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Modo: Corpus Pro

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2009. · Registro digital (IUS): 21761
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 1618.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver, en amparo directo, aspectos relativos a la materia laboral que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por la parte quejosa que intervino en el juicio de amparo directo laboral 74/2008, tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en que fue sustentado uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo laboral 721/2005 en sesión de diez de febrero de dos mil seis, con relación al tema de contradicción, consideró lo siguiente:

"En mérito de lo expuesto, es de establecerse que si en el particular el quejoso basó su pretensión en el otorgamiento y pago de una pensión de viudez conforme a lo establecido en los numerales 14 fracción I y 22 del aludido régimen; mientras del laudo se observa que la autoridad estudió tal prestación, pero la desestimó bajo la óptica del numeral 501 de la Ley Federal del Trabajo como de los requisitos que prevén aquellos otros numerales, es inconcuso que la aplicación del artículo 501 en cita se tradujo en un laudo incongruente, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal en perjuicio del hoy quejoso, pues la pretensión de que se condenara al instituto tercero perjudicado a otorgar una pensión de viudez se fundaba sólo en los numerales del reglamento de marras, pero no en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Respecto a la resolución del caso con base en los artículos 14 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, inmerso en el contrato colectivo de trabajo, ha de considerarse ilegal el proceder de la Junta responsable en cuanto a la exigencia de probar la dependencia económica del quejoso en relación con la extinta asegurada, a la vez trabajadora del instituto tercero perjudicado, toda vez que tales preceptos establecen: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 22.’ (se transcribe). Cabe acotar que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra inmerso en el contrato colectivo de trabajo, documento este en el que quedaron plasmadas las prestaciones legales celebrado entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con el propio instituto, puesto que así lo revela su cláusula 110, en relación con el artículo 29 del aludido régimen, que respectivamente disponen: ‘Cláusula 110. Jubilaciones y pensiones.’ (se transcribe). ‘Artículo 29.’ (se transcribe). Prestaciones legales plasmadas -jubilaciones y pensiones- otorgadas a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y de trabajadores del instituto, como lo revela el artículo 1 del régimen aludido, que dispone: ‘Artículo 1.’ (se transcribe). Los numerales transcritos hacen referencia a una serie de prestaciones de naturaleza legal, mismas que fueron pactadas en el contrato colectivo de trabajo y, por ende, reflejadas en el régimen de marras. En la especie, resulta indispensable hacer referencia a los contratos en general, así como al principio -teoría- de la autonomía de la voluntad y, posteriormente, abordar el tema de si es válido o no que en las prestaciones de carácter legal otorgadas en un contrato colectivo -como acto jurídico- se contenga una estipulación que riña con garantías individuales y sociales. La postura tradicional -derecho romano- es que en la materia de los contratos en general, las partes son libres para crear derechos y obligaciones con la condicionante de que su objeto sea lícito -que no violen normas de orden público ni sean contrarios a las buenas costumbres- y que propongan un objeto posible; de lo anterior se obtienen dos principios: el de licitud y posibilidad, los cuales limitan la voluntad de los contratantes, por ende, superados esos principios, en cualquier contrato es válido pactar derechos y obligaciones por los contratantes, claro, dentro del límite de posibilidad y licitud. Dice Kelsen, en el caso de los contratos, que las partes -contratantes- se encuentran facultadas por el derecho objetivo para elaborar una norma, éstos se convierten en órganos accidentales del Estado a los cuales denomina órganos en sentido formal, donde los contratantes accidentalmente en sus operaciones jurídicas se convierten en órganos facultados para crear derecho a la par de los órganos en sentido material reconocidos como legislativo, ejecutivo y judicial, estos últimos que en realidad desempeñan una función normal, permanente y generalmente remunerada. Ahora, para la existencia de un contrato se requiere consentimiento, objeto y, en algunos casos, la solemnidad, denominados elementos de la existencia; en cambio, para alcanzar la validez, ese contrato además de cumplir con la forma prescrita por la ley (solemnidad), debe ser lícito en su objeto, motivo o fin que persigan los contratantes con ese contrato, pues así lo exige la ley. El elemento normativo en los contratos colectivos proviene de sujetos de derecho privado -trabajo y capital- el cual es derecho objetivo creado por particulares, justamente porque no es derecho creado por el Estado, sino el ordenamiento que pactan los contratantes es derecho autónomo. Las partes en el contrato colectivo de trabajo son sindicato, obrero y el patrón; los obreros en lo individual no contratan; el sindicato es el que suministra los servicios de los trabajadores a las empresas. A través del contrato colectivo de trabajo, el derecho positivo laboral vigente ha delimitado que se trata de un acto que es resultado de un acuerdo temporal entre el trabajo y el capital, donde la conjunción de voluntades se propone la realización de un fin común, el cual puede extenderse (acto-unión) a personas que no participaron en su formación; por tanto, creador de derecho objetivo, del cual surgen dos elementos: el obligacional y normativo, ésta es la esencia del contrato colectivo, la reunión de los elementos en un solo acto jurídico, pues el primero existe en función y como garantía del segundo, sin poder existir por sí solos. El elemento obligacional regula derechos y obligaciones entre las partes contratantes -capital y obrero-, en tanto que el elemento normativo contiene las normas a las que deberán de ajustarse en el futuro las relaciones de cada trabajador con la empresa, éste viene a ser la razón verdadera de la existencia del contrato colectivo. Así, las convenciones colectivas -contratos colectivos de trabajo- constituyen una fuente formal autónoma del derecho del trabajo, ya que su propósito es regular las relaciones de trabajo, porque los contratantes las utilizan como diseños en la elaboración de estipulaciones; afirmación la anterior que se encuentra consignada en la exposición de motivos de la ley de 1931: ‘... Ahí donde los trabajadores han logrado formar sindicatos fuertes, particularmente nacionales, y donde han logrado su unión en federaciones y confederaciones, los contratos colectivos han consignado en sus cláusulas beneficios y prestaciones para los trabajadores muy superiores a los que se encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo (la de 1931) ...’. De ahí que la naturaleza de las convenciones colectivas como fuentes formales del derecho de trabajo, cuya misión es elevarse sobre la declaración de derechos sociales (Constitución), es precisamente lograr mejores condiciones de trabajo, cuya extensión abarca a todos los trabajadores sindicalizados o no, esto es, la generalidad o universalidad del elemento normativo. Así, la declaración constitucional de derechos sociales postuló una filosofía que dista de la igualdad aritmética de las prestaciones (ética nicomáquea), pues conforme ésta, la idea de la justicia que priva en el derecho de las obligaciones y de los contratos (derecho privado) es la llamada conmutativa, principio que no atiende a la condición y a las necesidades de los hombres sino, exclusivamente, a la importancia o valor de los bienes objeto de las prestaciones cuando aquella declaración constitucional postuló que el derecho del trabajo tiende a conseguir el equilibrio y justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, pues ‘... si el liberalismo deificó a la empresa, la idea de la justicia social proclama que en la dualidad trabajo-capital, aquel es el valor supremo, por cuya razón, la economía en general, y la empresa en particular, cualquiera que sea el régimen de producción que adopten los pueblos, han de ordenarse en una forma que respete la dignidad del hombre y satisfaga las necesidades de toda índole de la persona del trabajador. En consecuencia, el estatuto del trabajo ha de partir del hombre-trabajador hasta lograr su libertad económica frente al capital, una existencia adecuada a la dignidad y a las necesidades humanas, y la seguridad de un ingreso futuro que le posibilite la contemplación del mañana sin temor ...’; por eso fue que en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo partieron de la idea de que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico, con lo cual resolvió el problema de la autonomía de la voluntad, porque aparece disminuida en el contenido del derecho objetivo creado por las partes ante la supremacía del derecho constitucional y del trabajo. El derecho colectivo del trabajo presenta como características propias que: a) Atañe grupos sociales que se inspira en la escuela sociológica; b) Constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador frente al empleador que, por consiguiente, persigue lograr el equilibrio, colocándolos -tanto a trabajador como empleador- en igualdad para la concertación de las condiciones que debe respetar el contrato colectivo; c) Acepta la licitud del uso de medios de acción directa; d) Procura la solución pacífica de los conflictos de intereses colectivos; e) Reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho por virtud de la posibilidad de creación de derecho objetivo, vía el convenio colectivo; f) Es garantía de libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libertad y, aislados, carecen de fuerza frente al Estado. El contrato colectivo del trabajo en el derecho positivo mexicano adoptó la tesis de la historicidad del derecho (escuela histórica de Friedrich Karl Von Savigny) bajo la idea de que el derecho romano fue todo, menos un ordenamiento estático, pues quienes redactaron la exposición de motivos de la primera ley del trabajo (1931) consideraron que el derecho del trabajo es un estatuto en continua evolución y de necesaria transformación cuando cambian las circunstancias que le dieron origen y cuando el desarrollo y progreso de la economía exigen un reajuste que armonice nuevamente los intereses del trabajo con los del capital; de manera que, si bien en una relación individual de trabajo las modalidades en que puedan convenirse las prestaciones es a condición de que no afecten -en perjuicio de la clase trabajadora- normas superiores establecidas por la Constitución, las leyes y las convenciones internacionales, la relación colectiva consiste en una serie de compromisos y de medios encaminados a la fijación de las condiciones de trabajo, pues representa -el contrato colectivo- un marco dentro del cual han de pasar los contratos individuales, precisamente porque su finalidad es esencialmente normativa; lo cual significa que esa finalidad normativa (creación de derecho objetivo) no debe contrariar, por la misma razón, el mínimo de garantías individuales y sociales que prevé la Constitución. Por eso es que el derecho positivo laboral mexicano se apoya en la tesis de la solidaridad social de León Duguit, pues considera que la empresa moderna cumple una función social, consistente en: a) proporcionar y asegurar a los trabajadores condiciones satisfactorias para la prestación de los trabajos; y, b) contribuir a la producción de los bienes que son indispensables al bienestar colectivo. Mario de la Cueva sostiene que el contrato colectivo es una fuente formal del derecho del trabajo que se sitúa como el punto último en la escala de esas fuentes formales, cuya base es la declaración de derechos sociales (Constitución), de manera que el contrato colectivo es la fuente más concreta, pero la que tiene como finalidad superar -en beneficio de los trabajadores- todas las normas estatales e internacionales, y no restringirlas, sino que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo son el marco jurídico y de referencia en el contenido de sus estipulaciones, precisamente porque prevalece la necesidad de que el contrato colectivo respete los límites que a la autonomía de la voluntad imponen las leyes laborales. La naturaleza de las convenciones colectivas -cláusulas normativas- como fuentes formales es elevarse sobre la ley -Constitución, leyes reglamentarias, así como convenciones internacionales- para otorgar mejores condiciones de trabajo, sin que signifique que por el solo hecho de la creación de ese derecho objetivo se deba contrariarse el mínimo de garantías individuales y sociales plasmadas en la Norma Suprema; por tanto, el derecho del trabajo busca mantener la igualdad y el equilibrio entre los patrones y los trabajadores y para lograrlo ha establecido una serie de derechos mínimos de los cuales deben gozar los obreros; además, para garantizar esos derechos mínimos consagrados tanto constitucional como legalmente, sanciona con su nulidad cualquier acuerdo o convenio que los reduzca o desconozca. Así, los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII y 33 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: 123. (se transcribe). A. (se transcribe): XXVII. (se transcribe): ... h) (se transcribe). Ley Federal del Trabajo: 5o. (se transcribe). 33. (se transcribe). Los preceptos transcritos reconocen que será nula cualquier estipulación que implique renuncia de derechos y prerrogativas consagradas en las disposiciones constitucionales y legales y, por tanto, no producirán ningún efecto legal. Ese mismo criterio ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido, entre otras, las siguientes tesis en relación con los contratos y convenios en materia de trabajo: ‘CONTRATO DE TRABAJO, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. LÍMITES.’ (se transcribe). ‘CONVENIOS.’ (se transcribe). ‘CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe). De donde sigue que el contrato colectivo es la fuente más concreta, al tener como finalidad superar en beneficio de los trabajadores todos las normas estatales e internacionales, sin restringirlas, teniendo como cúspide la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, y al ser ésta el marco jurídico y de referencia para el contenido de sus estipulaciones, entonces el contrato colectivo deberá respetar los límites que a la autonomía de la voluntad imponen las leyes laborales. El artículo 5o. de la ley obrera, en la fracción XIII, dispone que el trabajador no puede ‘renunciar a sus derechos o prerrogativas’; término que es más amplio al de ‘leyes’, lo que implica que el mandamiento constitucional previsto en el artículo 123, fracción XXVII, se aplicará al futuro en la renuncia de disposiciones de las fuentes formales (contratos colectivos). De conformidad con el precepto 5o. de la ley obrera, serán nulas las cláusulas que contengan ‘renuncia de derechos’, término que debe extenderse a las convenciones; esto es, lo pactado en un contrato colectivo de trabajo tiene como núcleo esencial superar las prestaciones de otras leyes, incluidas las del Pacto Federal, con mejores beneficios; empero, la nulidad no afecta la existencia o validez de las relaciones de trabajo, pues en lugar de la estipulación inválida se aplicarán la ley y las normas que le son supletorias, puesto que el artículo 17 de la ley obrera toma como punto de partida a la Constitución como ordenamiento jurídico que frena al principio de la autonomía de la voluntad en el acto jurídico, que no es más que derecho objetivo accidental creado por las partes, por debajo del principio de supremacía constitucional y legal (ley obrera). Luego, al margen de que la jubilación constituye una prestación extralegal pactada en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que solamente puede considerarse la intención de las partes contratantes y de que la estipulación -que la prevea- pueda constituir una cláusula obligacional o una cláusula normativa para efectos de su interpretación y aplicación al caso concreto -lo pactado como el conjunto de cláusulas al servicio del elemento normativo es el núcleo esencial de las convenciones, las cuales tiene por objeto superar las prestaciones de otras leyes, incluidas las del Pacto Federal, con mejores beneficios de los ahí contenidos- lo cierto es que toda cláusula de un contrato colectivo que sea contraria a las leyes laborales -ya fundamental y secundaria-, será considerada nula y, por la misma razón, cuando pugna con una norma constitucional -aunque aquélla no sea una ley laboral- no debe aplicarse en el caso particular, porque, de permitirse, rompería con el orden público y constitucional, lo cual, incluso, ni siquiera se permite en los contratos en general. Así, es de concluirse entonces que aun cuando la pretensión deducida en el juicio laboral tuvo su fundamento o causa de pedir en el régimen de referencia, y lo cual pudiese estimarse como una prestación legal, la realidad es que dicha pretensión fue ampliada en dicho régimen en razón de estar prevista en el artículo 84, fracción III, de la Ley del Seguro Social; mas impone dicho régimen al viudo una condición o requisito que no se prevé para la viuda, como lo es la dependencia económica, cuando tal requisito contraría una garantía constitucional, consistente en la igualdad del varón y la mujer ante la ley, partiendo de la premisa de que las estipulaciones del contrato colectivo de trabajo constituyen derecho objetivo creado por los particulares. Así lo es, atento a que el artículo 4o. constitucional establece: ‘Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley ...’. Además de que el artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción VII, toma como punto de comunión que por trabajo desarrollado debe corresponder igual salario, sin que sea viable distinguir con base en el sexo de los trabajadores, precepto que establece: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Aún más, el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, párrafo segundo, es un fiel reflejo del precepto 123 constitucional, puesto que aquél acoge el espíritu de equidad de género (sexo) entre los trabajadores, también sin establecer distinciones por motivo de raza, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, numeral del código obrero que dispone: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). De lo anterior se concluye que, con base en el plano de igualdad que otorga la Norma Suprema en su artículo 4o., no está permitido distinguir por razón de sexo, como acontece en el régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, al tener que exigir mayores requisitos a los hombres para acceder a ese beneficio legal -por estar previsto en la Ley del Seguro Social- pactado en el contrato colectivo de trabajo (pensión de viudez), sólo con motivo de su condición de género masculino, cuando para el femenino no prevé la demostración de la dependencia económica para obtener una misma pensión. De tal suerte, es de considerarse que la condición de tener que demostrar el varón -viudo- que dependía económicamente de la de cujus conforme a las estipulaciones contenidas en tal convención, cuando se ha visto que rompe con el orden constitucional mexicano, entonces debió inaplicar tal exigencia en virtud de que violenta en perjuicio de los trabajadores una de las garantías constitucionales, como es la de igualdad del varón y la mujer ante la ley, cuando se ha visto que el contrato colectivo constituye derecho objetivo. Por su parte el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en la ejecutoria dictada el día veintidós de enero de dos mil nueve dentro del expediente del amparo directo laboral No. 74/2008, en la parte que corresponde a la contradicción denunciada, textualmente señala: (se transcribe). Resultan aplicables las jurisprudencias 40/96 y 100/2004, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, agosto de 1996 y XX, agosto de 2004, Novena Época, páginas 177 y 384, respectivamente, así como dos tesis aisladas emitidas por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXVII y LXXII, Quinta Época, páginas 394 y 1962, que en su orden establecen: ‘CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR.’ (se transcribe). ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD O LA INSUBSISTENCIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 43 DE SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIOS 1995-1997-1999), ESTÁ SUJETO AL PLAZO PRESCRIPTIVO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). ‘CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, CUMPLIMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). En las relacionadas consideraciones analizadas en este considerando, lo procedente es otorgar la protección federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte otro en el que: 2.1. Conforme a los lineamientos de esta ejecutoria, prescinda del fundamento del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la pretensión del quejoso -causa de pedir- a través de la demanda laboral se basó en los artículos 14, fracción I y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inmerso en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, 2.2. Inaplique el requisito de la demostración de que el varón -viudo- dependía económicamente de la de cujus, y hecho lo anterior resuelva lo que proceda en derecho. ..."

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región al resolver el amparo directo 74/2008, en sesión de veintidós de enero de dos mil nueve, determinó lo siguiente:

"SEXTO. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se narran los antecedentes del laudo reclamado: 1) Por escrito de trece de febrero de dos mil siete, el quejoso ********** por conducto de sus apoderados, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de la pensión de viudez. Al respecto, textualmente, señaló: (se transcribe). 2) Sustanciado el procedimiento, la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió el laudo correspondiente el veinticinco de marzo de dos mil ocho (fojas de la 132 a la 136 del juicio laboral), cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: PRIMERO: El actor ********** no acreditó sus acciones y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se absuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social, del otorgamiento de una pensión de viudez, a favor del ********** así como el cálculo de la cuantía de la pensión, que se reclama en los incisos a) y b), del capítulo respectivo de la demanda, por las razones y fundamentos de derecho señalados en el último considerando de fondo de la presente resolución. 3) Inconforme con lo resuelto por la Junta, el actor interpuso demanda de amparo el veinticinco de abril de dos mil ocho. El Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quien conoció del asunto en el expediente número 308/2008, dictó la sentencia condigna el cinco de septiembre de dos mil ocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo combatido y, dictara otro, en el que resolviera la litis conforme a los hechos de la demanda, su contestación y las pruebas aportadas por las partes. Del considerando de estudio de dicha ejecutoria se aprecia que el Tribunal Colegiado estimó que el laudo reclamado era incongruente, dado que la Junta resolvió la controversia laboral sometida a su arbitrio jurisdiccional con apoyo en una norma legal que no fue el sustento de la causa de pedir. Ello, en razón de que refirió el órgano colegiado, el accionante sustentó su reclamación en la cláusula 14 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, en relación con el artículo 130 de la nueva legislación que rige dicho instituto, por lo que es evidente que la cuestión sometida al conocimiento de la responsable se debió dilucidar, dijo el Tribunal Colegiado (se transcribe). 4) En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, la Junta responsable emitió el laudo de treinta de septiembre del año pasado, cuyos resolutivos son: PRIMERO. El actor ********** no acreditó sus acciones y el Instituto Mexicano del Seguro Soci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21761-ea828469/contrato-colectivo-de-trabajo-no-constituye-un-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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