ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR, A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES SOBRE EL NO EJERCICIO O EL DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, AUN CUANDO NO TENGA LA CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2007.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Es de explorado derecho, y así lo ha establecido la jurisprudencia de los tribunales de la Federación, que previamente al estudio del fondo del asunto, los órganos jurisdiccionales de amparo están constreñidos a pronunciarse sobre la existencia de causales de improcedencia que pudieran concurrir en los casos concretos de que conocen, aspecto que es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 73 de la Ley de Amparo, el que ordena que tal rubro deberá ser analizado de oficio, esto es, sea que las partes lo aleguen o no.
Es aplicable al caso, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 940, legible en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del tenor literal siguiente:
"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."
Por ello, antes de abordar el estudio de los argumentos de inconformidad que expone el quejoso-recurrente, se analiza una causal de improcedencia que pudiera concurrir en el caso concreto, pues se advierte que ... promovió la instancia constitucional con el carácter de denunciante y no con el de víctima u ofendido, calidad -esta última- que sólo tiene la sociedad en general y el Estado, entidades ambas interesadas en la correcta y adecuada administración de la justicia y en el apego irrestricto a la normatividad establecida de la totalidad de los actos provenientes de órganos de autoridad.
Sentado lo anterior, se señala que la fracción IV del apartado B del numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima o el ofendido tendrán derecho a que se le repare el daño.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Amparo, preceptúa que la víctima y el ofendido, titulares del derecho a exigir se les repare el daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, tendrán acceso a la instancia constitucional: I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil; II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, y III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos que dispone el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional.
Este último dispositivo constitucional señala que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional, en los términos que se establezcan en la ley.
La lectura de los preceptos reseñados pudiera llevar a la confusión de que sólo podrán tener acceso a la instancia constitucional -tratándose de impugnar determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal- la víctima o el ofendido interesados en la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito; esto es, que sólo las personas que reúnan esas calidades verán afectados sus intereses jurídicos con la emisión de dichas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 73 de la Ley de Amparo.
Ahora bien, conviene precisar que el numeral 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el diverso 10 de la indicada Ley de Amparo, otorgan exclusivamente la facultad de acudir al juicio constitucional a la víctima o al ofendido, limitándola a la reparación del daño o a la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito.
Sin embargo, el numeral 21, párrafo cuarto, de la propia Ley Fundamental, no alude específicamente a las personas que reúnan las calidades antes dichas, o sea, a la víctima o al ofendido, para impugnar, a través del juicio de amparo, las determinaciones del representante social relativas al no ejercicio o al desistimiento de la acción penal, por lo que a juicio de este Tribunal Colegiado no sólo esas personas tendrán acceso a excitar a los órganos jurisdiccionales de control de la legalidad cuando se trate de las determinaciones citadas, sino también el denunciante.
Así, se puntualiza que cuando la calidad de ofendido o víctima del delito coincida con la del denunciante o querellante, no existe problema alguno en que acudan al juicio de amparo en contra de las aludidas determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pues son ellos quienes resienten, en lo personal, la conducta que actualiza el delito; y ello es así porque, con independencia de que sean los que ponen en conocimiento del representante social la notitia criminis, tienen interés jurídico en reclamar la reparación del daño o responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito.
El problema pudiera presentarse cuando quien insta la protección federal contra esa clase de resoluciones es el denunciante -esto es, quien pone en conocimiento del Ministerio Público el hecho delictuoso-, sin que concurra en él también la calidad de ofendido o víctima del delito, lo que acontece cuando, como en el caso concreto, la conducta afecta a toda la sociedad y al Estado, como estructura de mando y rector de los destinos de la primera.
Sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que la acción que tienen la víctima y el ofendido para demandar en el juicio de amparo la dilucidación de cuestiones relacionadas con la reparación del daño o el incidente de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, se sustenta en supuestos fácticos y jurídicos diferentes a aquellos de los que podría partir el denunciante tratándose del no ejercicio o desistimiento de la acción penal, porque son supuestos e intereses diferentes -conceptual y materialmente- los que tiene la víctima o el ofendido cuando ejerce la acción constitucional tratándose de resoluciones que inciden sobre la reparación del daño (nula condena o condena en cantidad menor) o el incidente de responsabilidad, a aquellos que pone de manifiesto el denunciante cuando se trata de que un órgano de autoridad, distinto al Ministerio Público que emitió la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, dilucide la legalidad de tales resoluciones. Pues en tanto que la víctima o el ofendido persiguen la condena a la reparación del daño (o el ajuste de la misma a una cantidad mayor cuando la autoridad jurisdiccional de segunda instancia condenó al sentenciado, pero no lo realizó en la cantidad que debiera ser a juicio del quejoso) en un juicio cuyo presupuesto es la existencia de una condena firme (esto es, la emitida por la autoridad jurisdiccional de segunda instancia); en el caso del denunciante que acude a la instancia de control en relación con una resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, con independencia de las repercusiones sobre la reparación del daño que pudieran traer aparejadas dichas determinaciones (mismas que no le incumben a él), lo que pretende o busca es que el órgano persecutor de los delitos ejerza la referida acción, solicitando, sobre todo, la dilucidación de los órganos jurisdiccionales sobre si el Ministerio Público ajustó o no su actuación a la normatividad establecida.
Cierto, la función del representante social es determinar si ciertos hechos que se someten a su consideración a virtud de la notitia criminis entrañan la probable comisión de un delito, lo que deberá concluir tras recabar las pruebas correspondientes. En caso afirmativo (esto es, cuando existan elementos de prueba que acrediten el cuerpo del delito y conduzcan a colegir la probable responsabilidad penal en su comisión), ejercerá la acción penal y, en caso contrario, no. Dicha atribución deviene al órgano ministerial a virtud de lo dispuesto en el ya citado numeral 21 constitucional, el que dispone que la persecución de los delitos es propia y exclusiva del Ministerio Público.
De tal suerte que si la persona que tiene el carácter de denunciante -sin tener también el de ofendido o víctima- promueve el juicio de garantías solicitando a la autoridad jurisdiccional federal que dilucide si fue correcta o no cualquiera de las indicadas resoluciones del representante social, no existe razón alguna para concluir que carece de interés jurídico por no reunir, también, dichas calidades, porque a pesar de que no es víctima ni ofendido, el denunciante tiene presencia procesal -que le fue reconocida por el representante social al dar curso a la denuncia que formuló (incluso, puede ser llamado a deponer ante el órgano jurisdiccional de instancia y, en su caso, carearse tanto constitucional como procesalmente durante la instrucción)-, lo que revela la existencia de un interés jurídico y legítimo en la persona del denunciante quien, por ello, acude a la instancia de control de la legalidad. De lo contrario, esto es, si no tuviera el aludido interés, no acudiría ante el órgano jurisdiccional federal solicitando el pronunciamiento sobre la adecuada o inadecuada determinación del órgano ministerial, situación que no puede desconocerse so pretexto de que no tiene también el carácter de ofendido o víctima, actitud que revela que no acude a la autoridad únicamente con el carácter general de ciudadano integrante de la sociedad e indirectamente afectado por un acto típico antijurídico y culpable, sino que tiene el aludido interés legítimo para solicitar la dilucidación de tales actos, sin limitarse al pronunciamiento ministerial, dado que sus alcances incluyen la resolución jurisdiccional.
Debe añadirse que el derecho a impugnar ante los tribunales de la Federación las decisiones del Ministerio Público consistentes en no ejercer la acción penal o el desistimiento, mediante el juicio de garantías indirecto (mientras la ley no establezca un distinto medio de impugnación de esas determinaciones ante las autoridades ordinarias), devino de la necesidad de lograr un contrapeso en cuanto al poder omnímodo de que gozaba esa institución en la persecución de los delitos, cuyas determinaciones eran inatacables bajo pretexto de cumplirse con los postulados contenidos en el numeral 21 constitucional, pues con anterioridad no existía medio legal alguno para que el gobernado sometiera a consideración de una autoridad distinta a la indicada institución, esa clase de determinaciones.
La alternativa que la ley otorgó al particular denunciante, querellante, víctima u ofendido, fue la acción constitucional contra esa especie de resoluciones, pues si bien la persecución de los delitos es propia y exclusiva del Ministerio Público, ello debe sujetarse a la normatividad establecida, de tal suerte que, a partir de la reforma que autorizó a los particulares gobernados a ejercer la acción constitucional, tratándose de decisiones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, se cuenta con el contrapeso para someter dichas decisiones al análisis de los órganos jurisdiccionales federales, de lo que resulta que cualquiera de las personas interesadas en que el representante social ejerza la acción penal, esto es, denunciante, querellante, víctima u ofendido (con independencia de que tengan o no acceso a impugnar otras resoluciones, relativas a la reparación del daño) tendrán acceso a la instancia de control de legalidad reclamando esas resoluciones, pues sólo de esta forma puede lograrse el debido acatamiento de la ley en un tópico tan trascendente.
Finalmente, debe señalarse que el punto de vista que aquí se puntualiza deviene de las actuales tendencias constitucionales y legales, consistentes en que todo acto de autoridad debe ajustarse a la normatividad establecida, sin que ello signifique que cualquier persona tenga acceso a la instancia constitucional para combatir las determinaciones aludidas del Ministerio Público -lo que entrañaría el reconocimiento de una acción popular- sino sólo que las personas que revelen un interés manifiesto en que se dilucide la actuación del Ministerio Público (como autoridad que conoce inicialmente en el procedimiento penal, lato sensu) como, indiscutiblemente, lo tiene el denunciante, es decir, gocen del acceso a la instancia de control que incumbe a las tribunales de la Federación.
En esta tesitura, al tratarse de dilucidar mediante la instancia constitucional si la actuación de la autoridad ministerial es adecuada a la referida normatividad, y si existen o no elementos probatorios suficientes para enviar el asunto a la consideración de un órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 156 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, a fin de que este último incoe el proceso correspondiente en averiguación de la verdad histórica del hecho (consignación), desde luego que debe reconocerse la personalidad legítima del denunciante para hacerlo, lo que conduce a concluir que ... sí tiene interés jurídico para acudir a la instancia constitucional y, como consecuencia, puede impugnar la determinación del Juez de Distrito que, estima, le ocasiona perjuicio.
OCTAVO. Son inatendibles en una parte e inoperantes en la otra, los argumentos de inconformidad que expone el recurrente.
Son inatendibles los consistentes en que la sentencia impugnada agravia sus derechos y los de su menor hijo, porque el Juez de Distrito estimó que no demostró la parcialidad de la responsable a favor del tercero perjudicado, pero omite observar ese juzgador que fue él quien resolvió el amparo indirecto ... y que en la resolución otorgó a su menor hijo y a él, la protección federal contra la dilación en la que incurrió la Procuraduría General de la República para pronunciarse respecto del ejercicio o no de la acción penal en la averiguación previa número ... que inició en contra del licenciado ... nunca admitió a trámite la queja administrativa disciplinaria que el catorce de agosto de dos mil tres presenté en contra de ... por su conducta evidentemente parcial a favor de mi ex esposa y en perjuicio de mis menores hijos, durante la tramitación de la controversia familiar ...", pero sí simuló la tramitación de una queja que el recurrente no ratificó.
Son inatendibles los reseñados argumentos porque el juicio de amparo indirecto ... del que también conoció el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México (en el que interpusieron sendos recursos de revisión algunas de las autoridades señaladas como responsables, los que fueron resueltos en sesión de ocho de marzo de dos mil siete, por este Tribunal Colegiado, en los expedientes ... -mismos que se tienen a la vista-) no es el que aquí se dilucida en revisión.
En efecto, el juicio de amparo en donde el quejoso se inconformó mediante el recurso de revisión que hoy se atiende es el ... del índice del referido Juzgado de Distrito, en el que se reclamó la determinación de diecinueve de junio de dos mil seis, en la que el procurador general de justicia del Estado de México decidió no ejercer la acción penal en la averiguación previa ... iniciada en contra de ... por la denuncia del particular aquí recurrente; en tanto que en el diverso juicio de garantías indirecto a que alude el propio recurrente en el agravio que se estudia, mismo que también resolvió el aludido Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, como también lo especifica, se reclamó "la abstención de la Procuraduría General de la República de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal, respecto de la averiguación previa número ...", observaciones que revelan que se trata de juicios de garantías distintos y de actos reclamados diferentes, por lo que no es posible en este juicio de amparo indirecto ... que se estudia en revisión, bajo el número de expediente ... del índice de este Tribunal Colegiado, abordar el estudio de las situaciones que se ventilaron en aquél, tanto más porque este propio órgano colegiado resolvió los recursos de revisión que interpusieran contra la determinación que el Juez de Distrito adoptó en el citado juicio ... el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México (amparo en revisión ...), el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora de la Procuraduría General de la República con residencia en esta ciudad (recurso de revisión ...) y el director general de amparo, en ausencia del procurador general de la República (recurso de revisión ...), interponiendo el quejoso la revisión adhesiva en cada uno de ellos, lo que lleva a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto ... ya alcanzó la categoría de cosa juzgada.
No escapa a la consideración de este Tribunal Colegiado, que el quejoso mencionó en la averiguación previa ... (que figura vinculada con el juicio de garantías ... ) al indiciado ... sin embargo, de las constancias que se advierten de la diversa indagatoria ministerial ... se conoce que ninguna relación guardan entre sí las indicadas averiguaciones, ya que esta última se inició exclusivamente en contra del citado ... lo que conduce a concluir que la determinación sobre la abstención de ejercer o no la acción penal que se reclamó en el juicio ... y la que el quejoso reclamó en el diverso juicio de amparo ... (que es el que aquí se dilucida en revisión) consistente en la decisión de no ejercer la acción penal, específicamente, en contra del indiciado ... no tienen vinculación alguna, razones por las que resultan inatendibles los aludidos argumentos de inconformidad e inaplicables al caso los criterios y tesis de jurisprudencia que invoca el impugnante en su escrito de agravios, pues trata de apoyar sus consideraciones en las tesis de rubros: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.", "HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.", "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO." y "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."
Son igualmente inatendibles los consistentes en que ... incumplió con los términos ordenados por los artículos 118 a 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, porque ni dio curso a su queja, ni le permitió ratificarla, ello a pesar de los juicios de amparo que promovió, en los que ... contó con la complicidad de otros Jueces de Distrito y otros Magistrados de Circuito ..."; pero no advirtió la autoridad responsable que la ratificación constituye un requisito de procedibilidad para la tramitación de esa clase de quejas, afirmando que ha sido de esa manera como dicha responsable ha protegido al tercero perjudicado.
Son inatendibles los reseñados argumentos de agravio, en atención a que la circunstancia consistente en que ... haya formulado una queja administrativa en contra del indiciado ... y que ... haya incumplido con lo dispuesto en los artículos 118 a 121" de la indicada ley orgánica, pues no es el acto que en este juicio de amparo indirecto en revisión se dilucida (como tampoco lo es la determinación que el referido procurador emitió al respecto cuando fue integrante del indicado consejo, sin advertirse cómo podría influir el pronunciamiento que en relación con tal procedimiento administrativo se hiciera, con la consideración de la existencia o no de elementos probatorios suficientes para determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, en el caso concreto), además debe agregarse que la tramitación de una averiguación previa de un delito es por la independencia del trámite del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues el primero lo efectúa el Ministerio Público en ejercicio de sus exclusivas funciones, a propósito de una denuncia o querella de un hecho que la ley catalogue como delito, sin que la legislación penal disponga como presupuesto o requisito de procedibilidad para iniciar la averiguación previa, que se agote la instancia administrativa de responsabilidad o una declaratoria que la autoridad administrativa formule sobre la existencia o no de una conducta delictuosa, como lo revelan los dispositivos legales que el quejoso invoca en este agravio, los que son del tenor literal siguiente:
"Artículo 118. El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Poder Judicial, deberá iniciarse:
"I. Por denuncia, que en su caso se ratificará, la cual deberá constar por escrito, bajo protesta de decir verdad y estar suscrita por el denunciante, con indicación de su domicilio.
"Están legitimados para formular denuncias por faltas administrativas:
"a) Las partes en el procedimiento.
"b) El Ministerio Público, en los procesos en que intervenga.
"c) El ofendido, en los procesos penales.
"Si falta alguno de los requisitos anteriores, la denuncia será desechada de plano.
"II. Por acta levantada con motivo de las visitas practicadas a las salas y a los juzgados o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de los servidores."
"Artículo 119. Toda denuncia o acta levantada en contra de algún servidor público del Poder Judicial, se presentará ante la Dirección de la Contraloría o su delegación correspondiente, la que dará cuenta dentro del término de veinticuatro horas al presidente del Consejo de la Judicatura, quien designará a alguno de sus miembros como instructor, para que se encargue de la sustanciación del expediente respectivo, pudiendo auxiliarse, en su caso, de la contraloría interna. El procedimiento se instruirá en los términos siguientes:
"I. Se iniciará con la denuncia o acta en la que se ofrecerán las pruebas respectivas;
"II. Se le hará saber al servidor público el contenido de la denuncia o del acto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación rinda un informe por escrito y ofrezca las pruebas que estime pertinentes;
"III. Se citará al servidor público y al denunciante, en su caso, a una audiencia que se celebrará dentro de un plazo igual al que se refiere la fracción anterior, y en ella se les oirá y desahogarán las pruebas tendientes a la comprobación de la falta administrativa o de la justificación de la conducta del servidor público;
"Si el denunciante no comparece a la audiencia sin causa justificada y las pruebas aportadas no acreditan plenamente por sí solas la responsabilidad del servidor público, se sobreseerá el procedimiento;
"IV. El instructor podrá llevar a cabo la práctica de cualquier diligencia probatoria que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos; y
"V. De no existir diligencias probatorias adicionales, el instructor formulará su opinión de responsabilidad o de no responsabilidad administrativa, así como de la propuesta de sanción dentro de un plazo de diez días hábiles. Con lo anterior se dará cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura en las siguiente sesión, para que se dicte la resolución que proceda y la cumplimente."
"Artículo 120. La resolución de responsabilidad administrativa dictada por el Consejo de la Judicatura, determinará la inhibición del servidor público en el conocimiento del asunto en el cual se originó, ordenando la anotación respectiva en su expediente, y precisará, en su caso, la aplicación de las sanciones señaladas en esta ley."
"Artículo 121. La resolución de no responsabilidad administrativa, deberá ser publicada gratuitamente en extracto en el Boletín Judicial y, en su caso, sujetará al denunciante a las responsabilidades civiles y penales correspondientes."
Por tanto, en atención a que el trámite administrativo para determinar una responsabilidad de esta naturaleza en la persona del servidor público, no es el acto reclamado en este juicio de garantías indirecto en revisión, los argumentos que al respecto expone el quejoso son inatendibles, tanto por figurar desvinculados del acto concreto reclamado (no ejercicio de la acción penal en la indagatoria previa ya referida), como porque no son los atingentes para combatir las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida.
Son también inatendibles los argumentos consistentes en que el Juez indicado "no aplicó adecuadamente disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de México; no aplicó otras que debía haber aplicado o que interpretó mal alguno de esos preceptos", en atención a que los aspectos procesales y sustantivos vinculados al juicio ... por violencia familiar, fueron dilucidados tanto en la sentencia definitiva, como en la diversa que se emitió en el toca ... en la cual la autoridad de segunda instancia en materia familiar confirmó en firme la indicada sentencia definitiva que emitiera el Juez a quo, siendo igualmente abordados tales aspectos en el juicio de amparo directo ... en el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito negó la protección federal solicitada por el hoy recurrente contra la sentencia que dictara la autoridad de segunda instancia; autoridades todas con cabal competencia para pronunciarse en el asunto familiar de que se trata.
En relación con el resto de los argumentos de inconformidad que expone el recurrente, este Tribunal Colegiado los advierte inoperantes, en atención a que ninguno de ellos controvierte o combate las consideraciones en que se sustentó la determinación recurrida, ello con independencia de que este órgano de segunda instancia en amparo, no advierte violación alguna a las formalidades procedimentales que haya dejado sin defensa al quejoso, de acuerdo con lo que dispone el numeral 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.
En efecto, debe señalarse que el Juez de Distrito que conoció en primera instancia del caso, se avocó a su conocimiento en estricto derecho, estimando que por tratarse de un asunto de naturaleza penal no procedía la suplencia de la queja que invocó el quejoso.
Para ello precisó también, que la aludida suplencia está autorizada en la legislación de amparo para integrar los argumentos de inconformidad que realiza el quejoso, en presencia de una demanda de amparo oscura, contradictoria o imprecisa en cuanto a los conceptos de violación se refiere.
Luego, señaló que en el caso concreto no se están dilucidando derechos de un menor de edad, como lo es el hijo del recurrente ... en representación del cual, promovió la instancia constitucional, además de por su propio derecho.
Que la indicada institución de la suplencia de la queja en materia penal, tiene aplicación exclusivamente en beneficio del indiciado, procesado o sentenciado, no en relación con el ofendido.
Concluyó, que si en el caso concreto supliera las deficiencias en los planteamientos de inconformidad que expuso ... por sí y en representación de su aludido hijo, tal actividad implicaría coadyuvar al ejercicio de la acción ministerial en contra de quien asume la posición de indiciado, en contravención con criterios de jurisprudencia que, específicamente, disponen lo contrario y, por ello, en contravención también con lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo; transcribió en la sentencia recurrida los siguientes criterios:
"OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", así como "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE."
En el escrito de agravios, el quejoso considera que al obrar de la manera expuesta en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito provoca agravios a él y a su hijo, porque no cumplió con la obligación de suplir la queja deficiente, ni a su favor, ni a favor de su menor hijo, a pesar de que a ello le obliga el interés superior del niño tutelado en la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ordenamientos que son jerárquicamente superiores a la Ley de Amparo.
Sin embargo, la simple lectura del escrito de agravios -en confrontación con las consideraciones que realizó el Juez de Distrito- revela que en ninguno de los argumentos que expone el recurrente controvierte o combate alguna de esas consideraciones a fin de demostrar que el acto reclamado sí incide en la esfera de derechos de su menor hijo y que el asunto debía ser dilucidado tomando en consideración el interés superior del menor, concretándose a insistir en que la autoridad jurisdiccional federal violó los derechos de su menor hijo porque no actuó respetando dicho interés superior, argumentos que no son eficientes para demostrar el erróneo proceder de la actuación del Juez, de ahí la inoperancia de los mismos.
En efecto, primeramente se destaca que este Tribunal Colegiado no alcanza a advertir de qué manera el acto reclamado (determinación de no ejercicio de la acción penal) vulnera derechos del menor de edad ... en representación del cual ... promovió la instancia constitucional, además de por propio derecho.
Lo anterior es así, porque en el caso de que el recurrente hubiera combatido las aludidas consideraciones del Juez de Distrito, lo que no acontece, daría pauta para abordar el estudio del fondo del asunto, determinando si fue adecuada a derecho la determinación de la autoridad responsable; y aun cuando al realizar este órgano de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20344-2766b4a0/accion-penal-el-denunciante-esta-facultado-para-impugnar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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