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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO. EL ÓRGANO QUE FORMA PARTE DE LA UNIDAD QUE ES LA INSTITUCIÓN DENOMINADA MINISTERIO PÚBLICO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL RESPECTIVA, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20365
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 320.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el cuatro de septiembre de dos mil tres, el amparo en revisión 271/2003, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Previo al estudio de los agravios planteados por la autoridad responsable, hoy recurrente, y para mejor claridad del asunto, conviene precisar lo siguiente: Como ya se hizo notar en el resultando primero de esta resolución, la parte quejosa, ... presentó demanda de garantías (la que dio origen al juicio de amparo indirecto 719/2003, génesis de la sentencia recurrida), reclamando al procurador general de Justicia del Estado, director Consultivo y de Estudios Legislativos de dicha entidad, y agente del Ministerio Público de la segunda mesa de trámite turno vespertino, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad, la determinación de fecha doce de febrero de dos mil tres, emitida por la segunda de las autoridades nombradas, a través de la cual confirmaba el no ejercicio de la acción penal persecutoria emitida por la última de ellas, el nueve de abril de dos mil dos, dentro de la averiguación previa número 4979/2000/norte. El Juez Tercero de Distrito, a quien por razón de turno correspondió conocer del juicio de amparo referido en el párrafo que precede, en audiencia constitucional iniciada el veinticinco de junio de dos mil tres y concluida el nueve de julio del mismo mes y año, sobreseyó en el juicio de garantías, en relación con el acto atribuido al procurador general de Justicia del Estado (en virtud de la negativa de la existencia del acto), y concedió al quejoso antes enunciado, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, al estimar inconstitucional el acto reclamado (al carecer de la debida fundamentación y motivación), concesión que hizo extensiva al acto de ejecución atribuido a la agente ministerial aludida. De lo antes expuesto se advierte que el ahora recurrente, director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, parte dentro del juicio de garantías citado es, en términos de lo previsto por el artículo 5o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, autoridad responsable y además, quien emitió el acto reclamado declarado por el Juez de amparo como inconstitucional. En este sentido, cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable puede interponer el recurso de revisión en los casos en que la sentencia dictada en el juicio de amparo afecta directamente el acto que a ella se le reclame. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha establecido en la jurisprudencia número 22, misma que aparece publicada en las páginas 23 y 24 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, de julio de 2003, Novena Época, que cuando la responsable es una autoridad jurisdiccional, no puede considerarse que le asista un interés legítimo al pretender la subsistencia del acto, ya que precisamente al ser autoridad jurisdiccional, debe obrar con completa imparcialidad, puesto que sólo está resolviendo una controversia entre partes (tratándose de la materia penal, esa controversia se da entre el inculpado, el agente del Ministerio Público y en su caso, entre el ofendido), cuyo resultado sólo trasciende a éstos. En efecto, dispone el criterio jurisprudencial de referencia: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe). Ahora bien, no obstante lo antes apuntado, debe señalarse que el citado criterio jurisprudencial resulta inaplicable en el presente caso. Cierto, ello es así, dado que según se observa, aun cuando se trata de la responsable (director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado), quien interpone el recurso de revisión, lo cierto es que dicha autoridad no tiene el carácter formal y material de judicial o jurisdiccional, únicas que de acuerdo con la jurisprudencia antes señalada carecen de legitimación para interponerlo; cuenta habida de que al examinar la determinación de no ejercicio de la acción penal de la representante social, en términos del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la autoridad aquí recurrente, no resuelve ninguna controversia entre partes (pues el único que se inconforma con dicha determinación es el ofendido), sino que únicamente emite un pronunciamiento de carácter administrativo (en este caso el confirmar el no ejercicio de la acción penal). A mayor abundamiento cabe agregar, que una vez formulada la inconformidad del denunciante o querellante, el cuerpo consultivo aludido debe realizar un examen integral y oficioso de la determinación impugnada, incluso con independencia de los motivos de inconformidad expresados, sustituyendo procesalmente al Ministerio Público en el ejercicio del monopolio de la acción penal, que desde luego es una función pública diferente a la actividad jurisdiccional. Por ende, este Tribunal Colegiado estima que el recurso de revisión que se analiza resulta procedente, lo cual obliga a analizar los agravios planteados por la autoridad inconforme. ..."

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el veinticuatro de agosto de dos mil seis, el amparo en revisión 349/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. No habrá de transcribirse la parte considerativa de la sentencia recurrida, ni los argumentos que a manera de agravios expone la autoridad inconforme, ya que resulta improcedente el recurso de revisión que se interpone, por las consideraciones que enseguida se expresan. Como ya se hizo notar en el resultando primero de esta resolución, la parte quejosa presentó demanda de garantías (la que dio origen al juicio de amparo indirecto 526/2006, génesis de la sentencia recurrida), reclamando del director consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, la resolución de treinta de enero de dos mil seis, pronunciada dentro de las averiguaciones previas acumuladas números 2864/99/CEN y 208/00/CEN, de la agencia del Ministerio Público, primera mesa de trámite, turno matutino con residencia en esta ciudad, mediante la cual autorizó el inejercicio de la acción penal. El Juez Sexto de Distrito, a quien por razón de turno correspondió conocer del juicio de amparo referido en párrafo que precede, con fecha veintiuno de junio pasado, concedió a la parte quejosa, por lo que hace al acto referido en párrafo anterior, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al estimar inconstitucional dicho acto. De lo antes expuesto se advierte que la recurrente, director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, parte dentro del juicio de garantías citado, en términos de lo previsto por el artículo 5o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, autoridad responsable y además, quien dentro de la averiguación previa de origen emitió el acto reclamado declarado inconstitucional por el Juez de amparo. Ahora bien, en el capítulo XI de la Ley de Amparo, relativo a: ‘De los recursos’, se establecen las reglas de procedencia y sustanciación del recurso de revisión y así, en lo que interesa, el artículo 83 de la legislación en cita, prevé: (se transcribe). Por su parte, el artículo 87 de la legislación citada, establece: (se transcribe). De las disposiciones antes transcritas se desprende que en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por los Tribunales Unitarios de Circuito en materia de amparo indirecto, procede el recurso de revisión, el cual sólo podrá interponerse por la parte a quien dicha resolución afecte, salvo el caso de la revisión adhesiva que es promovida por la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses. Asimismo, el artículo 91 de la Ley de Amparo establece las reglas para la resolución del recurso, a saber: (se transcribe). De las normas contenidas en el precepto legal antes transcrito, se obtiene que el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución en el goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo, es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales efectos el tribunal ad quem, conforme a los agravios aducidos, sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los planteamientos de las partes (conceptos de violación e informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas. Derivado de lo anterior, debe decirse que la finalidad del recurso de revisión, que pueden interponer incluso las autoridades responsables, en su carácter de partes en el juicio de amparo, es el que subsista el acto que de ellas emana y que el quejoso reclama. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, registrada con el número 22/2003, consultable en la página 23, Tomo XVIII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que enseguida se transcribe, determinó que cuando en el amparo se reclaman actos que emanan de autoridades judiciales o jurisdiccionales, no procede el recurso de revisión que éstas interpongan, en virtud de que la característica fundamental de su función es la completa y absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. A continuación se reproduce la jurisprudencia referida en párrafo anterior. ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe). Ahora bien, este órgano colegiado estima que aun cuando el investigador de los delitos (Ministerio Público), es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo del Estado, la naturaleza de su función en la fase de averiguación previa y de su resolución, por sus características, se asimila a la de una autoridad jurisdiccional, puesto que al igual que ésta, su finalidad es la de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y del interés público, cualquiera que sea el beneficiado o perjudicado en la contienda, además de que, también debe valorar en los términos que al efecto fija la ley, las pruebas recabadas en la indagatoria, para así estar en posibilidad de emitir, de manera imparcial, la resolución que corresponda; es decir, ambas tienen como fin común, encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de tal manera que les impide asimilarse con ellas. En efecto, el representante social (en la fase de averiguación), al igual que las autoridades judiciales del orden penal, responden a la misma finalidad de interés público, pues con independencia de los intereses que se encuentren en los procedimientos que ante ellos se ventilen, lo cierto es que ambos, en todos los casos, están obligados a velar por el bien común, procurando en todo momento mantener el equilibrio entre las partes a través de los medios legales establecidos para tal efecto. Así las cosas, si como se sostiene, la finalidad de las funciones de ambas (órgano persecutor de los delitos y autoridades judiciales o jurisdiccionales) resulta ser idéntica, también por identidad jurídica es aplicable la jurisprudencia anteriormente invocada y ante ello, debe sostenerse que la autoridad recurrente, director consultivo y de estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, carece de legitimación para interponer el medio de impugnación que dio origen al presente toca. Resulta de aplicación el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 1561, Tomo XXII, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘REVISIÓN EN AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). En virtud de lo anterior, como ya se adelantó, debe considerarse que en el caso la autoridad responsable recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por ende, se impone desecharlo por improcedente y declarar, en consecuencia, ejecutoriada la sentencia recurrida. ..."

El criterio anterior, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, diciembre de 2006

"Tesis: VI.2o.P.72 P

"Página: 1394

"REVISIÓN EN AMPARO. EL DIRECTOR CONSULTIVO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 23, de rubro: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’, determinó que cuando en el amparo se reclamen actos que emanan de autoridades judiciales o jurisdiccionales, es improcedente el recurso de revisión que interpongan las responsables, salvo que el titular sea afectado en sus intereses jurídicos, verbigracia, la imposición de multas; lo anterior es así, debido a que la característica fundamental de dichas autoridades en cuanto a su función, es la completa y absoluta imparcialidad, así como el total desapego al interés de las partes, en tanto sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota con el pronunciamiento de la sentencia. Ahora bien, el Ministerio Público es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, empero, la naturaleza de su función, en la fase de averiguación previa y de su resolución, se asimila a la de la autoridad jurisdiccional, puesto que su finalidad es la de procurar justicia y garantizar la defensa de los derechos de la sociedad y del interés público, además, valora en términos de ley las pruebas recabadas en la indagatoria, es decir, tiene, al igual que la autoridad judicial, como fin común, encontrar la verdad jurídica a través de los medios legales establecidos para tal efecto; por tanto, al ser idénticas las funciones del persecutor de los delitos y de las autoridades judiciales, debe sostenerse que el director consultivo y de estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, autoridad responsable dentro del juicio de garantías de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer el citado medio de defensa en contra de la determinación que concede el amparo cuando el acto reclamado lo constituye la autorización del no ejercicio de la acción penal y, por ende, debe desecharse, por improcedente, el referido recurso de revisión.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

"Amparo en revisión 349/2006. 24 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo. Secretaria: Matilde Garay Sánchez."

CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

a) En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si el director consultivo y de estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, tiene o no legitimación para interponer recurso de revisión contra la determinación que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado lo constituyó la autorización del no ejercicio de la acción penal emitida por dicha autoridad, siendo que al respecto los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios discrepantes:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable puede interponer el recurso de revisión en los casos en que la sentencia dictada en el juicio de amparo afecta directamente el acto que a ella se le reclame; que recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la jurisprudencia respectiva que cuando la responsable es una autoridad jurisdiccional, no puede considerarse que le asista un interés legítimo al pretender la subsistencia del acto, ya que precisamente al ser autoridad jurisdiccional, debe obrar con completa imparcialidad, puesto que sólo está resolviendo una controversia entre partes (tratándose de la materia penal, esa controversia se da entre el inculpado, el agente del Ministerio Público y, en su caso, entre el ofendido), cuyo resultado sólo trasciende a éstos.

Sigue considerando el Tribunal Colegiado de referencia, que no obstante lo anterior, el citado criterio jurisprudencial resulta inaplicable en el presente caso; que ello es así, dado que según se observa, aun cuando se trata de la responsable (director consultivo y de estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado), quien interpone el recurso de revisión, lo cierto es que dicha autoridad no tiene el carácter formal y material de judicial o jurisdiccional, únicas que de acuerdo con la jurisprudencia antes señalada carecen de legitimación para interponerlo; cuenta habida de que al examinar la determinación de no ejercicio de la acción penal del representante social, en términos del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la autoridad recurrente, no resuelve ninguna controversia entre partes (pues el único que se inconforma con dicha determinación es el ofendido), sino que únicamente emite un pronunciamiento de carácter administrativo (en este caso el confirmar el no ejercicio de la acción penal).

A mayor abundamiento señaló, que una vez formulada la inconformidad del denunciante o querellante, el cuerpo consultivo aludido debe realizar un examen integral y oficioso de la determinación impugnada, incluso con independencia de los motivos de inconformidad expresados, sustituyendo procesalmente al Ministerio Público en el ejercicio del monopolio de la acción penal, que desde luego es una función pública diferente a la actividad jurisdiccional; concluyendo que el recurso de revisión que se analiza resulta procedente.

B) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de acuerdo a la tesis en la que expuso su criterio, estimó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia respectiva, determinó que cuando en el amparo se reclamen actos que emanan de autoridades judiciales o jurisdiccionales, es improcedente el recurso de revisión que interpongan las responsables, salvo que el titular sea afectado en sus intereses jurídicos, verbigracia, la imposición de multas; lo anterior es así, debido a que la característica fundamental de dichas autoridades en cuanto a su función, es la completa y absoluta imparcialidad, así como el total desapego al interés de las partes, en tanto sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota con el pronunciamiento de la sentencia.

Expone el Tribunal Colegiado en mención, que el Ministerio Público es un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, empero, la naturaleza de su función, en la fase de averiguación previa y de su resolución, se asimila a la de la autoridad jurisdiccional, puesto que su finalidad es la de procurar justicia y garantizar la defensa de los derechos de la sociedad y del interés público, además, valora en términos de ley las pruebas recabadas en la indagatoria, es decir, tiene, al igual que la autoridad judicial, como fin común, encontrar la verdad jurídica a través de los medios legales establecidos para tal efecto.

Concluye el Tribunal Colegiado, que al ser idénticas las funciones del persecutor de los delitos y de las autoridades judiciales, debe sostenerse que el director consultivo y de estudios legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, autoridad responsable dentro del juicio de garantías de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer el citado medio de defensa en contra de la determinación que concede el amparo cuando el acto reclamado lo constituye la autorización del no ejercicio de la acción penal y, por ende, debe desecharse, por improcedente, el referido recurso de revisión.

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

b) Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.

c) Por último, también se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, en virtud de que los Tribunales Colegiados, tomando en cuenta el mismo acto reclamado, respecto del cual se concedió el amparo solicitado y tomando en cuenta la autoridad responsable que interpuso el recurso de revisión, motivó que analizaran diversos preceptos de la Ley de Amparo, así como una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.

En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20365-0cc65bc9/revision-en-amparo-el-organo-que-forma-parte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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