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ERROR DE PROHIBICIÓN. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN SI PREVIAMENTE EL DENUNCIANTE O QUERELLANTE FUE PROTESTADO PARA CONDUCIRSE CON VERDAD (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2009. · Registro digital (IUS): 21924
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 146.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciante, se encuentra facultado para tal efecto.

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se indican:

A) Del juicio de amparo directo 416/2008, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, destacan los antecedentes que a continuación se sintetizan:

i) El quejoso del juicio de amparo en comento acudió ante la autoridad ministerial a denunciar el delito de robo de un teléfono móvil, por lo que se inició la respectiva averiguación previa. Durante el transcurso de la indagatoria, el accionante se entrevistó con ciertos elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes lo cuestionaron sobre los hechos delictuosos, sin embargo, durante el interrogatorio, manifestó que su primigenia declaración era falsa -dos de junio de dos mil ocho-. La verdad es que cierta compañía de telefonía le sugirió que iniciara una averiguación previa por concepto de robo con violencia para que le pudiera reponer el teléfono que extravió.

ii) Por lo anterior, los elementos de policía indicados pusieron al quejoso a disposición del agente del Ministerio Público, quien consignó la indagatoria por el delito de falsedad en declaraciones ante autoridades previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal, siendo acreedor, por parte del juzgador que conoció de la causa, a pena de prisión y multa.

iii) Inconforme con tal determinación, el sentenciado promovió demanda de amparo, debatiendo, entre otros aspectos, que su conducta se escuda en una causa de justificación consistente en un error vencible, ya que no sabía que la misma está sancionada por la ley penal, dada su ocupación y grado de instrucción. Del juicio de garantías, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien consideró infundado lo alegado por el peticionario, en atención a la siguiente transcripción:

"El Código Penal para el Distrito Federal, además de que establece, en su artículo 29, que el delito se excluye en los supuestos mencionados en sus fracciones I a IX, también contempla supuestos de atenuación de la pena, entre los que se encuentra el error de prohibición vencible invocado por el amparista, por lo que previo al análisis de si se actualiza tal supuesto, cabe establecer en qué consiste el error de prohibición:

"Así, el precepto y fracción invocados disponen:

"‘Artículo 29. (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando:

"‘I...

"‘VII. ...

"‘VIII. (Error de tipo y error de prohibición). Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de:

"‘a) Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito de que se trate; o

"‘b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta.

"‘Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son «vencibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de este código.»

"‘IX. ...’

"Se precisa que el error de prohibición (invencible) es el aspecto negativo del conocimiento de la antijuricidad, (sic) y éste a su vez es el segundo componente de la culpabilidad, de ahí que cuando se actualiza tal aspecto negativo, su consecuencia es que no se acredita la culpabilidad y con ello tampoco el delito, por lo que procede ordenar la libertad del enjuiciado.

"Además, de lo anteriormente anotado, se obtiene que los supuestos de error previstos como error de prohibición son respecto de:

"a) La ilicitud de la conducta, porque el sujeto desconoce la existencia de la ley o el alcance de la misma.

"b) La ilicitud de la conducta porque cree que está justificada.

"La primera de ellas consiste en el llamado error de prohibición directo, mientras que la segunda es conocida como error de prohibición indirecto o error sobre la existencia de una causa de justificación.

"En el conocimiento de la antijuridicidad el sujeto activo debe saber que vulnera una prohibición o mandato jurídico, o sea, la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material, por lo que resulta innecesario que sepa de la existencia de un precepto específico que sea vulnerado o a que ordenamiento pertenece.

"El error sobre la existencia de la norma se presenta cuando el autor se representa que no actúa antijurídicamente y también cuando ni siquiera ha reflexionado sobre tal aspecto.

"A su vez, en el error sobre el alcance de la norma puede afirmarse que el sujeto activo sí conoce la prohibición pero considera que por diversos aspectos no es aplicable, ya porque estima que ha perdido su vigencia o porque ante determinadas circunstancias no es aplicable, entre otros supuestos, pero finalmente también ignora que ha lesionado una norma jurídica obligatoria.

"Finalmente, el supuesto de error de prohibición indirecto es relativo a que el autor conoce la norma jurídica, pero cree que su comportamiento se encuentra justificado.

"De lo expuesto extraemos como conclusión que tanto en el error sobre el alcance de la norma como cuando se cree que el actuar se encuentra amparado por una causa de justificación, existe el conocimiento de la existencia de la ley, mientras que en el error sobre la existencia mencionado no existe ese saber.

"Ahora, si en el caso concreto el quejoso invoca que no sabía que su conducta estaba sancionada por la ley penal, dada su ‘ocupación’ y grado de instrucción (secundaria), en consecuencia, el supuesto de error que debe analizarse es el relativo a la existencia de una ley, por lo que procede analizar el caso específico.

"En ese sentido, no asiste razón al impetrante de garantías al aducir que desconocía la existencia de la ley, pues basta imponerse de los autos para advertir que del ‘formato para seguimiento de robo de teléfono móvil (celular), ipod o similares para efectos del seguro con o sin detenido’ (que suscribió de su puño y letra), así como de la denuncia que formuló, previamente a la narración de los hechos delictivos de los que supuestamente fue víctima, fue protestado para que se condujera con verdad en la diligencia en la que intervendría; asimismo, se le hizo de su conocimiento las penas en que incurren las personas que declaran faltando a la verdad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, sanciones que están previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal para el Distrito Federal.

"Tan es así que en el formato llenado por el ahora quejoso se asentó lo siguiente: ‘quien protestado que es en términos de lo dispuesto por el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para el efecto de que se conduzca con verdad bajo la siguiente fórmula: ¿Protesta usted bajo su palabra de honor y en nombre de la ley declarar con verdad en las diligencias en que va a intervenir?, habiendo contestado en sentido afirmativo, se le advierte de las penas a que se hacen acreedores los que declaran faltando a la verdad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, como lo prevén los artículos 311 y 312 del Código Penal para el Distrito Federal que a la letra dicen:

"‘Artículo 311. Quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.’

"‘Artículo 312. A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión si el delito materia de la averiguación previa o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de cinco a diez años de prisión. La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso que fuere examinado en un procedimiento penal, cuando su testimonio se rinda para producir convicción sobre la responsabilidad del inculpado, por un delito no grave, si se trata de un delito grave, la pena de prisión se aumentará en un tanto.’

"De lo anterior se colige que, previamente a la narración de los hechos delictivos que adujo el quejoso, en los que refirió que dos sujetos lo desapoderaron del supraindicado teléfono celular y numerario, se le hizo saber, de manera clara y precisa, que toda aquella persona que declara ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, como lo es el agente del Ministerio Público, y falta a la verdad, se hace acreedor a determinada pena de prisión, así como a una sanción pecuniaria; no obstante, fue su voluntad declarar en ese sentido, aun y cuando los mismos eran falsos, ya que posteriormente, reconoció que por lo que refiere al mencionado teléfono lo extravió.

"Sin que pueda argumentarse a favor del impetrante de amparo que no conocía la existencia de la ley, dado su empleo y grado de instrucción, porque esa sola circunstancia no es suficiente para demostrar el desconocimiento de la existencia de la norma penal, máxime que de autos claramente se advierte que le fue hecha saber expresamente la prohibición legal de conducirse con falsedad en la diligencia en la que iba a intervenir, de ahí que no pueda sustentarse en esa ignorancia vencible para solicitar la reducción de la pena que le fue impuesta.

"Al respecto es orientador el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.2o.P.151 P, que este órgano colegiado comparte, publicado en la página mil trescientos cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, de rubro y texto siguientes:

"‘ERROR DE PROHIBICIÓN. LA PERTENENCIA A UN DETERMINADO GRUPO ÉTNICO O EL BAJO NIVEL ESCOLAR NO SON SUFICIENTES POR SÍ MISMOS PARA ACREDITAR AQUÉL COMO CAUSA DE INCULPABILIDAD Y, POR CONSIGUIENTE, DE EXCLUSIÓN DEL DELITO.’ (se transcribe)

"Por consiguiente, fue legal que la Sala responsable afirmara que la culpabilidad está demostrada, pues sus componentes (imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta) se encuentran demostrados.

"En esa virtud, no puede surtir los efectos que pretende el amparista, la tesis que citó, de rubro: ‘ERROR DE HECHO Y ERROR DE PROHIBICIÓN CUANDO OPERAN COMO EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD.’, al no actualizarse las hipótesis que en ésta se contemplan.

"En cuanto a la aplicación de la jurisprudencia I.10.P. J/3, sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, intitulada: ‘DELITO COMETIDO BAJO ERROR VENCIBLE. PENA APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’, previo resulta necesario exponer las razones que sustentan la ejecutoria: (se transcriben)

"Y aunque de su lectura se advierte que el supuesto de hecho materia de esa ejecutoria es idéntico al analizado en la presente resolución, pues se trata de una persona que extravió su teléfono celular y denunció los hechos consistentes en que fue desapoderado del mismo con el fin de que le fuera pagado, lo cierto es que no se comparte dicho criterio, en razón de lo siguiente:

"El Décimo Tribunal Colegiado citado, llegó a esa conclusión a base de ‘inferencias’, (que en realidad se trató de una conjetura) lo que significa que el quejoso no fue quien afirmó que al declarar ‘no lo hizo pensando en que su conducta fuera antijurídica’, aunado a que no mencionó la existencia de alguna constancia que permita llegar a esa convicción.

"Además de que si fuera cierta la afirmación de que el sentenciado al denunciar hechos falsos ‘no lo hizo pensando en que su conducta fuera antijurídica’, no podría afirmarse la actualización del supuesto de error de prohibición en la hipótesis que recae sobre el alcance de la norma que se invocó en esa resolución, pues ésta implica su conocimiento pero se estima que tiene un alcance diverso al real, mientras que aquélla significa la no reelección sobre la existencia de la norma.

"Asimismo, cuando a un denunciante se le hace saber que declarar falsamente ante una autoridad distinta de la judicial constituye un delito que es merecedor de consecuencias penales, éste no puede alegar el desconocimiento de la norma y mucho menos su alcance, porque precisamente ya se le hizo saber que ese actuar constituye delito y es merecedor de pena privativa de la libertad, de ahí que en este supuesto no se actualice el supuesto consistente en el error vencible sobre el alcance de la norma por no realizar ‘una reflexión madura’, porque contrario a ello, este Tribunal Colegiado considera que la vencibilidad consiste en la posibilidad por parte del autor de conocer el carácter prohibido de su conducta, también denominado conocimiento potencial de la conducta, por lo que si, como en la especie, el autor actuó con conocimiento pleno y actual de la antijuridicidad de su conducta, al ser protestado y haberle hecho saber las consecuencias de declarar falsamente, por consiguiente, actuó con plena culpabilidad.

"Por lo tanto, si previo a declarar ante el Ministerio Público, autoridad señalada en el artículo 21 constitucional como la encargada de la investigación y persecución de los delitos, aquella informó al declarante de las penas a que se hacen acreedores las personas que declaran faltando a la verdad, tal y como lo establece el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (lo que no permitía dudar de la veracidad de la información que proporcionaba), resulta incuestionable que cuando el sujeto activo de manera voluntaria y consciente decidió verter su testimonio apartándose de la verdad, no se actualizó el error de prohibición en su favor, pues previamente se le hizo de su conocimiento las consecuencias jurídicas que ello implicaría.

"Por lo expuesto es que no se comparte lo expuesto por el Décimo Tribunal Colegiado de referencia y no se aplica a favor del quejoso de mérito la jurisprudencia analizada por las razones expuestas y porque tampoco este Tribunal Colegiado está obligado a acatarla.

"En otro aspecto, no asiste razón al peticionario de amparo al señalar que el tribunal de alzada sólo le debió imponer como pena una multa, acorde con lo preceptuado en los artículos 83, párrafo segundo, y 314 del código sustantivo penal, dado que se retractó de su declaración espontáneamente, como se constata del testimonio de los policías remitentes, porque contrario a lo manifestado por el quejoso, de autos no se evidencia que se hubiera retractado de sus declaraciones falsas de manera voluntaria, tal y como lo establece el precepto invocado en segundo término, sino que derivó de la denuncia formulada por los agentes judiciales ... y ..., quienes con motivo de la investigación de los hechos, a su vez denunciados por el ahora impetrante de amparo por el delito de robo, después de entrevistar a este último, fue que no pudo sostener su primigenia versión, pues los citados elementos policiacos se trasladaron al sitio que éste refirió, sin embargo, al cuestionarlo no pudo describir el ‘lugar exacto’ donde ocurrió el evento delictivo; asimismo, se percataron que la conducta del justiciable era ‘titubeante’; motivo por el cual, uno de ellos se comunicó con la compañía telefónica ‘Nextel’, donde le informaron, que el hoy solicitante del amparo con anterioridad había reportado el extravío de su aparato de comunicación; en consecuencia, lo dejaron a disposición de la autoridad investigadora y confesó que los hechos relativos al robo eran falsos, pues denunció los hechos con el objeto que el ‘seguro’ le proporcionara otro equipo de comunicación.

"Por lo tanto, no le resulta aplicable el citado numeral 314 que establece la penalidad para el caso de que el agente se retracte espontáneamente de sus declaraciones falsas, antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, pues como se indicó, su retractación no fue de manera espontánea; además, se itera, la conducta típica no la realizó bajo un error de prohibición vencible, por lo tanto, tampoco le es aplicable el artículo 83 del invocado cuerpo de leyes."

Las consideraciones transcritas originaron el criterio aislado que contiene los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIX, febrero de 2009

"Tesis: I.2o.P.169 P

"Página: 1884

"ERROR DE PROHIBICIÓN. LA APLICACIÓN DE SUS SUPUESTOS TRATÁNDOSE DEL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 29, fracción VIII, del Código Penal para el Distrito Federal, contempla que el delito se excluye cuando la acción o la omisión se realicen bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque: a) el sujeto desconoce la existencia de la ley o el alcance de la misma o b) porque cree que está justificada su conducta; el primero consiste en el llamado error de prohibición directo, mientras que el segundo es conocido como error de prohibición indirecto; ahora bien, el que recae sobre la existencia de la norma se presenta cuando el autor se representa que no actúa antijurídicamente y también cuando ni siquiera ha reflexionado sobre tal aspecto; a su vez, en el relativo a su alcance puede afirmarse que el sujeto activo sí conoce la prohibición pero considera que por diversos aspectos no es aplicable, por lo que ignora que ha lesionado una norma jurídica obligatoria; mientras que en el supuesto de error indirecto se contempla que el autor conoce la norma jurídica, pero cree que su comportamiento se encuentra justificado. Tales errores de ser invencibles eliminan el segundo componente de la culpabilidad que es el conocimiento de la antijuridicidad y con ello se excluye el delito, mientras que si son vencibles, su consecuencia es una sanción atenuada. Bajo tal panorama, si el sujeto activo previo a denunciar la comisión de un hecho delictivo que afirma se cometió es protestado para conducirse con verdad y se le hacen saber las penas en las que incurren los falsos declarantes, resulta incuestionable que no se halla en ninguno de los supuestos de error de prohibición, si inmediatamente después de ese conocimiento declara falsamente.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Amparo directo 416/2008. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Ricardo Delgado Quiroz."

B) Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció de los asuntos que a continuación se indican:

a) Juicio de amparo directo 1200/2002, del que destacan los siguientes antecedentes:

i) La quejosa del asunto en cuestión denunció el robo de un teléfono celular. Durante la entrevista que sostuvo la quejosa con elementos de la policía judicial, expresó que su declaración era falsa, ya que en realidad no le habían robado el teléfono celular, pero que para hacer valer su seguro tenía que denunciar el robo indicado.

ii) Por lo anterior, se puso a la quejosa a disposición del agente del Ministerio Público, se inició la averiguación previa correspondiente, y el Juzgador que conoció del asunto determinó que se acreditó el cuerpo del delito así como la responsabilidad penal de la quejosa en la comisión del delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, previsto en el artículo 247, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal,(1) vigente en la época de los hechos -abril de dos mil uno-.

iii) Circunstancia que fue confirmada por el Tribunal de alzada, por lo que en contra de tal determinación la quejosa interpuso demanda de amparo directo, de la que por razón de turno conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y determinó en suplencia de la queja, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, lo siguiente:

"... Empero, la ad quem, actuó incorrectamente al tener por acreditada la responsabilidad penal de la quejosa en términos del artículo 122, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en relación con el 13, fracción II, del código punitivo local, porque si bien la Sala responsable estimó que de los medios de prueba existentes quedó demostrado la autoría y el actuar doloso de la peticionaria de garantías y además que no existía acreditada en su favor alguna causa que pudiera excluir el delito, conforme a lo previsto en las fracciones I a VII del artículo 15 de la ley sustantiva penal.

"Sin embargo, existe evidencia a favor de la promovente de que actuó bajo la hipótesis de un error de prohibición vencible previsto en la fracción VIII, inciso b), del citado artículo que dice:

"‘Artículo 15. El delito se excluye cuando: ... Fracción VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible: b) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Si los errores a los que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 66 de este código; ...’

"Lo anterior es así, ya que en la especie, la quejosa realizó la acción bajo un error vencible, respecto del alcance de la ley, ya que la propia quejosa manifestó que:

"‘cuando habló a la compañía ..., para reportar el robo, que dicha compañía le puso como condición para reponerle el celular ..., que «tenía» que hacer una denuncia en la que «debía» manifestar que el robo del aludido teléfono había sido con violencia, que la quejosa nunca actuó con dolo o mala fe, sino por ignorancia, pensando que se trataba de un simple trámite administrativo, para reponer el teléfono que le habían robado a su hermano; que nunca procedió con la intención de cometer un delito o causar perjuicio a alguien, que en cuanto pasó ante la Ministerio Público únicamente le dijeron que iba a declarar la persona dueña del teléfono.’

"Así pues, de lo declarado por la quejosa se advierte que el personal de la compañía ... le hizo a la misma creer que con una ‘simple denuncia’ de robo con violencia, recuperaría su teléfono, a lo cual ella dio crédito pues según su propio dicho, creyó que sólo estaba haciendo un trámite para la recuperación de su aludido teléfono, y por ello no dudó en ir a levantar una denuncia en la que si bien falseó los hechos en sus elementos esenciales, empero lo hizo, sin malicia pensando que su conducta no era antijurídica; error que desde luego era vencible, por que bastaba un poco de cuidado y una reflexión madura para que la quejosa se percatara de los alcances legales que podía tener en testificar con falsedad.

"Sin embargo, al no reflexionar sobre los alcances de la ley, actuó bajo un error vencible y por ello, al individualizar las sanciones debió aplicar la ad quem lo establecido en el aludido artículo 66 parte final, del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que al no hacerlo así agravió a la quejosa. Y por ello debe concederse la protección de la Justicia Federal.

"‘Artículo 66. En caso de que el error a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización. Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de dicha fracción, la pena de hasta una tercera parte del delito que se trate.’

"En esa tesitura, lo procedente será conceder el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada, para que manteniendo la Sala responsable los demás aspectos de su sentencia reclamada, sin variación del grado de culpabilidad de la quejosa, le imponga las sanciones correspondientes, apoyándose para ello en lo que dispone el numeral 66, parte in fine, del Código Penal para el Distrito Federal.

"Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados del Juez Quincuagésimo Segundo Penal del Distrito Federal, como ejecutora. ...".

Consideraciones similares sostuvo el referido Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo penal 1480/2002, el cual también se apoyó en la legislación penal para el Distrito Federal actualmente abrogada.

Por otro lado, el referido Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio al resolver los juicios de amparo directo 3510/2002, 520/2004, 1200/2004 y 3270/2006; sin embargo, aplicó la legislación penal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de julio de dos mil dos.

La reiteración de las consideraciones del Tribunal Colegiado en los asuntos de su conocimiento originó la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, julio de 2004

"Tesis: I.10o.P. J/3

"Página: 1407

"DELITO COMETIDO BAJO ERROR VENCIBLE. PENA APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Cuando el sujeto activo del delito de falsedad en declaraciones rendidas ante autoridad en ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado por el artículo 247, fracción I, del abrogado Código Penal para el Distrito Federal, ante el Ministerio Público, inicialmente aduce que fue objeto del delito de robo con violencia de su teléfono celular, pero posteriormente del contenido de las diversas constancias procesales se infiere que el citado teléfono celular no fue robado, sino que lo olvidó o perdió en algún lugar, y que denunció el robo con la finalidad de que el objeto de referencia fuera repuesto por la empresa de telefonía celular, resulta inconcuso que el quejoso, por no reflexionar sobre los alcances de la ley, actuó bajo un error de prohibición vencible, previsto en la fracción VIII, inciso b), del artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal (hoy artículo 29 del nuevo código sustantivo); en consecuencia, la autoridad responsable, al individualizar las sanciones, debe punir con la pena atenuada prevista en la parte final del artículo 66 del Código Penal para el Distrito Federal (hoy 83 del Nuevo Código Penal)."

Este criterio jurisprudencial lo aplicó el referido órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo 58/2008-I.

Finalmente, en los autos de la presente contradicción de tesis consta copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 17/2009-III, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; sin embargo, no se transcribirá su contenido ni será materia de análisis, pues si bien en la ejecutoria se aplicó el criterio jurisprudencial de rubro: "DELITO COMETIDO BAJO ERROR VENCIBLE. PENA APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", no se advierte que los motivos de hecho guarden similitud con el resto de los precedentes ya citados. En efecto, el asunto referido versa sobre la actualización del delito de retención de menores previsto en el artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal y no el diverso delito de falsedad en declaraciones a que nos hemos venido refiriendo a lo largo de este considerando.

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21924-654b4ce1/error-de-prohibicion-no-se-actualiza-tratandose-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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