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Modo: Corpus Pro

RECONVENCIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO PUEDE ENDEREZARSE CONTRA EL ACTOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 430/2009. · Registro digital (IUS): 22293
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1006.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 430/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En este caso, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes emitieron una de las ejecutorias contendientes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que ha de resolverse la denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 183/2009, en lo que al tema interesa, determinó:

"CUARTO. Son ineficaces los agravios. Para una mejor comprensión del asunto, conviene destacar lo siguiente: a) En el juicio agrario origen de este juicio de garantías, los integrantes del comisariado ejidal del núcleo agrario **********, del Municipio de Tuxpan, Jalisco, demandaron ante el Tribunal Agrario, de ********** y **********, la restitución de tierras agrarias, propiedad del ejido. b) Una vez admitida la demanda y emplazados a juicio los demandados, el citado **********, compareció a juicio a contestar la demanda, oponiendo excepciones y defensas, ofreciendo pruebas, e interpuso demanda reconvencional contra el citado ejido, y contra el secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, director en jefe del Registro Agrario Nacional, delegado estatal de la Procuraduría Agraria, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, representante de la Regional de la Secretaría de la Reforma Agraria, delegado del Registro Agrario en el Estado, jefe de la oficina número 6 del Registro Público de la Propiedad, al ejido ahora tercero perjudicado y a **********; en la cual señaló las siguientes prestaciones: (se transcriben). c) En audiencia de veinte de mayo del año dos mil ocho, el Tribunal Agrario, al proveer sobre ello, consideró: (se transcribe); que sólo admitía la reconvención por cuanto hacía a los integrantes del ejido actor, por conducto de su comisariado ejidal, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, la reconvención sólo se podía hacer valer contra el actor y no así de terceras personas. d) Inconforme con esa determinación, el demandado en el juicio agrario **********, interpuso juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, el cual determinó negar el amparo solicitado. Ahora bien, refiere el inconforme en sus agravios, que debido a las acciones que hizo valer en la reconvención, es preciso que se llame a juicio a las personas físicas y morales que se demandan, porque el título que se originó con el cual se dota al ejido tercero perjudicado, tiene su origen viciado en la propiedad a nombre de **********, a la cual le puede perjudicar o beneficiar la sentencia que se emita, con lo que dice se evita violentar garantías de audiencia y seguridad jurídica a las partes en el juicio. Lo anterior es ineficaz, pues la resolución que en su momento dicte, en caso de que le causara algún perjuicio a quienes pretende reconvenir en el juicio agrario, estarían en posibilidad de acudir a las instancias correspondientes a alegar lo que a su derecho convenga, con la finalidad de hacer valer esa garantía de audiencia, por lo cual tal razonamiento no lleva al extremo de considerar procedente llamarles a juicio. Dice la quejosa, en otro argumento, que contrario a lo que aduce el Juez Federal, en las prestaciones que señaló en su reconvención, demandó la nulidad del título que da origen a la supuesta propiedad ejidal, que se emitió con motivo del contrato de compraventa que la Secretaría de la Reforma Agraria, celebró con **********, en razón de que se sobrepone a la que dice es su propiedad, con lo que considera se genera la causahabiencia entre actores y codemandados. Es intrascendente su argumento, pues si bien es verdad que al momento de plantear la reconvención, hace valer la nulidad del título que da origen a la propiedad ejidal, debe tomarse en consideración que la razón por la cual el Juez consideró ineficaces sus motivos de inconformidad, fue en razón de que estimó que no se actualizaba la figura de litisconsorcio pasivo necesario, y no por una cuestión de causahabiencia entre actores y demandados. Por otra parte, aun conviniendo con el hecho de que se encuentre acreditada su relación jurídica con **********, es ineficaz su argumento pues, como lo refirió el Juez, no señala qué prestaciones son las que le demanda, y así poder establecer plenamente dicha relación; pues además, en todo caso, el aquí quejoso tiene la posibilidad de demandar a ésta lo que estime conducente. En otro argumento, sostiene el quejoso que al Juez de Distrito le corresponde determinar si efectivamente se violó en su perjuicio las disposiciones constitucionales que alegó, y que sin embargo fue omiso en realizar un estudio de los conceptos de violación que hizo valer y las acciones que ejercitó contra el acuerdo tomado en la audiencia de ley, en la que se determina no admitir la reconvención planteada, que hizo valer contra terceras personas, lo que dice trae como consecuencia la figura jurídica de la litis consorcio pasivo necesario. Tampoco tiene razón el inconforme, pues de la sentencia recurrida se aprecia que el Juez de Distrito negó el amparo solicitado por considerar que de las constancias de autos, valoradas en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se apreciaba que el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del núcleo de población licenciado **********, de Tuxpan, Jalisco, demandaron en la vía de controversia la restitución de tierras ejidales a ********** y al ahora quejoso, entre otras cuestiones, por el dominio y superficie de noventa hectáreas, por la desocupación y entrega de dicha superficie, para que, en su caso, se les eximiera del pago de edificación, plantación y siembra que se pudiera realizar. Que el demandado quejoso había reconvenido contra el secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, director en jefe del Registro Agrario Nacional, delegado estatal de la Procuraduría Agraria, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, representante de la Regional de la Secretaría de la Reforma Agraria, delegado del Registro Agrario en el Estado, jefe de la oficina número 6 del Registro Público de la Propiedad, al ejido ahora tercero perjudicado y a **********, por la declaración judicial de nulidad de la escritura de compra-venta que realizó la Secretaría de la Reforma Agraria del ejido tercero, la nulidad del plano definitivo de dotación del ejido y de la localización topográfica de los planos, la declaración judicial de que el predio se encontraba excluido de la superficie agraria, que le correspondía el uso, disfrute y dominio directo y la cancelación de inscripciones en el título de propiedad del ejido, por la condena al ejido de que su predio era inafectable. Considerando el a quo, que eran ineficaces los motivos de inconformidad que exponía el quejoso, en el sentido que la autoridad demandada no debió negarse a admitir la reconvención que planteó, porque debido a las prestaciones que reclamaba a quienes solicitaba se llamara a juicio, debía afectarles la sentencia que se dictara, al existir litisconsorcio pasivo necesario, lo que era un presupuesto procesal, que involucraba cuestiones de orden público y que al no haberse admitido le causaba un perjuicio de difícil reparación, pues señaló el Juez, que si bien el litisconsorcio pasivo necesario implicaba pluralidad de demandados y unidad de acción, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso debían ser afectados por una sola sentencia, pero que en el caso, no operaba dicha figura, en virtud de que las prestaciones que reclamaba a las autoridades se basaban esencialmente, en su intervención en la inscripción del título de propiedad del ejido, su localización topográfica, cancelación de la inscripción, por lo que no podía válidamente estimarse que existiera unidad de acción, en virtud de que los actos que hubiesen realizado eran consecuencia de la escritura que se otorgó al ejido y en cuanto a la persona física no se expresaban los motivos de los que se desprendiera su vinculación con el quejoso y en forma directa qué prestaciones le reclamó. Asimismo, dijo el Juez que era inaplicable la tesis de rubro: ‘NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y DE RECONVENCIÓN, CUANDO EXISTE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y SE OMITE LLAMAR A LAS PARTES A JUICIO.’, porque no se estaba en el supuesto que establece, en virtud de que no se había opuesto como excepción la nulidad del contrato del actor que hubiese celebrado con algún tercero y al mismo tiempo reconvino la nulidad del título; mientras que la segunda de rubro: ‘RECONVENCIÓN EN MATERIA AGRARIA. BASTA QUE SE ACTUALICEN LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN QUE EN ESA VÍA SE INSTAURE, PARA QUE SIN NECESIDAD DE QUE SE MANIFIESTE EXPRESAMENTE, EL TRIBUNAL DETERMINE LOS ALCANCES DE LA LITIS.’, se refería a la forma en que podía plantearse la reconvención, lo que no era un aspecto en controversia. Por otro lado, en cuanto a lo que reclamó el quejoso en su demanda de garantías, en el sentido de que el acto reclamado no se encontraba debidamente fundado y motivado, porque la autoridad responsable se apoyó en los artículos 182 de la Ley Agraria y 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales no establecen que no se debía admitir la reconvención contra terceros, sino que se referían a que al momento de contestar la demanda se debía de interponer la reconvención, pero que no establecía que sólo podía hacerse contra el actor. Indicó el Juez al respecto, que era infundado su argumento, porque si bien la responsable fundó y motivó su acuerdo para no admitir la reconvención planteada en los preceptos aludidos, no debía perderse de vista que también citó para apoyar dicha determinación la jurisprudencia del rubro: ‘RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS.’, la que establece que dada la naturaleza de la figura procesal de la reconvención, que consiste en contrademandar únicamente al actor, es decir, presentar una demanda, mediante la cual reclame a este último diversas prestaciones que pueden formar parte de la controversia, no podía hacerse valer respecto de terceras personas, sino sólo contra el actor; por lo que concluyó el a quo, que la responsable fundó y motivó debidamente su resolución, al existir jurisprudencia aplicable al respecto y que aun cuando los preceptos que invocó no establecieran el supuesto de no interposición de la reconvención contra un tercero, no debía inadvertirse, la existencia de tal jurisprudencia. Por ende, indicó el juzgador que la tesis que invocaba de rubro: ‘RECONVENCIÓN EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE EN CONTRA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES RELACIONADAS CON EL ASUNTO, AUN CUANDO SEAN DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LA DEMANDA INICIAL.’, era inaplicable al caso porque la primera había sido superada por la jurisprudencia que invocó la responsable, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 1a./J. 59/2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, publicada en la pá

ina 133, Novena Época, de rubro y texto: ‘RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS. La reconvención es la figura procesal que permite a la parte demandada en un juicio presentar, a su vez, una demanda únicamente en contra del actor, mediante la cual reclame a éste diversas prestaciones que pueden formar parte de la controversia; derecho que deberá ejercer precisamente al momento de contestar la demanda por encontrarse sujeto al principio de la preclusión. Además, dada su naturaleza no puede hacerse valer respecto de terceras personas, sino sólo en contra del actor; de ahí que resulta improcedente la reconvención que no sea contra éste.’. Y en cuanto a la segunda ‘RECONVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO AGRARIO. PROCEDE LA INTERPUESTA CONTRA LA ASAMBLEA EJIDAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN CUANDO SE RECLAMA LA NULIDAD DE UN ACTO O HECHO JURÍDICOS EN DONDE SE CUESTIONA FORMALMENTE SU ACTUACIÓN, AUNQUE NO SEA LA PARTE ACTORA EN EL JUICIO PRINCIPAL (EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2002).’, sólo se refería al supuesto en que se reclamaba la nulidad de la asamblea ejidal del núcleo de población en la que se cuestionara su actuación, en la que sí procede llamar a dicha asamblea, lo que no acontecía en el caso. De ahí que, como se puede advertir, el Juez expuso las razones por las que consideró ineficaces los motivos de inconformidad expuestos en los conceptos de violación, y el ahora quejoso no dice qué o cuáles fueron esos argumentos que omitió estudiar el a quo, para estar en posibilidad legal de emitir un pronunciamiento. Continúa argumentando el quejoso, que la legitimación procesal pasiva necesaria, es un presupuesto procesal, sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, por no estar en todas las partes de la controversia, a quienes pudiera beneficiar o perjudicar la sentencia que tenga que dictarse, por lo que dice, sí se hace necesario llamar a juicio a las autoridades y personas físicas que señaló en el escrito de reconvención, porque basta realizar un análisis de lo que es la legitimación en la causa, que se traduce en un interés para actuar en juicio, y lejos de referirse al procedimiento o al ejercicio de la acción, contempla la relación sustancial que debe existir entre la persona demandante, con la relación que se da por la reconvención que interpone y el fin perseguido, que básicamente es la nulidad del título de propiedad que da origen a la supuesta propiedad a favor del ejido actor, legitimación que dice se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, el cual se hace valer mediante la intervención de los órganos judiciales por medio de las acciones o excepciones ejercitadas. Para dar respuesta a ese argumento, conviene precisar que la figura de litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción, en donde se hace necesario llamar a juicio a todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia; sin embargo, en el caso particular es de tomarse en cuenta que la acción principal que intentó el ejido demandado en el juicio agrario, la hace derivar de la dotación que hizo la Secretaría de la Reforma Agraria, para ser incorporadas al régimen de propiedad ejidal como ampliación del ejido **********, de lo cual no se advierte que exista una relación en la forma en que el ejido citado adquirió la superficie en cuestión, con lo que ahora pretende el aquí quejoso, esto es, la nulidad de un título de compraventa en el que no intervinieron los representantes del mencionado ejido, y por ende no puede estimarse que se dé la figura de litisconsorcio pasivo necesario. Por otro lado, en el caso no está a discusión si tiene la legitimación e interés jurídico suficiente, por el derecho que le otorga el título de propiedad, para demandar en los términos que precisó en el escrito de reconvención, al amparo del documento público que dice debe prevalecer por encima del que tiene el ejido y en consecuencia declararse la nulidad del mismo, por lo que considera necesario sean llamadas a juicio las partes que intervienen en el contrato del cual se pretende su nulidad, pues en todo caso ese derecho lo puede hacer valer en la vía y forma que estime conducentes, pues como se indicó, el ejido adquirió por dotación que le hizo la Secretaría de la Reforma Agraria y no de un tercero; además de que en cualquier momento está en aptitud de demandar a la citada dependencia, así como a terceras personas, pero lo relevante en el caso, es que no se advierte que se actualice la figura de litisconsorcio pasivo necesario y por tal razón es evidente, que las personas que pretende llamar a juicio no pueden considerarse vinculadas a la litis planteada, por el sólo hecho de que se demande la nulidad del contrato de compraventa que dio lugar a la titularidad del terreno que defiende el ejido, pues al margen que hayan intervenido en su celebración, como se indicó, el aquí inconforme puede en todo momento acudir a demandarlos en la vía y términos que corresponda. También dice el recurrente, que contrario a lo que sostiene el juzgador, la acción de nulidad no tiene los alcances jurídicos que se pretenden, porque no debe de olvidar los efectos que se obtienen en caso de una sentencia favorable, como pudiera ser la declaración judicial de que el documento cuestionado no surte efecto alguno, y en consecuencia que el mismo carezca de validez ante cualquier persona o autoridad, lo que sería la consecuencia de la acción puesta en ejercicio, y que a futuro no se pueda alegar en todo acto que se pretenda efectuar, amparado en el título declarado judicialmente nulo y que si se opone la excepción de nulidad, en que únicamente se pretende demostrar que el título que se objeta no puede tener los alcances probatorios pretendidos por quien lo presenta, y de resultar procedente el vicio en que funda la excepción que planteó en su reconvención, traería como consecuencia, que el Magistrado agrario no pueda emitir una sentencia en la que estudiara el fondo de las acciones controvertidas. Este argumento es ineficaz, ya que no guardan relación con las consideraciones que dio el Juez para emitir el fallo que se analiza, pues de su lectura no se advierte que en algún momento se hubiera hecho algún pronunciamiento respecto a los efectos jurídicos de una sentencia y en el caso, como se dijo, la objeción del documento que ahora pretende la puede hacer valer, contra las partes que en él intervienen, pues como se precisó anteriormente el ejido que lo demandó en el juicio agrario, no se encuentra vinculado en la celebración del contrato del cual pretende su nulidad, y por tal razón resulta inaplicable la tesis aislada que cita el inconforme de rubro: ‘NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y DE RECONVENCIÓN, CUANDO EXISTE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y SE OMITE LLAMAR A LAS PARTES A JUICIO. Cuando en un juicio el demandado al contestar opone la excepción de nulidad del contrato del actor celebrado con un tercero, que no es llamado a juicio y al mismo tiempo reconviene la nulidad de ese título, es obvio que no puede hacerse pronunciamiento sobre la nulidad planteada vía reconvención, dado que no se llamó a juicio al tercero que intervino en ese acto jurídico que se tilda de nulo y este mismo razonamiento impide resolver con relación a la acción principal, pues necesariamente tiene que estudiarse enfrentándola con las excepciones opuestas, entre ellas, la de nulidad del contrato referido. Consecuentemente, ante la íntima relación existente entre la excepción de nulidad con la reconvención también de nulidad, del título del actor, es evidente que a la autoridad no le es dable analizar la nulidad invocada tanto como excepción, como en vía de reconvención, pues es necesario llamar a juicio a todos los litisconsortes para darles oportunidad de defenderse, aun en la hipótesis de que la excepción resultara infundada y por lo mismo válido el contrato base de la acción principal, lo que daría lugar a estimar que no se afectó el interés de los terceros no llamados a juicio, pues es indudable que eso lo conoce el juzgador hasta el dictado de la sentencia, pero podría suceder lo contrario, que se declarara procedente la nulidad invocada como excepción, y entonces se daría el supuesto de declarar nulo el contrato, aunque fuera sólo para efectos de destruir la acción, sin haber escuchado a todos los que intervinieron en ese acto, con la consecuente violación a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 16 constitucional.’. Esto es así, en virtud que de la lectura se advierte que la misma parte del supuesto que es improcedente el estudio de la nulidad del contrato del actor, al plantearse vía reconvención, cuando existe litisconsorcio pasivo necesario, supuesto que no acontece en la especie; pues debe considerarse que esa figura se actualiza cuando las cuestiones jurídicas que se plantean, afectan a más de dos personas, de tal manera que haga imposible pronunciar una sentencia válida y eficaz, sin antes oírlas; es decir, debe considerarse que dicha figura procesal, se da siempre y cuando las acciones nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir, lo cual no acontece en el caso, pues no se advierte que derivado de la acción que se intentó en el juicio agrario, el actor o el demandado, tengan controversia alguna con las autoridades dependientes de la Secretaría de la Reforma Agraria, que se pretenden llamar a juicio, o con **********. Ante tal circunstancia, el artículo 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no tiene aplicación al caso, pues el mismo establece lo siguiente: ‘Artículo 78.’ (se transcribe). Como se ve, el indicado numeral parte del supuesto de que se puede llamar a un tercero, cuando éste tenga una controversia con una o varias de las partes en juicio; sin embargo en la especie no se actualiza esa circunstancia, ya que no se advierte que las autoridades y la persona física que se pretende llamar, tengan algún interés en el asunto materia de la litis reclamada, esto es la restitución de tierras agrarias que se le demandó al aquí quejoso. De igual modo debe precisarse que el numeral 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tampoco puede ser aplicable al caso, pues en el mismo se establece la carga al actor para el caso en que se plantee la reconvención conteste lo que a su derecho convenga, es decir, ese derecho que se da al momento de contestar la demanda, de hacer valer la reconvención, se otorga propiamente a la parte demandada, pero únicamente contra el actor o demandante, pero no así contra terceras personas. No pasa desapercibido para este órgano colegiado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, emitió la tesis aislada III.2o.A.39 A, de rubro y texto: ‘RECONVENCIÓN EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE EN CONTRA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES RELACIONADAS CON EL ASUNTO, AUN CUANDO SEAN DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LA DEMANDA INICIAL. De conformidad con lo que estatuye el artículo 182 de la Ley Agraria, así como el numeral 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 167 de la ley citada en primer lugar, en los juicios agrarios procede que la reconvención se enderece en contra de autoridades diversas a las señaladas en la demanda y respecto de personas distintas a los actores iniciales, para que se excepcionen, rindan pruebas y, en su caso, les perjudique la sentencia definitiva; ello es así, en atención a que, al no poder dividirse la continencia de la causa, la pretensión del reconvencionista sólo puede lograrse si se llama a la totalidad de las partes relacionadas con el asunto; máxime que la reconvención obedece al principio de economía procesal y tiene la finalidad de evitar fallos contradictorios.’. Sin embargo, dicho criterio no se comparte por la mayoría de este tribunal, pues el mismo parte de la aplicación supletoria del numeral 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin que el mismo se estime aplicable a la Ley Agraria, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de dicho ordenamiento, la supletoriedad del referido código sólo se actualiza cuando no exista disposición expresa en esta ley; por ende, si en la propia Ley Agraria, en su artículo 182, regula la figura de la reconvención, sólo al momento de contestar la demanda, estableciendo claramente que se le dará traslado al actor, para que conteste lo que a su derecho convenga, debe estimarse que dicha figura sólo se establece para hacerse valer contra la parte actora en el juicio y no así contra terceros, como lo sostuvo el citado tribunal homólogo, aplicando supletoriamente el citado artículo 78. En razón de lo anterior, este órgano colegiado en términos de lo que dispone el artículo 197 A de la Ley de Amparo, estima que debe de hacerse la denuncia de contradicción de tesis, por lo cual deberán turnarse este asunto al secretario de tesis de este órgano colegiado, a efecto de que proceda a realizar dicha denuncia. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 2a./J. 130/2008, visible en la página 262, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO. El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados.’. Por otra parte, debe señalarse, que con independencia de que en su escrito inicial de contestación de demanda y reconvención, se desprendiera alguna relación contractual que diera origen al título de propiedad a favor del ejido ahora tercero perjudicado, de ninguna manera puede convenirse con el inconforme en que se actualice el litisconsorcio pasivo necesario, toda vez que como se ha señalado, el origen de la titularidad que se demanda tanto en la acción principal, como en la reconvención no provienen de las mismas partes, ya que al ejido se le dotó de la superficie que cuestiona, mientras que el aquí inconforme, refiere en su escrito de reconvención, que lo adquirió mediante remate judicial derivado del juicio hipotecario 243/93, del Juzgado Primero de lo Civil en el Estado, y de ahí que se haga innecesario llamar a juicio a las autoridades y personas físicas que se demandan en el escrito de reconvención y en todo caso si lo que pretende es que se estudien los títulos de los cuales pretende su nulidad, puede hacer valer la acción correspondiente, demandando tanto a esas autoridades como a la citada **********, a efecto de que se resuelva lo conducente. Ante tal circunstancia, se estima que la jurisprudencia que invoca el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22293-36841254/reconvencion-en-materia-agraria-solo-puede-enderezarse-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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