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DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2015. · Registro digital (IUS): 28097
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIAS PENAL
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 217.

DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA.

NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS, los autos, para resolver la contradicción de tesis 57/2015.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio T5/2015, recibido el veintitrés de febrero de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el órgano jurisdiccional de su adscripción y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.(2)

SEGUNDO.—Admisión. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de que se trata y la registró con el expediente número 57/2015; estimó que la competencia para conocer de ésta correspondía a la Primera Sala, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si los criterios sustentados por ellos se encontraban vigentes y, en su momento, remitió los autos para su estudio a la ponencia de la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.(3)

TERCERO.—Radicación en la Primera Sala. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil quince, el presidente de esta Primera Sala acordó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto. Una vez que quedó integrado el expediente, se devolvió a la entonces Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.(4)

CUARTO.—Returno del asunto. Por acuerdo de siete de enero de dos mil dieciséis, el presidente de la Primera Sala ordenó returnar este asunto a la ponencia de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien a partir del cinco de enero del mismo año quedó adscrita a la Primera Sala.(5)

QUINTO.—Resolución de la Primera Sala. En sesión de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el envió de la presente contradicción de tesis para su resolución al Tribunal Pleno, por tratarse de un tema en materia común.(6)

SEXTO.—Radicación en Pleno. En auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte acordó que el Pleno de este Alto Tribunal se avocaba al conocimiento del asunto.(7)

El Tribunal Pleno, en sesión de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, acordó returnar el asunto y encargar la elaboración del engrose al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 10, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, por tratarse de un tema en materia común.

Lo anterior, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos respecto de un tema que corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno. Tal consideración tiene apoyo, además, en la tesis P. I/2012 (10a.), del Pleno de esta Suprema Corte:

"Décima Época

"Registro digital: 2000331

"Instancia: Pleno

"Tesis: Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. En la presente contradicción de tesis convergen dos posturas antagónicas; por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito consideró que si la ley que rige al acto reclamado no prevé el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones personales, se entenderá que éstas surten efectos el mismos día en que se practican; en cambio, los órganos jurisdiccionales de la segunda postura, consideraron que la notificación deberá surtir efectos al día siguiente en que se realice, ello atendiendo al principio pro persona contemplado en el artículo 1o. constitucional. Este es el problema jurídico que prima facie se advierte de las posturas brevemente expuestas.

Hecha esta aproximación, procede imponerse de los criterios que contienden en este asunto:

I. Primera postura

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 493/2014, y el recurso de reclamación 1/2015,(8) sostuvo que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo son "imperativos", al disponer que el término de quince días para promover el amparo, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclame; de ahí que, consideró, para estar en condiciones de acudir a la norma que rige el procedimiento del cual emana la presentación del juicio de amparo directo, debe atenderse a la naturaleza del juicio de origen.

El Tribunal Colegiado de Circuito interpretó el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que prevé que "los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación"; y de ahí concluyó que las notificaciones personales surten efectos el mismo día que se practican, en tanto que es un requisito necesario para que comience a transcurrir un término que la notificación, primero, surta efectos. A partir de lo anterior, determinó que en materia civil, las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican y, en consecuencia, el plazo para promover el amparo se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que se practica la notificación.

Sostuvo que, en el caso, no resultaba aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), emitida por esta Primera Sala, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", puesto que la razón de ser de dicho criterio, es que en la legislación civil del Estado de Tabasco, no se contempla el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones personales en los juicios civiles; sin embargo, aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México tampoco se establece de forma textual ese momento, determinó que bastaba acudir a la exposición de motivos y a la interpretación sistemática del artículo 1.149, para advertir que en esa entidad federativa las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican.

II. Segunda postura

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, al pronunciarse en el amparo directo 626/2012(9) sobre la oportunidad de la presentación de la demanda, estableció que aun cuando el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit no prevé expresamente el día en que surten efectos las notificaciones personales, el juzgador deberá considerar, atendiendo al principio pro persona, que ese tipo de notificaciones surten efectos al día siguiente al en que se practican, pues sólo así el quejoso contará con un día más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de la demanda de amparo.

Consideró que dado que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en su artículo 81 prevé únicamente que "los términos procesales que establece este código, empezarán a surtir sus efectos desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación", sin que tal precepto o algún otro de ese código establezca el momento en que surten efectos las notificaciones, por lo que se debe entender que las notificaciones en materia civil, surten sus efectos al día siguiente en que se practican.

Dicha conclusión la adoptó a partir del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."

El Tribunal Colegiado sostuvo que si bien la tesis en cuestión, se emitió con apoyo en una legislación diversa a la del Estado de Nayarit, dicha hipótesis encontraba total aplicación al caso, en tanto que el Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa tampoco señalaba el momento en que surtían efectos las notificaciones realizadas en materia civil.

Esta nueva reflexión llevó al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito a apartarse de la jurisprudencia XXIV. J/8, de rubro: "NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO."; y a constituir uno de los precedentes de la jurisprudencia que establece:

"NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). El artículo 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (17 de la nueva ley), prevé el plazo general de quince días para interponer la demanda relativa, contado desde el siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o el acuerdo que reclame. Ahora bien, toda vez que en el tema está involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, y a fin de aplicar los principios consagrados en beneficio de los gobernados, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once; una nueva reflexión sobre el tema, a la luz de las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 367, de rubro: ‘NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).’, obliga a este Tribunal Colegiado a abandonar el criterio que venía sustentando en la jurisprudencia XXIV. J/8, publicada en el mismo medio de difusión, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 1242, de rubro: ‘NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.’; dado que el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, únicamente prevé que ‘los términos procesales que establece este código, empezarán a surtir sus efectos desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación’, sin que este precepto o algún otro de la legislación procesal en cita establezca el momento en el cual surten efectos las notificaciones, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del citado artículo 1o. constitucional, conforme al cual debe aplicarse el principio interpretativo pro persona, y consecuentemente, preferir la interpretación que más favorezca a los derechos de los quejosos, las notificaciones en materia civil deben surtir efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo de esta manera éstos cuentan con un día más para poder presentar su demanda de amparo."(10)

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió declarar fundado el recurso de reclamación 15/2014.(11) En la ratio decidendi de dicha determinación estableció que del análisis realizado al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se advertía que no existía una regla específica que determinara el momento a partir del cual surtían efectos las notificaciones, pues el artículo 127 sólo disponía que "Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación."

Sostuvo que con el fin de suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición y así estar en posibilidad de determinar el momento en que deben surtir sus efectos las notificaciones, era necesario aplicar la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."

Lo anterior llevó al órgano jurisdiccional a establecer que aun cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo no prevé expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, el juzgador debe, atendiendo al mayor beneficio para las partes, considerarse que surten sus efectos al día siguiente al en que se practica, pues sólo así el quejoso contará con un día más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo.

De lo anterior derivó la tesis aislada XXIX.2o.2 C (10a.), que establece lo siguiente:

"NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONAE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el plazo genérico para la interposición del amparo es de quince días, y su cómputo iniciará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, del análisis de los numerales 109 a 116 y 119 a 126 del capítulo V, denominado ‘Notificaciones’ del título segundo, intitulado ‘Reglas generales’ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se advierte que no hay una regla específica que determine el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones. En ese sentido, para suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición, debe acudirse al principio interpretativo pro personae, contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente, preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos de la persona humana, y armonizarlo con el derecho humano de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la propia Constitución; y establecer, que aun cuando el señalado código no prevea expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, en atención al mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar, que será al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así el quejoso contará con uno más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día."(12)

Finalmente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 279/2013,(13) consideró que no obstante que el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz (hoy abrogado), no precisaba el momento a partir de cuándo surtían efectos las notificaciones personales en los procedimientos penales (pues únicamente señalaba que "los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente"), debía atenderse al mayor beneficio para las partes y, en consecuencia, considerar que, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, las notificaciones personales realizadas en el proceso penal, surten sus efectos al día siguiente al en que se practican, pues de esta manera se garantiza un acceso real a la justicia, con el fin de que las partes tengan un plazo más amplio para inconformarse con alguna resolución o dar cumplimiento a los requerimientos que se realicen.

Como apoyo de esa conclusión, citó la jurisprudencia 1a./J. 39/2013 (10a.), de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."

Esta determinación conformó uno de los precedentes para integrar la jurisprudencia VII.4o.P.T. J/2 (10a.), que dice:

"NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Aun cuando el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en abrogación paulatina a partir del 11 de mayo de 2013, que señala que los términos son improrrogables y empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos en que el aludido ordenamiento señale expresamente, en principio, no especifica si aplica para todo tipo de plazos, pero además es omiso en precisar a partir de cuándo surten efectos las notificaciones personales en los procedimientos penales, aunado a que en ninguna parte del propio capítulo VIII, intitulado de los ‘Términos’ ni del diverso capítulo XII relativo a las ‘Notificaciones’, ambos del título primero de las ‘Reglas generales para el proceso penal’ del propio código, se advierte que contemplen tal hipótesis, necesaria para que con certeza y seguridad jurídica las partes puedan ejercer debida y oportunamente sus derechos procesales. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema y al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la jurisdicción, debe atenderse al mayor beneficio para las partes y, por ende, considerarse que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, conforme al cual, todas las autoridades deben aplicar el principio interpretativo pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca al justiciable, debe entenderse que las notificaciones personales realizadas en el proceso penal surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen, pues de esta manera se garantiza un acceso real a la justicia para las partes, al tener un plazo más amplio para inconformarse contra alguna resolución o dar cumplimiento a los requerimientos que se les realicen."(14)

Bajo este panorama fáctico y analizado el punto específico sobre el cual se pronunciaron cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se considera que la contradicción de criterios denunciada: es inexistente por lo que hace al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, toda vez que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, ordenamiento legal sobre el cual, el órgano colegiado sustentó su determinación, prevé una hipótesis normativa diversa y distinta al punto de contradicción; y es existente por lo que hace al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en contra de los criterios adoptados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

CUARTO.—Inexistencia de la contradicción de tesis. Este Tribunal Pleno considera que la contradicción de tesis es inexistente por lo que hace al criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, pues la hipótesis normativa prevista en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que interpretó dicho órgano jurisdiccional, es diversa a la contemplada en los preceptos legales respecto de los cuales se pronunciaron los demás Tribunales Colegiados.

Mientras que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (artículo 1.49) (sic), el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo (artículo 127), y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz (artículo 85), disponen que los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere hecho la notificación, sin establecer de manera expresa el momento en el que ésta surte sus efectos; el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, sí lo prevé, pues en su artículo 81, se contempla que los términos procesales empezarán a surtir sus efectos desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación.

Los artículos citados establecen lo siguiente:

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México

"Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación."

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo

"Artículo 127. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación."

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz

"Artículo 85. Los términos son improrrogables, empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente. ..."

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit

"Artículo 81. Los términos procesales que establece este código, empezarán a surtir sus efectos desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación."(15)

Como se ve, a diferencia de los demás preceptos legales, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit sí disponía de manera expresa el momento a partir del cual surten sus efectos las notificaciones (desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho la notificación); de ahí que, con independencia de la conclusión a la que haya arribado el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, es evidente que la hipótesis que el precepto preveía, no puede participar de la presente contradicción de criterios.

En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 43/98, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."(16)

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. La doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza, entre otros casos, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(17)

Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.(18)

A partir de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que, respecto de una hipótesis jurídica deter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28097-facb1222/demanda-de-amparo-cuando-la-ley-que-rige · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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