Corpus
Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL CONGRESO LOCAL NO TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR Y SANCIONAR LOS DICTÁMENES DE NO RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, FORMULADOS POR EL GOBERNADOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21061
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 639.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en función de que fue formulada por uno de los Magistrados integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el catorce de junio de dos mil seis, el amparo en revisión 55/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"DÉCIMO. Toca ahora examinar los agravios del Congreso Local. Es fundado y suficiente para modificar el sentido del fallo recurrido, el primero de los agravios formulados por la diputación local. La diputación estatal en el primero de sus motivos de disentimiento, después de transcribir el contenido del artículo sexto transitorio del decreto cuya inconstitucionalidad determinó la Juez de Distrito, fundamentalmente alega que la a quo indebidamente le obliga tanto a tramitar un procedimiento de evaluación, como a emitir un dictamen respecto de las causas por las que no se ratifica a determinado Magistrado, cuando el artículo sexto transitorio de aquel dictamen legislativo, concede esa facultad exclusivamente al gobernador del Estado, en tanto que a esa legislatura únicamente la limita a analizar las propuestas de reelección y las listas para vacantes, pero no el desempeño en el cargo de Magistrado, pues esa función constituye un acto administrativo de orden público que recae en el órgano competente, aspecto con el que dicho sea de paso, conviene el quejoso Álvaro Eguía Romero en su escrito de expresión de agravios (fojas 9 vta. y 10 del presente toca), en el que indica que la facultad de evaluar a los Magistrados que concluían su periodo el quince de octubre de dos mil cinco y la facultad de proponer su ratificación o no ratificación, corresponde por mandato constitucional al gobernador del Estado, y que por ello, la Juez de amparo no podía disponer que el Congreso integrara un procedimiento respecto del que no tiene facultades. Ese cuerpo legislativo, concluye argumentando en esa primera inconformidad, que atento a lo sintetizado en el apartado inmediato anterior, esta entidad federativa ya cuenta con una disposición específica que prevé el procedimiento, las obligaciones, atribuciones y facultades para el proceso de renovación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y la forma en que deben intervenir cada uno de los poderes en ello. Ahora bien, primeramente, los integrantes de este tribunal pleno, estiman imprescindible precisar que a su vez, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente ha sustentado el criterio de que los agravios que se formulen dentro del recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, no requieren de formalidades rígidas y solemnes, amén de que tal ordenamiento no exige condición alguna para tal efecto y, en cambio, impone la obligación de examinar en su conjunto el escrito a través del cual se hacen valer. En ese tenor, el supremo intérprete de la Constitución Federal, coligió que es suficiente el que en alguna parte del escrito de expresión de agravios se exprese con claridad la causa de pedir, puntualizando la lesión que le causen las consideraciones emitidas y los motivos que generan esa afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos. En congruencia con lo anterior, es inconcuso que el órgano legislativo recurrente, en el agravio abreviado satisface plenamente la causa de pedir, pues afirma que al imponerle la Juez de Distrito la obligación de gestionar un proceso a través del cual se otorgue al quejoso la garantía de audiencia, trastoca su forma de participación en el procedimiento selectivo que para tal efecto prevé la ley; habida cuenta que el artículo cuya inconstitucionalidad se decretó en la resolución de amparo, otorga exclusivamente al gobernador del Estado la facultad de tramitar el procedimiento de evaluación, y el emitir un dictamen de no ratificación, en tanto que a ese órgano legislativo sólo le da la facultad de examinar las listas propuestas para cubrir esas vacantes. En consecuencia, es inconcuso que este Tribunal Colegiado debe ocuparse de analizar la legalidad o ilegalidad de aquellas manifestaciones, tanto más cuando se afirma que esta entidad federativa sí cuenta con una disposición especifica que prevé el procedimiento, obligaciones y facultades en el proceso selectivo de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Clarificado el tema por el que procede el examen de los agravios formulados, toca ocuparse de los motivos por los que se estima fundado el agravio de que se trata. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente dispone: ‘Artículo 49.’ (se transcribe). El precepto transcrito prevé el principio de división de poderes que contempla nuestra codificación suprema y al cual debe estar sometido nuestro sistema jurídico. La partición en el ejercicio del poder, se erigió para lograr el equilibrio de las reciedumbres estatales, conquistar un control recíproco y delimitar las atribuciones de cada uno de ellos para que no fueran desarrolladas por otro. La intención de ese axioma constitucional, histórica y teleológicamente, consiste en limitar y equilibrar el poder público de manera tal, que pueda ejercerse de forma autónoma e independiente por cada uno, sin que ninguno se coloque por encima de otro o que una sola corporación pueda ejercer dos o más de ellos, y procura, en todo momento, que cada poder realice sus funciones libremente sin más limitaciones que las previstas en la ley o en la Norma Fundamental; esto es, viene a constituir un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de uno y el abuso en su competencia. Al particular adquiere puntual aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 78/2003, la cual fue publicada con el número P./J. 52/2005, en la página 954, Tomo XXII, julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Ahora bien, la división de poderes establecida en nuestra Compilación Fundamental, no constituye un sistema rígido e inflexible; por el contrario, admite supuestos de excepción consignados en ese mismo documento prócer, lo cual permite a cualquiera de ellos ejercer funciones que en términos generales corresponden a la esfera de otro, o bien reunir a dos para determinado propósito. No obstante la flexibilidad del sistema de división de poderes, ello no significa que puedan de motu proprio, arrogarse facultades que no les correspondan, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir a uno de ellos las que incumben a otro. Para que sea válido que un poder ejerza funciones propias de otro es necesario, en primer lugar, que así lo prevea expresamente la Constitución Federal, o que la función respectiva sea necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y en segundo término, la función debe ejercitarse únicamente en los casos permitidos o inevitables para hacer efectiva una facultad propia, en virtud de que las reglas de excepción son de aplicación estricta. Se explica, es cierto que los Poderes de la Unión no deben actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno de ellos tiene señaladas sus atribuciones, al examinarlas se aprecia que en varias ocasiones concurren dos de ellos, verbi gratia en tratándose de la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores, que hace su designación, y el titular del Ejecutivo quien presenta ternas para que de ellas se seleccione a los designados; sin embargo, cuando se está en presencia de facultades u obligaciones concurrentes en dos poderes, debe estar expresamente señalado en la propia Constitución el actuar de cada uno de ellos, preservando su autonomía. Al particular adquiere puntual aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el número P. CLVIII/2000, en la página 33, Tomo XII, septiembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que a continuación se transcribe: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, es dable estimar que cuando en nuestro sistema jurídico sobreviene la concurrencia de dos poderes para un fin determinado, además de consignarse expresamente en la Constitución, debe respetarse las facultades y obligaciones que a cada uno otorga esa recopilación privilegiada. El principio de división de poderes no es exclusivo de nuestro sistema federado; por el contrario, también adquiere observancia y obligatoriedad para cada una de las entidades que lo conforman, pues así se consigna en el artículo 116, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcribe: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). Al igual que en la Constitución Federal, el principio de división de poderes en el sistema constitucional local no integra un sistema rígido e inflexible; por el contrario, permite que determinados actos que materialmente corresponden a uno de los poderes relacionados, sean realizados por otro, o bien que para la creación o validez de un acto, concurran armónicamente dos de ellos. En este sentido, el artículo 116 constitucional, prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos reservados a los poderes públicos de las entidades federativas a efecto de que se respete el postulado que llama nuestra atención, a saber: I. La no intromisión. II. La no dependencia y, III. La no subordinación de cualquiera de los poderes respecto de los otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno ha determinado que la intromisión se presenta cuando uno de los poderes participa o interfiere en una cuestión de otro, sin que resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La califica como el grado más leve de violación al principio de división de poderes. Asimismo, puntualiza que la dependencia implica que un poder impida a otro tomar decisiones o actuar de manera autónoma. A ésta la contempla como un grado mayor de vulneración al citado principio. Finalmente, a la subordinación la califica como el grado superlativo de violación al principio de división de poderes, pues considera que implica que un poder no pueda arrogarse de manera autónoma el control de sus decisiones y por el contrario se someta a la voluntad del poder subordinante. El anterior criterio lo evidencia al resolver la controversia constitucional 35/2000, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia número P./J. 80/2004, publicada en la página 1122, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo exordio y tenor se reproducen enseguida: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe). La anterior explicación carecería de razón si su propósito no fuera el resolver si el sentido de la resolución recurrida afecta o no el principio de división de poderes, aspecto del cual, una vez que disipado el teórico jurídico vinculado con ese apotegma se procede a dilucidar, conforme a las consideraciones vertidas en los apartados que anteceden. El artículo sexto transitorio del Decreto 358 que contiene el procedimiento a través del cual se contempló la renovación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el año de dos mil cinco, es del siguiente contenido: (se transcribe). Del reproducido precepto se viene en conocimiento directo que para la reelección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que no sean considerados como inamovibles, concurren con facultades expresas cada uno, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Del mismo modo, de manera deductiva se colige que ambos poderes también convergen aun con facultades expresas cada uno, en el procedimiento a través del cual se determine que no procede la reelección de alguno de los Magistrados miembros del Poder Judicial. Del primer supuesto no se ocupará la presente resolución, por no ser el que irrumpe el acto reclamado. Conforme al precepto que regula la no reelección de los Magistrados de ese Tribunal Supremo Local, se colige la participación tanto del titular del Poder Ejecutivo como la del Congreso Local; empero, pese a esa concurrencia, se deduce que cada uno de esos poderes cuenta con facultades propias, e insubstituibles a saber: Al Poder Ejecutivo corresponde: a) Iniciar y tramitar el procedimiento de evaluación de los Magistrados (incisos A y B del artículo transitorio en comento). b) Emitir el dictamen a través del cual estima que no procede la reelección de un Magistrado determinado. c) Proponer a la diputación estatal la terna correspondiente para que se supla la vacante. En cambio, al Poder Legislativo corresponde única y exclusivamente elegir dentro de los integrantes de la terna que le proponga el gobernador del Estado, a quién habrá de suplir la vacante del Magistrado no reelecto. Lo anterior significa que al parlamento local no le es permitido proponer al titular del Ejecutivo el que no ratifique a determinado Magistrado, como al Ejecutivo tampoco le es autorizado el indicar al Legislativo a quién debe designar para suplir la vacante; amén de que, se insiste en que dentro de esa concurrencia, cada uno cuenta con facultades privilegiadas; incurrir en lo contrario produciría la intromisión, dependencia o subordinación de uno en otro, lo cual como ya se indicó por imperativo constitucional no es lícito. En congruencia con lo hasta aquí expuesto, es permitido considerar que si en la sentencia de amparo se concluye que la resolución a través de la cual el Ejecutivo decide no ratificar al Magistrado quejoso, debe ser sujeta de impugnación a través de un procedimiento tramitado ante el Congreso Local en el que se debe respetar la garantía de audiencia del interesado, esa determinación resulta desafortunada pues con ello se atenta del principio de división de poderes. Lo anterior se estima así, porque la decisión de no ratificación que corresponde estrictamente al gobernador del Estado, materialmente sería revisada por el órgano representativo quien tendría la facultad de confirmar, modificar o revocar, según el caso la determinación de aquél, y formalmente implicaría la reevaluación del Magistrado no ratificado, lo cual haría que el poder encargado de justipreciar la actuación de aquel funcionario judicial perdiera la autonomía de la que constitucionalmente está investido, subordinándose a la decisión de otro poder no facultado para ello. En ese orden, se estima que inversamente a lo considerado por la Juez de amparo, jurídicamente es inadmisible que el Congreso Local integre un procedimiento a través del cual se diera oportunidad al quejoso la garantía de audiencia a efecto de impugnar la resolución del gobernador del Estado, aun cuando a través de ésta se determine su no ratificación, pues el medio adecuado para hacer tal objeción, es el juicio de garantías ..."

Cabe agregar que resulta innecesario reproducir la diversa ejecutoria de ese órgano jurisdiccional relativa al incidente de suspensión 269/2007, pues el criterio antes transcrito es suficiente para la resolución del presente expediente.

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el veinticuatro de agosto de dos mil seis el amparo en revisión 58/2006, determinó en la parte que interesa lo siguiente:

"En otro contexto, el quejoso aduce, en esencia, en diversos apartados de su escrito inicial de expresión de agravios, así como en el argumento que identifica como segundo en el primero de los libelos de ampliación de los mismos, que cuando el Juez de Distrito examinó los conceptos de violación que sometió a su potestad no estudió en los términos que le planteó el relativo a que a fin de que se le respetara su garantía de audiencia, el Congreso del Estado de San Luis Potosí debió valorar el dictamen de no ratificación en su cargo de Magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitido por el gobernador de la propia entidad federativa, puesto que aun cuando el artículo sexto transitorio del Decreto 358, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 26 veintiséis de julio de 2005 dos mil cinco, no prevé la obligación para que la Legislatura Local satisfaga la garantía de audiencia en el procedimiento correspondiente que culmina con el dictamen de referencia -pues tal obligación la impone al titular del Poder Ejecutivo-, no debe perderse de vista que una vez emitido dicho dictamen, a fin de que se le respetara su garantía de audiencia, el Congreso mediante un procedimiento de evaluación con las etapas generales del procedimiento, estaba constreñido a ratificar o no el dictamen puesto a su consideración por parte del Ejecutivo del Estado, sin que para ello fuere obstáculo que no exista norma que regule con precisión el procedimiento a seguir para la no reelección de los Magistrados, ya que debe seguirse el mismo que se sustancia para la ratificación de los mismos. En otras palabras, el quejoso aduce que el dictamen evaluatorio emitido por el gobernador debió someterse a la consideración del Congreso del Estado, quien a su vez tenía la obligación de respetarle la garantía de audiencia, máxime que, destaca, así se ordena en el resolutivo segundo del propio dictamen, por lo que al no haberse concedido tal garantía, el citado cuerpo colegiado lo privó de la posibilidad de defenderse sobre las consideraciones que el titular del Ejecutivo tomó en cuenta para determinar su no ratificación en el cargo de referencia. Es parcialmente fundado el reseñado alegato de inconformidad, en la medida que se precisará. Como se apuntó en párrafos precedentes, el legislador local dispuso en el artículo sexto transitorio del decreto en consulta que el Ejecutivo Estatal recabaría la información relativa al desempeño de los Magistrados próximos a concluir su encargo de 6 seis años, con la cual evaluaría su ejercicio y emitiría un dictamen en el que expusiera por qué sí o por qué no debían ser reelectos o alcanzar la inamovilidad alguno o algunos de esos servidores públicos; debiendo remitir esa opinión, previa vista de aquellos, al Congreso Local, junto con la lista de quienes, en su caso, podían suplir las vacantes de las personas que estimaba no debían ser ratificadas. Posteriormente, el Legislativo resolvería si aprobaba o no el aludido dictamen, es decir, si confirmaba la propuesta de no ratificación o de ratificación; en caso de aprobar la no ratificación, debía votar quienes de entre las personas propuestas por el gobernador eran las idóneas para suplir las vacantes y en el supuesto de no estar de acuerdo con la proposición de ratificación de determinado Magistrado, requeriría al titular del Ejecutivo para que formulara las candidaturas correspondientes, en términos del artículo 97 de la Carta Fundamental de San Luis Potosí. En este orden de ideas, tal como el quejoso recurrente destaca en el procedimiento de evaluación del que derivan los actos reclamados, el Poder Legislativo estatal omitió discutir el dictamen del Ejecutivo de no ratificación en el cargo de Magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que ocupa el impetrante, a fin de que lo aprobara o desaprobara, puesto que no existe constancia alguna que revele lo contrario. Máxime, que el Congreso responsable acepta implícitamente que incurrió en esa omisión, puesto que en su informe con justificación aduce argumentos para sostener que esa incuria no es inconstitucional, al sostener que: ‘... el quejoso señala como acto reclamado a esta Legislatura del Estado que no le hubiera realizado la evaluación en su desempeño como Magistrado, lo cual es completamente incorrecto, ya que ello no es facultad del Poder Legislativo y, por ende, no es un acto que le pueda ser reclamado. No existe en nuestra Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, ni en la legislación estatal disposición alguna que obligue al Congreso del Estado a hacer la evaluación que señala el actor, pues claramente nuestra Constitución Local en su artículo 96 establece que le corresponde al Poder Ejecutivo proponer al Congreso los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.’ (fojas 293 a 294). Consecuentemente, al no haberse discutido, votado, aprobado o rechazado por el Congreso el dictamen en el que el gobernador concluyó que el quejoso no es candidato idóneo para ser ratificado en el cargo de Magistrado, se inobservó lo dispuesto en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, en relación con el sexto punto transitorio del Decreto 358. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que en el citado precepto de la Carta Magna se establece la prerrogativa a favor de los Magistrados de ser ratificados en el cargo y la garantía de los gobernados de que los funcionarios judiciales designados, estimados idóneos, autónomos, independientes y con excelencia ética y profesional, hagan efectivos los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Dicha ratificación se concreta a través del procedimiento de evaluación estatuido en la legislación local, es decir, en la Constitución del Estado y/o en las leyes secundarias, el cual debe sujetarse al numeral 116, fracción III, de la Carta Fundamental, salvaguardando siempre la independencia del Poder Judicial Local. En cuanto a las características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual derivaron las jurisprudencias P./J. 21/2006 y P./J. 22/2006, transcritas en párrafos precedentes, expuso: 1. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando, para determinar si continuará en el mismo o no. Así, tal consideración del Tribunal Pleno, debe entenderse en el sentido de que la institución de la ratificación comprende tanto su aspecto positivo (ratificación), como su aspecto negativo (no ratificación). 2. La ratificación surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo (siempre y cuando haya demostrado que en el ejercicio de su cargo actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable), de manera que puede caracterizarse como un derecho que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 3. La ratificación no depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Así entonces, la ratificación es también una garantía que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos (que reúnan las características de experiencia, honorabilidad y honestidad invulnerable), que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 4. La ratificación mantiene una dualidad de caracteres al ser, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía de la sociedad, aspectos que indefectiblemente se completan. 5. La ratificación en cuanto derecho o garantía no se produce de manera automática. Para que tenga lugar, como surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación. 6. Al ser precisamente la evaluación en el desempeño profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado lo que otorga al funcionario la posibilidad de ratificación, ello supone que el órgano u órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder calificarlo y determinar si es merecedor a la reelección o no en el cargo. En este punto, el Pleno del Máximo Tribunal del país da sustento a la consideración de este Tribunal Colegiado de que la institución de la ratificación, así como el dictamen que al efecto se elabore (propuesta de ratificación o de no ratificación), debe ser elaborado y, en su caso, analizado por los órganos competentes para ello. Al efecto, los órganos de poder competentes para pronunciarse respecto de la ratificación o no reelección de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben darle continuidad y seguimiento al expediente que con motivo de la designación de un Magistrado se abrió, para que al término de la duración de su encargo previsto en la Constitución Local pueda evaluarse su desempeño y determinarse su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Todo esto debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 7. Esta evaluación que se realice con motivo de la ratificación deberá hacerse con base en el seguimiento de las actividades realizadas por el juzgador en el desempeño de su cargo, para que tanto éste como la sociedad, tengan conocimiento de las razones por las cuales dicho funcionario merece continuar o no en su cargo. 8. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público y de naturaleza imperativa, que se concretiza con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisan las razones de la determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor jurisdiccional. Constituye un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, en virtud de que la figura de la ratificación o reelección se encuentra establecida en el artículo 116, fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, y su justificación es el interés de la sociedad de conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales, situación que lleve a la sociedad a que se beneficie con su experiencia y desarrollo profesional a través de la ratificación o a impedir que continúen en la función jurisdiccional, funcionarios que su actuación no ha sido óptima ni ha arrojado la idoneidad del cargo que se esperaba. 9. Tal acto administrativo de orden público y de naturaleza imperativa se concreta en la emisión de un dictamen de evaluación que debe ser elaborado por el órgano u órganos que tengan la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los Magistrados, en el que se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios que permita arribar a la conclusión de si continúan con la capacidad y los requisitos constitucionalmente exigidos para el desempeño de la función bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. 10. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. 11. La ratificación supone como presupuesto o condición necesarios que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo de duración de su cargo establecido en la Constitución Local, pues es a su conclusión cuando puede evaluarse si su conducta y desempeñ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21061-7dc4ae0f/magistrados-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.