NOTIFICACIONES DIRIGIDAS AL DIRECTOR DE UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. PUEDEN REALIZARSE A TRAVÉS DE OFICIO ENTREGADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en lo que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. Los denunciantes, Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se encuentran legitimados con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en los juicios de amparo de los que conoció dicho Tribunal Colegiado.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito -denunciante- al resolver el amparo en revisión 131/2006, en lo que interesa, son las siguientes:
"SEXTO. Los antecedentes del acto recurrido son los siguientes:
"Por auto de veintidós de septiembre de dos mil cinco, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó un auto dentro de la causa penal 8/2002, en el que entre otras cosas le hace un apercibimiento al director del Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘La Palma’ en Almoloya de Juárez, México, en el sentido de que en caso de no presentar al procesado ... sin causa justificada o no presentarlo puntualmente tras la reja de prácticas a sus respectivas audiencias (diez horas del veinticinco de octubre, diez horas del treinta y uno de octubre, diez horas del ocho de noviembre, diez horas del diez de noviembre, diez horas del quince de noviembre, diez horas del diecisiete de noviembre y diez horas del veintidós de noviembre, todas de dos mil cinco) o bien, no permita que el procesado cuente con el material para tomar notas en ejercicio de su defensa consagrado en el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, lo anterior con fundamento en el artículo 17 constitucional y 44, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales.
"El veintiséis de septiembre de dos mil cinco, la Oficialía de Partes del Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘La Palma’, en Almoloya de Juárez, México, recibió el oficio 1785/2005 dirigido al director del mencionado Centro de Readaptación Social, en el que se le comunicó el acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil cinco, mediante el cual se le hizo saber el acuerdo a que nos referimos en el párrafo anterior.
"El referido director del Centro de Readaptación Social, mediante oficio de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cinco, dirigido al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en uso de su derecho de ser escuchado en defensa con posterioridad a la imposición del arresto, conforme lo estableció en el artículo 43 del Código Federal de Procedimientos Penales, solicitó se dejara sin efecto el apercibimiento decretado el quince de noviembre de dos mil cinco, sin justificar ni ofrecer prueba alguna de por qué no cumplió con la orden del referido juzgado, o acreditar que lo hizo.
"El quince de noviembre de dos mil cinco, la secretaria de ese Juzgado dio cuenta al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, de las actas referentes a la diligencia que habría de celebrarse a las diez horas del día diez de noviembre de dos mil cinco, consistente en la testimonial de ... testigo ... tuvo que suspenderse debido a las manifestaciones del procesado ... en el sentido que no se le permitió llevar consigo el material necesario para su defensa, razón por la que dicho Juez consideró que se actualizaba uno de los supuestos para proceder a la imposición del arresto relativo al apercibimiento realizado al director del multicitado centro penitenciario ... el veintidós de septiembre de dos mil cinco, en contra del referido acuerdo el quejoso hoy recurrente promovió demanda de amparo ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, la cual fue admitida el cinco de diciembre de dos mil cinco, registrándose con el número 1547/2005-VI, señalándose como actos reclamados la referida orden de arresto, así como la segregación y tortura.
"Y el nueve de enero de dos mil seis, el mencionado Juez de amparo, después de celebrada la audiencia constitucional, resolvió sobreseer el juicio de amparo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a los actos consistentes a la segregación y tortura, ya que las autoridades responsables Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Juzgado, procurador general de Justicia del Estado de México y director general de la Policía Ministerial de dicha dependencia, negaron en su informe justificado la existencia de esos actos reclamados, sin que el quejoso aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa.
"Asimismo, negó el amparo en contra de la orden de arresto dictada el quince de noviembre de dos mil cinco, por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Proceso Penales Federales en el Estado de México, en la causa 8/2002 y su ejecución atribuida al procurador general de Justicia en el Estado de México, director general de la Policía Ministerial y Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al juzgado responsable, y contra este segundo resolutivo únicamente se inconformó el quejoso hoy recurrente, por lo tanto la revisión versará sólo por la negativa del amparo, quedando firme el sobreseimiento.
"SÉPTIMO. ...
"En otra parte se estiman infundados los agravios alegados por el revisionista por las razones que a continuación se expondrán:
"...
"Agrega que se le dejó en estado de indefensión porque el resolutor de amparo afirma que la leyenda ‘notifíquese personalmente’ concierne única y exclusivamente a las partes, por lo que él como autoridad auxiliar no tiene ese carácter, pero que sin embargo el tipo de apercibimiento con el que fue conminado por el Juez del proceso debió hacérsele en forma personal, por tratarse de un medio de apremio privativo de su libertad corporal, ya que la forma en que fue notificado no garantiza que dicho mandato fuera de su conocimiento, ya que la Oficialía de Partes de ese centro del que es director, turna a las áreas correspondientes la documentación recibida mediante el sello de recepción de dicha oficina, y que el oficio que iba dirigido a él como director según número 1785 fue turnado a la dirección jurídica lo que lo deja en estado de indefensión.
"Resulta infundado el agravio de que debió notificársele personalmente, por así haberse ordenado en dicho proveído y que el Juez de amparo incurre en contradicción al considerar correcto que tal acuerdo le haya sido notificado a través del oficio mil setecientos ochenta y cinco, recibido en la Oficialía de Partes del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘La Palma’. Lo anterior es así porque de manera correcta el Juez Federal de amparo consideró que el hoy quejoso, en su calidad de director general del Centro Federal de Readaptación Social, quedó legalmente enterado del proveído de veintidós de septiembre de dos mil cinco, emitido por el Juez señalado como responsable en la causa penal 8/2002, en el que le ordenó, entre otras cosas, que de no presentar al procesado ... sin causa justificada o no presentarlo puntualmente tras la reja de práctica a sus respectivas audiencias, o bien, no permita que el procesado cuente con el material para tomar notas en ejecución de su defensa consagrada en el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, lo anterior con fundamento en el artículo 17 constitucional y 44, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, notificación que fue legal, dado que tratándose de autoridades, la ley es clara en precisar que las notificaciones deben hacerse por oficio, forma en la que quedan comprendidas aun las de carácter personal, pues la diferencia de forma de realización es en atención a su carácter de autoridad y por determinación de la ley en beneficio de las propias funciones institucionales que precisamente prevén la existencia de un ente público legalmente conformado y organizado, haciendo innecesario el procedimiento de búsqueda y localización personal dado el carácter oficial con que se hace la comunicación al órgano público de que se trate, por ende, la notificación por oficio resulta correcta pues es en su calidad de servidor público titular de una dependencia que cuenta con Oficialía de Partes, que se ordenó su notificación y no como ciudadano en lo personal, de manera que esa estructura organizativa interna o sus posibles deficiencias no pueden ser argumento para pretender una forma de notificación distinta a la que por ley le corresponde.
"Además en el supuesto de que la notificación no le haya sido entregada personalmente por la Oficialía de Partes de su dirección, eso le sería imputable en todo caso al propio personal de la institución y no al órgano judicial, de manera que tendría que ser acreditado por el propio interesado como causa de justificación, mas ello no legitima el desconocimiento de las determinaciones legales relativas a la forma en que deben hacerse las notificaciones oficiales a quienes tienen carácter de autoridad independientemente de que se trate o no de las partes en el procedimiento. ..."
Con similares consideraciones el mismo tribunal resolvió el amparo en revisión RP. 133/2006.
II. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 42/2006, en lo que interesan al presente fallo, son las siguientes:
"V. ... Asimismo, del examen de la resolución recurrida se advierte que si bien el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, tuvo por cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa, consistente en la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil cinco, mediante la cual decretó orden de arresto por treinta y seis horas en contra del quejoso recurrente, dentro de la causa penal 22/2005-V, instruida entre otros en contra de ... y su pretendida ejecución atribuida al jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones en el Estado de México, con residencia en Toluca, pues al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos a ellos reclamados, además, de las copias certificadas de las actuaciones de dicha causa penal, anexadas por el Juez responsable a su informe justificado y que tienen valor en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2o. de la Ley de Amparo, se evidencia que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil cinco, el referido Juez responsable, a efecto de lograr la entrega de copias del proceso penal en comento, al referido procesado, toda vez que no había sido posible hacerlo hasta esa fecha, con fundamento en la fracción IX, apartado A, de los artículo 20 y 133 constitucionales, así como el precepto 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, requirió al ahora quejoso recurrente, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que fueran depositadas dichas copias en la Oficialía de Partes del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘La Palma’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, le remitiera constancia fehaciente que acreditara que el mencionado inculpado había recibido tales documentos y lo apercibió que para el caso de no cumplir con lo solicitado o informar las causas legales que se lo impidieran, con fundamento en el artículo 17 constitucional y 44, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, le impondría la medida de apremio consistente en el arresto mencionado, con la finalidad de vencer la resistencia de las autoridades a acatar los mandatos judiciales y porque en reiteradas ocasiones ha incumplido con esas solicitudes judiciales e incluso la medida de apremio consistente en multa era ineficaz para obligar al solicitante del amparo en su carácter de director de la institución carcelaria antes mencionada a cumplir los requerimientos, máxime que el servicio de administración tributaria había informado que las multas que le fueron impuestas no se hacían efectivas ante la manifestación expresa de insolvencia por parte de dicho funcionario; acuerdo que se notificó al referido impetrante de garantías mediante oficio 1717/2005-VI, recibido en la Oficialía de Partes de dicha institución carcelaria al día siguiente, empero, los legajos de copias simples de la causa penal en comento, fueron recibidas a las diecinueve horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil cinco, por lo que el término aludido para el cumplimiento de tal requerimiento comenzó a computarse a partir de la hora antes indicada y feneció a la misma hora del veintiuno de septiembre del año próximo pasado, sin que el quejoso ahora recurrente remitiera la constancia solicitada.
"Consecuentemente, mediante proveído del veintitrés de septiembre de dos mil cinco, el Juez Federal responsable emitió el proveído que constituye el acto reclamado del juicio de garantías 1277/2005-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el que hizo efectivo el apercibimiento realizado al quejoso recurrente en el diverso proveído del doce de septiembre de dos mil cinco, y ordenó girar oficio al jefe regional de la Agencia Federal de Investigación en el Estado de México, con sede en esta ciudad de Toluca, a fin de que arrestara al quejoso ... por el término de treinta y seis horas, debiendo comunicar al órgano jurisdiccional emisor, el cumplimiento a tal determinación, apoyándose para tal efecto el Juez responsable en la consideración de que tal medida de apremio se hacía efectiva, además, con la finalidad de vencer la reiterada resistencia del solicitante del amparo para acatar un mandato de carácter judicial.
"Determinación que constituye el acto reclamado y que a consideración de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resulta ilegal, en la medida en que si bien el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, estableció que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de que el arresto es una excepción a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley Fundamental en comento, porque por encima del interés meramente individual del afectado, se encuentra el de la sociedad para que las resoluciones judiciales sean cumplidas, además, para la emisión del mismo debe existir una determinación de un órgano jurisdiccional, contenida en un proveído; que tal determinación se encuentre fundada y motivada, la cual deba ser cumplida por las partes o terceros involucrados en el litigio, en el caso, el quejoso recurrente, que tal determinación sea notificada personalmente y oportunamente al obligado, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia se aplicará una medida de apremio precisa y concreta (arresto).
"Sin embargo, el Juez del amparo soslayó considerar que si bien en el auto de doce de septiembre de dos mil cinco, dictado en la causa penal 22/2005, instruida a ... apercibió al quejoso recurrente ... en su carácter de director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘La Palma’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para el efecto de que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que fueran depositadas en la Oficialía de Partes de esa institución las copias certificadas de la causa penal en comento, remitiera la constancia de que el procesado de mérito la recibió y con fundamento en el artículo 17 constitucional y el diverso 44, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, lo apercibió de que para el caso de no cumplir con lo solicitado o no informar las causas legales que se lo impidieran, le impondría la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, empero, como fundadamente lo argumenta el recurrente en sus agravios, ese proveído no le fue notificado personalmente, sin que sea obstáculo para ello que se haya entregado el oficio 1717/2005-VI en la Oficialía de Partes de ese Centro Federal de Readaptación Social.
"Lo anterior es así, toda vez que el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que: (se transcribe)
"Consecuentemente, no puede considerarse que se haya notificado personalmente al quejoso y recurrente ... la determinación del doce de septiembre de dos mil cinco, en la que se le apercibía con imponerle la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas, para el caso de que no comunicara que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que fueran depositadas las copias del proceso penal 22/2005, en la Oficialía de Partes del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘La Palma’, que las mismas habían sido entregadas al procesado ... y en estas condiciones pudiera dar cumplimiento a tal requerimiento, toda vez que inexiste constancia alguna (sic) para establecer que el actuario o funcionario respectivo del Juzgado responsable haya requerido la presencia del ahora quejoso para entregarle personalmente el oficio en comento o razón alguna por la cual no se entregó personalmente la cédula al impetrante aquí recurrente, o bien, que éste se haya negado a recibir al funcionario encargado de hacer la notificación en términos del precepto legal transcrito.
"Respecto a este tema resulta conveniente citar la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito que se comparte, visible en la página 1091 del Tomo XIII, abril de 2001, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que por rubro y texto dice:
"‘NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA PENAL. ES REQUISITO ESENCIAL QUE CONSTE EN AUTOS LA ENTREGA DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PARA TENER POR LEGAL LA DILIGENCIA, CUANDO NO SE ENCUENTRE AL INTERESADO.’ (se transcribe).
"En tales condiciones, resulta procedente conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, deje insubsistente la parte conducente del proveído dictado el veintitrés de septiembre de dos mil cinco, en la causa penal 22/2005, instruida entre otro en contra de ... en la que hizo efectivo el apercibimiento al hoy quejoso, consistente en el arresto por treinta y seis horas, como medida de apremio establecida como apercibimiento en el diverso proveído del doce de septiembre de esa anualidad, porque no informó haber entregado en el plazo que para tal efecto se le otorgó las copias de la mencionada causa penal al inculpado de mérito, y reponga el procedimiento, a fin de que el auto mencionado en último término sea notificado personalmente a ... en su carácter de director del referido centro carcelario y hecho que sea fenecido el plazo mencionado, provea lo que conforme a derecho corresponda. ..."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar.
I. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada debe señalarse que para que se surta su procedencia es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (2)
II. Debe señalarse que en la especie sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver los amparos en revisión 131/2006 y 133/2006, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2006.
Para clarificar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, se precisa lo siguiente:
II.a. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 131/2006, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de arresto dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en contra del director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "La Palma" en Almoloya de Juárez y la ejecución de ésta por parte de la autoridad señalada por el juzgador, concedió el amparo al quejoso por razones de ambigüedad del acto reclamado; sin embargo, respecto del tema materia de la denuncia de contradicción de tesis -si debía notificársele personalmente o no el requerimiento que le fue hecho por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y que dio origen a que se hiciera efectiva la orden de arresto fijada como medida de apremio- consideró infundado el agravio expresado por el quejoso, con apoyo, esencialmente, en los siguientes argumentos:
Tratándose de autoridades, la ley es clara en precisar que las notificaciones deben hacerse por oficio, forma en la que quedan comprendidas aun las de carácter personal, pues la diferencia de forma de realización es en atención a su carácter de autoridad y por determinación de la ley en beneficio de las propias funciones institucionales que precisamente prevén la existencia de un ente público legalmente conformado y organizado, haciendo innecesario el procedimiento de búsqueda y localización personal dado el carácter oficial con que se hace la comunicación al órgano público de que se trate, por ende, la notificación por oficio resulta correcta, pues es en su calidad de servidor público titular de una dependencia que cuenta con Oficialía de Partes, que se ordenó su notificación y no como ciudadano en lo personal, de manera que esa estructura organizativa interna o sus posibles deficiencias no pueden ser argumento para pretender una forma de notificación distinta a la que por ley le corresponde.
En el supuesto de que la notificación no le haya sido entregada personalmente por la Oficialía de Partes de su dirección, eso le sería imputable en todo caso al propio personal de la institución y no al órgano judicial, de manera que tendría que ser acreditado por el propio interesado como causa de justificación, mas ello no legitima el desconocimiento de las determinaciones legales relativas a la forma en que deben hacerse las notificaciones oficiales a quienes tienen carácter de autoridad, independientemente de que se trate o no de las partes en el procedimiento.
II.b Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2006, en el que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de arresto dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México en contra del director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "La Palma" en Almoloya de Juárez y la ejecución de ésta por parte de la autoridad señalada por el juzgador, concedió el amparo al quejoso respecto del tema materia de la denuncia de contradicción de tesis -si debía notificársele personalmente o no el requerimiento que le fue hecho por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y que dio origen a que se hiciera efectiva la orden de arresto fijada como medida de apremio- con apoyo, esencialmente, en los siguientes argumentos:
Como fundadamente lo argumenta el recurrente en sus agravios, ese proveído no le fue notificado personalmente, sin que sea obstáculo para ello, que se haya entregado el oficio en la Oficialía de Partes de ese Centro Federal de Readaptación Social.
"No puede considerarse que se haya notificado personalmente al quejoso y recurrente, toda vez que inexiste constancia alguna para establecer que el actuario o funcionario respectivo del Juzgado responsable haya requerido la presencia del ahora quejoso para entregarle personalmente el oficio en comento o razón alguna por la cual no se entregó personalmente la cédula al impetrante aquí recurrente, o bien, que éste se haya negado a recibir al funcionario encargado de hacer la notificación en términos del precepto legal transcrito."
III. Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 131/2006 y 133/2006, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2006, sí se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos.
Al resolver los referidos amparos en revisión los Tribunales Colegiados contendientes actualizaron los supuestos anteriormente aludidos para la existencia de una contradicción de tesis.
En efecto, ambos Tribunales Colegiados al resolver sendos amparos en revisión examinaron la misma cuestión jurídica, a saber: si las notificaciones dirigidas al director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "La Palma" en Almoloya de Juárez en que se le apercibe con una medida de apremio, deben realizarse de manera personal o basta con la entrega del oficio respectivo en la Oficialía de Partes del mismo centro penitenciario, dado el carácter de autoridad con el que está investido dicho funcionario.
Así pues, no obstante haber examinado una cuestión jurídica esencialmente igual -la descrita en el párrafo que antecede-, adoptaron criterios discrepantes. Uno (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito), en el sentido de que es legal la notificación que se realiza de oficio -en las que quedan comprendidas las de carácter personal- al director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "La Palma" en Almoloya de Juárez, haciendo innecesario el procedimiento de búsqueda y localización personal dado el carácter oficial con que se hace la comunicación al órgano público de que se trate. Mientras que el otro tribunal contendiente (Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito) sostuvo que debe notificarse de manera personal a dicho director, sin que sea obstáculo que se realice mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de la dependencia pública a la que pertenece el servidor público.
En ese orden de ideas, queda evidenciado que, no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar resultaban esencialmente iguales, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambos órganos jurisdiccionales concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.
IV. Con lo anterior queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo expuesto en esta consideración se concreta en los siguientes términos ¿Las notificaciones dirigidas al director de un Centro Federal de Readaptación Social en que se le apercibe con una medida de apremio deben realizarse de manera personal o basta con la entrega del oficio respectiv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20138-60e8b713/notificaciones-dirigidas-al-director-de-un-centro-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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