RESIDENCIA. VALOR PROBATORIO DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR UNA AUTORIDAD MUNICIPAL.
AMPARO EN REVISIÓN 104/2007.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios que hacen valer los recurrentes ameritan el siguiente análisis.
En la sentencia recurrida la Juez Federal negó el amparo solicitado por ********** contra los actos reclamados a la Juez Sexto de lo Civil del Primer Departamento Judicial, actuario adscrito, director del Registro Público de la Propiedad y registradores de los libros primero, tercero y cuarto, así como de los libros segundo y sexto, ambos del Registro Público de la Propiedad, todos del Estado de Yucatán, por la falta de emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario ********** promovido por ********** contra los quejosos, ahora recurrentes. Conclusión a la que llegó la resolutora del amparo, al considerar que el emplazamiento que llevó a cabo el actuario adscrito a dicho juzgado había cumplido con lo que dispone el artículo 26, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles de esta propia entidad federativa.
En el primer agravio, los recurrentes aducen que en la sentencia recurrida se infringió, en su perjuicio, por indebida aplicación lo que disponen los artículos 76 y del 77 al 80 de la Ley de Amparo, porque con sus conceptos de violación, las pruebas que ofrecieron y la jurisprudencia que señalaron en la demanda "destruyeron el acto reclamado"; que la Juez Federal al resolver, no tomó en cuenta lo anterior, sino que sólo se basó en la constancia levantada por el actuario del Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el veintisiete de agosto de dos mil cuatro, en la cual practicó la notificación con una supuesta persona que dijo llamarse ********** esposa del demandado, sin que constara en autos que se haya identificado esa persona y al no estar presente el esposo de aquélla le dejó cédula de notificación. Asimismo, después de precisar la importancia de la notificación del emplazamiento, los inconformes dicen que por casualidad tuvieron conocimiento del auto que dictara la Juez de la causa el treinta de noviembre de dos mil seis, que fue cuando se percataron de las irregularidades de la notificación realizada y del daño que les ocasionó el referido juicio por la ilegal notificación, porque el actuario no se cercioró fehacientemente que los demandados vivieran en el predio en el cual se levantó la constancia, ni de la identidad de la persona con quien la entendió, por lo que no cumplió con los términos previstos en el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por último, los recurrentes aducen que se valoraron indebidamente las pruebas exhibidas, en específico la constancia expedida por el Ayuntamiento de ********** donde se hace constar que en los archivos del padrón municipal obran inscritos como vecinos y que su domicilio es el predio ********** y el "informe justificado", en el que obra el contrato de exclusividad y también el de la hipoteca, en los que aparece que son propietarios de dicho predio desde hacía más de diez años y, asimismo, el título de propiedad del predio ********** del que aparece que desde mil novecientos noventa y dos ********** es propietario de ese bien, con lo que acreditaba la irregular notificación que impugnaron.
Estos argumentos son infundados pues, contrario a lo que afirman, los conceptos de violación fueron desestimados y con las pruebas que ofrecieron no demostraron que el emplazamiento fuera ilegal, por las razones siguientes:
El artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, a la letra dice:
"Artículo 26. La primera notificación será hecha personalmente al interesado, en la casa designada por el promovente, leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó.-No encontrándose a la persona a la que se trate de notificar y cerciorado el actuario de que vive en la casa en que se le busca, le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que se encuentre en la casa. Si la casa estuviese cerrada deberá entregarse la cédula a cualquier vecino de los que viven en las casas inmediatas haciéndole saber la obligación que tienen de hacerla llegar al interesado."
De acuerdo al texto de dicho precepto, el proceder del actuario, de no pedir a la demandada ********** que se identificara, no resulta ilegal, pues lo que se ordena cuando se hace la notificación personal al interesado, es que se lea íntegramente la resolución y se asienten en autos el día y la hora en que se verificó.
Por otra parte, la constancia expedida por el secretario municipal del Ayuntamiento de ********** el ********** en la que se certifica que los quejosos tienen su domicilio en aquella localidad, que al efecto exhibieron, no les beneficia pues tal como estimó la Juez Federal, no logra demostrar que en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento ********** el domicilio de los quejosos, ahora inconformes, fuera el que se asentó en dicha constancia y no donde se llevó a cabo la notificación. Lo anterior es así porque para que una constancia de residencia expedida por un presidente municipal o su secretario, tenga plena eficacia probatoria, requiere que en ella se cite tanto el periodo en que se dice reside o residieron los interesados en ese lugar, como los folios y el número del expediente, cuaderno, legajo, libro o tomo de la dependencia relativa en donde se guarde esa información. Lo que en el caso no sucede, toda vez que aun cuando en dicho documento se señaló que de "los archivos del padrón municipal", se habían tomado los datos de residencia, lo cierto es que no se indica el folio y el número del expediente, cuaderno, libro, legajo o tomo de la oficina, en donde consta esa información, así como tampoco los periodos en que aparecen registrados como habitantes de la referida población, para así tener la certeza de la veracidad de esa información, ya que la aludida certificación se expidió el doce de febrero de dos mil siete, años después de haberse levantado la diligencia de que se trata.
Tampoco les benefician, las pruebas que obran en el juicio de amparo de que se trata, consistentes en las copias certificadas de los testimonios de diversas escrituras, a saber:
a) El relativo a la compraventa del predio urbano ********** prueba ofrecida por los ahora inconformes y que adjuntaron a la demanda de amparo (fojas 21 y 22), que sólo acredita que el ********** adquirió dicho bien inmueble, lo que no implica que cuando se notificó a los demandados no fuera el domicilio de éstos.
b) El referente al contrato de exclusiva comercial que los ahora recurrentes celebraran con ********** el ********** tampoco desvirtúa la actuación de emplazamiento, ya que la manifestación que hicieran, en la declaración II, inciso A), que a la letra dice: "A) Que son propietarios del expendio denominado ********** y es una empresa legalmente establecida y con domicilio en ********** y entre cuyo objeto social se encuentra el de operar y administrar establecimientos legalmente autorizados para la venta de cervezas entre otros" (foja 86), arroja presunción de que en dicho lugar, efectivamente, se encontraba la demandada ********** quien en la diligencia cuestionada le informó al notificador que ahí vivían y habitaban ella y su codemandado **********.
c) De la escritura de hipoteca, se desprende que el cinco de octubre, los demandados, ahora inconformes, celebraron con la empresa actora del juicio extraordinario hipotecario, y que en la parte correspondiente a declaraciones segunda y tercera, expresaron: "Segunda. Los señores ********** a quienes en el cuerpo de esta escritura se les designará como ‘Los clientes’, declaran bajo protesta de decir verdad, que son comerciantes establecidos en la localidad de ********** en donde operan y administran un negocio denominado ********** dedicado a la venta de alimentos, cervezas, refrescos, vinos y licores; cuenta con personal y recursos propios y suficientes para la realización de su objeto comercial.-Tercera. ‘La comercializadora’ y ‘Los clientes’, declaran que con esta misma fecha suscribieron un ‘contrato de proveeduría de exclusiva comercial’, a efecto de que ‘Los clientes’ otorguen a ‘La comercializadora’ la exclusividad y preferencia en la compra de cervezas que venden y distribuyen dentro de las instalaciones del negocio denominado ********** ubicado en el predio número ********** por un término de tres años, contados a partir del día de hoy. El citado contrato se acumula al legajo de documentos del apéndice de esta escritura." (foja 64).
Esta prueba tampoco desvirtúa la diligencia del actuario, pues de las declaraciones antes transcritas se aprecia que en el predio donde se realizó el emplazamiento de los demandados, éstos tenían un negocio de vinos y licores, por lo que es un fuerte indicio de que en ese lugar, efectivamente, se encontraba la demandada ********** al verificarse el emplazamiento, máxime que el actuario, asentó que aquélla le manifestó que ahí vivían y habitaban ella y su codemandado **********.
Por otra parte, tanto en el primer agravio como en el segundo, los recurrentes aducen la incongruencia de la sentencia recurrida, en el sentido de que la Juez Federal, precisó que habían reclamado el auto de inicio y las demás resoluciones por vicios propios y después hizo extensiva la negativa del amparo por esos mismos actos reclamados porque no se reclamaban por vicios propios, sino como una consecuencia inmediata y directa del legal emplazamiento.
Este argumento es infundado, pues si bien es cierto que la Juez Federal debió precisar debidamente cuáles son los actos que seguían la suerte de que el emplazamiento hubiese sido correcto o no, a diferencia del auto de inicio, por no ser consecuencia de aquel otro acto reclamado (emplazamiento); también lo es que, como se estimó en la sentencia recurrida, contra el proveído en el que se admitió la demanda instaurada por la empresa ya mencionada, no se hizo valer argumento alguno, ello en virtud de que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia civil, sólo podría darse respecto al emplazamiento reclamado pues, por lo que ve a los demás actos, rige el principio de estricto derecho, conforme al cual se requiere de la impugnación precisa y concreta del afectado, para que pueda ser examinada su legalidad, ya que no se está en ninguno de los supuestos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en que se permite suplir la queja deficiente en la referida materia civil; de tal manera que aquellos otros actos reclamados quedarán a las resultas del juicio, lo que propició, como bien resolvió la a quo, que por los demás actos también se negara el amparo.
En el segundo agravio, los recurrentes argumentan que es falso lo que consideró la Juez Federal, de que no hicieron valer concepto de violación respecto a vicios propios, pues alegaron que la diligencia de emplazamiento no se les había practicado de manera individual, es decir, que concluida una diligencia se efectuara la siguiente, sino que se practicaron a la misma hora.
Este argumento es infundado, pues la Juez Federal se refirió a los demás actos posteriores al emplazamiento de los demandados, ahora recurrentes, sin que les asista razón, de que dicho acto se llevó en forma simultánea, toda vez que de la constancia levantada por el actuario, se aprecia claramente, que primero notificó a ********** quien se encontraba en ese momento en el domicilio señalado por la parte actora, y ante la ausencia del codemandado ********** se le notificó por medio de cédula, que le dejó a la codemandada, lo que se encuentra ajustado a derecho, pues la circunstancia de que ello lo hiciera constar en una sola acta, carece de trascendencia pues, en el caso, era en el mismo domicilio donde debía notificárseles a ambos demandados.
Por analogía de razón, es de aplicarse la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 194, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE TRATA DE VARIOS DEMANDADOS CON UN MISMO DOMICILIO, Y SE REALIZA CONJUNTAMENTE, NO ES NECESARIO HACERLO CONSTAR EN ACTAS DISTINTAS O SEPARADAS (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS DE PUEBLA Y MICHOACÁN).-Cuando se trata de diversos demandados, que tienen el mismo domicilio, no existe impedimento para que el emplazamiento pueda realizarse conjuntamente siempre que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se cerciore de quiénes están presentes y entregue a cada uno las copias de traslado correspondientes, ya que ambos requisitos son indispensables para considerar que la diligencia se llevó a cabo en forma personal. Ahora bien, si el emplazamiento se efectúa en la forma precisada no es necesario levantar un acta por cada demandado emplazado, ya que el acta sólo es la relación escrita de cómo se realizó la diligencia respectiva, de ahí que si el funcionario judicial tuvo ante sí a los demandados que tienen el mismo domicilio, les hizo de su conocimiento el inicio del juicio en su contra, las pretensiones del actor, entregándoles las respectivas copias de traslado, todo ello puede hacerse constar en una sola acta."
Por las anotadas consideraciones, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo y, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvase los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Luis Armando Cortés Escalante, como presidente Elvira Concepción Pasos Magaña y Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Conforme a lo previsto por los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la citada ley, 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21393-9973ca05/residencia-valor-probatorio-de-la-constancia-expedida-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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