AMPARO DIRECTO. CUANDO EL SENTENCIADO LO PROMUEVE EN VISTA DE QUE LA SALA INCREMENTA LA PENA O MODIFICA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, A RAÍZ DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ÚNICAMENTE APELÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTO A ESTOS TEMAS, LA LITIS EN EL AMPARO SE CONSTRIÑE EXCLUSIVAMENTE A ESTOS ASPECTOS, SIN QUE PUEDA CONCEDERSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN FAVOR DEL SENTENCIADO PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA ANALICE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 444/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios anunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de abril de dos mil nueve, el amparo directo 39/2009, estimó (fojas 27 a 35 -voto concurrente fojas 35 a 46- de la contradicción):
"SEXTO. Son inoperantes los motivos de disenso. En efecto, en atención a que la materia de estudio en esta ejecutoria se limita a los aspectos que generaron un incremento en las penas impuestas al justiciable, todos los conceptos de violación aducidos que se refieren a cuestiones vinculadas con las formalidades del procedimiento, el auto de formal prisión, omisiones de su defensa durante la primera instancia, el estudio de los aspectos que condujeron a la comprobación del cuerpo de los delitos y la responsabilidad penal de aquél en su comisión, son cuestiones respecto de las que no puede existir pronunciamiento porque fueron consentidas ante la falta de interposición del recurso correspondiente. En ese sentido, porque se comparte, se invoca la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que puede verse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, octubre de dos mil ocho, página dos mil trescientos cuarenta y uno, con el rubro y contenido siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEFICACES. LOS SON AQUELLOS QUE IMPUGNAN CONSIDERACIONES QUE EL REO CONSINTIÓ DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL) Y SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO) ...’ (se transcribe). Ahora bien, es conveniente puntualizar los hechos por los cuales se estimó penalmente responsable al impetrante del amparo, los que se hicieron consistir en lo siguiente: En primer término, que actuando conjunta y dolosamente, el dieciocho de marzo del año precedente, aproximadamente a las veintiuna horas con quince minutos, en el Circuito Interior, a la altura de la **********, de esta ciudad, cuando ********** se encontraba en el vehículo **********, placas de circulación **********, el quejoso junto con otro sujeto, se acercaron y mientras el otro individuo golpeó la ventanilla del lado del copiloto en dos ocasiones y con ello rompió el cristal; posteriormente tomó su bolsa roja al tiempo que le pidió ‘todo lo que traía’, en respuesta ella le indicó que todo estaba ahí; mientras ello ocurría, el quejoso sacó un arma con la que le apuntó a la altura de la cabeza y se apoderó de una maleta rosa de lona que estaba en el asiento posterior; ulteriormente, corrieron en contraflujo; por lo que de esa forma se apoderaron (conducta) de la maleta rosa de lona, la bolsa que contenía una cartera azul con doscientos pesos, tres tarjetas bancarias y un ipod rosa (objetos materiales), propiedad de esa pasivo; lo que realizaron con el fin de ingresarlos a su patrimonio y disponer de ellos (ánimo de apropiación, elemento subjetivo), sin el consentimiento de aquélla, puesto que nunca los autorizó para actuar de esa forma y sin derecho que fundara su acción (elementos normativos), en atención a que no actuaron amparados por mandato legal alguno o circunstancia que los legitimara; para ello, fue determinante que el justiciable sacó un arma con la que le apuntó a la altura de la cabeza a la pasivo aludida, razón por la cual se vio constreñida a permitir la conducta ilícita, aspecto que constituye el medio comisivo empleado por el solicitante del amparo y el otro agente del antijurídico, que constituyó la circunstancia calificativa de cuando el robo se cometa con violencia moral, lo que resultó eficiente para que de esa forma se apoderara de esos bienes; adicionalmente, se destaca que se comprobó el supuesto normativo a que se refiere la agravante de cuando el robo se cometa encontrándose la víctima en vehículo particular, en atención a que al momento de realización de la conducta en estudio ********** se encontraba en la unidad motriz de referencia; así se lesionó el bien jurídicamente tutelado por la norma, que en el caso fue el patrimonio de la particular en comento, existiendo un nexo de causalidad entre el resultado material, que se produjo en virtud del cambio físico que sufrieron los bienes de marras, al ser desplazados del lugar en que estaban y pasaron a la esfera de dominio de los agentes del ilícito, al momento en que huyeron con ellos y la afectación del bien jurídico tutelado atinente al patrimonio, ya que de no haber actuado en la forma en que lo hizo el solicitante de la protección constitucional y su acompañante, no se hubiera lesionado ese bien; además que tenían la intención de apoderarse de éstos se desprende de la forma en que actuaron; debe indicarse que los objetos multialudidos son cosas ajenas muebles, ya que le pertenecían a **********, por lo que no eran del impetrante de garantías; en estos términos ajustó con ello, su proceder a título de dolo y en calidad de coautor material, en la comisión del ilícito precisado, como lo prevé el precepto 22, fracción II (hipótesis quienes lo realicen conjuntamente con otro), en relación con el 18, párrafo segundo (hipótesis de obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere la realización), del código punitivo para esta ciudad. El segundo hecho fue que actuando conjunta y dolosamente, el quejoso junto con otros dos sujetos, en esa propia data, alrededor de las veintiuna horas con cuarenta minutos, en el Circuito Interior, a la altura de **********, de esta ciudad, cuando ********** se encontraba en el vehículo **********, el impetrante del amparo golpeó el cristal de la ventana del copiloto con un tubo hasta que lo rompió, abrió la puerta y tomó la bolsa café y la mochila negro con rosa de su acompañante; a ella le pidió su teléfono celular **********, modelo doscientos dos, el que entregó, lo cual realizó por temor a que le hiciera daño, mientras tanto otro sujeto se pasó del lado del piloto e intentó abrir la puerta al tiempo que gritaba que le diera todo lo que traía; en respuesta ella le comentó que ya había dado su teléfono; y, el restante individuo estuvo echando ‘aguas’ a los anteriores; le quitaron las llaves del auto y las tiraron en el tapete; por lo que de esa forma se apoderaron (conducta) del teléfono **********, modelo doscientos dos, que era de **********, así como de la mochila negra con rosa, la bolsa café en que llevaba dos collares de plata, una pulsera, un portacelular con el teléfono, un reloj **********, la suma de **********, tres tarjetas bancarias y un monedero rojo con **********, que le pertenecían a la restante ofendida (objetos materiales), propiedad de esas pasivos; lo que realizaron con el fin de ingresarlos a su patrimonio y disponer de ellos (ánimo de apropiación, elemento subjetivo), sin el consentimiento de aquéllas, puesto que nunca los autorizaron para actuar de esa forma y sin derecho que fundara su acción (elementos normativos), en atención a que no actuaron amparados por mandato legal alguno o circunstancia que los legitimara; se destaca que se comprobó el supuesto normativo a que se refiere la agravante de cuando el robo se cometa encontrándose la víctima en vehículo particular, en atención a que al momento de realización de la conducta en estudio las ofendidas se encontraban en la unidad motriz de referencia; además, el ilícito fue cometido en común por tres personas reunidas ocasionalmente, como lo fueron el promovente del amparo y los otros dos sujetos que conjuntamente intervinieron en la realización del apoderamiento en la forma descrita, pero sin que se evidencie que estuvieran organizados con fines delictivos específicamente (pandilla); así se lesionó el bien jurídicamente tutelado por la norma, que en el caso fue el patrimonio de las particulares en comento, existiendo un nexo de causalidad entre el resultado material, que se produjo en virtud del cambio físico que sufrieron los bienes de marras, al ser desplazados del lugar en que estaban y pasaron a la esfera de dominio de los agentes del ilícito, al momento en que huyeron con ellos y la afectación del bien jurídico tutelado atinente al patrimonio, ya que de no haber actuado en la forma en que lo hizo el solicitante de la protección constitucional y su acompañante, no se hubiera lesionado ese bien; además que tenían la intención de apoderarse de éstos se desprende de la forma en que actuaron; debe indicarse que los objetos multialudidos son cosas ajenas muebles, ya que le pertenecían a ********** en los términos expuestos, por lo que no eran del impetrante de garantías; en estos términos ajustó con ello, su proceder a título de dolo y en calidad de coautor material, en la comisión del ilícito precisado, como lo prevé el precepto 22, fracción II (hipótesis quienes lo realicen conjuntamente con otro), en relación con el 18, párrafo segundo (hipótesis de obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere la realización), del código punitivo para esta ciudad. Precisado lo anterior y en atención a que el promovente de la acción constitucional no expresó motivos de disenso en relación con el incremento de la individualización de las sanciones impuestas, lo que comprende la materia sujeta a estudio en esta ejecutoria; en tales condiciones, este Tribunal Colegiado procederá al estudio de esas cuestiones. Debe decirse que el tribunal de alzada atendió lo establecido en los artículos 70 y 72, ambos del Código Penal para el Distrito Federal y en cuanto a la determinación de las penas impuestas al amparista, fue correcto que para esos efectos la Sala responsable haya realizado la cuantificación de aquéllas con base en los siguientes límites: En lo que atañe al primero de los ilícitos cometidos, por cuanto corresponde a la forma básica, la cuantificación se efectuó con base en lo previsto en el numeral 220, fracción II, de la ley citada, que prevé de seis meses a dos años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días multa, y para ello estimó el monto a que ascendió ese robo, puesto que acertadamente ponderó el tribunal de segunda instancia, que el apoderamiento recayó en bienes que hicieron un total de un mil ciento noventa pesos, suma que no excedía de quince mil setecientos setenta y siete pesos, que correspondía a trescientas veces el salario mínimo vigente en el momento de comisión del antijurídico en estudio, que era de cincuenta y dos pesos con cincuenta y nueve centavos, por lo que lo procedente fue atender a la fracción aludida. También fue apegado a la legalidad que en lo que atañe a las dos calificativas que concurrieron, se ponderaron los párrafos iniciales de los preceptos 224 y 225 del Código Penal para el Distrito Federal, que precisa como parámetros de dos a seis años de prisión. En lo que respecta al segundo de los antijurídicos cometidos, por cuanto corresponde a la forma básica, la cuantificación se efectuó también con base en lo previsto en el numeral 220, fracción II, de la ley de referencia, cuyos parámetros ya fueron señalados y para ello estimó el monto a que ascendió ese robo, puesto que acertadamente ponderó el tribunal de alzada, que el apoderamiento recayó en bienes que tenían un valor de ocho mil setecientos sesenta pesos, suma que no excedía de quince mil setecientos setenta y siete pesos, que correspondía a trescientas veces el salario mínimo vigente aludido, por lo que de forma similar fue correcto que se atendió a la fracción citada. De igual manera fue apegado a la legalidad que en lo que atañe a la calificativa prevista en la fracción III del arábigo 224, del código en comento, se ponderó el párrafo inicial de ese precepto, que precisa como parámetros de dos a seis años de reclusión. Finalmente, en lo que corresponde a la agravante a que se refiere el ordinal 252 párrafo segundo, de la ley en cita, se incrementaran en una mitad los límites punitivos del delito básico, con base en el párrafo primero del primero de los artículos indicados. Asimismo, el tribunal de apelación ponderó que estaba en presencia de un concurso real de delitos, ya que con dos acciones se cometieron dos afectaciones a bienes jurídicos, por lo que para en ejercicio de la facultad que le atribuye el dispositivo 79, párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal, sólo impuso las sanciones vinculadas con el primero de los antijurídicos en comento, por ser el de mayor entidad punitiva. Se advierte que la Sala responsable en el capítulo correspondiente a las penas, ponderó las siguientes circunstancias particulares del antijurídico: la naturaleza de las acciones las estimó dolosas; la magnitud del daño a los bienes jurídicos tutelados fue de mediana entidad, al considerar el detrimento patrimonial causado a las ofendidas; en cuanto a los medios empleados, resaltó que los agentes del delito se aprovecharon de que las pasivos estaban detenidas en sus automotores con motivo de los semáforos; en cuanto a las circunstancias exteriores de ejecución de los delitos de mérito, aludió a las destacadas en esta ejecutoria; la forma de intervención del justiciable fue en calidad de coautor material, en términos de la fracción II del artículo 22 del código sustantivo indicado; el motivo que lo llevó a delinquir fue el hacerse de un beneficio económico sin el justo trabajo; no existía vínculo del parentesco, amistad o relación entre el justiciable y las denunciantes; el ilícito no requería de calidades en los sujetos activos y pasivos. En lo que corresponde a las circunstancias personales del peticionario del amparo, detalló que tenía veinticuatro años de edad, con instrucción secundaria, chofer, con ingresos de mil pesos a la semana, soltero, católico, su tiempo libre lo dedicaba a estar con su hija, sí fuma cigarrillos de marca comercial, no era adicto a drogas, enervantes o estupefacientes, no ingería bebidas embriagantes, con domicilio particular en segunda cerrada de **********, delegación Cuajimalpa, sin tatuajes ni apodo, de su estudio de personalidad se desprende que era una persona que demostraba ser indiferente, afectivo, mantiene interacción con grupos de riesgo social, minimiza las conductas parasociales, su relación familiar es estable, tiene un inadecuado aprovechamiento de la experiencia, posee un riesgo institucional relativo ya que busca la convivencia social considera un fracaso su permanencia institucional, con riesgo social relativo porque los factores externos negativos pondrán en situaciones de riesgo al individuo, con pronóstico extrainstitucional desfavorable ya que no mide las consecuencias de sus actos, busca la satisfacción personal, tiene un aprovechamiento inadecuado de la experiencia, busca adecuar sus problemas para justificarse. Aspectos que en su conjunto, llevaron al tribunal de apelación legalmente a concluir, atendiendo a los agravios del Ministerio Público, que el grado de culpabilidad del quejoso en la comisión del ilícito fue ‘equidistante de la equidistante entre la mínima y la media, esto es 1/8 del mínimo y máximo’. SÉPTIMO. En suplencia de la queja deficiente, en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, concluye que existen las siguientes violaciones de garantías individuales contra el quejoso: En la sentencia reclamada, se precisó que el grado de culpabilidad del amparista era ‘equidistante de la equidistante entre la mínima y la media, esto es 1/8 del mínimo y máximo’; no obstante tal afirmación impuso las siguientes sanciones: Por el ilícito básico de robo, diez meses quince días de prisión y ochenta y dos días multa; adicionalmente, por cada una de las circunstancias calificativas le impuso tres años de la primera de esas sanciones, en total lo condenó a seis años diez meses quince días de reclusión y ochenta y dos días de sanción pecuniaria, lo que no resultó congruente con el grado de culpabilidad que le estimó y con los preceptos que punen dicha figura calificada delictiva, ya que no existe la correspondencia proporcional detallada en el acto reclamado, en atención a que las penas impuestas serían las aplicables si el parámetro hubiera sido equidistante entre el mínimo y el medio (en números partitivos equivalente a 1/4).
"Lo que gráficamente, en el caso de la prisión, sería:
Ver gráfica
"En la especie, debió ponderarse la pena que ejemplificativamente se resalta con el triángulo invertido que está bajo la regla señalada. Tal incorrección tiene efectos tanto en las jornadas de trabajo a favor de la comunidad precisadas como sustitutivas de la sanción pecuniaria, la ponderación en relación con los sustitutivos de la prisión, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas y el plazo de suspensión de los derechos políticos del promovente de la acción constitucional. Adicionalmente se destaca que fue desacertado que señalara a la ‘Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno capitalino’, como la autoridad encargada de designar el sitio en que compurgaría la reclusión, lo que es incorrecto en atención a que ello es atribución de la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno capitalino como se desprende del precepto 41 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en atención a la reforma que se hizo de ese numeral, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de enero del año pasado. Por tal motivo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al peticionario de garantías, a efecto de que la autoridad ordenadora responsable, manteniendo los restantes aspectos de la resolución reclamada, imponga las penas condignas con base en el grado de culpabilidad del amparista que estimó era equidistante entre el mínimo y el intermedio entre el mínimo y el medio, lo que corresponde a 1/8 del mínimo y máximo. Tal adecuación debe reflejarse en la determinación de las jornadas de trabajo a favor de la comunidad precisadas como sustitutivas de la sanción pecuniaria, la ponderación en relación con los sustitutivos de la prisión, el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas, para saber si proceden o no y el plazo de suspensión de los derechos políticos del promovente de la acción penal. Finalmente para que detalle que la autoridad encargada de designar el sitio en que compurgaría la reclusión respectiva, es la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno capitalino. Cabe resaltar al dar cumplimiento a esta ejecutoria, corresponde a la autoridad responsable tomar en cuenta la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, página trescientos uno, tesis 2a., LXVII/2003, que es del tenor literal siguiente: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA RECLAMADOS Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL NUEVO LAUDO O SENTENCIA, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS ...’ (se transcribe). En esas condiciones y no advirtiéndose otra queja que suplir de oficio, lo que procede es conceder al amparista la protección constitucional solicitada para los efectos señalados en este apartado. En atención a que se concedió el amparo y protección al quejoso, se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades responsables, pues son una consecuencia natural del acto declarado inconstitucional, toda vez que no fueron reclamados por vicios propios. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia ochenta y ocho, visible en la página setenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS ...’ (se transcribe).".
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el dieciocho de septiembre de dos mil seis, el amparo directo 2616/2006, consideró, en lo que interesa (parte del considerando quinto -fojas 95 a 111 del cuaderno de esta contradicción de tesis-), lo siguiente:
"... De los anteriores antecedentes, se desprende que pareciera que la materia de la litis en el presente juicio de amparo sería únicamente la sentencia de segunda instancia y, específicamente la negativa de otorgar el beneficio de la condena condicional a que se refiere el artículo 90, del Código Penal Federal, ya que el agente del Ministerio Público de la Federación, fue el único que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, planteando inconformidad únicamente respecto de la concesión de la condena condicional, al considerarse eficaces, sólo se modificó la de primera instancia respecto a la condena condicional, por ser la materia de la apelación, dejándose intocado lo relativo a la demostración de los elementos del delito y la plena responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.
"Sin embargo, lo anterior aun cuando pareciera correcto desde un punto de vista procesal, pues la materia de la litis en la apelación se constriñe a lo que se expone en el recurso por ser el Ministerio Público recurrente, implica también que en el proceso penal instruido contra el quejoso, existan dos sentencias definitivas que regirán su estatus jurídico, una de primera instancia en todo aquello que fue intocado en el recurso de apelación, como es la acreditación del tipo penal y responsabilidad penal y, una parte de la individualización judicial de la pena y, otra de segunda instancia, respecto de una parte de la individualización judicial de las sanciones.
"Ahora bien, en el juicio de amparo directo en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, la materia de estudio lo es la sentencia definitiva, entendiéndose por ésta aquélla que decide el juicio en lo principal, conforme a lo previsto en el artículo 46, de la propia ley.
"Sin embargo, en el caso, la sentencia de segunda instancia no decidió el juicio en lo principal, pues los temas de elementos del tipo penal y responsabilidad penal quedaron intocados y, precisamente éstos son los presupuestos para poder imponer sanciones y pronunciarse con relación a los beneficios de ley, aspecto este último con relación al cual se pronunció la autoridad responsable por ser la materia de la apelación, sin verificar si existió un delito y si éste le era imputable al quejoso.
"En el caso, se reclama la sentencia de segunda instancia y, para efectos del juicio de amparo directo en materia penal no se podría dividir el acto reclamado en dos partes, como si el capítulo de la individualización de la pena (con todos sus efectos y consecuencias y, específicamente la condena condicional), fuera una cuestión que se pudiera desvincular del acto mismo, que lo es la sentencia reclamada, en la cual para arribar a la conclusión de que era procedente imponer una sanción y conceder o no el beneficio de la condena condicional, necesariamente el juzgador debe apoyarse en el presupuesto de que se acreditaron todos y cada uno de los elementos del tipo penal, así como que se demostró la plena responsabilidad, de manera tal, que el capítulo de la individualización de la pena en el que se decide el otorgamiento de la condena condicional, no es una cuestión aislada sino que es producto de los aspectos antes señalados, que si no se acreditan aquéllos, no se podría imponer pena alguna y, de ser procedente, conceder el beneficio de la condena condicional a que se refiere el artículo 90 del Código Penal Federal.
"Resulta aplicable en lo conducente lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CLVIII/2004, publicada en la página 425 del Tomo XXI, correspondiente a enero de 2005 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘PENAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO ESTABLEZCAN, PARA EFECTOS DE SU IMPOSICIÓN, QUE DEBEN ESTAR ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, NO LOS TORNA INCONSTITUCIONALES ...’ (se transcribe).
"También resulta aplicable al respecto, lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en la página 2685 del tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘CUERPO DEL DELITO, LA COMPROBACIÓN DEL, ES LA BASE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y SIN ELLA NO PUEDE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO ...’ (se transcribe).
"Y, lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 2955 del tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘CUERPO DEL DELITO, COMPROBACIÓN DEL ...’ (se transcribe).
"En este sentido, debe estimarse que fragmentar la sentencia penal condenatoria en dos partes para su estudio en el juicio de amparo directo, respecto del capítulo de la individualización judicial de la pena y, específicamente como en la especie, lo referente a la condena condicional, implicaría dividir la continencia de la causa e infringir el principio de unidad que debe guardar toda sentencia.
"Así, se estima que cuando se reclama en amparo directo una sentencia definitiva en materia penal y el quejoso es el reo, por las consideraciones anteriores y además, en aplicación de la figura jurídica de la suplencia de la queja establecida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, el examen de la constitucionalidad de dicho acto reclamado debe ser en su integridad, esto es, con relación a los elementos del tipo y responsabilidad penal y sus consecuencias, como son las penas impuestas y beneficios de ley, pues de lo contrario, en ejecución de una sentencia de amparo se daría lugar a la coexistencia de dos sentencias respecto de la misma causa y sentenciado con sentido contradictorio y, en la especie ello implicaría que se tuviera que examinar la sentencia de primera instancia, con relación a los temas de los elementos del tipo penal, responsabilidad penal y parte de la individualización judicial de la pena que se dejaron intocados en el recurso de apelación y, también que se analizara la sentencia de la segunda instancia, en lo que fue materia del recurso, con la consecuencia, que eventualmente y, aun sin haber sido señalada como responsable la autoridad judicial de primera instancia, tuviera que cumplir con una concesión del amparo simultáneamente con la autoridad judicial de segunda instancia, lo que incluso, no sólo para efectos del juicio de amparo, sino también para con el proceso penal podría crear situaciones confusas y eventualmente la existencia de dos sentencias penales contradictorias, afectando con lo anterior, los principios de continencia de la causa, congruencia y el de unidad que debe guardar toda sentencia.
"Sobre estos temas debe considerarse lo decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 33/2005, en la parte que interesa sobre la función de decir el derecho en los conflictos que se someten a la potestad de la autoridad jurisdiccional, en que sostuvo lo siguiente:
"‘...’ (transcribe considerando quinto de la sentencia)
"Como se aprecia, el cumplimiento que dé lugar a tener por acatada una sentencia de amparo, cuando se trate de actos de naturaleza judicial o jurisdiccional, debe ser total, pues de pronunciamiento debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que la obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las relativas a la ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron intocadas en la propia ejecutoria de garantías.
"Lo anterior es así, pues la función de decidir el derecho por su propia naturaleza, implica que toda sentencia debe emitirse en un solo acto, adquiriendo así el carácter de inmutable desde el punto de vista jurídico, debe contener y dar respuesta a todos los puntos de la litis, lo cual significa que basta que algunas de las prestaciones no hayan sido dilucidadas en la nueva sentencia, para que no pueda decretarse el cumplimiento, pues ello implicaría aceptar la división o fraccionamiento de la función de decidir el derecho a cargo de las autoridades judiciales, hasta el punto en el que coexistan dos sentencias con resolutivos ejecutables, lo que no es posible con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22655-cb3446b2/amparo-directo-cuando-el-sentenciado-lo-promueve-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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