TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. PARA SU APLICACIÓN, EL JUEZ DEBE SEÑALAR CLARAMENTE EL NEXO DE ATRIBUIBILIDAD ENTRE LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO Y LA INCLINACIÓN O ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS QUE PRODUZCAN EFECTOS SIMILARES, POR EL SENTENCIADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se emitieron en la materia penal cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diez de noviembre de dos mil cinco, el amparo directo 3102/2005, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"SÉPTIMO. En suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías del quejoso. En efecto, la Sala responsable trasgredió el derecho a la protección de la salud del amparista, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 67 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dado que no lo sujetó al tratamiento de deshabituación o desintoxicación que padece, puesto que quedó probado que resultó adicto al consumo de bebidas embriagantes y drogas, puesto que así lo manifestó al declarar ante el Ministerio Público, lo cual se corroboró con los dictámenes oficiales de integridad física y de identificación de metabolitos provenientes de drogas (ambos rendidos el día siguiente de la comisión del evento), en los que se determinó que el solicitante de garantías se encontraba ebrio y se identificaron metabolitos provenientes del consumo de cannabis, respectivamente. Por tanto, procede conceder el amparo para que la responsable ordenadora sujete al peticionario de garantías al tratamiento de deshabituación o desintoxicación que padece, el cual no podrá exceder del término de la pena impuesta, cuya institución de salud encargada de ello la determinará previa valoración médica la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales, conforme al artículo 41, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis 167, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, cuyo rubro y texto dicen: ‘ADICTOS O HABITUALES, TRATAMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). Así como la jurisprudencia 702, establecida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 584, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyo rubro y texto dicen: ‘SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO.’ (se transcribe). En esas condiciones, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que la responsable ordenadora, dicte una nueva sentencia donde siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria sujete al impetrante de garantías al tratamiento de deshabituación o desintoxicación que padece. Tal concesión se hace extensiva a los actos de ejecución del Juez Vigésimo Tercero de lo Penal y Director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno, ambos del Distrito Federal, por no reclamarse por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia 88, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del tenor literal siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
El mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DP. 275/2007, el once de octubre de dos mil siete, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"SÉPTIMO. En suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías del quejoso. En efecto, la Sala responsable trasgredió el derecho a la protección de la salud del amparista, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 67 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que no lo sujetó al tratamiento de deshabituación del abuso de bebidas alcohólicas, a pesar de que quedó probado que las consumía, ya que en el dictamen oficial en materia de identificación y cuantificación de alcohol se determinó que en la muestra de orina se identificó la presencia de alcohol en una concentración de setenta y siete miligramos por ciento, aunado a que ministerialmente reconoció tal inclinación, tan es así, que cuando cometió el evento delictivo ingería bebidas embriagantes. Por tanto, procede conceder el amparo para que la responsable ordenadora sujete al peticionario de garantías al tratamiento de deshabituación o desintoxicación que padece, el cual no podrá exceder del término de la pena impuesta, cuya institución de salud encargada de ello la determinará previa valoración médica la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales, conforme al artículo 41, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis 107, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, precedentes relevantes, cuyo rubro y texto dicen: ‘ADICTOS O HABITUALES, TRATAMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). Así como en los mismos términos la jurisprudencia 702, establecida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 584, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyo rubro y texto dicen: ‘SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO.’ (se transcribe). En esas condiciones, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que la responsable ordenadora deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva donde manteniendo en todos sus aspectos la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria señale que el impetrante de garantías debe sujetarse al tratamiento de deshabituación que padece. Tal concesión se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del Juez Cuarto de lo Penal y Director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno, ambos del Distrito Federal, por no reclamarse por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia 88 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del tenor literal siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
El mencionado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de enero de dos mil ocho, el amparo directo 363/2007, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"Finalmente, también se advierte que la Sala responsable trasgredió el derecho a la protección de la salud del amparista, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 67 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que no lo sujetó al tratamiento sanitario que corresponda, en atención a que se acreditó que al momento del hecho abusó de bebidas alcohólicas. Así, el numeral citado en segundo término sostiene: ‘Artículo 67.’ (se transcribe). En efecto, como se desprende de lo anterior, cuando se haya sentenciado al acusado por un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso, en este caso, de bebidas alcohólicas, existe la necesidad imperiosa de sujetarlo al tratamiento que la autoridad sanitaria determine, de entre los mencionados en el invocado artículo 67, según la necesidad del gobernado, toda vez que, por ejemplo, si éste presenta inclinación por dichas sustancias, se trataría de deshabituación, pues de otro modo no se entendería la disyuntiva empleada por el legislador ‘o’. Entonces, sí se acreditó que el peticionario de garantías, al momento de cometer el delito, había abusado de bebidas embriagantes, pues él mismo refirió que estaba ‘tomado’, lo cual se robusteció con lo expuesto por los agentes captores, al indicar que a simple vista se notaba intoxicado, cuestión que a su vez se confirmó con el certificado médico relativo, mismo que fue elaborado -dieciséis horas con cincuenta minutos- a los pocos instantes de sucedido el hecho criminoso de que se trata, determinándose que al momento de la exploración, presentaba intoxicación etílica aguda y además es sabido por el común de la gente que el consumo de alcohol desinhibe a las personas, no es de extrañarse que su estado inconveniente fue un factor que coadyuvó a la comisión del injusto. Por tanto, procede conceder el amparo para que la responsable ordenadora, en respeto al derecho a la salud que asiste al inconforme, lo sujete al tratamiento sanitario que por sus condiciones personales requiera, el cual no podrá exceder de la temporalidad de la pena privativa de libertad impuesta y cuya institución de salud encargada de ello lo determinará, previa valoración médica, la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales (denominación actual), conforme al artículo 41, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis 107, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, precedentes relevantes, cuyo rubro y texto dicen: ‘ADICTOS O HABITUALES, TRATAMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). Así como en los mismos términos la jurisprudencia 702, establecida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 584, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, cuyo rubro y texto dicen: ‘SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO.’ (se transcribe). En tales condiciones, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos de que la responsable ordenadora, acorde con lo establecido por el numeral 80 de la Ley de Amparo, manteniendo en sus demás aspectos la resolución reclamada, en primer lugar, dicte otra en la que al individualizar la pena, no tome en consideración el antecedente penal del justiciable; en segundo lugar, precise que la suspensión de los derechos políticos concluirá cuando se extinga la pena de prisión y en tercero, señale que el impetrante de garantías debe sujetarse al tratamiento sanitario que corresponda, en términos del artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al a quo, así como al director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, que indica: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
Así también, el citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DP. 77/2008, con fecha tres de abril de dos mil ocho, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"SEXTO. Este Tribunal Colegiado suple la queja deficiente del amparista, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues se advierte que la Sala responsable trasgredió el derecho a la protección de la salud del quejoso, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 67 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que no lo sujetó al tratamiento sanitario que corresponda, en atención a que se acreditó que al momento del hecho abusó de bebidas alcohólicas. Así, el numeral citado en segundo término sostiene: ‘Artículo 67.’ (se transcribe). En efecto, como se desprende de lo anterior, cuando se haya sentenciado al acusado por un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso, en este caso, de bebidas alcohólicas, existe la necesidad imperiosa de sujetarlo al tratamiento que la autoridad sanitaria determine, de entre los mencionados en el invocado artículo 67, según la necesidad del gobernado, toda vez que, por ejemplo, si éste presenta inclinación por dichas sustancias, se trataría de deshabituación, pues de otro modo no se entendería la disyuntiva empleada por el legislador ‘o’. Entonces, sí se acreditó que el peticionario de garantías, al momento de cometer el delito, había abusado de bebidas embriagantes, pues él mismo refirió que el día del evento ingirió ‘vino’, lo cual se robusteció con lo expuesto por el denunciante y los agentes captores, al indicar el primero de los citados que aquél no pudo huir ‘muy rápido’, por lo ‘tomado’ que estaba, en tanto que los segundos adujeron que ‘olía a alcohol’, cuestión que a su vez se confirmó con el certificado oficial médico relativo, mismo que fue elaborado en la data de los hechos, determinándose que al momento de la exploración física se le encontró con aliento etílico, sí ebrio y además es sabido por el común de la gente que el consumo de alcohol desinhibe a las personas, no es de extrañarse que su estado inconveniente fue un factor que coadyuvó a la comisión del injusto. Por tanto, procede conceder el amparo para que la responsable ordenadora, en respeto al derecho a la salud que asiste al inconforme, lo sujete al tratamiento sanitario que por sus condiciones personales requiera, el cual no podrá exceder de la temporalidad de la pena privativa de libertad impuesta y cuya institución de salud encargada de ello lo determinará, previa valoración médica, la directora ejecutiva de Sanciones Penales (denominación actual), conforme al artículo 41, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis 107, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, precedentes relevantes, cuyo rubro y texto dicen: ‘ADICTOS O HABITUALES, TRATAMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). Así como en los mismos términos la jurisprudencia 702, establecida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 584, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, cuyo rubro y texto dicen: ‘SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO.’ (se transcribe). En tales condiciones, lo que en derecho procede es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la responsable ordenadora, acorde con lo establecido por el numeral 80 de la Ley de Amparo, deje insubsistente la sentencia reclamada y manteniendo sus demás aspectos, en su lugar dicte una nueva en la que señale que el impetrante de garantías debe sujetarse al tratamiento sanitario que corresponda, en términos del artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Trigésimo Cuarto de lo Penal y a la ahora directora ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno, ambos del Distrito Federal, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
El mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diez de abril de dos mil ocho, el amparo directo 79/2008, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"Por otro lado, también se advierte que la Sala responsable trasgredió el derecho a la protección de la salud del quejoso, tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 67 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que no lo sujetó al tratamiento sanitario que corresponda, en atención a que se acreditó que al momento del hecho abusó de bebidas alcohólicas. En efecto, el numeral citado en segundo término sostiene: ‘Artículo 67.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende que cuando se haya sentenciado al acusado por un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso, en este caso, de bebidas alcohólicas, existe la necesidad imperiosa de sujetarlo al tratamiento que la autoridad sanitaria determine, de entre los mencionados en el invocado artículo 67, según la necesidad del gobernado, toda vez que, por ejemplo, si éste presenta inclinación por dichas sustancias, se trataría de deshabituación, pues de otro modo no se entendería la disyuntiva empleada por el legislador ‘o’. Entonces, sí se acreditó que el peticionario de garantías, al momento de cometer el delito, había abusado de bebidas embriagantes, pues así se desprende del certificado oficial médico relativo, elaborado en la data de los hechos, determinándose que al momento de la exploración física se le encontró con aliento etílico, sí ebrio y además es sabido por el común de la gente que el consumo de alcohol desinhibe a las personas, no es de extrañarse que su estado inconveniente fue un factor que coadyuvó a la comisión del injusto. Por tanto, procede conceder el amparo para que la responsable ordenadora, en respeto al derecho a la salud que asiste al inconforme, lo sujete al tratamiento sanitario que por sus condiciones personales requiera, el cual no podrá exceder de la temporalidad de la pena privativa de libertad impuesta y la directora ejecutiva de Sanciones Penales (denominación actual), lo determinará previa valoración médica, conforme al artículo 41, fracción VI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis ciento siete, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página ochenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, precedentes relevantes, cuyo rubro y texto dicen: ‘ADICTOS O HABITUALES, TRATAMIENTO DE LOS.’ (se transcribe). Así como en los mismos términos la jurisprudencia setecientos dos, establecida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página quinientos ochenta y cuatro, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, cuyo rubro y texto dicen: ‘SALUD, DERECHO A LA. TRANSGREDE EL, CUANDO NO SE ORDENA EL TRATAMIENTO SOBRE LA ADICCIÓN DE UN SENTENCIADO TOXICÓMANO.’ (se transcribe). En tales condiciones, lo que en derecho procede es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la responsable ordenadora, acorde con lo establecido por el numeral 80 de la Ley de Amparo, deje insubsistente la sentencia reclamada y con plenitud de jurisdicción emita otra en la que, dejando intocados los demás aspectos, no tenga por acreditada la circunstancia calificativa prevista en el artículo 224, fracción IX, del código sustantivo en consulta, en consecuencia, elimine la sanción relativa a la misma; asimismo, en tal determinación deberá señalar que el impetrante de garantías debe sujetarse al tratamiento sanitario que corresponda, en términos del artículo 67 del código punitivo en mención. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Sexto de lo Penal y director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno (denominación actual Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno), ambos del Distrito Federal, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia ochenta y ocho, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el quince de enero de dos mil ocho, el amparo directo DP. 346/2007, sustentó en la parte que interesa lo siguiente:
"Este órgano colegiado observa que la Sala señaló que en atención a lo solicitado por el Ministerio Público en su pliego de conclusiones, y a la circunstancia de que al momento de efectuar el evento disvalioso el impetrante se encontraba en estado de ebriedad, con datos clínicos de intoxicación por solventes, según advirtió del certificado de estado físico que se le practicó por perito oficial con fecha 8 ocho de marzo de 2007 dos mil siete, y de la diversa pericial oficial en medicina forense, en la que se concluyó que es adicto al consumo de bebidas alcohólicas y solventes industriales (PVC) confirmó lo resuelto por el Juez a quo en cuanto a imponerle la ‘medida de seguridad de tratamiento de deshabituación o desintoxicación’ a que se refieren los artículos 31, fracción IV y 67 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, por un tiempo, que no podrá exceder de 4 cuatro años 9 nueve meses. Lo anterior resulta incorrecto y vulnerante de las garantías de legalidad, seguridad y de debida fundamentación y motivación en perjuicio del ahora impetrante, en tanto que, para la imposición de cualquiera de dichas medidas de seguridad, o ambas, no basta con señalar que el sujeto activo al momento de cometer el delito imputado se encontraba en estado de ebriedad y con antecedentes o datos clínicos de intoxicación por la inhalación de solventes industriales, y tenerlo por cierto con base en el certificado de estado físico y experticial que menciona, sino que, indefectiblemente, para estar en posibilidad legal de imponer al sentenciado la aludida medida de seguridad debe primeramente estar en la certeza jurídica de que en el caso se actualizan las circunstancias a que se refiere el invocado numeral 67 del ordenamiento punitivo aplicable y luego establecer en base a la hipótesis que se acredite, cuál de las dos opciones se deberá imponer al enjuiciado, si la de deshabituación o la de desintoxicación o su aplicación conjunta, pero debiendo motivar tal determinación. Es decir, el órgano jurisdiccional para atender a la petición del representante social debe primeramente cerciorarse, no sólo si el activo al momento de cometer el delito se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia enervante o estupefaciente u otra que produzcan efectos similares, sino además, si la comisión del hecho disvalioso derivó o fue consecuencia de su inclinación o abuso de su consumo; posteriormente en caso de decidir aplicarlas, debe establecerse con precisión cuál de las hipótesis de medida de seguridad contenidas en el precepto legal en cita es la aplicable, porque pueden ser alternativas, es decir, o se le impone la medida del tratamiento de deshabituación, que, de acuerdo con el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, consiste en ‘hacer perder a una persona o animal el hábito o la costumbre que tenía’, o la del tratamiento de desintoxicación que se encuentra definido a su vez por el Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado Grijalbo, como ‘el proceso fisiológico o terapéutico por el cual se intenta que un tóxico pierda tal carácter y a su vez a desalentar su adicción’, o determinar que será de aplicación conjunta; para lo cual, deberá, además de citar los dispositivos en que se sustente su determinación, señalar con qué elementos de convicción llegó a la certidumbre jurídica de que, el delito por el que se le fincó el juicio de reproche al enjuiciado, obedeció a su inclinación por el consumo de bebidas embriagantes o de alguna de las sustancias que se mencionan en el supracitado dispositivo 67 del Código Penal para la entidad, en caso contrario, la medida de seguridad que sin el cumplimiento de dichos requisitos de fundamentación y motivación se imponga, como en el caso, se debe considerar vulnerante de derechos públicos subjetivos, lo que hace obligada la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. No obsta para lo anterior el hecho de que las medidas de seguridad previstas en el Código Penal aplicable obedezcan a un propósito de prevención especial del delito, en tanto, con independencia de que puedan ser justas, útiles para los fines de política criminal, o hasta bondadosas para su receptor, al ser restrictivas de derechos y libertades es innegable que deben ser motivo de una debida fundamentación y motivación para ser impuestas. Finalmente, fue adecuado que la Sala responsable, con fundamento en lo previsto por los dispositivos 53 y 54 del Código Penal para el Distrito Federal y a solicitud del Ministerio Público, determinara en el considerado XIV de la sentencia reclamada, el decomiso del desarmador marca Stanford H-18, de 23 veintitrés centímetros de longitud, afecto a los hechos, al haber sido utilizado por el hoy quejoso para la perpetración del delito imputado. En las relatadas circunstancias, al no existir las violaciones que en su perjuicio aduce el quejoso de las garantías individuales señaladas en su escrito de demanda, y no haber quedado demostrada en esos aspectos la inconstitucionalidad del acto reclamado, y haber resultado infundados los conceptos de violación que hizo valer e inaplicables los criterios jurisprudenciales invocados, pero existiendo deficiencias que suplir en los conceptos de violación en términos de los numerales 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de la Materia, debe concederse a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al aquí quejoso para el único efecto de que la Sala responsable deje sin efecto la sentencia reclamada y dicte otra en la que reiterando los restantes aspectos, y siguiendo los lineamientos que quedaron precisados en este considerando, funde y motive adecuadamente la determinación en cuanto a la imposición o no de la medida de seguridad solicitada por el Ministerio Público en su pliego acusatorio."
La revisión anterior dio origen a la siguiente tesis:
"No. Registro: 170,156
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVII, febrero de 2008
"Tesis: I.9o.P.70 P
"Página: 2458
"TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN Y DESINTOXICACIÓN. EL JUZGADOR DEBE FUNDAR Y MOTIVAR DEBIDAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVISTAS EN LOS PRECEPTOS 31 FRACCIÓN IV Y 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La determinación del juzgador de imponer al activo alguna de las medidas de seguridad consistente en tratamientos de deshabituación y/o desintoxicación a que se refieren los artículos 31 fracción IV y 67 del Código Penal del Distrito Federal, debe estar debidamente fundada y motivada, es decir, no basta imponerlas por el pedimento que de ellas haga el Ministerio Público, y señalar y tener por cierto, con base en el certificado de estado físico y la pericial médica, que el sujeto activo al momento de cometer el delito se encontraba en estado de ebriedad y/o con intoxicación por sustancias prohibidas, sino que es menester que, el juzgador determine si la comisión del hecho ilícito derivó o fue consecuencia de su inclinación o del abuso en su consumo, además de tener la certeza jurídica de que se actualizan las circunstancias a que se refiere el segundo de los numerales y con base en la hipótesis que se acredite, señalar cuál es la medida o medidas aplicables, citar los dispositivos en que se sustenta, y mencionar los elementos de convicción con los que llegó a dicha determinación, pues la imposición de medidas de seguridad, sin el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación, vulnera los derechos públicos subjetivos del procesado.
"Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Amparo en revisión 346/2007. 15 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado."
QUINTO. Precisado lo anterior, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Esta Suprema Corte, al interpretar l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21397-6c03fc13/tratamientos-de-deshabituacion-o-desintoxicacion-establecidos-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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