SUSPENSIÓN. LOS EFECTOS DE LA QUE SE CONCEDE CONTRA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA ORDEN DE NO VALIDAR LA INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, COMPRENDEN LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR EXÁMENES Y, EN SU CASO, ACCEDER A GRADOS ULTERIORES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 456/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de tesis sustentadas en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que sustentó el criterio que se denuncia como contradictorio. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por uno de los Magistrados que integra el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, que fungió como ponente en una de las ejecutorias en las que se sostuvo el criterio que se denuncia como contradictorio. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente.
TERCERO. Las consideraciones en las que se sustenta la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito en el recurso de queja administrativa 90/2009, son del tenor siguiente:
"CUARTO. La parte recurrente expresó los agravios que se contienen en el escrito respectivo, que a continuación se sintetizan:
"1. Sostiene que el Juez vulneró el contenido del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues no aplicó su contenido. Agrega que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado se requiere que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto sean de difícil reparación, requisitos que afirma se cumplen en su caso, ya que solicitó la medida cautelar, estima que con su concesión no se perturba el orden público y de continuar la ejecución del acto reclamado, se le causarían perjuicios de difícil reparación, dada la naturaleza progresiva de la adquisición del conocimiento en una institución educativa.
"2. Alega que la tesis invocada por el a quo, de rubro: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’, no es aplicable, pues los hechos narrados en la demanda de amparo indican que sí reúne los requisitos para la procedencia de la suspensión y es de explorado derecho que esta medida no tiene como finalidad la creación de nuevas potestades.
"3. Propone como aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, sostiene que los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican una orden positiva de la autoridad, tendente a impedir una conducta del particular, por lo cual la suspensión sí es procedente respecto a los primeros, con la acotación de que cada caso debe ser analizado cuidadosamente al respecto.
"4. Afirma que el auto recurrido contraviene lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, pues el juzgador debió aplicar la hipótesis de supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles prevista en esa norma, antes de recurrir al criterio que citó. Lo anterior, pues con la suspensión no se prejuzga sobre los derechos, por lo que no son actos consumados y los hechos serán analizados en la sentencia definitiva.
"Debe precisarse que en cuanto hace a la emisión del oficio DEPE/2396/2009 de trece de octubre de dos mil nueve, conforme al cual la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato le informó a la quejosa por conducto de la directora de la institución educativa denominada ‘**********’, que no se validó su inscripción al ciclo escolar 2009-2010 en la licenciatura de educación preescolar que se imparte en ese plantel, como lo sostuvo el Juez de Distrito, reviste el carácter de un acto consumado, extremo que torna improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada en su contra, porque de concederse se producirían efectos restitutorios, los cuales son propios de las sentencias que otorgan el amparo y protección constitucional.
"No obstante lo anterior, son fundados los agravios expresados por la recurrente, atendiendo a su causa de pedir, respecto al efecto del acto reclamado consistente en la prohibición hecha a ********** de asistir a clases.
"Asiste razón jurídica a la inconforme cuando afirma que el juzgador federal soslayó analizar si en el caso se reunieron la totalidad de los requisitos exigidos para otorgar la suspensión provisional solicitada conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior se advierte de la lectura a la parte conducente del auto recurrido, que se reproduce a continuación:
"‘Toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio DEPE/2396/2009 de trece de octubre del año en curso, mediante el cual la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato, le informó por conducto de la directora de la institución educativa ********** que no se había validado su inscripción para el ciclo escolar 2009-2010, en la licenciatura de educación preescolar, debido a que la solicitud para ingresar a dicho plantel fue posterior al cierre de la convocatoria; se niega la suspensión provisional que solicita, en virtud de que el acto reclamado se ha consumado, lo que se patentiza de las propias manifestaciones del quejoso (sic) en el sentido de que se le impide asistir a clases, ya que de concederse la medida cautelar, se producirían efectos restitutorios que son propios de las sentencias que conceden la protección constitucional. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/37, que aparece en la página 51, Octava Época, tomo 60, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1992, bajo la voz: «ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.» (se transcribe texto).’
"De la transcripción anterior, se observa que el Juez de Distrito omitió ponderar si la suspensión provisional es procedente, conforme a lo prescrito en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues únicamente negó esa medida cautelar por estimar consumados los actos reclamados.
"En contra de esa consideración, la quejosa, ahora recurrente, sostiene en la parte final del agravio identificado como 4 en esta resolución, que los actos reclamados no son actos consumados.
"Tal argumento es fundado, por lo siguiente:
"Los efectos de los actos reclamados no pueden considerarse totalmente consumados para efectos de la suspensión solicitada; pues para ello, es menester atender a su naturaleza y a las posibles consecuencias que producen, razón por la cual se distinguen los actos consumados de modo irreparable frente a aquellos que son susceptibles de reparación.
"En contra de los primeros, ya se dijo que no procede la suspensión, toda vez que de concederse la protección de la Justicia Federal, la sentencia carecería de efectos ante la imposibilidad de que se restituya al quejoso en el goce de su garantía individual violada.
"Con relación a los actos consumados de un modo reparable, debe distinguirse entre los consumados que ya produjeron todos sus efectos y otros, en los que no puede definirse con certeza cuándo concluirá su ejecución.
"En el primer supuesto ya no cabe la suspensión, porque de concederse, se le daría a la medida efectos restitutorios, cuando la providencia cautelar solicitada no puede tener más efectos que los meramente suspensivos.
"En cambio, respecto de los actos consumados cuya ejecución se prolonga en el tiempo, en tanto que la suspensión puede afectar la continuidad de su ejecución, en caso de cumplirse con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, procede conceder esa medida cautelar.
"En el presente caso se está en el supuesto de actos consumados cuyos efectos no han cesado, dado que aun cuando materialmente con motivo de los actos reclamados la quejosa fue dada de baja en la institución denominada ‘**********’, con motivo de esa decisión se le impide que asista a clases, de modo tal que los efectos de tales actos son susceptibles de ser suspendidos, en la medida en que física y jurídicamente es posible que se permita a la quejosa continuar asistiendo a clases en la institución educativa citada y someterse a las correspondientes evaluaciones, hasta que se dicte la interlocutoria en la que se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva.
"Ante lo fundado de los agravios, por no existir reenvío, debe efectuarse el análisis necesario para conceder o negar la medida cautelar en relación a los efectos o consecuencias de los actos reclamados.
"En el caso concreto, la solicitante del amparo pretende que se conceda la suspensión provisional contra los efectos de los actos que reclamó del secretario de Educación Pública del Estado de Guanajuato y del director del área para la formación de profesionales de la educación, dependiente de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato que, en esencia, consisten en el oficio mediante el cual no se validó su inscripción al ciclo escolar 2009-2010 en la licenciatura de educación preescolar que se imparte en la institución educativa denominada ‘**********’.
"En el capítulo denominado ‘hechos’ del escrito inicial de demanda, la quejosa expresó los antecedentes de los actos reclamados y solicitó la suspensión, de la siguiente forma:
"‘1. Como aspirante a cursar la licenciatura en educación preescolar, solicité ficha en la institución educativa denominada «**********» para el ciclo escolar 2009-2010 con fecha 14 de agosto pasado. 2. La institución educativa mencionada me ha pedido como requisitos previos a mi inscripción un promedio superior a ocho en la preparatoria, un examen por la asociación civil denominada Ceneval (Centro de Educación Nacional para la Evaluación), un examen psicométrico y una entrevista vocacional; una vez que cumplí con los requisitos mencionados y desde el 24 de agosto pasado asistí a clase como alumno regular y el viernes nueve de octubre pasado fui informado por la dirección del plantel del «**********» que la Secretaría de Educación Pública a través del maestro **********, quien funge como director del área para la formación de profesionales de la educación media superior y superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato «no validaba» mi inscripción en razón de no existir un registro previo de la suscrita de acuerdo a lo establecido en el punto 2 «Del proceso de selección» inciso a) de la convocatoria respectiva. Y que además no debía de asistir a la escuela a educarme como alumno (sic) por lo irregular de mi situación, ya que la Secretaría de Educación Pública en el Estado la puede sancionar. 3. Con fecha 22 de octubre pasado, he solicitado ante la Secretaría de Educación Pública en el Estado, por conducto del director del área para la formación de profesionales de la educación media superior y superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato, maestro ********** que se me haga el favor de extenderme una copia certificada de la comunicación girada a la institución «**********» en la que no se permite mi validación y la imposibilidad de asistir a clases, para todos los efectos legales que hubiere lugar, la cual se contiene en el oficio número DEPE/2396/2009. Me permito agregar copia de dicho oficio, el cual a la fecha no me ha sido contestado. Es necesario precisar, en un primer término, que los requisitos que se solicitaron por la institución encargada de impartir la educación fueron cumplidos en su totalidad y que carece de fundamentación y motivación la autoridad responsable para que no valide mi inscripción, y dicho actuar me obliga a recurrir a la protección federal. Asimismo, el ciclo escolar 2009-2010 ha comenzado a partir del 24 de agosto último y al no permitírseme continuar ahora como oyente mientras se resuelve el presente juicio de garantías hace nugatorio cualquier recurso o juicio constitucional, sin embargo, sí resulta posible una asistencia provisional que no es lo mismo a una inscripción validada en tanto se resuelve mi situación jurídica, ya que de otra manera, con total independencia de lo ilusorio que resultaría cualquier recurso, me es imposible acreditar las diversas materias y asistencias a la institución y sobre todo no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Ya que de no hacerse así, resultaría a toda luz ilegal que no se puedan revisar los actos de la Secretaría de Educación Pública, lo que atenta contra los más elementales valores y principios que tutela el Estado de derecho. Por ello, solicito desde ahora se haga una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado tomando en cuenta la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es decir, de no permitírseme asistir a clases, se estaría agravando el daño ya causado ...’
"Ahora, como se precisó en párrafos anteriores, los requisitos que deben concurrir para la concesión de la suspensión se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, que en lo conducente se transcribe a continuación:
"‘Artículo 124.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"En cuanto al requisito contenido en la fracción I del numeral transcrito, es evidente que se encuentra cumplido, puesto que la suspensión se solicitó por la quejosa en su demanda de amparo.
"En lo relativo a lo dispuesto en la fracción II, la suspensión del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"El alcance de tales conceptos ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis sin número, visible en la página 58, tomo 47, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"No puede estimarse que el permitir a la recurrente ********** continuar asistiendo a las clases de la licenciatura en educación preescolar y realizar las actividades inherentes a recibir dicha educación, prive a la colectividad de un beneficio procurado por las leyes o se le infiera algún daño que de otro modo no resentiría, pues si bien es cierto que las leyes que rigen en materia educativa son de orden público y su finalidad es propiciar que la educación proporcionada por el Estado y por los particulares se brinde en condiciones óptimas, así como salvaguardar las instituciones educativas y establecer los requisitos que deben reunirse tanto para la prestación de ese servicio, como para recibirlo, no puede considerarse que por esa sola razón, deba negarse invariablemente la suspensión.
"Al respecto, es ilustrativo el criterio sustentado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos de la tesis identificada con el número I.15o.A.40 A, publicada en la página 2510 del Tomo XXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este tribunal comparte, en lo relativo a las consideraciones que apoyan la conclusión de que el otorgamiento de la suspensión en el presente caso no resulta contrario al requisito establecido en sentido negativo a través del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, del rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPULSA A UN ALUMNO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA.’ (no es necesario transcribirla).
"Así, no puede concluirse que el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada transgreda disposiciones de orden público o afecte al interés social.
"Continuando con el análisis anterior, respecto a la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, es fundada la afirmación de la parte quejosa en cuanto aduce que al impedírsele continuar cursando durante el presente ciclo escolar la licenciatura en educación preescolar, se le ocasionan daños y perjuicios que difícilmente se repararían, puesto que aun en el caso de que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, no sería resarcida de los perjuicios ni indemnizada de los daños que resintiera con motivo de los efectos de los actos reclamados.
"Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 7/92, visible en la página 18 del 56, agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA DE LA. TRATÁNDOSE DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO DETERMINADO.’ (no es necesario transcribirla).
"Lo anterior es así, pues la suspensión del acto reclamado tiene como finalidad conservar la materia del juicio de amparo, lo cual se logra impidiendo que ese acto, antes de que se haya resuelto en forma definitiva si es o no contrario a la Constitución, se consume irreparablemente, pues si ello ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso de que se conceda la protección de la Justicia Federal.
"Bajo tales consideraciones, al reunirse los requisitos previstos para ello en los términos precisados con antelación, procede conceder la suspensión provisional del efecto que produce el oficio número DEPE/2396/2009, mediante el cual la Secretaría de Educación Pública del Estado negó la validación de la inscripción de ********** en el ciclo escolar 2009-2010 de la licenciatura en educación preescolar que se imparte en la institución denominada ‘**********’, consistente en la prohibición a la quejosa de asistir a clases en ese plantel.
"Para cumplir con lo anterior, deberá ordenarse a las autoridades responsables que permitan a la solicitante del amparo continuar asistiendo de manera regular a las clases a las que se encuentre inscrita en la institución educativa mencionada, así como efectuar el resto de las actividades relacionadas con lo anterior, tales como participar en clase y presentar los exámenes correspondientes al ciclo escolar 2009-2010, hasta en tanto se emita la interlocutoria en la que se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva solicitada, siempre y cuando cumpla con los requerimientos internos del aludido centro escolar.
"Debe precisarse que el otorgamiento de la suspensión no implica revocar la negativa reclamada ni, por ende, validar la inscripción de la solicitante del amparo en la licenciatura y ciclo escolar señalados, toda vez que el análisis de la constitucionalidad de tales actos, deberá efectuarse a través de la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte en el expediente principal."
CUARTO. Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja administrativa 92/2009 (que son similares a las que sostuvo en la diversa queja 90/2009), en lo conducente dicen:
"QUINTO. Son fundados los agravios antes transcritos.
"Previamente a justificar la calificativa en cita, es necesario puntualizar los siguientes antecedentes:
"De la lectura integral del escrito de demanda de garantías, se aprecia que **********, reclamó de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato y del director del área para la formación de profesionales de la educación, dependiente de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la orden girada por la primera de dichas autoridades a la segunda, para que ésta, a su vez, ordenara a la institución educativa ‘**********, asociación civil no validar su inscripción al mismo y se le impidiera incorporarse como alumna a las aulas.
"Al respecto, precisó básicamente que esto se debió a que no se validó su inscripción a la institución educativa citada, para el ciclo escolar 2009-2010, en la licenciatura en educación preescolar, debido a que no existe un registro previo de acuerdo a lo establecido en el punto 2 ‘Del proceso de selección’, inciso a), de la convocatoria respectiva.
"Del contenido del proveído reclamado, se aprecia que el Juez de Distrito determinó negar la suspensión provisional solicitada, dado que el acto reclamado constituye un hecho consumado, respecto de los cuales es improcedente conceder dicha medida, ya que se darían efectos restitutorios a la sentencia de amparo y no se tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al solicitar la protección constitucional.
"Para tal efecto, invocó el criterio de rubro: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’
"Ahora, la recurrente expone medularmente que el acto reclamado es violatorio de garantías; concretamente, la relativa a la educación, ya que la suspensión es procedente, porque no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque simplemente se pretende que pueda seguir asistiendo a clases; aunado a que el acto reclamado es de difícil reparación en cuanto a los daños y perjuicios causados, porque en las aulas el conocimiento es progresivo, porque se manejan temas nuevos cada día y es necesario asistir a clases porque éstas retroalimentan, y la convivencia, tanto con los maestros como la observación en diferentes escuelas, permite ir mejorando la técnica de enseñanza frente a grupo y estar en posibilidad de aprobar los exámenes respectivos que exige la propia responsable.
"Además, como lo indicó en su demanda de garantías, ya gozaba del derecho de asistir a clases y, por tanto, los efectos de la suspensión no serían restitutorios.
"Puntualizado lo anterior, debe destacarse que de los diversos preceptos legales contenidos en el capítulo III, título segundo, de la Ley de Amparo, se advierte que algunos autores han definido a la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías, como aquel proveído judicial creador de una situación de paralización o cesación temporal, limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que se invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiera provocado.
"En efecto, la suspensión es una providencia de carácter meramente instrumental, cuyo objetivo es el de paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente, de conservar la materia del juicio de garantías y, en su caso, para que al quejoso no se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación.
"Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional.
"En otras palabras, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto reclamado queda en suspenso mientras se decide si es violatorio de la Constitución.
"Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones expuestas en el escrito de agravios, deben tenerse por fundadas las que aluden al menoscabo que sufra la quejosa en tanto se resuelve el juicio de amparo y que trasciende en la preservación de la materia objeto de controversia constitucional.
"En efecto, el aspecto medular del que se duele la quejosa es que se le priva del derecho a la educación, siendo que las clases en el nivel que le corresponde ya comenzaron, y de hecho, se le había permitido asistir a clases.
"Luego, el agravio central que hace valer en esta vía, es que la espera de la resolución definitiva, en cuanto al fondo del asunto, generaría el retraso de la quejosa en el ciclo escolar, de incorporarse hasta entonces a la institución educativa.
"Esto es, está previendo lo que acontecería de ser fundadas sus pretensiones.
"Lo anterior debe tenerse fundado, atendiendo a la semejanza de la suspensión con las medidas cautelares.
"En efecto, advirtiendo la naturaleza del acto reclamado, es posible considerar provisionalmente y de manera probable, una solución de fondo del juicio principal y sus consecuencias, para efectos de la suspensión.
"Para esto, debe observarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
"En el caso, no se advierte una pretensión infundada, temeraria o cuestionable, al menos superficialmente, de los reclamos contenidos en la demanda de amparo, en tanto que el peligro en la demora, en la especie, se actualiza en la posible pérdida de clases en tanto se resuelve el juicio de amparo.
"Por tanto, si bien la suspensión en sí misma es ineficaz, sí es posible que tenga el efecto de interrumpir el impedimento de que la quejosa permanezca en la institución educativa, en tanto se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo o se sobresee el juicio, se formalice de manera definitiva dicha imposibilidad de seguir asistiendo a clases como estudiante.
"Por ende, debe concluirse que sí es procedente conceder la suspensión provisional, en los términos apuntados, precisándose que la quejosa no generará derecho alguno al permitírsele tomar clases, y sólo le podrá ser reconocido aquel que, de ser el caso, se establezca en la concesión de amparo, al resolverse en definitiva el fondo del asunto, por lo que en tanto éste se resuelve, sólo debe permitírsele asistir a las clases que se impartan en la institución, pero sin que esto le genere el derecho a ser aceptada como alumna regular.
"Sirve de orientación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 16/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue:
"‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"No debe pasar inadvertido, que en relación con la suspensión de los actos reclamados, la Ley de Amparo, en su artículo 124, establece lo siguiente:
"‘Artículo 124.’ (resulta innecesaria su transcripción).
"De lo expuesto, se sigue que procede conceder la suspensión de los actos reclamados:
"a) Cuando la solicite la parte agraviada.
"b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"En ese contexto, debe advertirse que en el caso existe solicitud expresa de la agraviada.
"Asimismo, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que los daños y perjuicios que pueden causarse con su ejecución son de difícil reparación, por cuanto a la pérdida de clases que pudiera generarse y la dificultad que implica permanecer en el mismo nivel escolar en que se encontraba la quejosa, hasta antes de acontecer el acto reclamado, sin que se esté en aptitud de cuestionar en este momento su certeza, atento a lo dispuesto por la jurisprudencia 528, visible en la página 347, Tomo VI, Materia Común, Segunda Sala, Octava Época, compilación 1995, cuyo texto es como sigue:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’ (no es necesario transcribirla).
"Por tanto, debe estimarse que la solicitud de la suspensión provisional se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo.
"En tal virtud, lo procedente es modificar la negativa de la medida establecida por el Juez de Distrito, y conceder la suspensión provisional para el efecto de que se permita a la quejosa, asistir a las clases que se imparten en el instituto educativo ‘**********’, ubicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero sin que esto le genere el derecho a ser aceptada como alumna regular, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva."
QUINTO. En el caso se actualiza la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22129-f35f93bd/suspension-los-efectos-de-la-que-se-concede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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