AMPARO PENAL. CUANDO ES PROMOVIDO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL, DEBE SEÑALAR EL NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE, COMO INTEGRANTES DE LA MISMA, PUDIERAN RESULTAR AFECTADAS CON EL ACTO RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 165/2007.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es de precisarse que el estudio del presente recurso de revisión se realizará con cabal apego al principio de estricto derecho, toda vez que no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que no se advierte que la persona moral ... haya señalado personas físicas como representantes, las cuales, en su caso, tendrían el carácter de indiciados en la presente causa y en lo particular pudieren resultar afectadas en su esfera jurídica o patrimonial con la determinación aquí impugnada.
Además que, en tratándose de la materia penal, el sistema jurídico previsto por la Constitución Federal y las leyes secundarias establece que la responsabilidad es estrictamente personal, es decir, únicamente las personas físicas y no las morales son capaces de violar las normas sustantivas punitivas, pues para ello se requiere la acción humana, inclusive, en lo tocante al sistema sancionador en que se encuentran las penas y medidas de seguridad que recaen en el grado de culpabilidad de una persona física y únicamente, como consecuencia accesoria para la persona moral se prevé la suspensión de la agrupación o la disolución, como es el caso contemplado en el arábigo 11 del Código Penal Federal.
De no atender a lo anterior se soslayarían los principios reguladores del juicio de amparo, como lo es el de relatividad, contemplado en el numeral 76 de la Ley de Amparo y conllevaría necesariamente a analizar el acto reclamado en un sentido abstracto, por no estar determinada la persona física agraviada en lo personal, lo que podría tener como consecuencia una concesión de amparo imposible de ejecutar, en términos de lo previsto en el artículo 80 de la citada legislación.
Es aplicable al caso, el criterio aislado I.6o.P.59 P, sustentado por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicado en la página 1024, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia penal, de rubro y texto siguientes:
" Cuando el representante legal de una persona moral, como es el caso de un sindicato, promueve un juicio de amparo en materia penal, en términos de lo establecido en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, necesariamente debe señalar el nombre de las personas físicas en lo individual que, como integrantes del mismo, pudieran resultar afectadas con el acto reclamado, esto es, aquellas que resientan un agravio personal y directo conforme lo dispuesto en el artículo 4o. del mismo ordenamiento, para que el juzgador se encuentre en aptitud de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues tratándose de la materia penal, el sistema jurídico previsto por la Constitución y las leyes secundarias de la materia establecen que la responsabilidad es estrictamente personal, es decir, para configurar la violación a las normas sustantivas punitivas se requiere partir de la acción humana, de la responsabilidad y de algunos supuestos psicológicos que sólo pueden admitirse en las personas físicas en lo individual, lo que se aprecia, incluso, tratándose del sistema sancionador en que las penas y medidas de seguridad descansan en el grado de culpabilidad de la persona física, y solamente como consecuencias accesorias para las personas morales se prevé la suspensión de la agrupación o su disolución, como es el caso de lo establecido en el artículo 11 del Código Penal Federal. De no realizarse el anterior señalamiento, bien pudieran presentarse diversos supuestos que desatenderían los principios reguladores del juicio de amparo, entre otros, el de relatividad previsto en el artículo 76 de la propia ley, ya que se tendría que analizar el acto reclamado en abstracto, por no estar determinada la persona física posiblemente agraviada en lo personal, lo que podría implicar una eventual concesión de amparo que no podría materializarse en su ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 80, por contener una declaración general respecto del acto reclamado. Por otra parte, también implicaría que el juzgador de amparo de manera oficiosa tuviera que analizar qué actos dentro de una averiguación previa o causa penal pudieran afectar a determinadas personas en lo individual y si éstas forman parte o no de la persona moral, lo cual no se encuentra cubierto por el principio de suplencia de la queja en materia penal, amén de que el artículo 116, fracción I, de la ley de la materia, dispone que en la demanda de amparo se tiene que señalar el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, lo que en materia penal se traduce en señalar el nombre de la persona física que en lo individual pudiera resentir el agravio personal y directo, ya que si bien en la materia éste podrá promoverse por cualquier persona, el mismo sólo podrá seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor."
Por lo anterior, como de actuaciones no se desprende que ... apoderado legal del sindicato ... en algún momento haya mencionado el nombre o nombres de las personas físicas que a su parecer resintieron un agravio personal y directo, derivado de la concesión de amparo contenida en la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el veintiocho de agosto de la presente anualidad, es que se deberán analizar los agravios expresados de estricto derecho.
SEXTO. Establecido lo anterior, debe declararse firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado por el a quo en los considerandos segundo, tercero y cuarto de la sentencia recurrida, en relación con los actos reclamados al ... en ausencia del ... en auxilio de la mesa ... de la Subdelegación Zona ... de la delegación en el Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República al no expresar agravios la parte recurrente a quien perjudica el sobreseimiento, pues el recurso de revisión en el que rige el principio de estricto derecho, comprende únicamente los puntos de la sentencia que han sido recurridos.
Es aplicable al caso, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2006, visible en la página 185, Tomo XXIV, septiembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."
SÉPTIMO. Devienen infundados los argumentos hechos valer como agravios por el autorizado de la parte recurrente.
En efecto, esgrime el autorizado del tercero perjudicado sindicato ... que se infringe en su perjuicio el contenido de los artículos 77, fracciones I y II y 78 de la Ley de Amparo, dado que la ley exige que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas y, en el caso, el Juez de amparo dejó de aplicar las disposiciones legales antes mencionadas, porque no hizo un estudio razonado de las pruebas aportadas por las partes para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado o bien para rechazar el valor probatorio de aquéllas, es decir, no hizo un estudio fundado y motivado de las constancias de autos para conceder el amparo a los quejosos; por ello, rige el principio de congruencia de la sentencia a efecto de resolver si existe el acto reclamado, si es violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso, por qué lo infringe, o sea, cuál es el concepto de violación y, en su caso, la conclusión de conceder la protección constitucional.
Lo anterior es infundado, toda vez que contrario a lo esgrimido por la parte recurrente, el a quo cumplió con los principios rectores que regulan el dictado de las sentencias de amparo, consistentes en la congruencia y exhaustividad, previstos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, y los cuales, en esencia, se refieren a que las sentencias que se pronuncien en los juicios constitucionales deben ser congruentes no sólo entre sí, sino también con la litis planteada y con todos los puntos de la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, lo que se traduce en que el juzgador de amparo está obligado a dar respuesta a todos los conceptos de violación alegados por el impetrante de garantías, sin añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí, tal y como sucedió en la especie, porque el a quo, atendiendo a los conceptos de violación invocados en la demanda de garantías, así como al caudal probatorio contenido en el mismo, fundó y motivó las causas por las cuales determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder la protección constitucional a los quejosos, tal y como sucedió en la especie.
Es aplicable la tesis 1a. X/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS. De los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo se desprende que los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose del juicio de amparo contra leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados."
Esgrime el autorizado de la parte recurrente, que resulta incongruente y con falta de lógica jurídica el considerar que los quejosos detentan un derecho subjetivo que los autoriza para acudir a la vía de amparo, ya que éstos no tienen interés jurídico, pues dentro de la averiguación no acreditaron facultad alguna para denunciar los hechos, siendo improcedente el amparo en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
Lo anterior resulta infundado, dado que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho de acudir al juicio de amparo reclamando la determinación de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, le asiste a toda persona que con motivo del despliegue de la conducta delictiva resiente una afectación en su esfera de derechos, de lo que deriva un menoscabo a su interés jurídico necesario para la procedencia de dicho medio de control.
De esta manera, independientemente del bien jurídico que tutelan los diversos tipos penales, cuando una persona es afectada en cualesquiera de sus derechos por haberse infringido una norma preceptiva o prohibitiva conminada con pena criminal, tendrá legitimación para promover el juicio de amparo reclamando la determinación de no ejercicio de la acción penal.
Así, el denunciante no es otra persona diferente al que el orden constitucional y legal protege, sino una especie de los que expresamente hacen referencia, como lo es la víctima o el ofendido y, en el caso, los quejosos ... denunciaron los hechos, por resentir una afectación en su esfera patrimonial.
Entonces, debe atenderse al espíritu del Constituyente en el sentido de extender la posibilidad de impugnar este tipo de determinaciones que decidan sobre el no ejercicio de la acción penal, para ello se legitima a todas aquellas personas que resulten afectadas por la comisión de un delito para acudir al juicio de amparo, entre los que se encuentra el denunciante, que además tendrá el carácter de víctima u ofendido.
Criterio el anterior emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1a./J. 58/2006, visible en la página 115, Tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.’, y de una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido."
Refiere el autorizado del tercero perjudicado que el a quo no está en lo justo al conceder a los quejosos la protección federal, ya que esta determinación depara agravio a las partes, pues se hace una inexacta aplicación de ley porque se actúa sin un apego estricto a la misma, principio que rige esencialmente la materia penal.
Es infundado lo anterior, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que si bien es cierto que el a quo no expuso consideración alguna respecto del estudio de los conceptos de violación invocados por los quejosos, los cuales son de estricto derecho por no operar la suplencia de la queja en su favor al no actualizarse la hipótesis que se prevé en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, también es cierto que el concepto de violación que declaró sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional no lo suplió en su deficiencia; por lo que contrario a lo que esgrime la parte recurrente, asiste razón al Juez Federal al haber considerado que los argumentos que se invocaron respecto a la legal notificación del acto reclamado, implican una trasgresión a las garantías de seguridad y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Expone el autorizado del tercero perjudicado, que el Juez de Distrito concede la protección constitucional a los quejosos por la simple circunstancia de que la determinación de no ejercicio de la acción penal no fue notificada en forma personal a los denunciantes, lo que resulta contradictorio a los principios de congruencia y legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en materia penal debe actuarse estrictamente dentro de la ley, y si en las disposiciones legales, así como en las circulares generadas por la Procuraduría General de la República, no se establece la obligación de notificar personalmente la procedencia de la consulta de inejercicio, es claro que donde la ley no ve, no tiene porque establecerse un diverso criterio, por lo que al no existir disposición que establezca la obligación de realizar determinados actos por parte de la autoridad, ésta no está obligada a realizarlos y, en consecuencia, no le infringe agravio alguno a los quejosos.
Lo anterior resulta infundado, porque contrario a lo que afirma la parte recurrente, le asiste razón al Juez Federal al haber declarado fundado el concepto de violación esgrimido por los quejosos, respecto de que no fueron legalmente notificados sobre el no ejercicio de la acción penal, lo que los dejó en estado de indefensión al no conocer los motivos que sirvieron de sustento para arribar a esa determinación.
En efecto, como lo expone el a quo, de conformidad con los artículos 103 y 133 del Código Federal de Procedimientos Penales y el punto cuarto del Acuerdo A/006/92 del Procurador General de la República, de su interpretación armónica se desprende que las determinaciones que se dicten en el procedimiento penal y en la averiguación previa deben de hacerse del conocimiento de manera personal, pues se pone de manifiesto que conforme lo marca el punto cuarto del acuerdo en comento, remite al Código Federal de Procedimientos Penales para el efecto de notificar de manera personal la determinación de no ejercicio de la acción penal al denunciante, querellante u ofendido, para que aquéllos puedan inconformarse en contra de dicha determinación, por lo que no puede ser otra la interpretación de dichos preceptos, máxime que se trata de determinaciones con un plazo establecido para ser impugnadas y que para efectos de impugnación se requiere conocer las consideraciones que motivaron el no ejercicio, por no operar la suplencia de la queja a favor del ofendido, denunciante o querellante y precisamente a través de la notificación personal es como se hace del conocimiento las consideraciones que se contienen en tal resolución.
Asimismo, como legalmente lo expone el a quo, existe obligación expresa conforme al artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales, de los requisitos que debe contener una notificación personal en la que se debe especificar el lugar, fecha y hora de quien realice su notificación, en la cual, además, se precisarán el objeto y el fundamento legal en que apoye su actuar; también, transcripción en lo conducente de la resolución que se notifique, en el caso, la propuesta definitiva del no ejercicio de la acción penal, siendo precisamente las hipótesis anteriores las que, en la especie, no se cumplieron, pues los ofendidos, entre ellos los aquí quejosos, no fueron notificados del dictamen o autorización definitiva en comento, por tanto, asiste razón al Juez Federal al haber establecido que la autoridad responsable ... de la Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal por medio de un dictamen que era procedente autorizar "en definitiva" el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, no ordenó que se notificara a los denunciantes tal resolución conforme al artículo 103 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual es aplicable al caso y ello los dejó en estado de indefensión, al haberse transgredido en su perjuicio las mencionadas garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica estatuidas en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal.
Finalmente, estuvo en lo correcto al aducir que no tienen el carácter de terceros perjudicados ... por no actualizarse la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
Por lo que se determina legal la concesión de amparo a los quejosos ... para el efecto de que ... de la Procuraduría General de la República, les notifique personalmente la determinación que dictó el diecinueve de mayo de dos mil seis en la averiguación previa número ... y, hecho lo anterior, deje insubsistentes todas las actuaciones posteriores a la aludida determinación reclamada.
Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en lo impugnado debe confirmarse la sentencia recurrida, esto es, conceder para efectos el amparo y protección a los quejosos ...
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y, se resuelve que:
PRIMERO.-En lo impugnado se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... respecto del acto reclamado al ... de la Procuraduría General de la República, para los efectos establecidos en la sentencia recurrida.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos del juicio de amparo al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo Penal en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el presente toca.
Así lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados doctora María Elena Leguízamo Ferrer (presidenta y relatora), licenciado Tereso Ramos Hernández y licenciado José Francisco Becerra Dávila, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, quien fue autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de agosto de dos mil siete, y con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el tiempo que el Magistrado Roberto Lara Hernández permanezca de licencia por comisión al servicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20506-ea40e60b/amparo-penal-cuando-es-promovido-por-el-representante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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