APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA OMISIÓN DE TRAMITARLA Y RESOLVERLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden penal, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.
TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
CUARTO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo 85/2007 el veintinueve de marzo de dos mil siete, por mayoría de votos. El caso que conoció fue el siguiente: a un sujeto se le dictó auto de formal prisión por la comisión de un delito del orden común en el Estado de Puebla; apeló en contra de esta resolución, pero ni el Juez de origen ni el tribunal de alzada acordaron sobre la admisión del medio impugnativo. El juicio prosiguió su curso y se dictó sentencia definitiva en la que resultó condenado, sin que se hubiera tramitado ni resuelto la apelación referida. Inconforme con la sentencia de primer grado, el afectado apeló. El tribunal de alzada confirmó el fallo, sin que hubiera sido resuelta la apelación intentada en contra del auto de formal prisión. En contra de la sentencia de segundo grado el afectado promovió juicio de amparo directo.
En su demanda hizo valer como violación procesal el que no se hubiera resuelto la apelación contra el auto que resolvió su situación jurídica previamente al dictado de la sentencia de alzada que confirmó la de primer grado. Esto, sostuvo, afectó sus defensas pues en realidad debió dar pie a que se repusiera el procedimiento, en tanto la autoridad responsable "no guardaba estado para dictar sentencia".
El Tribunal Colegiado desestimó el argumento. Partió de la base de que la violación procedimental alegada encuadraba en las hipótesis del artículo 160 de la Ley de Amparo, dado que, a su entender, era equiparable a la prevista en la fracción VII del artículo mencionado. Esta fracción dispone que se entienden violadas las leyes que rigen al procedimiento penal si se desechan al quejoso los recursos que tuviere, "respecto de providencias que afecten las partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo". Esto, dijo el tribunal, "es análogo a la falta de trámite del recurso de apelación que se reclama" y, por ende, cobraba aplicación la regla prevista en la fracción XVII del artículo 160, que establece que tienen el carácter de violaciones al procedimiento las que guarden analogía con las hipótesis previstas en sus demás fracciones.
No obstante, el Tribunal Colegiado de Circuito si bien reconoció la existencia de la violación y que ello afectó sus defensas, concluyó que no tuvo trascendencia al resultado del fallo. Su razonamiento expreso fue el siguiente:
"Las consideraciones que efectuó el Juez de la causa con apoyo en las pruebas de cargo, las que son incluso las mismas, pues las demás ofrecidas durante la instrucción, tuvieron como base éstas, y de las que se ocupó la sentencia de primer grado, fueron esencialmente las mismas que las del auto de formal prisión, en especial, las atinentes al delito y a la responsabilidad del acusado, e incluso fueron abordadas con mayor profundidad y exigencia, y por ende, al haberse confirmado por la sala responsable las aludidas razones del fallo de primera instancia, es inconcuso que también avaló las expuestas en el auto que resolvió la situación jurídica, y en esa medida, ningún efecto práctico traería reponer el procedimiento para que se diera trámite al recurso de apelación que pasó desapercibido, pues es evidente que la postura de la responsable sería la misma al resolver dicho medio de impugnación y, por ende, la violación procesal alegada no se actualiza."
QUINTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo 109/2004 el diecisiete de junio dos mil cuatro, también por mayoría de votos. De la sentencia derivó la tesis VI.1o.P.228 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página dos mil cuatrocientos veintitrés:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL JUICIO DE ORIGEN SIN QUE PREVIAMENTE SE RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. El artículo 160, fracción VII, de la Ley de Amparo establece como una violación a las leyes del procedimiento el que se desechen los recursos que se tuvieren conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión; ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del referido artículo, a juicio de este Tribunal Colegiado se estima que como caso análogo a aquél, se encuentra la hipótesis en que habiéndose interpuesto un medio de impugnación, éste no se resuelve (consideración que se hace por no obrar en el expediente la ejecutoria respectiva) y procede a dictarse sentencia definitiva; así, cuando se promovió el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, y la referida sentencia se emitió sin que previamente se resolviera éste, se transgrede en su perjuicio las leyes del procedimiento, afectando sus defensas y trascendiendo al resultado del fallo; se dice lo anterior, porque bajo esa circunstancia se le negó la posibilidad de que el tribunal de alzada resolviera lo relativo al auto de término constitucional pronunciado por el Juez de origen, confirmándolo, modificándolo o revocándolo, que es la finalidad de la apelación; además, debe tenerse en cuenta que el proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión, y respecto de los cuales el inculpado va a enderezar su defensa; por lo que resulta incuestionable la violación a las leyes del procedimiento en perjuicio de éste.
"Amparo directo 109/2004. 17 de junio de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Esteban Santos Velázquez. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y Rea."
El caso del que derivó la tesis fue el siguiente: a un par de sujetos les fue dictado auto de formal prisión por la comisión de un delito del orden común en el Estado de Puebla; apelaron en contra de esta resolución. El recurso fue admitido. El juicio prosiguió su curso y se dictó sentencia definitiva en la que fueron condenados, sin que se hubiera resuelto la apelación referida. Inconformes con la sentencia de primer grado, apelaron. En lo que interesa, el tribunal de alzada confirmó el fallo condenatorio, sin que hubiera sido resuelta la apelación intentada en contra del auto de formal prisión. En contra de la sentencia de segundo grado los afectados promovieron juicio de amparo directo.
El Tribunal Colegiado de Circuito, en suplencia, adujo que en el caso se actualizaba una violación procesal. Al igual que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, concluyó que el hecho de que, previamente al dictado de la sentencia de primer grado, no se hubiera resuelto la apelación intentada contra el auto de formal prisión constituía una violación equivalente a la prevista en la fracción VII del artículo 160 de la Ley de Amparo. Así, concedió el amparo para efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se repusiera el procedimiento de primera instancia. El tribunal razonó:
"Al dictarse sentencia definitiva estando pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto por los quejosos, en contra del auto de término constitucional, se les negó la posibilidad de que el tribunal de alzada resolviera lo relacionado con el auto de formal prisión pronunciado por el Juez de origen, a fin de que previo el estudio del mismo lo hubiese confirmado, modificado o revocado, que es precisamente la finalidad de la apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo 271 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, resulta incuestionable la violación a las leyes del procedimiento en perjuicio de aquél y, por ende, la concesión de la protección constitucional que solicita, sobre todo si se tiene presente que atento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, el proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y respecto de los cuales el inculpado va a enderezar su defensa."
SEXTO. Existencia de la contradicción. Como se advierte de la lectura de los considerandos anteriores, los dos Tribunales Colegiados de Circuito son coincidentes en que constituye una violación procesal que afecta las defensas del quejoso la omisión de tramitar y resolver la apelación intentada contra el auto de formal prisión previamente al dictado de la sentencia de primer grado y de la resolución de la apelación seguida contra dicho fallo; sin embargo, discreparon en cuanto a si trasciende o no al resultado final. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito estimó que sí trascendía al resultado del fallo, mientras que el Segundo de la misma materia y circuito estimó que no.
En este sentido, el tema de la contradicción se constreñiría a la determinación de si la referida omisión trasciende o no al resultado del fallo.
A efectos de estimar que se surte la contradicción, no es óbice el que en el primer caso el recurso no se hubiera acordado sobre la admisión del recurso de apelación en contra del auto de formal prisión y en el segundo sí se hubiera acordado su admisión, dado que la cuestión medular está referida a la falta de tramitación del recurso en sí misma considerada, que impide su resolución.
SÉPTIMO. Estudio de fondo. No obstante lo anterior, esta Primera Sala estima que el tema, así planteado, parte de premisas inaceptables.
Tal como quedó establecido en los considerandos anteriores, los tribunales contendientes partieron de la base de que la violación alegada era análoga a la prevista en el artículo 160, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dispone que se entienden violadas las leyes que rigen al procedimiento penal si se desechan al quejoso los recursos que tuviere "respecto de providencias que afecten las partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo". Esto, a juicio de los colegiados, es análogo a la falta de trámite del recurso de apelación. Así, sostuvieron que cobraba aplicación la regla prevista en la fracción XVII del artículo 160, que establece que tienen el carácter de violaciones al procedimiento las que guarden analogía con las hipótesis previstas en sus demás fracciones. Discreparon, empero, en si esta violación trascendía o no al resultado final.
Esta Primera Sala advierte, sin embargo, que la premisa de la que partieron los dos Tribunales Colegiados de Circuito es inadmisible, habida cuenta de que la abstención de dar trámite al recurso interpuesto contra el auto de formal prisión no es una violación procesal reclamable en amparo directo, sino que se trata de un acto en juicio de ejecución irreparable, reclamable exclusivamente en amparo indirecto.
Ahora bien, aun y cuando esta circunstancia podría llevar a concluir que la denuncia de contradicción es improcedente, como se ha hecho en otras ocasiones, se estima que ello no resulta adecuado.
En efecto, se ha argumentado que en casos como el presente, la contradicción debe estimarse improcedente pues de resolver la cuestión, en lugar de crear certeza y seguridad jurídica, que es la finalidad del sistema implantado para resolver la discrepancia de criterios de órganos jurisdiccionales terminales del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad al dar a entender implícitamente, que un precepto legal tiene aplicación en un ámbito que no le corresponde.
Esta Sala; sin embargo, ha sostenido ya que en estos casos es menester que se explicite la incorrección, mostrar cuál es el ámbito exacto de aplicación de la norma y resolver la contradicción de tesis en ese sentido.
En apoyo de estas últimas consideraciones, cabe indicar que esta Sala resolvió en el mismo sentido la contradicción de tesis 102/2006-PS, el veintidós de noviembre de dos mil seis, de la que derivó la tesis aislada X/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, página setecientos noventa:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES RESOLVIERON UN SUPUESTO QUE CONFORME A LA LEY O LA JURISPRUDENCIA NO PUEDA NI DEBA DARSE, DEBE DEFINIRSE EL PUNTO. Se ha argumentado que cuando al examinar las ejecutorias contendientes en una contradicción, se advierte que los órganos que las emitieron se refieren a un supuesto jurídico que, conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, no puede ni debe darse, la denuncia respectiva debe declararse improcedente, pues si se definiera el criterio que debe prevalecer, en lugar de crear certeza y seguridad jurídica, que es la finalidad del sistema implantado para resolver la discrepancia de criterios de órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad al darse a entender, aun implícitamente, que es posible que se presente dicha hipótesis jurídica. Esta Primera Sala, no obstante haber aplicado dicho criterio, después de una nueva reflexión, estima que el argumento no es sostenible, pues si la finalidad de la contradicción de tesis precisamente es la de determinar la solución correcta de un caso, a fin de uniformar criterios y salvar la seguridad jurídica, resulta un contrasentido que si dos Tribunales Colegiados de Circuito estimaron aplicable un cierto dispositivo a un hecho que no está comprendido en su hipótesis fáctica, no se resuelva la cuestión en el sentido de fijar el ámbito correcto de aplicación de la norma, dado que entonces la seguridad jurídica quedaría en entredicho, ya que subsistirían los criterios formulados por los propios tribunales, entendiéndose aplicables hacia lo futuro. En otros términos, lo que la Sala debe hacer en tal hipótesis es dilucidar el ámbito correcto de aplicación de la norma y establecer su inaplicabilidad al supuesto fáctico. A este juicio de corrección cabe darle el rango de jurisprudencia obligatoria, pues, por un lado, es la forma de salvaguardar la seguridad jurídica, ya que al fijar jurisprudencialmente los ámbitos correcto e incorrecto de aplicación de la norma se evitarán futuras sentencias en las que el dispositivo se aplique equivocadamente; por otro, es la forma de uniformar criterios, en tanto que los órganos jurisdiccionales se amoldarán a las directrices de la jurisprudencia, y, por último, esta solución está permitida por la ley. En efecto, cuando el artículo 192, in fine, de la Ley de Amparo previene que ‘constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis’, lo hace en forma de tal modo lata que cabe sostener que esa ‘dilucidación’ no necesariamente debe estar referida al tema concreto de contradicción, si es que se advierte que resolverlo en sus términos implicaría elevar a rango jurisprudencial un contrasentido, y que en tales supuestos la contradicción se ‘dilucida’ estableciendo que el caso es irresoluble por no estar contemplado en la norma y fijando el ámbito correcto de aplicación de ésta. Así, lo adecuado es explicitar la incorrección, mostrar cuál es el ámbito exacto de aplicación de la norma y resolver la denuncia de contradicción en ese sentido.
"Contradicción de tesis 102/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López."
Precisado lo anterior, corresponde ahora demostrar que la vía para impugnar la omisión en estudio es la del amparo indirecto, y no la del directo (como supusieron los colegiados). Conviene reproducir el contenido de los artículos 73, fracción X, 114, fracción IV, 158, primer párrafo, 160 y 161, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como del texto de diversas tesis emitidas por esta Suprema Corte. Los numerales referidos disponen lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.
"Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;"
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;"
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados."
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"I. Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere;
"II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscripto (sic) al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;
"III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él;
"IV. Cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;
"V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se la (sic) coarten en ella los derechos que la ley le otorga;
"VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho;
"VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;
"VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa;
"IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que se le juzgue;
"X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria; sin la del Juez que deba fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto;
"XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal;
"XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél;
"XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señale la ley;
"XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción;
"XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;
"XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.
"No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal;
"XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
"Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."
Según se aprecia de la transcripción precedente, el sistema de impugnación en amparo de los actos acaecidos en el curso de un juicio seguido ante tribunales del orden penal es doble: los actos en juicio de ejecución de imposible reparación se impugnan en amparo indirecto; las violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo y que afectan defensas no se impugnan autónomamente, sino que deben hacerse valer en los conceptos de violación enderezados en contra de la sentencia definitiva, que constituye el acto reclamado en amparo directo. Como corolarios de estas dos reglas, se tiene 1) que si un acto dentro de juicio no es ni un acto en juicio de ejecución irreparable ni una violación procesal que afecta defensas y trasciende al resultado de la sentencia definitiva, entonces es irreclamable en amparo, en cualquiera de sus dos vías; y 2) que si un cierto acto dentro de juicio es reclamable en amparo, una de dos: o a) es de imposible reparación o b) es una violación procesal que afecta las defensas y trasciende al resultado del fallo, pero no puede ocurrir que participe de las dos naturalezas. Así, un mismo acto, según pertenezca a una u otra categoría, no puede ser reclamado en ambas vías, sino en sólo una de ellas.
Sirven de apoyo a lo anterior los precedentes siguientes:
1. Jurisprudencia de la antigua Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página doscientos ochenta:
"AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar ‘las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo’. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.
"Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. Secretario: José Juan Trejo Orduña."
2. Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCII, página mil trescientos quince (referida a la numeración de las disposiciones vigentes en su momento, pero plenamente aplicables en la actualidad):
"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. Cuando la violación se comete durante la secuela del juicio, afectándose la ley adjetiva y dejando sin defensa al interesado, dicha violación queda comprendida en las fracciones II y III del artículo 107 constitucional y da materia al amparo directo, previa su preparación, en los términos del artículo 161 de la ley reglamentaria del juicio de garantías; cuando se trata de acto, también dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación ordinaria, se está en el caso de la fracción IX, del citado artículo constitucional, relativa al amparo indirecto.
"Amparo civil directo 10088/43. Morales Francisco. 7 de mayo de 1947. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
De lo anterior puede desprenderse que si la omisión de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el afectado en contra del auto de formal prisión dictado en su contra constituye un acto acaecido en el curso de un juicio penal, sólo podría ser impugnada en amparo en una de las dos vías: 1) la indirecta, caso en el cual se impugnaría destacadamente, como acto reclamado, o 2) la directa, caso en el cual se impugnaría a través de los conceptos de violación vertidos en contra de la sentencia definitiva con la que hubiera culminado el juicio penal, dándole un tratamiento de violación procesal.
Si se sostiene lo primero, dicha omisión tendría que contar con una característica ineludible: ser un acto de ejecución de imposible reparación; si se sostiene lo segundo, la omisión tendría que contar con dos características insoslayables: haber afectado las defensas del quejoso y tener trascendencia al resultado del fallo.
Cabe entonces preguntarse sobre la condición jurídica de la omisión de que se habla.
Para responder a tal interrogante primero debe tenerse en cuenta que el auto de formal prisión es un acto reclamable en amparo indirecto, por dictarse dentro de juicio y ser de ejecución irreparable. Es impugnable en esta vía bien directamente, sin necesidad de agotar el principio de definitividad, o bien puede impugnarse la resolución de alzada que lo confirma. A este efecto es ilustrativa la cita de un antiguo precedente (referido a la fracción IX del artículo 107 constitucional, hoy fracción III, inciso b) y de dos jurisprudencias recientes:
1. Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVI, página mil cuatrocientos setenta y dos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20732-6adfd848/apelacion-contra-el-auto-de-formal-prision-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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