ROBO CONTRA TRANSEÚNTE. LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR TRANSITORIAMENTE O PASA POR ÉL, Y NO CUANDO ESTÁ DONDE DESARROLLA SU JORNADA LABORAL, AUNQUE SE TRATE DE UN ESPACIO ABIERTO QUE PERMITA EL ACCESO AL PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en lo que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. Los denunciantes Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se encuentran legitimados, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda, se sustentó en un amparo directo penal de su índice.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"... .
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis aisladas números CXXXV/2009 y CXXXVI/2009, aprobadas por esta Primera Sala, pendientes de publicación, que, respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA(2). Tomando en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO(3). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, determinó interrumpir la jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis del contenido de los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, es decir, la producción de seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis deben analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo penal ********** en lo que interesa, son las siguientes:
Amparo directo penal **********.
"... este Tribunal Colegiado advierte que el quinto concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo, en el que se aduce que la sentencia definitiva reclamada es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, en la parte relativa al acreditamiento de la calificativa de transeúnte, prevista en la fracción IX del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, es esencialmente fundado, y suplido en la deficiencia de su expresión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, para los efectos que se precisan en la presente ejecutoria.
"...
"En el caso en concreto la Sala responsable, acorde a la acusación formulada por el Ministerio Público, al dictar el acto reclamado, también resolvió tener por acreditada la calificativa contenida en el artículo 224, párrafo primero y fracción IX (hipótesis de comisión contra transeúnte), del Código Penal para el Distrito Federal, para matizar el ilícito de robo, que tuvo por demostrado, y cuya responsabilidad penal atribuyó al demandante de amparo **********.
"Pronunciamiento que es violatorio de la garantía de legalidad, relativa al principio de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, porque en la especie no se actualiza dicha circunstancia modificativa del tipo penal básico.
"Análisis en el que no se soslaya que el demandante de amparo estima que el acreditamiento de la agravante es ‘inconstitucional’; expresión de la que no se advierte el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma penal, porque no se precisa la disposición constitucional con la que se contrapone; lo que determina que el reclamó se vincula con la legalidad en la aplicación del dispositivo legal que describe la circunstancia agravante.
"Aunado a lo anterior, cabe resaltar que acorde al principio de mayor beneficio en materia penal, el análisis de legalidad se torna prevaleciente frente al reclamo de inconstitucionalidad de la norma aplicada, cuando el concepto de violación que al respecto se realiza se advierte que es fundado y el alcance de la protección constitucional representa mayor beneficio para el sentenciado; afirmación que encuentra apoyo en la tesis 1a. LXXXVIII/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos sesenta y seis, del Tomo XXV, correspondiente a abril de dos mil siete, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente:
"‘PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. DETERMINACIÓN DE LA PREEMINENCIA EN EL ESTUDIO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO Y CUÁL DE ELLOS, DE RESULTAR FUNDADO, SE TRADUCE EN UN MAYOR BENEFICIO JURÍDICO PARA EL QUEJOSO.’ (la transcribe).
"Ahora bien, con la finalidad de sustentar la inexacta aplicación de la ley penal, en que incurrió la autoridad responsable ordenadora, se estima pertinente destacar el contenido de la norma penal que describe el tipo penal subordinado que contiene la calificativa en comento, el cual es del tenor siguiente:
"‘Artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este código, se impondrán de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
"‘...
"‘IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso al público.’
"Del análisis del anterior dispositivo legal, se desprende la previsión de la circunstancia agravante del delito de robo, se actualiza cuando la acción típica de apoderamiento se perpetra contra una persona física, que se ubica en la calidad especial de ‘transeúnte’; expresión esta última que al mismo tiempo constituye un elemento normativo de valoración jurídica, cuya conceptualización es aportada por el legislador, al conferirle dicha calidad a la persona que se encuentre en la vía pública o en un espacio abierto que permita el acceso al público.
"En la especie, para tener por acreditada la calificativa de comisión contra transeúnte, la autoridad responsable ordenadora se sustentó en las razones siguientes: a) el apoderamiento ilícito se perpetró cuando el denunciante **********, estaba en el interior del ‘**********’, ubicado en la calle **********, **********, ********** y b) se trata de un lugar considerado como espacio abierto que permite el acceso al público.
"Afirmaciones de la autoridad responsable que evidentemente constituyen una violación al principio de exacta aplicación de la ley penal; pues no debe soslayarse que la conformación de los tipos cualificados, obedecen a circunstancias determinadas por el legislador que incrementan el reproche de la conducta ilícita; de tal manera que obedecen a factores de vulnerabilidad social o reincidencia de la forma de comisión del delito.
"Así, existen circunstancias agravantes que se actualizan de acuerdo a los medios comisivos empleados para perpetrar el delito, como acontece en el caso de la violencia física o moral; también, aquéllos que atienden al lugar en que se suscita el hecho ilícito, por ejemplo tratándose de un lugar habitado, cerrado, en despoblado, oficina bancaria, etcétera; además, con relación al bien materia de apoderamiento, como los vehículos automotrices o partes de éstos; así como, los que atienden a la calidad de los sujetos, dependientes de establecimientos comerciales, miembro de algún cuerpo de seguridad, contra transeúnte, entre otros.
"En este orden de ideas, al tenor de la interpretación sistemática del artículo 224, párrafo primero y fracción IX, del Código Penal para el Distrito Federal, la agravante de transeúnte, constituye una circunstancia que satisface el sujeto pasivo al momento de cometerse el delito de robo, siempre que se encuentre en la vía pública o en un espacio abierto al que tenga acceso el público, en forma transitoria; vocablo cuya definición conductual no obedece solamente al tiempo precario en que permanece la persona en un lugar, sino que su estancia sea únicamente de paso y no de permanencia, tal como lo establece el Diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, cuando el ilícito se comete en un inmueble comercial, que en atención a la actividad mercantil que en el mismo se realiza, constituya un espacio abierto al que tiene libre acceso el público y la víctima es un dependiente que desempeña una jornada laboral en dicho establecimiento, es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, estimar actualizada la circunstancia agravante de transeúnte, porque la estancia del sujeto pasivo en el establecimiento comercial de ninguna manera es precaria, sino que obedece a la actividad laboral que desempeña en ese lugar, durante un determinado horario.
"En atención a los presupuestos establecidos, es evidente que no asiste razón a la autoridad responsable al señalar que el denunciante ********** quien resintió como víctima la comisión del delito, tenía la calidad de transeúnte.
"Lo anterior es así, porque la citada víctima no estaba en el negocio donde se perpetró el hecho típico en forma transitoria, sino que estaba sujeta a un horario de labores, ya que se desempeñaba como empleado; circunstancia que de ninguna manera implica que su estancia fuera de paso, pues debía permanecer en ese lugar por ser el destinado para el desempeño de su trabajo, durante la jornada laboral; lo que desvirtúa la característica de precariedad, requerida para el acreditamiento de la agravante de transeúnte en espacio abierto con libre acceso al público.
"...
"En orden a lo expuesto, queda claro lo desacertado de la afirmación de la autoridad responsable, al afirmar que el apoderamiento ilícito se perpetró por el sujeto activo, contra transeúnte en un espacio abierto que permita el acceso al público; porque como se ha especificado, tal circunstancia no se acredita en la especie, pues la víctima no estaba en la negociación, en donde sucedieron los hechos, en forma transitoria, pues permanecía en ella temporalmente durante el transcurso de la jornada laboral que desarrollaba en el mismo.
"Consecuentemente, el hecho de que la autoridad responsable, al dictar el acto reclamado, haya resuelto tener por acreditada la calificativa de comisión contra transeúnte, prevista en el artículo 224, párrafo primero y fracción IX, del Código Penal para el Distrito Federal; determina que el acto reclamado es violatorio de garantías, por la aplicación inexacta de la ley penal, al tenerse por demostrada una hipótesis normativa que no se actualiza en la especie. De ahí que resulte procedente conceder al impetrante de amparo ..., la protección constitucional que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable elimine el acreditamiento de la circunstancia agravante en comento ..."
Dicho asunto, originó la emisión de la tesis aislada, cuyos rubro y texto a la letra dicen:
"ROBO CONTRA TRANSEÚNTE. NO SE ACTUALIZA DICHA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EL DELITO SE COMETE CONTRA UN DEPENDIENTE QUE DESEMPEÑA UNA JORNADA LABORAL EN UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONSIDERADO COMO ESPACIO ABIERTO CON LIBRE ACCESO AL PÚBLICO(4). La agravante de transeúnte prevista en la fracción IX del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal constituye una circunstancia que satisface el sujeto pasivo al momento de cometerse el delito de robo, siempre que se encuentre en la vía pública o en un espacio abierto al que tenga acceso el público en forma transitoria; vocablo este último cuya definición conductual no obedece solamente al tiempo precario en que permanece la persona en un lugar, sino que su estancia sea únicamente de paso y no de permanencia, tal como lo establece el Diccionario de la Real Academia Española. Por tanto, cuando el ilícito se comete en un inmueble comercial, que en atención a la actividad mercantil que en él se realiza constituya un espacio abierto al que tiene libre acceso el público, pero la víctima es un dependiente que desempeña una jornada laboral en dicho establecimiento, resulta violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley penal, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estimar actualizada la circunstancia agravante de transeúnte, porque su estancia en dicho establecimiento comercial no es precaria, sino que obedece a la actividad laboral que desempeña en ese lugar durante un determinado horario."
El citado Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos ********** y ********** sostuvo el mismo criterio.
II. Las consideraciones del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -denunciante- al resolver el juicio de amparo directo ********** en lo que interesa, son las siguientes:
Amparo directo penal **********.
"QUINTO. Este tribunal estima que los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, por las siguientes consideraciones.
"En suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional entra al análisis de los preceptos constitucionales referidos por el quejoso y de los elementos del delito que se le imputa.
"Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 26/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo 2008, página 242, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.’ (la transcribe).
"...
"La Magistrada María Esperanza Rico Macías, integrante de la Sala ad quem, al emitir en la resolución que constituye el acto reclamado, voto particular en los términos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria, en síntesis consideró, que en relación con el delito de robo consumado cometido en agravio de ********** en ésta no se actualizó el carácter de transeúnte, en virtud que no transitaba pasajeramente por el lugar, sino que radicaba temporalmente en el lugar de los hechos, ya que tiene un establecimiento fijo dedicado a la venta de quesadillas que requiere permanencia en el lugar por determinado tiempo y que de acuerdo con el Diccionario Nuevo Pequeño Larousse, transeúnte se define como: ‘pasajero que pasa. Calle llena de transeúntes, transitorio, pasadero’.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito considera al respecto, que contrario a lo señalado por la mencionada Magistrada integrante de la Sala responsable en su voto minoritario, la calificativa de transeúnte respecto de la ofendida ********** se actualiza en el caso, porque el robo fue perpetrado contra ésta cuando se encontraba desarrollando sus labores de cocinera, acompañada de su empleada ********** en la negociación ubicada en el ********** de la **********, **********, **********, que por encontrarse destinado a la venta de ‘quesadillas’, constituye un espacio abierto que permite el libre acceso al público, tan es así, que el quejoso ********** y los otros dos sujetos que lo acompañaban ingresaron a dicho negocio en persecución de ********** sin que se les impidiera el acceso.
"Se afirma lo anterior, toda vez que si bien, existen diferentes acepciones culturales del vocablo transeúnte como el que cita la mencionada Magistrada de la Sala ad quem, también lo es que, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cuatro de junio de dos mil cuatro, se adicionó al entonces Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la definición legislativa de la calificativa de transeúnte, que se encontraba prevista en la mencionada fracción, para quedar como sigue:
"‘Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este código se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
"‘...
"‘IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público.’
"Advirtiéndose del proceso legislativo que concluyó con la modificación del dispositivo, que la finalidad de la citada reforma fue ‘clarificar el concepto de transeúnte y proporcionar a los jueces mayores elementos para emitir sentencias que sancionen con mayor efectividad los delitos ...’, ya que al ser el robo a transeúnte uno de los delitos que con mayor frecuencia se cometen en esta ciudad se estimó necesario ‘que este tipo penal pueda tener características más ambiciosas para que los delincuentes puedan ser sancionados ante el juzgador’.
"De lo anterior se colige, que la intención del legislador fue punir el alto índice de robos cometidos en la vía pública y en los espacios abiertos de acceso público, mediante la aplicación de tal calificativa cuya calidad de transeúnte se adquiere de dos formas: la primera, cuando la víctima se encuentra en la vía pública, sin establecer que esa estancia, sea estática o en movimiento, sin embargo, ha sido criterio reiterado de los órganos colegiados de circuito de este Primer Circuito, que ese supuesto se acredita desde el momento en que el pasivo del ilícito se ubica en un lugar de libre tránsito, es decir, en la vía pública, con independencia de que se encuentre en movimiento o estático, en virtud de que el legislador no circunscribió dicha agravante a que el pasivo debía estar en movimiento, es decir, deambulando, caminando o transitando, y, el segundo, desde el momento en que el pasivo del delito se encuentra en un lugar abierto que permita el acceso público, como acontece en la especie, en donde la ofendida del delito en el momento de los hechos, se encontraba en el negocio dedicado a la venta de ‘quesadillas’ antes precisado; por lo que es evidente que en el caso, se actualiza el supuesto jurídico de transeúnte en la segunda hipótesis, lo anterior, con independencia de que la estancia de la víctima en ese lugar sea de manera precaria, transitoria, de paso, temporal, o bien, de manera permanente; pues se reitera, al incorporar la fracción IX, del artículo 224, del Código Penal para el Distrito Federal, la definición legal de lo que debe entenderse por transeúnte, basta con que la víctima del delito en la hipótesis que nos ocupa, se encuentre en un espacio abierto de acceso público para que se configure.
"Lo anterior es así, pues el legislador al incorporar la definición de transeúnte en la fracción IX del artículo 224, antes citado, no hizo distinción alguna en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22040-ef593d3a/robo-contra-transeunte-la-agravante-prevista-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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