CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. AL SENTENCIADO POR DELITO INTENCIONAL QUE SE LE HUBIERA CONCEDIDO, AUNQUE NO SE HAYA ACOGIDO A TAL BENEFICIO, NO PODRÁ OTORGÁRSELE NUEVAMENTE SI CON POSTERIORIDAD COMETE OTRO ILÍCITO IGUALMENTE INTENCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 417/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en las que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Magistrado Margarito Medina Villafaña, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se encuentra legitimado, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda, se sustentó en un amparo directo penal de su índice.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis aisladas números CXXXV/2009 y CXXXVI/2009, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.(2)-Tomando en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.(3)-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, determinó interrumpir la jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis del contenido de los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, es decir, la producción de seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis deben analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas no necesariamente contradictorias en términos lógicos aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito -denunciante-, al resolver el amparo directo **********, en lo que interesa, son las siguientes:
Amparo directo **********.
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, sin advertirse materia para hacer operante la suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
"...
"Asimismo, se aprecia tanto de los autos de primera como de segunda instancia, que al acusado ********** aquí quejoso, se le condenó como penalmente responsable en la comisión del delito de ********** cometido en agravio de ********** ilícito previsto y sancionado por los artículos ********** y por su conducta antisocial, la Sala responsable confirmó la pena impuesta en el fallo apelado, por haberse ubicado al quejoso en una peligrosidad entre la mínima y la media más cercana a la primera, y por tanto la pena, de cinco meses de prisión y multa equivalente al importe de ocho días de salario mínimo vigente en la época y lugar en que se cometió el ilícito, así como al pago de la reparación del daño material, negándole el beneficio de la conmutación de la pena; de donde se sigue que las penas impuestas están previstas por una ley (Código de Defensa Social del Estado de Puebla), aplicable al ilícito cometido (**********).
"...
"Ahora bien, en cuanto a la individualización de las sanciones impuestas, este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable se ajustó a lo dispuesto por los artículos 72 a 75 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, al señalar para ello las características individuales del quejoso, como son su edad e instrucción, su condición económica, así como las exteriores de la ejecución del delito; datos con los cuales la responsable estimó al quejoso de una peligrosidad entre la mínima y la media más cercana a la primera.
"Así, las penas impuestas de ********** vigente en el Estado, en la época de comisión del delito, se encuentran apegadas a derecho, en tanto la sanción por el tipo básico del delito **********, ********** es de tres meses a dos años de prisión y multa de cinco a treinta días de salario, cuando el valor de lo robado no exceda de cincuenta días de salario, y las sanciones impuestas en ese sentido se ajustan exactamente a la ubicada al inconforme.
"Por otra parte, alega el inconforme que fue incorrecto que se le negara el beneficio de la conmutación de la pena porque aun cuando el sistema penitenciario tiene el propósito de reintegrar al delincuente a la sociedad, lo cierto es que la mayoría de las veces la readaptación del reo no se logra e incluso deviene un mayor resentimiento del delincuente hacia la sociedad; que además en términos de los artículos 62 y 100 del código punitivo el juzgador tiene la facultad discrecional para resolver que la sanción privativa de libertad se conmute si la prisión no excede de dos años, por lo que solicita se le conceda ese beneficio que le resultará de mayor provecho a la sociedad, máxime que la reparación del daño ya la garantizó a través de la fianza depositada ante el Juez de la causa.
"Es infundado el anterior motivo de disenso, ya que fue correcto que se negara al quejoso la conmutación de la pena de prisión atendiendo a lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que prevé: ‘Al responsable de un delito intencional a quien se hubiese concedido una conmutación, no podrá conmutársele nuevamente la sanción de prisión en caso de que cometa con posterioridad otro delito también intencional’ y no en términos del diverso 100 del mismo ordenamiento como sostiene el inconforme, pues luego de estimar acreditados los elementos del delito de ********** y la plena responsabilidad del quejoso en la comisión del mismo, el Juez de la causa aludió a la existencia de las copias certificadas del proceso ********** del Juzgado Séptimo de lo Penal, que se instruyó contra el sentenciado por la comisión del antijurídico de ********** calificado y daño en propiedad ajena, de las que se advierte que el quince de mayo de dos mil siete, se dictó sentencia en que se condenó al ahí encausado por **********, ********** y a pagar una multa de ********** vigente en la época de la comisión del delito, concediéndole el beneficio de la conmutación de la pena privativa de la libertad por multa (fojas 386 a 399), sentencia que causó ejecutoria el diez de julio de dos mil siete, y se previno al sentenciado a fin de que hiciera la manifestación respectiva, y al efecto se le fijaron las cantidades que debía exhibir en caso de acogerse (foja 405); con todo lo cual se concluyó que al habérsele concedido una conmutación con anterioridad, se imposibilitaba la nueva conmutación, de ahí que la responsable simplemente se ajustó exactamente a lo preceptuado en el numeral de mérito.
"No pasa desapercibida para este órgano colegiado, la tesis aislada número VI.2o.P.103 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, visible a foja 2251, del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: ‘CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR DELITO INTENCIONAL. SI EL SENTENCIADO NO SE ACOGIÓ A ESTE BENEFICIO CON ANTELACIÓN, DEBE CONCEDÉRSELE CUANDO COMETE UNO NUEVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Del artículo 101 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que dispone que al responsable de un delito intencional a quien se hubiese concedido una conmutación, no podrá conmutársele nuevamente la sanción de prisión en caso de que cometa con posterioridad otro delito también intencional, se advierte que el propósito del legislador fue impedir que los delincuentes disfruten en forma contínua de los beneficios de la conmutación de la pena, tratándose de delitos intencionales; por tanto, si se otorgó con antelación el beneficio de la conmutación por un delito intencional, pero el sentenciado no se acogió a él o no está acreditado que lo hizo, entonces no se actualiza la hipótesis del citado artículo y, por ende, debe concedérsele la conmutación cuando comete un nuevo delito intencional.’; criterio del cual se advierte una interpretación del artículo 101 del Código Punitivo Local, conforme al que se condiciona la concesión del beneficio de la conmutación de la pena en delitos intencionales, cuando con antelación ya se otorgó, siempre que el sentenciado: a) no se haya acogido al citado beneficio, o bien, b) no se acredite que lo hizo, por lo que a falta de uno de tales supuestos debe concedérsele la conmutación de la pena cuando comete un nuevo delito intencional.
"Ahora bien, debe destacarse que el artículo 100 del código de referencia dispone: ‘Los tribunales podrán resolver que la sanción privativa de la libertad impuesta se conmute por multa o trabajo a favor de la comunidad, si la prisión no excede de dos años, si es la primera vez que el sentenciado incurre en delito y, si además, ha demostrado buenos antecedentes personales, o sólo por multa, si rebasa los dos años, pero no excede de cinco ...’. Por su parte, el diverso 101 establece: ‘Al responsable de un delito intencional a quien se hubiese concedido una conmutación, no podrá conmutársele nuevamente la sanción de prisión en caso de que cometa con posterioridad otro delito también intencional’.
"De la transcripción de los numerales en cita, se desprende, por una parte, que el beneficio de la conmutación de la pena no constituye un derecho establecido por la ley en favor del sentenciado, sino un beneficio cuyo otorgamiento queda al prudente arbitrio del juzgador aun cuando se hayan satisfecho los requisitos correspondientes, en razón de que su concesión debe ceñirse al estudio de la personalidad del delincuente; y por otra, que de haberse concedido una conmutación por delito intencional con anterioridad, no podrá conmutársele nuevamente al delincuente la sanción de prisión, si con posterioridad comete otro delito igualmente intencional.
"Por lo anterior, este órgano colegiado concluye que respecto del numeral 101 del ordenamiento legal citado, el legislador no tuvo el alcance de condicionar el otorgamiento del beneficio de la conmutación de la pena en una segunda ocasión tras la comisión de un delito igualmente intencional, con la comprobación de haberse acogido o no con anterioridad al citado beneficio, sino que se circunscribió a circunstancias delimitadas como son, el haberse concedido el beneficio mencionado en una primera ocasión tras la comisión de delito intencional, y la obligación de negarle la conmutación de la sanción de prisión en caso de que cometa con posterioridad otro delito igualmente intencional.
"Es así que con el pronunciamiento sostenido en la tesis transcrita, se estima que se estaría propiciando que ante la simple falta de acreditamiento de que el sentenciado se acogió al beneficio aludido, se reiterarán conductas antisociales que no encuentren mayor recriminación que la económica, por lo cual este órgano colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito.
"Ilustra lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 371, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 270, del Tomo II, del Apéndice 2000, Novena Época, que dice:
"‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU CONCESIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR.’ (la transcribe).
"...
"En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, y por no existir motivo para hacer operante la institución jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, debe negarse la protección constitucional solicitada."
II. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en lo que interesa, son las siguientes:
Amparo directo **********.
"SÉPTIMO. Por otro lado, en relación a la individualización de la pena, la Juez de primer grado estableció para el enjuiciado un grado de peligrosidad entre el mínimo y el medio, más próximo al primero, y para ello tomó en cuenta, entre otras cosas, la edad del sentenciado ********** (**********) con un grado de escolaridad media superior, con ocupación de ********** lo que para la juzgadora implicaba que el enjuiciado tenía una experiencia de la vida suficiente para reflexionar sobre su conducta: en cuanto a las circunstancias de ejecución de los delitos, se realizó una breve reseña de los mismos y se puso de manifiesto que el enjuiciado y su copartícipe habían tenido el ánimo de enriquecerse en forma indebida; y en relación a la reincidencia, la juzgadora, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"En efecto, advertimos que se juzga a un delincuente reincidente con tendencia y proclividad al delito, según se observa de las copias certificadas de la causa penal número ********** del que se desprende que ********** estuvo a disposición del Juzgado Octavo Penal de esta capital por el ********** antijurídico por el cual fue sentenciado; dato que denota que el mismo encausado se ha visto involucrado y ha sido condenado por la comisión de otro delito de índole doloso que lesionó el bien jurídico de la integridad de las personas tal y como se desprende de las constancias antes citadas y que evidencia su tendencia y proclividad al delito y pone en duda su buena conducta anterior, ... por lo que se colma en la especie la hipótesis contenida en el artículo 31 del Código de Defensa Social, en virtud que con anterioridad ha recaído en su contra un fallo condenatorio por la perpetración de un delito de índole doloso como lo fue el de ********** por lo que resulta indudable la inclinación viciosa al quebranto del marco de legalidad que priva en ********** por todo ello el grado de temibilidad en que se ubica al infractor se establece entre el mínimo y el medio más próximo al primero, ... se estima justo imponer a ********** la sanción del delito que merezca sanción mayor y que lo es el de ********** por lo que atendiendo a la pena señalada para dicho ilícito, se estima justo condenar a ********** a sufrir una pena privativa de libertad de **********, ********** y ********** del equivalente a ********** vigente en la región al momento de cometerse el delito, por lo que se refiere a la simplicidad del injusto penal perpetrado y por las calificativas con que se cometió se impone al acusado una sanción de **********, de ahí que la pena total a imponer asciende a **********, ********** y multa del equivalente a ********** vigente en la región al momento de los hechos; sin embargo, en acatamiento a la regla general que para la punición de la reincidencia emana del artículo 98, fracción I del código sustantivo penal tal sanción se aumenta en un tercio más de su duración que asciende a 4 cuatro meses, 6 seis días de prisión y multa del equivalente a 3 tres días de salario mínimo vigente en la región al momento de los hechos; de tal suerte que la sanción total que deberá compurgar el sentenciado asciende a 1 un año, cuatro meses, 26 veintiséis días de prisión y como sanción pecuniaria una multa por el equivalente a 13 trece días de salario mínimo vigente en la región al momento de cometerse el delito ...’. (fojas 319 a la 320, proceso).
"La anterior determinación es ilegal, pues en cuanto a las peculiaridades del enjuiciado, y las circunstancias de ejecución de los delitos, fueron correctos los razonamientos que dio la juzgadora; sin embargo, cuando abordó el aspecto relativo a la reincidencia del quejoso para establecer el grado de peligrosidad, tal circunstancia implicó una recalificación, pues por una parte consideró su reincidencia para imponerle un grado ********** y enseguida, de nueva cuenta tomó la reincidencia para incrementar la sanción un tercio más de su duración, en términos del artículo 98, fracción I, del Código de Defensa Social, cuando este último precepto, establece precisamente las reglas para incrementar las penas cuando se está en presencia de un reincidente; de ahí que si al fijar el grado de peligrosidad, se atiende a que el enjuiciado es reincidente, y por ello se eleva el grado de peligrosidad, y después se incrementa porque un precepto establece hacerlo por el sólo hecho de ser reincidente, tal actuación implicó recalificar la conducta del aquí quejoso para efectos de su punición.
"De tal manera que supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo correcto es eliminar la cuestión de la reincidencia en la parte relativa al grado de peligrosidad establecida al sentenciado, y únicamente incrementar las sanciones que contempla el artículo 98, fracción I, del Código de Defensa Social; por lo que en la especie, atendiendo a los razonamientos de la juzgadora, pero eliminando la reincidencia, el grado de peligrosidad correcto corresponde ligeramente superior a la mínima, y toda vez que la ********** contempla una pena ********** y ********** lo adecuado al grado de peligrosidad ********** al momento de cometer el delito, lo anterior por la simplicidad del injusto ********** y por las calificativas ********** de lo que se obtiene un total de ********** y **********; y atendiendo a las reglas del artículo 98, fracción I, del Código de Defensa Social, el aumento en un tercio más de su duración es de **********, ********** y una ********** por lo que en total deberá de compurgar ********** y **********.
"En ese contexto, no pasa inadvertido que el quejoso, alegue que no se encuentra acreditada la reincidencia, pues en su concepto únicamente obra el informe del director del Centro de Readaptación del Estado, que consigna antecedentes penales, sin que obre sentencia debidamente ejecutoriada de la misma; sin embargo, tal alegación es infundada, pues en el sumario, obra no tan solo el informe en el sentido de que el enjuiciado fue procesado con anterioridad al hecho materia del proceso del que deriva el presente juicio de amparo, sino que también se agregaron a los autos la copia certificada de la sentencia certificada dictada al quejoso por el delito de lesiones intencionales; así como el auto que causó ejecutoria en fecha de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cuatro; de tal manera, que en ese aspecto, no existe duda, que la reincidencia sí fue sustentada por la juzgadora en forma correcta, no así su aplicación, como se explicó líneas anteriores.
"En ese sentido, conviene aprovechar los razonamientos acabados de verter, pues el quejoso aduce que fue incorrecto que la Sala responsable conviniera con la Juez del proceso, en negar el beneficio de la conmutación de la pena, y que no tomara en cuenta que el Ministerio Público, en s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22172-8e788e7f/conmutacion-de-la-pena-de-prision-al-sentenciado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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