Corpus
Modo: Corpus Pro

EXTRANJEROS. LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES INSTITUIDA EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN EN EL SENTIDO DE REQUERIRLOS PARA QUE ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, NO ES EXIGIBLE A LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2009. · Registro digital (IUS): 21598
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 452.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el tema sobre el que trata la ejecutoria respecto de la que se denuncia la presente contradicción de tesis, corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A y 197-B de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el veintinueve de mayo de dos mil ocho, al resolver la revisión fiscal 152/2008, en lo interesante, sustentó las consideraciones siguientes:

"Pues bien, en el primer agravio en examen, la autoridad recurrente aduce, en síntesis, que en el caso concreto ‘existen violaciones esenciales al procedimiento que fueron desestimadas por la Sala Fiscal.’. Que durante la sustanciación del procedimiento de nulidad fiscal, la responsable incurrió en omisiones que ‘trasciende a su procedencia y que, en caso de soslayarse, como sucedió en la especie, trascendería de forma grave el sentido de la sentencia, por dictarse en perjuicio de las disposiciones de orden público.’. Argumenta, que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Población, la responsable se encontraba ‘obligada a comprobar por sí misma’, la legal estancia del promovente del juicio de nulidad en el país, así como la existencia de un permiso previo o ‘autorización de la Secretaría de Gobernación que le permitiera actuar como representante legal.’. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una autoridad federal, por tanto, en la sustanciación del juicio de nulidad ‘estaba sujeta a exigir al promovente que comprobara su legal estancia en el país y acreditara contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación para actuar como representante legal, dentro del mismo’, conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley General de Población. Esgrime que la responsable soslayó, dentro del procedimiento fiscal, verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, lo cual debía ser examinado por la propia Sala Fiscal, no así por el notario público o por las autoridades demandadas; que tal obligación debe llevarse a cabo ‘durante el trámite del juicio’; como una cuestión previa; que la obligación de la responsable ‘debe ser satisfecha en todos los casos y que no se encuentra sujeta o exenta por un reconocimiento anterior.’. Aduce que la obligación de la responsable -respecto de verificar la calidad y condición del extranjero promovente del juicio- ‘se relaciona intrínsecamente con las reglas del procedimiento’; que, además, la Sala soslayó, durante la tramitación del asunto, que el artículo 153 del Reglamento de la Ley General de Población, establece que ‘las autoridades a que se refieren los artículos 67 y 69 de la ley, informarán de cualquier acto o contrato en el que hayan intervenido extranjeros, mencionando los documentos con los que acreditaron su legal estancia en el país y en su caso, el permiso respectivo de la secretaría, pero lo más trascendente e importante para lo que nos ocupa, es que las autoridades y fedatarios mencionados se abstendrán de dar su autorización si advierten irregularidades en la documentación migratoria de los extranjeros, si no se presenta el permiso respectivo cuando éste sea necesario, o si sus condiciones y calidad migratoria no les permite realizar el acto o contrato de que se trate, lo que comunicarán inmediatamente a la secretaría.’. Que, por ende, la omisión de la responsable trascendió, debido a que durante el procedimiento ‘sí era necesario requerir al promovente para que acreditara su legal estancia, toda vez que, a partir de ahí, dicho tribunal como autoridad federal, podría analizar si tiene o no irregularidades el documento migratorio o si no cuenta o presenta el permiso necesario o si sus condiciones migratorias les impiden realizar el acto’; incluso, atender lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley General de Población. Argumenta la recurrente, que durante la sustanciación del procedimiento de nulidad fiscal, la encargada de la defensa jurídica de las demandadas hizo saber a la responsable de las omisiones destacadas, sin que la Sala hubiera acordado tal petición ni llevado a cabo, durante la tramitación del juicio, las obligaciones antes relatadas; que por ello, la responsable incurrió en omisiones que ‘trascienden a su procedencia y que, en caso de soslayarse, como sucedió en la especie, trascendería de forma grave el sentido de la sentencia, por dictarse en perjuicio de las disposiciones de orden público’; esto es, verificar la personalidad del promovente. La recurrente apoyó su argumentación en la tesis de rubro: ‘EXTRANJEROS. PREVIAMENTE DEBEN PROBAR SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, ANTE LA AUTORIDAD QUE POR COMPETENCIA DEBA CONOCER DE UN ASUNTO.’. Asiste razón a la autoridad disconforme. La Primera, Segunda y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentaron los criterios, respectivamente, cuyos datos de identificación, rubros y texto, enseguida se transcriben: ‘PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL, QUE SE TRADUCEN EN ACTOS NEGATIVOS U OMISIONES.’ (se transcribe). ‘PERSONALIDAD. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO.’ (se transcribe). ‘PERSONALIDAD MORAL. SU CARÁCTER DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.’ (se transcribe). En el caso concreto, como quedó apuntado, el administrador local jurídico de Guadalajara Sur, al dar contestación a la demanda, como una cuestión previa, solicitó la regularización de procedimiento, al argumentar que al advertirse de las constancias de autos que el promovente es de nacionalidad extranjera, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Población, previamente la responsable ‘se encontraba obligada a comprobar la legal estancia del promovente en el país, así como la existencia de un permiso previo o autorización de la Secretaría de Gobernación que le permitiera actuar como representante legal en el país.’. Que el artículo 67 de la Ley General de Población, el cual expresamente establece que previo al trámite de un asunto de su competencia, las autoridades federales exigirán que se acredite la legal estancia y el legal ejercicio de un derecho, cuando acuda ante ello un extranjero por lo que ‘esa Sala Fiscal no se encuentra exenta del cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General de Población.’. Adujo que en la tramitación del asunto, como una cuestión de procedencia previa, la Sala tenía la obligación de requerir al promovente para acreditar su legal estancia, así como la autorización para fungir como representante legal; y, que en el supuesto en que no acredite su legal estancia y tener el permiso correspondiente de la Secretaría de Gobernación ‘entonces deberá sobreseerse por improcedente el juicio, al estar constreñida esa juzgadora a abstenerse de dar seguimiento al mismo y deberá informar lo conducente a la Secretaría de Gobernación’; esto es, verificar la personalidad del promovente. Respecto de las manifestaciones antes relatadas, no recayó acuerdo expreso alguno, cuenta habida que, como quedó transcrito precedentemente, la Sala Fiscal responsable únicamente acordó tener por contestada la demanda, tener como delegados a las personas señaladas como tal y por ofrecidas y admitidas las pruebas precisadas en el capítulo respectivo; asimismo, ordenó correr traslado a la parte actora y señaló un término de cinco días para formular alegatos, ‘transcurrido el término anterior, quedará cerrada la instrucción del juicio.’. Empero, como lo aduce el autoridad recurrente, la Sala Fiscal omitió acordar lo aducido por la encargada jurídica de las demandadas, acerca de que durante la tramitación del juicio de nulidad, como una cuestión de procedencia previa, la Sala tenía la obligación de, esencialmente, requerir al promovente para que acreditara su legal estancia, así como la autorización para fungir como representante legal; esto es, verificar la personalidad del promovente. Omisión de la responsable verificada durante la sustanciación del procedimiento de nulidad fiscal que, como lo aduce la recurrente ‘trascienden a su procedencia y que, en caso de soslayarse, como sucedió en la especie, trascendería de forma grave el sentido de la sentencia, por dictarse en perjuicio de las disposiciones de orden público’; esto es, verificar la personalidad del promovente. Cuenta habida que, como lo estableció la superioridad en los criterios transcritos con antelación, siendo la personalidad una cuestión de derecho público, siempre debe ser examinada de oficio, aun cuando el auto por el que se admitió el asunto haya causado estado. Máxime, que se trata de la cuestión relativa a la representación legal de la persona moral a cuyo nombre se presentó la demanda de nulidad, lo cual debe ser examinado por el juzgador, al referirse a una de las condiciones para el ejercicio de la acción. A más de que lo solicitado por el encargado de la defensa jurídica de las demandadas, se apoyó en lo dispuesto por los artículos 67 de la Ley General de Población y 153 del Reglamento de la Ley General de Población que disponen: ‘Artículo 67.’ (se transcribe). ‘Artículo 153.’ (se transcribe). Como se advierte de los numerales transcritos con antelación, las autoridades federales, locales o municipales, están obligadas a comprobar la legal estancia en el país de los extranjeros que tramiten ante tales autoridades un asunto de su competencia; así como verificar si el promovente cuenta con la autorización para fungir como representante legal; esto es, verificar la personalidad del actor. Actos relativos a la comprobación y verificación de la calidad y condición del extranjero promovente del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que, como lo aduce la autoridad recurrente, debe llevarse a cabo como una cuestión previa de procedencia; esto es, en la tramitación del asunto y no después, es decir, al dictarse la sentencia. En tanto que la actuación de la autoridad necesariamente incide en requerir al promovente durante la sustanciación del juicio. De ahí la advertida violación al procedimiento que aduce la recurrente. Máxime, que la encargada de la defensa jurídica de las demandadas, al manifestar ante la responsable la obligación de requerir al actor para que acreditara su calidad y condición en el país -lo cual no acordó oportunamente la responsable-, invocó el criterio -que este órgano colegiado comparte- sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: ‘EXTRANJEROS. PREVIAMENTE DEBEN PROBAR SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, ANTE LA AUTORIDAD QUE POR COMPETENCIA DEBA CONOCER DE UN ASUNTO.’ (se transcribe). Asimismo, por analogía en el razonamiento jurídico que ministra, resulta dable invocar el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto, enseguida se transcriben: ‘PODERES OTORGADOS A EXTRANJEROS. PARA QUE SURTAN EFECTOS ES NECESARIO JUSTIFICAR QUE ÉSTOS TIENEN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.’ (se transcribe). Consecuentemente, dado que la omisión de la responsable se verificó durante la sustanciación del procedimiento y toda vez que atañe a la personalidad del actor, lo cual constituye una cuestión de derecho público; así como a la representación de la persona moral a cuyo nombre se presentó la demanda de nulidad, es una de las condiciones para el ejercicio de la acción, que debe examinarse de oficio. Por tanto, este Tribunal Colegiado considera procedente revocar la sentencia recurrida y ordenar reparar dicha violación sustancial al procedimiento, para lo cual la Sala Fiscal deberá reponer el procedimiento hasta el auto de diecisiete de abril de dos mil siete, inclusive, en el que la responsable acordó el escrito de contestación de demanda planteado por la encargada de la defensa jurídica de las demandas y, hecho lo anterior, acuerde lo manifestado por la ahora recurrente. Así como, de ser preciso, de oficio, conforme lo disponen los preceptos legales transcritos con antelación, compruebe la calidad y condición del promovente del juicio de nulidad; en específico, verificar la personalidad del promovente; esto es respecto del acreditamiento de su legal estancia, así como la autorización para fungir como representante legal."

De la ejecutoria pronunciada en el citado recurso de revisión derivó la tesis, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

"EXTRANJEROS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A COMPROBAR SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, CUANDO PRETENDEN ACTUAR ANTE ÉL COMO REPRESENTANTES LEGALES DE UNA PERSONA MORAL. De conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Población, previo al trámite del juicio de nulidad, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a comprobar la legal estancia en el país de los extranjeros que pretenden actuar ante él como representantes legales de una persona moral, así como la existencia del permiso previo o autorización de la Secretaría de Gobernación que les permita actuar con ese carácter, habida cuenta que ello incide en la verificación de la personalidad del actor a cuyo nombre se presenta la demanda correspondiente, lo que constituye una cuestión de orden público, y una de las condiciones para el ejercicio de la acción que, incluso, debe examinarse de oficio." (No. Registro: 169,297. Tesis aislada. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, julio de 2008. Tesis III.2o.A.183 A, página 1726).

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por mayoría de votos, la revisión fiscal 180/2008, el veintidós de septiembre de dos mil ocho, en la parte conducente, sostuvo:

"SEXTO. Los agravios son infundados. La Sala Fiscal desestimó la causa de improcedencia prevista por el artículo 202, fracción XIV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos numerales 200 y 209, fracción II, de dicho ordenamiento legal, ya que consideró: a) Que de conformidad con los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación ********** acreditó su personalidad como representante legal de ********** a través de la resolución contenida en el oficio ********** de veintinueve de abril de dos mil cinco, emitida por el administrador local jurídico de Tepic, Nayarit; y que, por tanto, acreditó su interés jurídico para demandar la nulidad de dicha resolución; b) Que el encargado de las autoridades demandadas tenía que acreditar que el mandato por el cual se le reconoció la personalidad a aquél, estaba limitado expresamente para la representación de los actos ante la autoridad fiscal; c) Que del testimonio de la escritura pública 2,501, pasada ante la fe del notario público 2, de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se desprende que ********** es apoderado de la citada persona moral con facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración, conforme lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil Federal, por lo que tiene legitimación procesal activa para demandar la nulidad de la resolución combatida; d) Que del referido testimonio de la escritura pública 2,501, se observa, por lo que ve a la legal estancia del promovente en el país, que el notario público se cercioró de ello con la exhibición del documento migratorio ********** expedido por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, lo cual es suficiente para que exista la certeza de que el promovente estaba legalmente en el país en la fecha de interposición de la demanda; que la autoridad fiscal tenía que desvirtuar dicha presunción y que al no evidenciar que en la fecha que se interpuso la demanda de nulidad el promovente no estaba legalmente en el país, no procede sobreseer en el juicio; y, e) Que el extranjero por el simple hecho de ser persona, goza de las garantías individuales consagradas en la Constitución, por lo que al estar legitimado para salvaguardar los intereses de la persona moral, puede interponer la demanda de nulidad en su representación y que lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Población no constituye una prohibición para ese tribunal de dictar resolución en el asunto. Frente a lo anterior, la recurrente sostiene: que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 y 68 de la Ley General de Población, previo a la admisión de la demanda, la Sala Fiscal tenía obligación de ‘comprobar por sí misma, la legal estancia del promovente en el país, así como la existencia de un permiso previo o autorización de la Secretaría de Gobernación que le permitiera actuar como representante legal’; que la obligación que refiere el artículo 67 de dicho ordenamiento legal debe ser satisfecha en todos los casos, pues ‘no se encuentra sujeta o exenta por un reconocimiento anterior’, aun cuando hubiera sido por un notario, ya que existen vigencias en los permisos otorgados a los extranjeros; que en términos del artículo 153 del Reglamento de la Ley General de Población, la Sala Fiscal debía requerir al promovente para que acreditara su legal estancia y analizar si el documento migratorio tiene o no irregularidades, si presenta el permiso necesario o si sus condiciones migratorias le impiden realizar el acto y, en su caso, comunicar a la Secretaría de Gobernación, por lo que, el juicio resulta improcedente; que la Sala Fiscal debió atender esa obligación, ya que en términos del artículo 140 de la Ley General de Población, toda infracción administrativa a esa ley o a sus reglamentos en materia migratoria se sanciona con multa o con arresto; que la Ley General de Población es un ordenamiento obligatorio y aplicable en toda la República, de conformidad con su artículo 1o.; y que por todo lo anterior, la Sala Fiscal debió reponer el procedimiento. Dichos agravios son infundados. Esto es así, porque contrario a lo que aduce la recurrente, de conformidad con los artículos 200 y 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación ********** acreditó su carácter de representante legal de ********** para promover el juicio de nulidad, con el reconocimiento de dicho carácter que hizo el administrador local jurídico de Tepic, en la resolución contenida en el oficio ********** de veintinueve de abril de dos mil cinco, en la que se resolvió que ‘No se confirma el criterio sustentado por la persona moral ********** a través de su representante legal ********** en el sentido de que resulta improcedente que su representada se abstenga de disminuir, para efectos de la determinación del costo de venta, el valor de los bienes inventariados al 31 de diciembre de 2004, en los términos del artículo tercero, fracción IV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1o. de enero de 2005; en los términos y razonamientos legales vertidos en el apartado de consideraciones de la presente resolución’; y su capacidad para promover en el juicio de nulidad ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se encuentra limitada por el artículo 67 de la Ley General de Población, como enseguida se verá. Los artículos 1o., 67, 68, 69, 114 y 140 de la Ley General de Población establecen: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 67.’ (se transcribe). ‘Artículo 68.’ (se transcribe). ‘Artículo 69.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 140.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 153 del Reglamento de la Ley General de Población dice: ‘Artículo 153.’ (se transcribe). De dichos preceptos legales citados por la recurrente, se desprende que las disposiciones de la Ley General de Población son de orden público y de observancia general en la República; que las autoridades federales están obligadas a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación; que el legislador reguló de manera específica a los Jueces u oficiales del Registro Civil quienes no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo y de defunción, en los términos que establezca el reglamento de dicha ley; que tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación; que ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto; y que las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en violaciones a la Ley General de Población o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia; y que toda infracción administrativa a la referida ley o a sus reglamentos en materia migratoria, fuera de los casos previstos en el capítulo de 'sanciones', se sancionará con multa hasta de un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio de la Secretaría de Gobernación, o bien con arresto hasta de treinta y seis horas si no pagare la multa. Igualmente, del precepto reglamentario se advierte que sólo a petición expresa de la Secretaría de Gobernación, las autoridades y fedatarios informarán de cualquier acto o contrato en el que hayan intervenido extranjeros, mencionando los documentos con los que acreditaron su legal estancia en el país y, en su caso, el permiso respectivo de la secretaría; y que las autoridades y fedatarios mencionados se abstendrán de dar su autorización si advierten irregularidades en la documentación migratoria de los extranjeros, si no se presenta el permiso respectivo cuando éste sea necesario o si sus condiciones y calidad migratoria no les permite realizar el acto o contrato de que se trate, lo que comunicarán inmediatamente a la secretaría. Por eso, si bien es cierto que, en términos del artículo 67 de la Ley General de Población las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación; también lo es que no impide a las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dar trámite a un juicio de nulidad promovido por un extranjero en representación de una persona moral, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto. Esto es así, porque si el legislador hubiera considerado que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están impedidas para dar trámite a un juicio de nulidad promovido por un extranjero en representación de una persona moral, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto, así lo hubiera regulado específicamente, como lo hizo en los artículos 68 y 69 de la Ley General de Población, en los que estableció que los Jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país y que ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto. Además, el artículo 114 de la Ley General de Población prevé que las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en violaciones a esa ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia, pero no regula que en caso de alguna violación, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no deban tramitar el juicio de nulidad promovido por un extranjero en representación de una persona moral. Esto es, en caso de que la Sala Fiscal hubiera incurrido en una violación a la Ley General de Población o a las disposiciones reglamentarias, que no constituya delito, en todo caso daría lugar a una sanción, pero no a la improcedencia del juicio de nulidad. En consecuencia, la capacidad del extranjero para promover en un juicio de nulidad tramitado ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se encuentra limitada por el artículo 67 de la Ley General de Población. Luego, el hecho de que la Sala Fiscal no cumplió con el requisito previsto por ese precepto, relativo a exigir al extranjero que tramitó ante ella el juicio de nulidad en representación de una persona moral, que previamente comprobara su legal estancia en el país y que acreditara que su condición y calidad migratoria le permitía promover el juicio; no implica que no analizó la personalidad del extranjero que compareció en representación de una persona moral y menos aún la improcedencia del juicio de nulidad, sino en su caso, una violación a la Ley General de Población o a las disposiciones reglamentarias, que en todo caso daría lugar a una sanción. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 123, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘EXTRANJEROS, CAPACIDAD DE LOS, PARA PROMOVER EN JUICIO. NO SE ENCUENTRA LIMITADA POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.’ (se transcribe). Igualmente, tiene aplicación la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 124, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘EXTRANJEROS, CAPACIDAD DE LOS, PARA PROMOVER EN JUICIO. SÓLO SE ENCUENTRA RESTRINGIDA PARA EL CASO DE DIVORCIO O NULIDAD DE MATRIMONIO.’ (se transcribe). Más aún, la Sala tenía obligación de atender el artículo 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, precepto de la ley especial, que regula la forma de acreditar la representación de quien promueve en nombre de otro en un juicio de nulidad. El artículo 209, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Artículo 209.’ (se transcribe). Como se ve, la fracción II del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación establece tres formas diferentes de dar cumplimiento a la obligación que impone a quien promueve en nombre propio, sin hacer distinción respecto de su nacionalidad, a saber: a) La exhibición del documento que acredite su personalidad; b) Adjuntar el documento en el que consta que le fue reconocida por la autoridad demandada; c) Señalar los datos de registro del documento con el que la acredite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estas formas de cumplir con la obligación de anexar los documentos relativos a la personalidad, tienen como finalidad que se acredite la personalidad en el juicio fiscal de quien promueve la acción anulatoria en nombre de otro, pues es una manera de proteger los intereses del representado o de quien otorgó el poder para que se actúe jurídicamente en su nombre, evitándose así el abuso ilegal de la representación o de los poderes otorgados en el ejercicio de acciones jurisdiccionales o administrativas. Por eso, si el administrador local jurídico de Tepic, en la resolución contenida en el oficio ********** de veintinueve de abril de dos mil cinco reconoció que ********** tiene el carácter de representante legal de ********** resulta claro que acreditó su carácter para comparecer al juicio de nulidad en nombre de esta última. Más aún, en cuanto al argumento de la Sala Fiscal, en el sentido de que del testimonio de la escritura pública 2,501, pasado ante la fe del notario público Número 2 de Bucerías, Nayarit, se observa, por lo que ha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21598-51b7d00f/extranjeros-la-obligacion-de-las-autoridades-federales-locales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.