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Modo: Corpus Pro

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2008-PL. · Registro digital (IUS): 21716
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 242.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y noveno del Acuerdo General Plenario 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que conservará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas de la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue realizada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza uno de los supuestos de legitimación que se contienen en los referidos preceptos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el recurso de revisión 227/2007, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

1. El asunto se originó en un juicio ordinario mercantil, en el cual la parte actora -quejoso en el juicio de amparo- demandó la división de la copropiedad sobre un local comercial, la venta del inmueble, el pago proporcional de las rentas originadas por el arrendamiento de ese lugar, los intereses legales y los gastos y costas que origine el juicio.

La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una vez seguido el procedimiento correspondiente, dictó sentencia sobre la incompetencia por declinatoria, en su resolutivo segundo señaló que es improcedente la excepción de incompetencia que hizo valer la demandada y en el resolutivo tercero precisó que no se impone la sanción a que se refiere el artículo 168 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

2. En contra de la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la parte actora en el juicio natural demandó el amparo de la Justicia de la Unión en la vía indirecta, haciendo valer violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues, a su juicio, la responsable infringió los artículos 140, fracción VI, 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, por su inexacta aplicación, porque la demandada obró temerariamente y de mala fe. Por tanto, sostuvo la quejosa, debió condenar tanto al pago de la sanción pecuniaria como al pago de costas, por oponer una excepción procesal improcedente.

El Juez de Distrito dictó sentencia protectora de garantías, en la cual consideró que la Sala responsable sí motivó y fundó su determinación cuando resolvió no imponer sanción pecuniaria a la demandada, pues de las constancias de autos se desprendía que la promoción de la excepción de incompetencia no interrumpió el procedimiento, por lo que se aplicaron de manera correcta los artículos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Por otra parte, en el fallo el Juez de Distrito consideró fundado el concepto de violación de la parte quejosa, en el cual alegó que la autoridad responsable debió declarar que su contraparte había obrado de mala fe y con temeridad, al oponer la excepción mencionada y, por ende, se le condenara al pago de costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 140, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

El concepto de violación resultó fundado, pues el Juez de Distrito señaló que la autoridad responsable infringió lo dispuesto en el artículo 140, fracción VI, del código adjetivo del Distrito Federal, porque bastaba que las excepciones se declararan improcedentes para que procediera condenar en costas. En consecuencia, concedió el amparo para que se dictara otra resolución, en la que con base en los lineamientos de la sentencia protectora, la responsable se pronunciara sobre la procedencia de la citada condena.

3. La quejosa -actora en el juicio natural- y la parte tercera perjudicada -demandada en el juicio de origen- interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo.

La tercera perjudicada, en uno de sus agravios, de manera esencial, alegó la inconstitucionalidad del artículo 140, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, pues, a su juicio, el numeral viola el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La parte recurrente manifestó que la inconstitucionalidad deviene porque en la sentencia del juicio natural -acto reclamado en el amparo indirecto- la autoridad responsable no consideró para el estudio y análisis del caso el artículo 140, fracción VI, del código adjetivo civil local, ni menos aún lo aplicó en su resolución, pues la misma se sustentó en los artículos 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

La recurrente concluyó su argumento precisando que el primer acto de aplicación del precepto 140, fracción VI, tachado de inconstitucional en el recurso de revisión se realizó en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto -la cual es motivo de agravio en el recurso de revisión- y que no contó con oportunidad legal para controvertir la aplicación ni el artículo referido.

4. El Tribunal Colegiado, al resolver sobre ese agravio, expresó lo siguiente:

"CUARTO. Por razones de orden técnico, este tribunal abordará en primer término el agravio propuesto por la parte recurrente en cuanto orden, a través del cual pretende combatir la constitucionalidad del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente.

"...

"En el presente asunto resulta inoperante el agravio relativo, en atención a las consideraciones que en lo sucesivo quedarán expuestas.

"En efecto, de manera preliminar y a efecto de evidenciar la inoperancia del agravio que se analiza, conviene transcribir la parte de la sentencia en la que el juzgador federal del conocimiento se refirió al precepto normativo impugnado, el cual es del tenor siguiente:

"‘Por otro lado, son fundados los motivos de queja, en los que el impetrante del amparo sostiene que se debió condenar en costas del incidente al haber resultado improcedente la excepción de incompetencia planteada en términos de lo previsto por la fracción VI del artículo 140 de la ley adjetiva civil local. El artículo 140, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, literalmente dispone: (transcribe). Así, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deje insubsistente la sentencia reclamada de veintiuno de mayo de dos mil siete, dictada en el toca 1098/2006/01; en la que reiterando las cuestiones que no fueron materia de la concesión, dicte otra, en la que en base a los lineamientos trazados en la presente sentencia, en forma congruente y exhaustiva determine respecto de la procedencia de la condena en costas, considerando para ello lo dispuesto por el artículo 140, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.’

"Ahora bien, a través de la tesis registrada con el número P. VIII/2005, obtenida al resolver la contradicción de tesis número 37/2003-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de ese Máximo Tribunal, que no constituye jurisprudencia porque no resuelve el tema de la contradicción planteada, pero que la votación es idónea para integrarla; publicada en la página 5, Tomo XXI, marzo de dos mil cinco, bajo el rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA.’, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de diferenciar el amparo contra leyes, cuando se tramita en las vías directa e indirecta.

"Así pues, en el criterio que se cita, quedó establecido lo siguiente:

"Las características que distinguen a esas vías tratándose del amparo contra leyes radican, esencialmente, en lo siguiente:

"a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables.

"-En el amparo directo la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza como autoridades responsables a sus autores.

"b) En la vía indirecta el amparo concedido contra la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende, no se le aplicará mientras esté vigente.

"-En tanto que en la vía directa el amparo se concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al quejoso.

"c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley.

"-En la vía directa no existe tal posibilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante la responsable para demostrar la inconstitucionalidad.

"d) En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del juicio.

"-En cambio, en el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos promovidos después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera.

"e) En el amparo indirecto los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como de la expedición de diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el 5/2001, participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de competencia que les hace el Máximo Tribunal, conforme a la cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales.

"-En el amparo directo los Tribunales Colegiados son de primera instancia y sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Carta Magna.

"f) En el amparo indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos del Estado a quienes se encomiende su promulgación, o quienes la representen.

"-En el amparo directo, no participan los órganos legislativos y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión; en cambio, en muchos casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero perjudicado y puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso.

"g) En el amparo indirecto el Juez de Distrito resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados.

"-Mientras que en el directo esa decisión le corresponde a la autoridad responsable.

"Pues bien, aplicando las diferencias que han quedado previamente establecidas, se obtiene que las razones por las que resulta inoperante el agravio que se analiza, a través del cual la recurrente en su carácter de tercero perjudicada pretende cuestionar en esta instancia la constitucionalidad del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son las que enseguida se desarrollan.

"En primer término, cabe aclarar que el juzgador de garantías no aplica el derecho común, ya que sólo lo interpreta; y es la autoridad responsable quien lo aplica.

"Lo anterior significa que en el amparo indirecto, el Juez de Distrito ajusta su actuación a la ley que rige al juicio de garantías o bien al Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de supletoriedad; por ende, de atribuírsele alguna violación a disposiciones jurídicas, la misma sólo puede consistir en la transgresión a preceptos legales que conformen los invocados cuerpos normativos, no así a leyes ordinarias, en cuyos ordenamientos se basan los tribunales del fuero común para actuar en la entidad federativa en donde ejercen jurisdicción.

"Bajo ese contexto, deviene inconcuso que en la sentencia que se revisa, el juzgador del amparo no hizo aplicación alguna del artículo cuya constitucionalidad pretende impugnar la inconforme; tan es así, que la protección concedida por dicho juzgador, consistió específicamente en que la autoridad señalada como responsable dictara una nueva resolución en la que en forma congruente y exhaustiva determinara respecto de la procedencia de la condena en costas, considerando para ello lo dispuesto por el artículo 140, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo cual evidencia que el Juez de Distrito delegó a la potestad común la aplicación del precepto impugnado, de ahí que no puede atribuírsele al referido juzgador el primer acto de aplicación del precepto que la inconforme tilda de inconstitucional.

"Similar criterio, en lo conducente, se sustenta en la jurisprudencia número VII.1o.C. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte; publicada en la página 950, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL ORDEN COMÚN. Cuando el recurrente atribuye al Juez de amparo violación a disposiciones del orden común, tales agravios resultan inoperantes, pues no es jurídico afirmar que dicha autoridad judicial infrinja preceptos de esa naturaleza porque su actuación, al resolver el juicio de garantías, se rige fundamentalmente por los numerales contenidos en el título segundo de la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en términos del artículo 2o. de la citada ley; de ahí que las transgresiones en que podrían incurrir los Jueces de Distrito serían respecto de los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no de disposiciones legales ordinarias, ya que la aplicación de éstas corresponde a las autoridades que conozcan del proceso natural, y serían ellas quienes, en su caso, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrían incurrir en violaciones a preceptos de leyes del orden común.’

"Una segunda razón que conduce a calificar como inoperante el agravio que se analiza, consiste en que en la presente instancia, no se puede estudiar un problema de inconstitucionalidad de leyes, porque de hacerlo se violaría la garantía de audiencia de las autoridades que intervinieron en el proceso de creación de la norma que se tilda de inconstitucional.

"En efecto, lo anterior es así, toda vez que como ya se dijo, en el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables; por lo que este tribunal no está en posibilidades de emplazar a las referidas autoridades en esta instancia; y de analizar la posible constitucionalidad del precepto impugnado, se dejaría a las autoridades legislativas que intervinieron en su creación sin posibilidad alguna de que sean escuchadas a fin de que, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga en relación a la constitucionalidad de la norma impugnada.

"Lo anterior se corrobora, si se tiene en cuenta que el recurso de revisión no se halla previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control de la Constitución Federal, sino exclusivamente un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo; es decir, como una instancia a través de la cual un órgano jurisdiccional de superior jerarquía revisa a otro de menor orden jerárquico; por lo cual, no es posible impugnar en vía de revisión la inconstitucionalidad de un precepto normativo como en el caso se pretende.

"Además, no debe perderse de vista que lo resuelto por el órgano de control constitucional de origen, a propósito de la aplicabilidad de una norma, sólo constituye una declaratoria inmaterializada; de tal suerte que para que esa resolución genere agravio e incida en la esfera jurídica del gobernado, requiere de un nuevo acto que al efecto sea dictado precisamente en acatamiento de la ejecutoria por parte de la autoridad señalada como responsable.

"En ese sentido, aplica por su contenido, en lo conducente, la tesis registrada bajo el consecutivo 2a. XCVII/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 253, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, NO PUEDE SERLO UNA SENTENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN AMPARO DIRECTO O UN RECURSO DE REVISIÓN. La sentencia de un Tribunal Colegiado de Circuito que resuelve un amparo directo o el recurso de revisión, y que por primera vez trae a colación en la secuela histórica del negocio jurídico la aplicación de una norma, no puede ser considerada como primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, en virtud de que dicho tribunal no puede sustituir a la responsable por efectos de la técnica del amparo; además, lo que resuelva a propósito de la aplicabilidad de una norma, sólo constituye una declaratoria inmaterializada que, para generar agravio e incidir en la esfera del gobernado, requerirá de un nuevo acto en acatamiento de la ejecutoria por parte de la autoridad competente.’

"Una razón más que se tiene para descalificar el agravio que se analiza, consiste en que la interpretación que hizo el Juez de Distrito del precepto que la parte inconforme tilda de inconstitucional, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, está sujeta a la revisión en esta instancia; por lo que no constituye una resolución definitiva; tan es así, que la agraviada hace valer ante este tribunal, argumentos que tienden a cuestionar la legalidad del fallo recurrido, en el sentido de que el artículo cuya constitucionalidad impugna, no debe aplicarse.

"En las relatadas circunstancias, es claro que en esta instancia resulta improcedente impugnar la constitucionalidad de un precepto legal, como en el caso lo pretende hacer la tercero perjudicada, dadas las razones ya expuestas; sin que en ese sentido, pase inadvertido el criterio invocado por la inconforme, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; que se encuentra publicado en la página 1565, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY LOCAL. PROCEDE ESTUDIAR LOS AGRAVIOS RELATIVOS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN ENCOMENDADO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.’ (transcribe).

"Criterio con el cual este tribunal disiente, dadas las razones ya expuestas; por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 196 de la ley que rige al juicio de garantías, este tribunal remitirá los autos del presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la posible contradicción que exista entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil al resolver el amparo en revisión y este órgano jurisdiccional, ambos del Primer Circuito."

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el recurso de revisión 312/2003, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

1. El juicio natural es la controversia de arrendamiento inmobiliario, en la cual la parte actora es la tercera perjudicada en el juicio de garantías. Dicho medio de control constitucional lo promovió la demandada del juicio primigenio (ostentándose como tercera extraña al juicio). En éste solicitó el amparo de la Justicia de la Unión, señaló como autoridades responsables al Juez Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario y al actuario adscrito a ese juzgado, haciendo valer conceptos de violación referentes a la legalidad del acto reclamado, todo lo actuado en la controversia de arrendamiento. La quejosa, principalmente se dolió de que en la diligencia de emplazamiento a juicio existían diversos vicios porque no se habían observado las formalidades exigidas por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

El Juez de Distrito consideró fundado el concepto de violación -referente al ilegal emplazamiento a juicio- porque en la práctica de la diligencia no se atendieron debidamente las formalidades establecidas en los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues se omitió cumplir con lo siguiente: cerciorarse del domicilio en el cual se constituyó el actuario a emplazar a la demandada e identificación de la persona con la cual se entendió la diligencia.

2. En contra de esa decisión, la parte tercera perjudicada -actora en el juicio natural- hizo valer recurso de revisión en el cual señaló, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de los artículos 116 y 117 mencionados, porque violan el artículo 14 constitucional, pues las hipótesis normativas de éstos exigen mayores requisitos formales para el emplazamiento que los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El Tribunal Colegiado a fin de resolver sobre el agravio referido, consideró lo siguiente:

"Por otra parte, la recurrente sostiene que lo establecido en los artículos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, contraviene el artículo 14 de la Constitución Federal, pues exigen mayores requisitos formales para el emplazamiento que los previstos en la Norma Constitucional citada.

"a. En primer lugar debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas ejecutorias, al analizar el tema de la procedencia del examen de una ley tildada de inconstitucional, en vía de agravio en un recurso de revisión promovido en un juicio de amparo indirecto, que ese planteamiento es inoperante en virtud de que el recurso de revisión que decide una sentencia dictada en la audiencia constitucional en que se plantea la inconstitucionalidad de una ley, sólo debe ceñirse a los planteamientos que se dirijan a combatir la falta de adecuación de los razonamientos del juzgador de amparo a la litis planteada, esto es, se considera como un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, pero no como un medio de control constitucional; a propósito de la impugnación de diversos preceptos de la Ley de Amparo, nuestro Máximo Tribunal, realizó un pronunciamiento expreso sobre ese aspecto -cuya importancia es analógica al tema que se trata en esta ejecutoria- para arribar a esa conclusión, en que se establecieron las siguientes premisas:

"- No existe posibilidad legal de que a través del recurso de revisión, previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar a petición de parte una ley local, ni la Ley de Amparo, so pena de desnaturalizar el sistema constitucional.

"- En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados o individuos, como tales, exclusivamente puede hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales.

"- La Constitución Federal sólo contempla como medios de control constitucional, a petición de parte, los procedimientos a que se refieren los artículos 105 y 103, en relación con el 107.

"- El juicio de amparo como instrumento de control constitucional, según lo establecen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, tiene el propósito esencial de proteger las garantías individuales, contra su violación por parte de las autoridades públicas, y la impugnación de una ley, está condicionada precisamente a la violación de garantías individuales.

"- La impugnación de una ley tiene como características, entre otras, las siguientes: la promoción del juicio de amparo será siempre a instancia de parte agraviada; existe la prohibición de hacer una declaración general respecto de la ley o acto que motive la protección constitucional, cuyos efectos deben constreñirse a la persona en lo particular, limitándose a ampararlo y protegerlo en el caso particular; el juicio de amparo procederá contra los actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, debiendo promoverse ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; también procede el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, el que se interpondrá ante un Juez de Distrito; asimismo, la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamarán ante el Juez Federal o ante el Tribunal Unitario de Circuito o ante el superior del tribunal que lo cometa; siempre procede el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por el Juez de Distrito o por los Tribunales Unitarios de Circuito, y dependiendo de que en la demanda de amparo se hayan reclamado leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución, y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estado o por el jefe del Departamento del Distrito Federal, y subsista en el recurso el problema de inconstitucionalidad, será competencia de la Suprema Corte de Justicia, o en su defecto de un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, por regla general, las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

"- La impugnación de inconstitucionalidad de una ley, si bien en las dos vías -uniinstancial o biinstancial-, tienen en común que debe hacerse en el escrito de demanda de amparo, en el juicio de garantías ante un Juez de Distrito, debe señalarse como acto destacado tal impugnación, debiendo precisar el quejoso, como autoridades responsables a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, y formular los conceptos de violación con los cuales demuestre la inconstitucionalidad de las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, por ser directamente violatorios de la Constitución Federal, la impugnación puede ser 30 días después de la vigencia de la ley si esta causa perjuicio, sin requerir de un acto posterior, o 15 días después del primer acto de aplicación; en tanto que en el juicio de amparo directo, de manera distinta, no se impugna la inconstitucionalidad de una ley de forma destacada en la demanda de amparo, ni se llama a las autoridades que intervinieron en la formación de la norma, y sólo es materia la impugnación únicamente del capítulo de los conceptos de violación, cuando se impugne la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, debiendo hacer su calificación el juzgador, en la parte considerativa de la sentencia.

"- La posibilidad de recurrir las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo e indirecto, por medio del recurso de revisión, que reglamentan los artículos 83, fracciones IV y V, 84 al 94 de la Ley de Amparo, confirman que ese recurso contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, el amparo indirecto, siempre procede, pero será competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de que habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, y subsista

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21716-4d75d882/inconstitucionalidad-de-leyes-en-un-recurso-de-revision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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