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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE FONDO NO OBSTANTE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA EFECTOS POR EL JUEZ A QUO. CUÁNDO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 88/2007. · Registro digital (IUS): 20958
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 974.

AMPARO EN REVISIÓN 88/2007.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Por cuestión de orden y método, conviene precisar que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 112/2007, ahora en revisión, se hizo consistir en el auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil siete, por medio del cual la autoridad responsable fijó al quejoso las siguientes cantidades a efecto de seguir gozando de su libertad bajo caución, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le revocaría ésta y ordenaría su reaprehensión dentro del proceso 204/2005 que se sigue en su contra, por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias:

1. Sanciones pecuniarias por once mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N. en cualquiera de sus formas señaladas por la ley;

2. Cumplimiento de las obligaciones a cargo del procesado que la ley establece en razón del proceso, diez mil pesos 00/100 M.N., en cualquiera de las formas señaladas por la ley; y

3. Ciento siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional, que debía exhibir en efectivo por concepto de reparación del daño.

El Juez de Distrito para conceder el amparo materia de la revisión, esencialmente, estimó lo siguiente:

- Que el Juez natural para fijar los montos de las garantías, legalmente tomó en consideración la naturaleza del delito (incumplimiento de obligaciones alimentarias); tres ofendidos menores de edad; circunstancias del delito; el tiempo que había dejado de cumplir con esa obligación; así como las circunstancias personales del inculpado.

- Que no obstante lo anterior, el acto reclamado violaba las garantías individuales del peticionario de garantías, puesto que la determinación del Juez de la causa al fijar el monto de la reparación del daño para otorgar la libertad bajo caución, violentaba el artículo 20 constitucional, al requerir que fuera presentado en efectivo.

- Que al fijar la cantidad de ciento siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos en efectivo, en términos del artículo 319, fracción I, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México se trasgrede la Constitución, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto al analizar en un caso idéntico (artículo 340, último párrafo, del Código Penal del Estado de México derogado) y determinó que la imposición de presentar la garantía en efectivo violentaba las garantías procesales de los inodados.

- Que con fundamento en el artículo 25 del Código Penal del Estado de México, en su fracción I, se establece que a falta de elementos para determinar la sanción pecuniaria se deberán tomar como base los días multa, y en tratándose de profesionales, salvo prueba en contrario, se debería estimar la cantidad de dos veces y medio el salario mínimo general vigente.

- Que acorde al numeral 319, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, para determinar el monto de las sanciones pecuniarias, se debería estimar el término medio aritmético que corresponda al delito de que se trate.

- Que el delito materia del procesamiento era el previsto en el numeral 217 del Código Penal del Estado de México, vigente en junio de dos mil cuatro, fecha en que el indiciado dejó (probablemente) de suministrar alimentos.

- Que consecuentemente, de acuerdo al término medio aritmético, la sanción pecuniaria sería de cincuenta días multa, que calculados a razón de dos veces y medio por el salario mínimo de cuarenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos, resultaba la cantidad de $6,083.75 (seis mil ochenta y tres pesos 75/100 M.N.).

- Que consecuentemente procedía conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que se deje insubsistente el acto que se reclama y en uno diverso se determinara:

1. Que el monto de la reparación del daño se podría exhibir no sólo en efectivo, sino en cualquiera de las formas de garantía que establece la ley penal.

2. Que el monto de la caución, con motivo de la posible sanción pecuniaria, es la cantidad de $6,083.75 (seis mil ochenta y tres pesos 75/100 M.N.).

Previamente, debe decirse que conviene acotar que si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad revisora en lo general no entre al estudio de fondo cuando se concedió el amparo al quejoso, y cuando éste actúa como único recurrente, porque se advierte el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio, también lo es que tal criterio presupone el análisis previo de los siguientes requisitos:

a) Que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea, que no se perciba trasgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento de amparo (por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de amparo, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del país, o en general, la trasgresión a los principios del juicio de garantías como cuando se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable, o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y además se concede el amparo constriñendo a la responsable a perfeccionar dicho acto formalmente pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas);

b) Que sea perceptible el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius, presupone precisamente la valoración ínsita de que el amparo concedido le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y

c) Que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del análisis de fondo (delito y responsabilidad), estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos, pues de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación.

Ahora bien, no se actualizan los anteriores supuestos (para evitar el análisis de fondo con motivo del principio de non reformatio in peius) porque precisamente se resolvió el fondo del asunto cuya constitucionalidad se cuestionó; luego entonces, se debe analizar en esta segunda instancia dicho tópico, pues de no hacerlo así se correría el riesgo de que el tema se dejare de analizar debidamente, dado que, como en la especie, si bien es cierto que la concesión del amparo fue para efectos, también lo es que no fue para que se subsanara una deficiencia formal y tampoco se dejó con plenitud de jurisdicción a la responsable, sino que los efectos de la concesión en este caso fueron vinculatorios y precisos; luego entonces, corresponde a este tribunal de alzada de amparo analizar la legalidad de la resolución de amparo recurrida.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica y en lo conducente, el criterio de la Novena Época, emitido por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, tesis II.2o.P.38 K, página 1521, que a la letra dice:

" Si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad revisora no entre al estudio de fondo cuando se concedió al quejoso, como único recurrente, el amparo para efectos, porque se advierte el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio, también lo es que tal criterio presupone el análisis previo de los siguientes requisitos: a) que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea que no se perciba transgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento de amparo (por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de amparo, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del país, o en general, la transgresión a los principios del juicio de garantías como cuando se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable, o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y además se concede el amparo constriñendo a la responsable a perfeccionar dicho acto formalmente pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas); b) Que sea perceptible, el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius, presupone precisamente la valoración ínsita de que el amparo concedido le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y c) que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del análisis de fondo (delito y responsabilidad), estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos, pues de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación. Ahora bien, no se actualizan los anteriores supuestos si desde el momento en que resulta fundado el agravio relativo a los efectos de la concesión del amparo, se observa, por ejemplo, que el quejoso no es el único recurrente, hubo pronunciamiento de la responsable sobre la constitucionalidad y legalidad del fondo del asunto, es decir, existió análisis del delito y su responsabilidad, y existe agravio expreso que vincula al tribunal revisor a pronunciarse al respecto; en esa tesitura, si bien debe subsistir el sentido de la concesión del amparo, aunque por razones diversas, esta variación de motivos no provoca un potencial riesgo en perjuicio del inculpado, por tanto, surge la posibilidad de que el tribunal revisor aclare y precise los efectos correctos que corresponden a la concesión de la protección constitucional."

Ahora bien, para combatir las consideraciones de la sentencia de amparo, el revisionista hizo valer los siguientes motivos de inconformidad, de cuya lectura y términos de su expresión se pueden desprender, en esencia, los siguientes argumentos:

1. Que el Juez de amparo interpretó erróneamente el artículo 14 constitucional, pues fundó su sentencia en el artículo 25 del Código Penal del Estado de México, a pesar de que éste es aplicable únicamente para el capítulo II del subtítulo primero del Código Penal del Estado de México, es decir, solamente para los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento sustantivo.

2. Que el numeral 25 del Código Penal del Estado de México prevé los montos de la multa, pero dicha disposición no es aplicable para cuantificar la reparación del daño, sino únicamente para fijar los montos de la multa.

3. Que lo anterior es así, pues incluso existe un capítulo especial dedicado a la reparación del daño.

4. Que es incorrecto considerar que el Ministerio Público únicamente deba acreditar la reparación del daño, pues en realidad éste debe acreditar la procedencia y monto de la reparación del daño, lo que se decidirá hasta el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo tanto, el numeral 29 del Código Penal del Estado de México se aplica hasta la emisión de la resolución definitiva, al igual que el numeral 25 del mismo ordenamiento legal, de lo cual se desprende que el Juez de amparo aplicó analógicamente este último artículo.

Ahora bien, conviene precisar aquí que la litis en la presente alzada se circunscribe, en esencia, a la aducida trasgresión al artículo 14 constitucional y lo legal o no de la aplicación del numeral 25 del Código Penal del Estado de México por parte de la responsable y el Juez de Distrito para determinar el monto de la garantía en relación con la reparación del daño.

Así, el tema relativo al cumplimiento de las obligaciones a cargo del procesado, que la ley establece en razón del proceso, diez mil pesos 00/100 M.N., en cualquiera de las formas señaladas por la ley, no es materia de impugnación y además no se aprecia motivo de inconformidad que deba ser suplido en su deficiente queja como lo prevé el numeral 76 Bis de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, debe decirse que resultan inoperantes los argumentos en los que se puede desprender que se aduce que el juzgador de amparo viola el artículo 14 constitucional, pues es claro que la autoridad de amparo encargada del control de la constitucionalidad y actuando en términos de la Ley de Amparo, podrá en todo caso transgredir disposiciones de dicha ley reglamentaria o bien del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mas no "violar garantías" dentro de un juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas cinco y seis, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquéllos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En segundo término, en lo referente a los agravios planteados en contra de la cuantificación del monto de la caución en el rubro de reparación del daño (que debe destacarse constituyeron precisamente la materia esencial de los conceptos de violación hechos valer en la impugnación constitucional), devienen infundados, pues contrario a lo aducido, son fundados y motivados los razonamientos del Juez de garantías.

En efecto, en lo referente a la garantía de la reparación del daño que dispone el numeral 319, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, es cierto que como lo aduce el recurrente la reparación del daño es un tópico de sentencia definitiva, empero lo cierto es también que como legalmente lo consideró el Juez de amparo, éste es un tema que cobra relevancia temporal, al tratarse de que el inculpado pueda gozar de su libertad provisional al garantizar la probable condena por ese rubro.

Con base en lo anterior, la fundamentación armónica del acto reclamado en el numeral 319, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con el ordinal 25 del Código Penal del Estado de México, respecto al salario mínimo profesional general vigente en los años en que probablemente se incumplió con las pensiones alimentarias, deviene legal, acorde con la naturaleza de la medida provisional de esa libertad bajo caución, pues por la etapa procesal en que se encuentra, de momento no se cuentan con mayores datos para su cálculo y precisamente la ley penal establece ciertos datos objetivos, que interpretados de manera armónica y sistemática, permitieron en este caso al Juez responsable, así como al Juez de Distrito al analizar su legalidad, arribar a una conclusión certera, carente de cierto subjetivismo que pudiera rodear la determinación de un Juez que careciera de límites precisos para el cálculo del monto de la caución respecto de la reparación del daño, por ende, se deben estimar como debidamente aplicados el contenido de los artículos 24 y 25 del Código Penal del Estado de México, en relación con el ordinal 319, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en los términos que lo hizo la responsable y como legalmente lo determinó el Juez de amparo, pues así, al aplicar el salario mínimo presumido por la ley para el indiciado profesional (ingeniero industrial), se pudo calcular de una manera aproximada pero objetiva, con los elementos con que hasta ahora se cuenta, la cuantía de la reparación del daño por garantizar y que el procesado pueda continuar gozando de su libertad, al margen de que en dado caso resultare absuelto de dicho rubro en definitiva o que incluso se le impusiera una cantidad mayor como sanción; por lo tanto, se reitera, la aplicación supletoria de los numerales 24 y 25 del Código Penal del Estado de México, en relación con el 319, fracción I, del Código Penal del Estado de México, no le paró agravio, pues resulta legal debido a su aplicación lógica y sistemática, sobre todo, que aducir la falta de comprobación de elementos para la reparación del daño, como impedimento para cuantificar la cuantía de la garantía respectiva, se traduciría en denegar ese beneficio por dicha circunstancia, en tanto que por la naturaleza del delito del procesamiento es de aquellos de resultado dañoso, por cuanto que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se traduce en un tema económico respecto a las pensiones alimentarias no cubiertas; por ende, el empleo del numeral referente a la multa, contrario a lo argumentado por el revisionista, no le perjudica, sino que le benefició, pues constituyó en el presente caso una herramienta objetiva para calcular el monto correspondiente a la reparación del daño y que él pudiera en el caso obtener el beneficio de la libertad provisional.

Finalmente, el tercer tópico de los aspectos a ponderar para cuantificar el monto de la garantía, relativo a las sanciones pecuniarias, fue legal al tomarse en consideración por el Juez de amparo, lo que corresponde a la sanción pecuniaria prevista en el artículo 217 del Código Penal del Estado de México (delito no grave), que en la época de los hechos (junio del dos mil cuatro) establecía como sanción pecuniaria la de treinta a setenta días multa; luego entonces, el medio aritmético es el de cincuenta días multa, a razón de dos veces y medio (por ser un profesional el procesado), lo que arroja un total de ciento veinticinco días multa, que deben ser cuantificados a razón del salario mínimo general vigente en el lugar y época de los hechos.

En efecto, resulta conforme a la ley ordinaria y a la Constitución lo determinado por el Juez de Distrito, es decir, las disposiciones ordinarias consistentes en el numeral 319, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con los artículos 24 y 25, fracción I, del Código Penal de la misma entidad, que establecen de una manera armónica que el monto de la caución se deriva de la probable pena pecuniaria a imponerse en el caso de que el procesado sea sentenciado, a razón del término medio aritmético multiplicado por dos veces y medio, por ser el procesado un profesional, respecto del cual existe la presunción legal (artículo 25, fracción I, del Código Penal del Estado de México) de que gana más del salario mínimo general.

En cambio, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que la cuantificación de la caución por los ciento veinticinco días de salario mínimo, a razón de $48.67 (cuarenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos), deviene inexacta al ser éste el vigente en el dos mil seis, en tanto que el salario mínimo general aplicable a este caso es el que asciende a $45.24 (cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos), por ser éste el aplicable al Municipio de Naucalpan de Juárez en el año de dos mil cuatro; así la cantidad de ciento veinticinco días de salario mínimo en concepto de caución, al ser calculada con el importe correspondiente arroja un total de $5,655.00 (cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que constituye el monto final de la caución, por la posible sanción pecuniaria y no así la suma de $6,083.75 (seis mil ochenta y tres pesos 75/100 M.N.) determinada por la potestad de amparo.

En consecuencia, ante la inexactitud de la operación aritmética, lo procedente es confirmar la sentencia de amparo recurrida, en cuanto a la concesión de amparo, pero con las salvedades que fueron precisadas en esta ejecutoria, es decir, únicamente para precisar que la suma de la caución para garantizar la posible sanción pecuniaria es la de $5,655.00 (cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y no la que se estimó por el Juez de Distrito, dejándose intocado el resto de la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia impugnada.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... para los efectos precisados en la resolución recurrida, con la precisión numérica efectuada en la presente instancia.

Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo sentenció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente: José Nieves Luna Castro, Andrés Pérez Lozano y Adalid Ambriz Landa, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20958-8a592dee/revision-de-fondo-no-obstante-la-concesion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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