación, obedece a que el periodo conciliatorio persigue propósitos de avenencia, pues se trata de que el actor y demandado, solos y directamente, con la única intermediación de la Junta, propongan soluciones justas y satisfactorias a sus diferencias para evitar el litigio. En caso de que las partes no comparezcan personalmente al periodo de avenencia, entonces cobra aplicación la fracción VI del mencionado artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las consecuencias procesales de dicha inasistencia, a saber, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y, además, les exige presentarse personalmente a la etapa siguiente. Respecto a la segunda consecuencia legal aludida, cabe destacar que la carga de que las partes acudan personalmente, se ubica ya, jurídicamente, dentro del periodo de demanda y excepciones, precisión que es de gran importancia, porque con tal comparecencia inicia propiamente el juicio laboral, por lo que a partir de esa etapa tiene plena aplicación la disposición contenida en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, cuya parte inicial establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. La exigencia de presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones ya no va seguida de la prohibición categórica de que abogados patronos, asesores o apoderados acompañen a las partes, de donde se desprende que la ley acepta que las partes comparezcan personalmente a dicha etapa, sea en forma directa o por cualquiera de los medios legales de representación que prevé el propio artículo 692. Luego, contrario a lo expuesto por el apoderado de la quejosa, la Junta responsable no se encontraba impedida para iniciar la etapa de conciliación ante la ausencia personal de las partes -**********y **********, esta última por conducto de sus directores, administradores, gerentes o alguna otra persona que ejerza funciones de dirección o administración en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo-, como lo hizo en la audiencia de veintiocho de junio de dos mil cinco, en razón de que ante tal circunstancia indudablemente cobró aplicación el supuesto normativo previsto en la fracción VI del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto dispone que si las partes no concurren a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo; ello con independencia de que se haya exhortado para tal fin a los apoderados de los contendientes, quienes manifestaron: ‘... de momento no es posible un arreglo conciliatorio’, en virtud de que a esta circunstancia ninguna trascendencia le resulta ante la disposición expresa de la ley en comento. Aplica sobre el particular la tesis de jurisprudencia registrada con el número 40, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, invocada por la quejosa como sustento del concepto de violación que se estudia, pero su texto orienta el criterio expuesto por este Tribunal Federal, la cual literalmente dice: ‘AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LAS ETAPAS DE LA.’ (se transcribe). De igual modo, la tesis aislada XIII.1o.9 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, localizable en la página 1601 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, que dispone: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO PERO INOPERANTE. LO ES EL RELATIVO A LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE CELEBRAR LA ETAPA DE CONCILIACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, POR NO AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO.’ (se transcribe). En ese contexto, conviene destacar que este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito -entonces Segundo Tribunal Colegiado del indicado circuito-, al resolver en sesión de dieciséis de abril de dos mil ocho, el amparo directo laboral 106/2008, de cuya ejecutoria nació a la vida jurídica la tesis XI.2o.40 L (publicada en la página 1259 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008), determinó que atendiendo a la naturaleza de la fase de conciliación era dable concluir, entre otras cuestiones, que ‘... lo que se busca en aquélla es precisamente que los contrincantes se avengan a fin de evitar la demanda judicial, inconcuso resulta que el presidente de la Junta no actúa como autoridad, sino como mero conciliador ...).’. Lo anterior, porque a dicha consideración le resulta importancia en el asunto que nos ocupa, en virtud de que si en la etapa conciliatoria la Junta debe ser considerada como mera conciliadora, es evidente que no puede incurrir en alguna violación a las leyes del procedimiento en detrimento de las partes por el hecho de que agote ese periodo sin la comparecencia directa de aquéllas; máxime que las partes en cualquier momento pueden proponer el arreglo conciliatorio que estimen pertinente a sus intereses. El criterio en comento es del tenor literal siguiente: ‘MANIFESTACIONES EMITIDAS E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22158-b6e9091c/etapa-de-conciliacion-en-el-procedimiento-laboral-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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