ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito en materia penal lo cual compete a la especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por **********, Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión número 180/2008, en lo que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Son infundados los argumentos contenidos en el agravio que formula el inconforme, sin que en el caso exista motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, a fin de tener un mayor conocimiento del presente asunto, resulta menester citar los antecedentes que se advierten de los autos del duplicado del proceso 284/2003 que anexó el Juez Cuarto de lo Penal, con sede en la ciudad de Puebla, Puebla, al rendir su respectivo informe justificado, el que se instruyó en contra del quejoso ..., aquí inconforme, por la comisión de los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena a título de culpa, cometidos en agravio de quien en vida llevó el nombre de ..., ilícitos previstos y sancionados por los artículos 312, 313 fracción I, inciso a), 414 fracción IV, en relación con los diversos preceptos 11, 14, 21 y 83, fracción IV, todos del Código de Defensa Social del Estado, y son los siguientes:
"I. Dentro del citado proceso penal, el once de septiembre de dos mil seis, se dictó la sentencia correspondiente, en la que al tener por acreditados los elementos de los delitos imputados al quejoso ..., así como su plena responsabilidad en la comisión de éstos, se le impuso como sanción una pena de prisión de un año diez meses dieciocho días, se le suspendió el derecho de conducir vehículos de propulsión mecánica por el término de cinco meses, y se le condenó al pago de la reparación del daño, entre otras cosas.
"...
"II. Por auto de fecha treinta de noviembre de dos mil seis, el Juez de la causa declaró que había causado ejecutoria la citada sentencia condenatoria y, en consecuencia, requirió al sentenciado para que manifestara si se acogía o no al beneficio de la conmutación de la pena, como se advierte del primer punto de ese proveído en el que se estableció:
"...
"III. Al no dar cumplimiento el quejoso al requerimiento citado con anterioridad, con fecha veintisiete de diciembre de dos mil seis, el Juez penal libró la orden de reaprehensión reclamada.
"...
"De los antecedentes reseñados, como lo estimó el Juez de Distrito se advierte que la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil siete, por la que el Juez de la causa libró la orden de reaprehensión en contra del sentenciado ..., ahora quejoso, se encuentra fundada y motivada, pues por una parte citó los preceptos aplicables al caso concreto, como son los artículos 31, 320, y 371, fracción VIII, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; y por la otra, estableció las razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a resolver en ese sentido, como fue, que dicho sentenciado no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de treinta de noviembre de dos mil seis, respecto a que manifestara si se acogía o no al beneficio de la conmutación de la pena, previo pago de la reparación del daño.
"Aunado a que tampoco asiste razón al inconforme al señalar que el acto reclamado viola sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que como lo precisó el Juez federal en la sentencia de amparo que se analiza, se cumplió con las formalidades del procedimiento, puesto que la orden de reaprehensión es consecuencia del hecho de que la sentencia condenatoria dictada en contra del aquí impetrante de amparo, había causado ejecutoria, actuar que se ajusta a lo que disponen los artículos 371, fracción VIII y 375 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, que prevén:
"...
"En esas condiciones, no asiste razón al quejoso al señalar que el Juez de la causa debió tomar en cuenta para dictar la orden de reaprehensión, que en diligencia judicial ..., albacea definitiva a bienes del finado agraviado ..., se dio por pagado del daño moral, material y económico, sin que se reservara acción civil o penal alguna para ejercitar en contra del sentenciado ... .
"Esto es así, ya que si bien es cierto en el auto de treinta de noviembre de dos mil seis, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al quejoso que manifestara si se acogía o no al beneficio de la conmutación de la pena, se le condicionó, que de hacerlo tenía que previamente realizar el pago respectivo a la reparación del daño; no menos cierto es, que al momento de librarse la orden de reaprehensión reclamada, el veintisiete de diciembre dos mil seis, todavía la parte agraviada, no se daba por pagada en relación a dicha reparación del daño, pues esto ocurrió hasta el día cuatro de enero de dos mil siete, como se desprende de los autos de la causa penal 284/2003, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, cuyas diligencias fueron transcritas en párrafos precedentes.
"Además, como también lo consideró el Juez de Distrito, la mencionada diligencia es insuficiente para ‘invalidar’ el acto reclamado, ya que no fue el hecho de haber omitido el pago de la reparación del daño, lo que motivó la orden de reaprehensión, sino el que la sentencia definitiva hubiera causado ejecutoria, como se precisó con anterioridad.
"...
"Voto particular que formula el Magistrado José Manuel Torres Pérez.
"Me pronuncio en sentido diverso al de mis compañeros Magistrados porque estimo que el juicio de amparo promovido por el quejoso ..., es improcedente ya que la orden de reaprehensión que reclama no surte ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto.
"En efecto, tanto los artículos 103 y 107 constitucionales, como el diverso 114 de la Ley de Amparo, no establecen que el juicio de garantías indirecto proceda contra todos los actos privativos de libertad, ya que si bien el citado artículo 114, fracción IV, establece una hipótesis de procedencia de dicho juicio, cuando se reclame un acto privativo de libertad, tal hipótesis sólo se surte cuando se trate de un acto dictado en el juicio, y, en el caso, el acto que se reclama no surte esa hipótesis de procedencia porque se reclama un acto dictado después de concluido el juicio de origen. Luego entonces, los actos restrictivos de libertad dictados después de concluido el juicio únicamente pueden reclamarse si se surte la hipótesis prevista en la fracción III del artículo en comentario, es decir, cuando se promueva ‘... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso’; hipótesis que en el caso no se actualiza.
"Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (transcribe).
"Por ello, estimo que en el caso lo debido es revocar la sentencia sujeta a revisión, y en su lugar sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, y 114, a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo."
Este mismo tribunal reiteró su criterio al resolver los amparos en revisión números 315/2008 y 341/2008.
II. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión número 401/2008, en lo que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. De la demanda de amparo se advierte que el impetrante reclama el auto de once de julio pasado, dictado por el Juez primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el que ordenó su reaprehensión e hizo efectiva la caución exhibida, dado que pese a diversos requerimientos, no compareció a dar cumplimiento a las sanciones que le fueron impuestas en la sentencia definitiva.
"Así pues, basta la lectura de dicho acto para advertir que se trata de una resolución dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia en la que se ordenó la reaprehensión del quejoso para que cumpliera con el fallo condenatorio dictado en su contra, circunstancia que revela que no se trata de la ‘última resolución’ dictada dentro del procedimiento de ejecución respectivo, y de ahí que respecto al aludido auto se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII,(1) en relación con el 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.(2)
"En este sentido, conviene transcribir la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.’ (transcribe).(3)
"Ello es así, puesto que tratándose de actos de ejecución de sentencia, a fin de determinar sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, es requisito indispensable que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, ya que la fracción III del aludido artículo 114 de la ley en la materia expresamente introduce esa regla especial, misma que tiene por objeto el evitar el abuso del juicio de amparo, pues de lo contrario puede ser empleado como un mecanismo para obstaculizar la ejecución de las sentencias.
"Al respecto, conviene citar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (transcribe).(4)
"Por tanto, el auto combatido por el quejoso no tiene el carácter de ‘última resolución’, ya que si bien se ordenó hacer efectiva la caución que garantizó las obligaciones procesales del quejoso, como se dispuso su reaprehensión, y por ende, esta última decisión implica el riesgo inminente de la privación de la libertad personal del quejoso, no debe perderse de vista que se trata de actos emitidos por la autoridad judicial después de concluido el juicio relacionado con la ejecución de la sentencia ejecutoria en la que se le encontró penalmente responsable por el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III del código sustantivo de la materia; esto es, se trata de un acto en ejecución de sentencia, que tiene la finalidad directa e inmediata de ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, y de ahí que deba estarse a la mencionada regla especial contenida en el mencionado artículo 114 fracción III, de la Ley de Amparo, que expresamente indica la improcedencia del juicio biinstancial en casos como el que aquí ocupa; además, la fracción VIII del artículo 371 y el diverso 375 del código adjetivo de la materia, son claros en señalar que cuando cause ejecutoria la sentencia de primera o segunda instancia, se revocará la libertad bajo caución, es decir, no hay otro requisito que cumplir, ni otra forma de actuar, por ende, si el quejoso tiene en su contra una sentencia que lo condenó a pena privativa de la libertad y se ordenó la reaprehensión, tal resolución dista mucho de ser aquélla a la que se refiere el más alto tribunal del país, en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Caso distinto sería que se tratara de un acto que gozara de autonomía en relación con la ejecución de la sentencia, ya que en ese supuesto esa resolución podría ser impugnada de manera inmediata.
"Respecto a las hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, conviene citar la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE SI SE ACTUALIZA O NO LA PÉRDIDA DEL DERECHO DEL ACTOR A SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 421 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA.’(transcribe).(5)
"Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, debe revocarse la sentencia recurrida, y en su lugar sobreseer en el juicio en términos del artículo 74 fracción III, de la ley en la materia."
Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis VI.2o.P.117 P, cuyo tenor literal es el siguiente:
"ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA COMO CONSECUENCIA DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA Y EJECUTORIADA. AL NO CONSTITUIR LA ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’ DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El amparo indirecto es improcedente contra la orden de reaprehensión dictada como consecuencia de la sentencia condenatoria ejecutoriada, pues si bien se trata de una resolución dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia, no constituye la ‘última resolución’ dentro de él, lo cual representa un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que tiene por objeto evitar el abuso del juicio de garantías y que se emplee como un mecanismo de obstaculización en la ejecución de las sentencias; luego, aunque la decisión de reaprehender al inculpado implica el riesgo inminente de la privación de la libertad personal, no debe perderse de vista que, de conformidad con la fracción VIII del artículo 371 y el diverso 375 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, cuando cause ejecutoria la sentencia de primera instancia o se pronuncie la de la segunda, la autoridad jurisdiccional debe revocar la libertad bajo caución al sentenciado y ordenar su inmediata reaprehensión, en virtud de que no existe otro requisito que cumplir ni otra forma de actuar; de ahí que tal resolución dista mucho de ser aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, de aquélla donde se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, más bien, la orden de referencia es un acto emitido por autoridad judicial después de concluido el juicio, que tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, por lo que en este caso el amparo es improcedente con base en el artículo 73, fracción XVIII, de la citada ley reglamentaria, en relación con la disposición referida en primer término."(6)
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar.
I. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA".(7)
II. Debe señalarse que en la especie, sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 180/2008, 315/2008 y 341/2008, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 401/2008.
Para clarificar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, se precisa lo siguiente:
II.a. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 180/2008, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de reaprehensión, girada en contra del quejoso dentro del proceso número 284/2003, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo y la Justicia de la Unión al quejoso.
El Tribunal Colegiado consideró que, como lo estimó el Juez de Distrito, la determinación por la que el Juez de la causa libró la orden de reaprehensión en contra del quejoso, se encontraba fundada y motivada, pues por una parte citó los preceptos aplicables al caso concreto y por la otra, estableció las razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a resolver en ese sentido. Asimismo, señaló que tampoco asistía razón al quejoso al señalar que el acto reclamado violaba sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que como lo precisó el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto analizada, se cumplió con las formalidades del procedimiento.
De lo anterior se desprende que el Tribunal Colegiado del conocimiento, al confirmar la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto número 192/2008 sujeta a revisión, y no haber sobreseído en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, y el 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, implícitamente estimó que se acreditaba la procedencia de un juicio de amparo indirecto en contra de una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de una sentencia condenatoria y ejecutoriada.
II.b Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 401/2008, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de reaprehensión, girada en contra del quejoso dentro del proceso número 304/2005, revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de garantías promovido por el quejoso.
El Tribunal Colegiado consideró que al ser la orden de reaprehensión una resolución dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia, no se trata de la "última resolución" dictada dentro del procedimiento de ejecución respectivo. Por tanto, concluye que respecto al aludido auto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
Ello es así, puesto que el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que tratándose de actos de ejecución de sentencia, a fin de determinar sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, es requisito indispensable que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, ya que la fracción III del aludido artículo 114 de la ley de la materia expresamente introduce esa regla especial.
III. Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores, se desprende que los tribunales colegiados contendientes sí se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos.
Al resolver los referidos amparos, los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos anteriormente aludidos para la existencia de una contradicción de tesis.
Así pues, no obstante haber examinado una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptaron criterios discrepantes. Esto es, ambos Tribunales Colegiados analizaron si se cumplían los requisitos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de una sentencia condenatoria y ejecutoriada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 180/2008, 315/2008 y 341/2008 confirmó las sentencias recurridas y negó el amparo y la Justicia de la Unión a los respectivos quejosos; por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de garantías promovido por el quejoso, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
En ese orden de ideas, queda evidenciado, que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar, resultan esencialmente iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambos órganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.
De lo anterior, debe considerarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, implícitamente asume que se surten todos los requisitos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de una sentencia condenatoria y ejecutoriada; de ahí que proceda establecerse el criterio a prevalecer para dar seguridad jurídica sobre el punto en contradicción.
Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial 93/2006, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el órgano reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición".(8)
IV. Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideración, la materia del estudio de fondo del presente asunto quedará limitada a determinar si es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de una sentencia condenatoria que ha causado ejecutoria.
QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.
Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de una sentencia condenatoria que ha causado ejecutoria.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito apoyó sus consideraciones en lo previsto en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, y el 114, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Este último dispone, en la parte que interesa, lo que sigue:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ..."
Como ya se ha dicho, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito consideró que el acto combatido por el quejoso consiste en una resolución dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia que no constituye la "última resolución". Por tanto, -sostiene- el amparo es improcedente, ya que en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, éste sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Argumenta que, si bien el acto en cuestión implica el riesgo inminente de la privación de la libertad personal del quejoso, no debe perderse de vista que se trata de un acto emitido por la autoridad judicial después de concluido el juicio. Razón por la que no es aplicable la fracción IV del artículo 114 citado, al establecer que el amparo indirecto procede en contra de actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.
Para arribar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado se apoya en la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente".(9)
Dicha tesis tiene su origen en la contradicción de tesis número 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21744-ea9b439c/orden-de-reaprehension-dictada-en-ejecucion-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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