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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DE BIENES. SI EL INCULPADO AUTORIZA AL DEFENSOR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, LAS QUE SE PRACTIQUEN EN ESTOS CASOS DEBERÁN ATENDER A LAS REGLAS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE SU ADMISIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL A QUO HAYA PREVENIDO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 151/2007. · Registro digital (IUS): 20733
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2174.

AMPARO EN REVISIÓN 151/2007.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra un auto que desecha la demanda de amparo, dictado por un Juzgado de Distrito de este circuito.

SEGUNDO. El auto por el que se desechó la demanda de amparo, es del siguiente tenor:

"México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil siete. Visto el pedimento de cuenta por medio del cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito desahoga la vista que se le formuló por auto de diecisiete de agosto de la presente anualidad; en atención a su contenido, la Juez acuerda: El artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo promovida por ... como de los anexos exhibidos por la representación social federal de la adscripción se desprende que resulta notoriamente improcedente la acción constitucional intentada y, por ende, procede desechar de plano la demanda de garantías motivo del presente expediente, conforme a lo dispuesto por el artículo 145, en relación con el 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. El promovente del amparo reclama entre otras cosas, el acuerdo de nueve de julio del año en curso dictado en las actuaciones de la averiguación previa ... antes ... en el que se declara el abandono a favor del Gobierno Federal de diverso numerario nacional como extranjero, así como los artículos en que se sustentó el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República para emitirlo (182, 182-A, 182-Q del Código Federal de Procedimientos Penales y 1o., fracciones I y IV, y 5o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público), así como su ejecución por parte del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE. Por otra parte, los artículos 73, fracción XII, párrafo primero y 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... fracción XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.’. ‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’. Para que pueda decirse que un acto de autoridad es consentido de manera tácita o expresa se requiere que existan tres presupuestos jurídicos materiales, a saber: 1. Que exista un acto de autoridad. 2. Que dicho acto agravie al quejoso; y 3. Que el disconforme haya tenido conocimiento del acto reclamado sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. En el caso, tiene aplicación lo decidido en la tesis que aparece publicada en la Séptima Época, Volúmenes 139-144, Primera Parte, página 13, Pleno, que dice: ‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista ,que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.’. De lo anteriormente transcrito, se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que prevé la ley; y que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir de que surta efectos conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución, de que se haya tenido conocimiento de éstos o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en los artículos 22, 217 y 218 de la Ley de Amparo, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable, pues entonces el término para promover el amparo es de treinta días; cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en los cuales la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo; cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio y que el quejoso no haya sido emplazado, tendrá el término de noventa días para promover amparo si reside fuera del lugar del juicio, pero dentro del territorio de la República, y de ciento ochenta días si reside fuera de ella, contados a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto; cuando los actos tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma total o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, la demanda de amparo podrá promoverse en cualquier tiempo; y cuando los actos causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, el término para promover el amparo será de treinta días. El acto reclamado en el caso, como lo indica el quejoso, se hace consistir en el acuerdo dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República, el nueve de julio del año en curso, en las actuaciones de la averiguación previa ... antes ... por el que declara el abandono a favor del Gobierno Federal de diverso numerario nacional como extranjero, asegurado en el domicilio ubicado en calle ... número ... colonia ... delegación ... en esta ciudad. Lo que significa que el término para promover el juicio de amparo en contra de este acto, es el genérico de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no se encuentra en alguno de los casos de excepción que establecen los artículos 22, 217 y 218 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un juicio en contra de una ley autoaplicativa; no se impugna algún acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; no se controvierte alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio y donde el quejoso no hubiera sido emplazado; ni los actos tienen por efecto privar total o parcialmente de sus bienes a algún núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal; y tampoco se promueve el amparo contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Ahora, las constancias exhibidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se les otorga pleno valor probatorio por ser documentos públicos, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a que dichas constancias fueron certificadas por un funcionario investido de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro y tenor literal siguientes: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.’. De los anexos aportados por la representación social federal se advierte que el disconforme fue notificado del acuerdo reclamado por conducto del licenciado ... persona que autorizó, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diez de julio del año en curso, para oír y recibir notificaciones dentro de la indagatoria número ... antes ... que se instruye en su contra, notificación que se practicó el diecisiete de julio de dos mil siete; ello pone de manifiesto que el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal deberá de hacerse de acuerdo a esa fecha, ya que atendiendo a la tesis II.2o.P.116 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 990 del Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL FEDERAL. SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRACTICAN.’, en el caso del procedimiento penal federal, aun cuando no contiene una disposición que expresamente lo determine, de lo señalado en su artículo 71, en el sentido de que los plazos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente al de la notificación, salvo disposición expresa en contrario, se desprende que ésta surte efectos en el momento mismo en que se practica, pues la denominación ‘surte efectos la notificación’ debe entenderse jurídicamente referida a su eficacia, en la medida en que haya logrado comunicar legalmente a las partes lo resuelto por el órgano jurisdiccional como consecuencia del correcto desarrollo del proceso, pues es a partir de ese momento en que se encuentra en aptitud de ejercer sus derechos inherentes. Por lo que si consideramos que el artículo 21 de la Ley de Amparo, que regula el plazo para la promoción del juicio de garantías en contra del acto reclamado por el quejoso, establece que éste empieza a correr, entre otros supuestos, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; y que en el caso esto ocurrió el dieciocho de julio de dos mil siete, puesto que el propio diecisiete del mismo mes y año surtió efectos la notificación que se practicó al promovente del amparo por conducto de su autorizado, y concluyó el siete de agosto pasado, sin contarse los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de julio, así como cuatro y cinco de agosto del presente año, por ser sábados y domingos, ya que son considerados como inhábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es evidente que el plazo para la promoción del juicio de amparo ya había transcurrido, pues la demanda de garantías se presentó hasta el ocho de agosto de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por lo que se considera que transcurrieron los quince días hábiles que prevé la ley de amparo para la promoción del juicio de garantías, de ahí que sea incuestionable que se hizo en forma extemporánea y, por ende, debe tenerse como consentido tácitamente el acto reclamado para los efectos del amparo y actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, lo cual trae como consecuencia el desechamiento de la presente demanda de garantías, en términos del numeral 145, preceptos ambos de la Ley de Amparo. En relación con ello es invocable por identidad jurídica la jurisprudencia visible en la página 37 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, septiembre de 1993, página 37, cuya literalidad es la siguiente: ‘DEMANDA DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORÁNEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando con motivo de una sentencia definitiva dictada en materia penal, se promueva un juicio de amparo, la presentación de la demanda debe llevarse a cabo dentro del término de quince días, si únicamente se reclama, la parte de ésta, en la que se condenó al quejoso a pagar la reparación del daño, pues aun cuando tal acto importe una condena en materia penal; empero, al no afectarse con la misma, la libertad personal del quejoso, ni encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, la presentación de la demanda fuera del término de quince días, que para tal fin establece el artículo 21 de la misma, obliga al sobreseimiento del juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 73, de la ley en cita.’. Ahora bien, el quejoso también señala como actos reclamados las notificaciones por edictos de cuatro y nueve de abril de dos mil siete publicadas en el periódico ... por medio del cual se hace de su conocimiento el contenido del acuerdo de dos del mismo mes y año, que contiene a su vez el de aseguramiento de diverso numerario nacional como extranjero encontrado en el domicilio ubicado en calle ... número ... colonia ... delegación ... en esta ciudad, ordenado el diecisiete de marzo pasado; sin embargo, antes de acudir al juicio de garantías, debió agotar el principio de definitividad, como se verá a continuación. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’. El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados que lo promuevan, razón por la cual el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no podrá materializarse en el caso concreto, en virtud de que, en la especie, se advierte que, entre otros, el acto reclamado lo constituyen las notificaciones de cuatro y nueve de abril de dos mil siete, mediante las que se notificó al promovente del amparo por medio de edictos el acuerdo de dos del mismo mes y año dentro de la multireferida averiguación previa; sin embargo, en contra de las mismas procede un medio de defensa ordinario previsto en la legislación procesal penal federal, que el solicitante del amparo omitió promover. Al respecto, resulta necesario conocer lo dispuesto por el artículo 112 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual dispone: ‘Artículo 112. Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este capítulo serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior.’. Del citado precepto legal se advierte que las notificaciones judiciales que contravengan las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente del citado ordenamiento legal podrán ser nulas; sin embargo, ello no significa que en caso de que se promueva un incidente no especificado, éste no sólo proceda, entre otros casos, en contra de una notificación efectuada dentro del periodo llamado de juicio, sino también en cualquier otra etapa, aun en la de averiguación previa fase ‘a’, en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones a las partes; en consecuencia, a dichas actuaciones sí les son aplicables los preceptos que el código procesal prevé para las realizadas. Así, tenemos que el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que todas las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio penal y que no sean de las especificadas en algún otro capítulo se resolverán en la forma que el propio artículo dispone, en los siguientes términos: ‘Artículo 494. Los incidentes cuya tramitación no se detalle en este código y que, a juicio del tribunal, no puedan resolverse de plano y sean de aquellos que no deban suspender el curso del procedimiento, se sustanciarán por separado y del modo siguiente: se dará vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si el tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres siguientes. Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente.’. Como puede verse de la disposición adjetiva invocada, se colige que al ser el acto reclamado las notificaciones por edictos de cuatro y nueve de abril del año que transcurre en el periódico ... mediante las que se notificó al promovente del amparo el acuerdo de dos del citado mes y año, que contiene a su vez el de aseguramiento de diverso numerario nacional y extranjero de diecisiete de marzo de la presente anualidad dentro de la averiguación previa de mérito, es evidente que el medio de defensa idóneo para impugnar dichos actos reclamados lo constituye un incidente no especificado de nulidad de notificaciones en términos de los citados artículos. Ahora bien, en el caso concreto el solicitante del amparo indirecto pudo y debió hacer valer el medio de defensa que se viene mencionando, máxime que, como ya se dijo, compareció a la averiguación previa a través de su representante licenciado ... el diez de julio último, y al haber omitido llevar a cabo lo anterior, pues de las constancias que obran en autos no se desprende que hubiese llevado a cabo dicha conducta procesal, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto es, que las diligencias de notificación reclamadas en el presente juicio de garantías eran susceptibles de ser impugnadas mediante un incidente no especificado de nulidad de notificaciones y, por ende, existió la posibilidad de que pudieran ser nulificadas por la propia autoridad responsable. Resulta aplicable a lo anterior la tesis VI.1o.P.218 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1401 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘INCIDENTE NO ESPECIFICADO QUE IMPUGNA UNA NOTIFICACIÓN. SU TRÁMITE PROCEDE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, INCLUSO EN LA FASE «A» DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los artículos 50 y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de la entidad, respectivamente, dicen: «El procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro periodos: I. El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: a) ... y b) ... II. El de instrucción ... III. El de juicio ... IV. El de ejecución ...» y «Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de defensa social y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes ...». Así, de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se llega a la convicción de que el incidente no especificado no sólo procede, entre otros casos, en contra de una notificación efectuada dentro del periodo llamado de juicio, sino también en cualquier otra etapa, aun en la de averiguación previa fase «a» en donde el representante social lleva a cabo una serie de actuaciones, entre las que se encuentran las notificaciones a las partes; en consecuencia, a dichas actuaciones sí les son aplicables los preceptos que el código procesal prevé para las realizadas ante el Juez o las Salas, máxime que el artículo 73 del mismo ordenamiento legal dispone: «Las diligencias que practiquen el Ministerio Público tendrán pleno valor probatorio si se ajustan a las reglas relativas de este código.».’. Así como la jurisprudencia VI.1o.P. J/47, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 2097, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido son los siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.’. En atención a lo anterior, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad respecto de las citadas notificaciones, y al advertirse de constancias que la autoridad responsable no contaba con domicilio en el que se hiciera saber al promovente del amparo la emisión del acto que reclama, se concluye que las notificaciones que le fueron hechas por medio de edictos son legales como lo ordenan los artículos 182-A y 182-B, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales que textualmente dicen: ‘Artículo 182-A. La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los bienes asegurados. En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.’. ‘Artículo 182-B. Las notificaciones a que se refiere este capítulo se practicarán como sigue: ... II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional. Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.’. Consecuentemente, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de abril de dos mil siete, debe decirse que el juicio de amparo también resulta improcedente por extemporáneo en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que, por una parte, en el citado acuerdo (dos de abril de dos mil siete), se hizo del conocimiento del aquí quejoso el acuerdo de aseguramiento ordenado por la representación social federal el diecisiete de marzo de este año, así como que podría apersonarse ante la representación social de la Federación con la finalidad de imponerse del contenido del acuerdo de aseguramiento emitido el diecisiete de marzo del presente año y, por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, se le apercibió que de no comparecer ante esa institución federal a manifestar lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal. En efecto, si dicho acuerdo fue notificado al quejoso por medio de las publicaciones por edictos que se hicieron en el periódico ... el cuatro de abril de dos mil siete y en el ... el nueve del mismo mes y año, resulta inconcuso que desde esa fecha tuvo conocimiento del citado acto reclamado, así como del acuerdo de aseguramiento, máxime que de las constancias que integran el presente expediente de amparo no se advierte que el quejoso haya comparecido con anterioridad ante la autoridad responsable con la finalidad de apersonarse a la indagatoria de origen y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, aun en el caso hipotético de que la demanda de garantías hubiera sido promovida dentro del término legal, como lo alega el promovente de la demanda, lo cierto es que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El citado numeral y fracción establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso ...’. Al respecto debe establecerse que el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, se refiere a un derecho subjetivo público protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, por ende, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia número 852, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 581, que a la letra dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.’. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.’. Así las cosas, y atendiendo a lo antes expuesto, se concluye que el acto reclamado no irroga perjuicio alguno al impetrante de garantías, pues conforme al artículo 4o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20733-6dce4ba3/aseguramiento-de-bienes-si-el-inculpado-autoriza-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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