AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EXPIDA COPIAS DE LAS CONSTANCIAS DE LAS ACTUACIONES, REGISTROS O DICTÁMENES QUE LA INTEGREN Y OBREN EN SU PODER, A SOLICITUD DEL INCULPADO O DE SU DEFENSOR, CUANDO EL INDICIADO HAYA COMPARECIDO ANTE ESA AUTORIDAD Y SE RESERVE SU DERECHO A DECLARAR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE HASTA EL 15 DE JULIO DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 292/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en la que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se encuentra legitimado, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un amparo en revisión penal de su índice.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionado ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados como de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Y lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis aisladas números CXXXV/2009 y CXXXVI/2009, aprobadas por esta Primera Sala, pendientes de publicación que, respectivamente, a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA(2). Tomando en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO(3). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, determinó interrumpir la jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis del contenido de los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto "contradictorio" ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, es decir, la producción de seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis deben analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********, en lo que interesa, son las siguientes:
Amparo en revisión penal **********.
"... QUINTO. Previo al análisis de los agravios conviene destacar, para mayor comprensión del asunto, los siguientes antecedentes:
"En la Agencia del Ministerio Público Sur, de esta ciudad, se sigue la averiguación previa ********** en contra de ********** quien, el veinticuatro de julio de dos mil seis, previo citatorio, compareció ante la representante social para que declarara con relación a los hechos.
"El acta que se levantó con motivo de dicha comparecencia, dice lo siguiente:
"‘En la Heróica Puebla de Zaragoza, a las 20:26 horas del día 24 de julio de 2006, ante el suscrito licenciado (sic) Rosa Elena Salinas Sosa, agente del Ministerio Público adscrito (a) a la agencia del Ministerio Público Sur da fe. Que está presente en el interior de esta oficina el **********, quien se identifica con credencial de elector con número de folio ********** y se le exhorta para que se conduzca con verdad en la presente diligencia. Y por sus datos personales manifestó ser originario y vecino de «esta ciudad», con domicilio en **********, de **********, de ocupación empleado, con instrucción secundaria, de estado civil casado, no es adicto a las drogas o estupefacientes, no bebidas alcohólicas, «sí» percibe un salario diario de $**********, dependen económicamente 1 (sic), es la primera vez que se le investiga. Acto continuo esta representación social hace saber al ********** el motivo de la imputación que existe en su contra; por lo que a fin de no violar sus garantías individuales contempladas en los artículos 20 constitucional y 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, se le hace saber al compareciente que tiene los derechos siguientes: A declarar o no hacerlo si así lo desea, para tal efecto será asistido de un defensor particular o persona de su confianza y en caso de no tenerlo, tiene derecho a que se le nombre un defensor social, a tener conocimiento de la imputación que existe en su contra para que pueda declarar en relación a los hechos, a tener acceso a la averiguación previa al igual que su defensor, a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca; y también se le permitirá comunicarse por teléfono o cualquier otro medio de comunicación que desee, enseguida el indiciado refirió quedar debidamente enterado y es su propia voluntad rendir su declaración y en este acto nombra como persona de su confianza al **********, quien se identifica con credencial para votar folio número ********** a quien no se le hace la protesta de ley para que se conduzca con verdad ni se le advierten de las penas en que incurren los falsos declarantes ante una autoridad por ser perito en la materia; y por sus datos personales manifestó ser originario de ********** y vecino de esta ciudad, con domicilio en **********, **********, ********** por parte de esta autoridad, manifiesta que desde luego lo acepta y protesta su fiel y leal desempeño, por lo que en este acto se le discierne el mismo con la suma de facultades y obligaciones inherentes a las de su especie, facilitándole todos los datos que obran en la presente indagatoria. Continuando con la diligencia ministerial el inculpado: Declaró: «Que una vez que se me ha hecho del conocimiento de todas y cada una de las presentes actuaciones ministeriales es mi deseo manifestar que me reservo el derecho de declarar toda vez que en un término no mayor de cinco días presentaré mi declaración por escrito»; acto continuo, se le concede el uso de la palabra a la persona de su confianza el **********, que solicito a esta autoridad de todo lo actuado en base al artículo 1o., 8o., 16 y 20 constitucional (sic)’ (fojas 14 y 15).
"En la misma fecha, veinticuatro de julio de dos mil seis, la agente del Ministerio Público dictó el acuerdo que dice:
"‘Con fundamento en lo establecido por el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y en base a la petición de fecha 24 de julio del año en curso, en la cual el ********** solicita copias certificadas de todo lo actuado, no ha lugar de expedir copias certificadas, toda vez que de las presentes actuaciones ministeriales el probable responsable no rindió declaración ministerial motivo por el cual no es procedente acordar de conformidad la petición. Cúmplase.’ (foja 16).
"Dicho acuerdo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, en contra del cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, negó la protección constitucional solicitada, por las razones que quedaron transcritas en el considerando tercero de esta ejecutoria.
"SEXTO. Los agravios hechos valer son parcialmente fundados y este Tribunal Colegiado, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, suplirá la deficiencia de los mismos en los aspectos requeridos.
"Las razones medulares por las cuales el Juez de Distrito negó el amparo y protección de la Justicia Federal, fueron que si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 20 constitucional, en todo proceso penal el inculpado tendrá derecho a una adecuada defensa y para tal efecto le serán facilitados todos los datos que solicite, disposición que también resulta aplicable al indiciado en la averiguación previa atento a lo que establece el antepenúltimo párrafo de la fracción X del referido precepto constitucional, también es cierto que este párrafo limita las garantías contenidas en las fracciones VII y IX a los términos y requisitos que las leyes secundarias establezcan, lo que significa que los datos que deban proporcionarse al indiciado para su defensa deberán ser acordes con lo que las leyes procesales dispongan.
"El Juez Federal transcribió, enseguida, los artículos 51, fracción IV y 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y agregó que el primero de dichos preceptos impide que el Ministerio Público otorgue copias de las actuaciones que obren en la averiguación previa, lo que es acorde con la garantía de defensa consagrada en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, constitucional, porque la propia Constitución dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con la limitantes, (sic) términos y requisitos que las leyes secundarias determinen.
"Continúa diciendo el resolutor federal que de acuerdo con la Constitución, las partes tienen derecho a que se les proporcione la información que requieran para poder defenderse, pero que también es cierto que el hecho de que se prevea que el Ministerio Público no puede proporcionar copias en aras de proteger la reserva de las actuaciones, en nada restringe el derecho de las partes a obtener la información que requieren para defenderse, pues aun cuando no se pueden proporcionar copias, el inciso d) de la fracción III del artículo 70 del referido ordenamiento adjetivo, prevé que podrán tener acceso a las actuaciones, de las que podrán tomar todos los datos que estimen indispensables para su defensa y que en este sentido la fracción VII del artículo 20 constitucional no exige que los datos que el inculpado o su defensor soliciten para preparar su defensa y que consten en la averiguación sean pedidos por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, ya que basta que el expediente sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo y tomar apuntes.
"Por estos motivos, concluyó el Juez de Distrito, resulta improcedente que el Ministerio Público expida al hoy inconforme las copias de la averiguación previa que solicitó y que si el legislador hubiese querido establecer el derecho del inculpado de recibir copia escrita de las actuaciones de la averiguación previa, no contendría la fracción IV del artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en el sentido de que el servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación previa, se sujetará al procedimiento de responsabilidad penal, administrativa o civil, según corresponda; en concepto del resolutor federal es aplicable en la especie la jurisprudencia de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’
"Por su parte, el inconforme aduce que las consideraciones del Juez Federal son incorrectas, porque no tomó en cuenta que el inculpado ya compareció ante la autoridad ministerial y la propia Constitución prevé que dicho indiciado puede reservarse el derecho a declarar, además de que el Ministerio Público le negó la expedición de copias certificadas con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a lo que el Juez de Distrito ni siquiera hace mención.
"Los anteriores agravios son fundados, cuenta habida que esta potestad federal suple su deficiencia y contrariamente a lo que sostuvo el Juez de Distrito, enlazando debidamente el contenido de la fracción VII del artículo 20, apartado A, constitucional, con el último de sus párrafos y éstos con la fracción III, inciso d), del artículo 70 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y con el 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (en que se apoyó la autoridad responsable), se concluye que al peticionario de garantías, ahora recurrente, sí le asiste derecho para que la agente del Ministerio Público le expida la copia certificada de las constancias que solicitó, ya que en el caso están satisfechos los requisitos y límites señalados por las leyes secundarias, es decir, por el artículo 70, fracción II, inciso d), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado y por el diverso 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
"Para respaldar esa postura, conviene transcribir dichas disposiciones legales:
"El artículo 20, apartado A, fracción VII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ... VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; ... Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna ...’
"A su vez, el numeral 70, fracción III, inciso d), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece:
"‘Artículo 70. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá por éste en la siguiente forma: ... III. Se le harán saber los siguientes derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa; ...’
"El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla preceptúa:
"‘Artículo 44. Sólo se expedirán constancias de las actuaciones, registros o dictámenes que obren en poder del Ministerio Público, por mandamiento fundado y motivado de autoridad judicial, ministerial o administrativa, por solicitud del ofendido o víctima; y, por solicitud del inculpado o su defensor, cuando ya conste en actuaciones la declaración del inculpado; siempre que resulten indispensables para el ejercicio de un derecho o cumplimiento de obligaciones previstas por la ley y no entorpezca la investigación de los hechos.’
"De la reproducción anterior, se advierte que, de acuerdo con la fracción VII del artículo 20, apartado A, constitucional, en todo proceso penal el inculpado tendrá como garantía que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; por otro lado, conforme al último párrafo del dispositivo constitucional de referencia, las garantías previstas en la fracción VII, entre otras, también serán observadas durante la averiguación previa en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; en dicho párrafo se agrega que lo previsto en la fracción II no está sujeto a condición alguna.
"Aquí cabe destacar, que la fracción II del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal establece:
"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ... II. No podrá ser obligado a declarar ...’
"Al rendir declaración ministerial **********, dijo lo siguiente:
"‘... Que una vez que se me ha hecho del conocimiento de todas y cada una de las presentes actuaciones ministeriales es mi deseo manifestar que me reservo el derecho de declarar toda vez que en un término no mayor de cinco días presentaré mi declaración por escrito; acto continuo, se le concede el uso de la palabra a la persona de su confianza el **********, que solicitó a esta autoridad de todo lo actuado en base al artículo 1o., 8o., 16 y 20 constitucional (sic).’
"De lo anterior se concluye, que si ya consta en actuaciones la intervención de **********, aquí recurrente y señaló que era su deseo no declarar y la persona de su confianza, o sea **********, formuló solicitud para que el agente del Ministerio Público le expidiera copia certificada de todo lo actuado en la indagatoria (hasta el veinticuatro de julio de dos mil seis), obviamente en torno a los hechos investigados, es claro que la solicitud del inculpado tiene la finalidad de ejercitar el derecho a conocer el contenido y alcances de la averiguación iniciada en su contra, para una adecuada defensa.
"Ahora bien, debe decirse que el artículo 70, fracción II, inciso d), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, le otorga el derecho al inculpado, cuando se presente a declarar ante el Ministerio Público, a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual el representante social permitirá a él y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal el expediente de la averiguación previa.
"Sin embargo, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, el inculpado tiene derecho a que se le expidan constancias de las actuaciones, registros o dictámenes que obren en poder del Ministerio Público, a solicitud de aquél, cuando ya conste en actuaciones la declaración del inculpado, siempre que resulten indispensables para el ejercicio de un derecho o cumplimiento de obligaciones previstas por la ley y no entorpezca la investigación de los hechos.
"En razón de lo anterior, la expedición de la copia certificada de lo actuado en la averiguación solicitada por el inculpado, ahora recurrente, no representa el entorpecimiento de la averiguación de los hechos, puesto que el indiciado ya compareció ante la representación social dentro de la averiguación previa de que se trata, cuenta habida que en dicha actuación, la agente del Ministerio Público le hizo saber, entre otras cosas, la imputación que existe en su contra, que tenía derecho a no declarar si así lo deseaba, o en caso contrario a declarar asistido por un defensor, y que tenía derecho a tener acceso a la averiguación previa, al igual que su defensor, asimismo a que se le reciban testigos y demás pruebas que ofrezca; de ahí que no se advierte que pudiera ser violentado el sigilo de las actuaciones del Ministerio Público.
"Por consiguiente, del examen de las actuaciones y de los dispositivos legales mencionados, se arriba a la conclusión de que la agente del Ministerio Público, señalada como autoridad responsable, sí está obligada, en el presente caso, a expedir al inculpado la copia certificada que solicitó, sin que ello signifique, contrariamente a lo que dijo en el acuerdo que negó la expedición de la copia, que el probable responsable no rindió declaración ministerial, puesto que el inculpado sí compareció ante ella a declarar, siendo irrelevante que no se haya referido a los hechos ilícitos que le atribuye el ofendido, pues el derecho para no dec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22012-a42e829d/averiguacion-previa-procede-que-el-ministerio-publico-expida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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