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Modo: Corpus Pro

COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN NO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE CONTENGAN EL SEÑALAMIENTO RELATIVO A SI EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20921
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 927.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al fallar el seis de diciembre de dos mil siete, la revisión fiscal número 181/2007, en la parte que interesa, estableció:

"QUINTO. Los agravios que en el caso particular se hacen valer, son inoperantes por un lado y fundados por otro. Por cuestión de método, el análisis de las inconformidades relativas se realizará en distinta secuencia a la propuesta en el escrito de revisión. Así, en el agravio tercero la autoridad recurrente sostiene que es inexacta la apreciación de la Sala del conocimiento, en torno a que el hecho de que en la factura (motivo de la solicitud de devolución de impuestos relativa) se hubiera asentado en forma ilegible la cédula de identificación fiscal, no es motivo para rechazar el acreditamiento pretendido, puesto que no existe precepto legal al respecto. Lo anterior, porque el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación prevé los requisitos formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los cuales, en términos del segundo párrafo del diverso artículo 29, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad. De modo que al estar ilegible la cédula de identificación fiscal del contribuyente que expide los comprobantes, resulta imposible para el particular dar debido cumplimiento a la verificación a que aluden las autoridades fiscales, pues no es posible verificar los datos relativos al nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos. El extractado motivo de discrepancia se manifiesta inoperante, virtud a que en él se limite contradecir y superar la totalidad de las consideraciones jurídicas que la juzgadora de primer grado empleó para determinar que el solo hecho de que la cédula de identificación fiscal no sea legible, es insuficiente para rechazar las facturas respectivas a efecto de acreditar el impuesto al valor agregado cuya devolución se solicitó por la parte actora. En efecto, basta imponerse del fallo hoy controvertido para advertir que en él se plasmaron los razonamientos jurídicos subsecuentes: a) Del análisis a las facturas glosadas a fojas cincuenta y seis a sesenta y uno de autos, exhibidas en copia certificada por la actora y apreciadas con valor probatorio pleno en los términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se aprecia que las mismas contienen impresa la cédula fiscal del contribuyente que las expide. b) La circunstancia de que la autoridad demandada argumente que tales comprobantes no cumplen con el requisito establecido en la regla 2.4.11. de la resolución miscelánea fiscal para dos mil cuatro, por el hecho de que la impresión de la cédula fiscal del contribuyente que los expide resulta ilegible, no es suficiente para su rechazo, ya que si la regla en cuestión exige que la cédula fiscal de la persona que expide la factura se encuentre impresa en el comprobante fiscal, entonces tal requisito se cumple en el caso en cuestión ‘... pues del simple análisis a las facturas que nos ocupan, se aprecia que todas y cada una de ellas contienen impresa la cédula fiscal de la persona que la expide, sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad demandada con el fin de rechazar dichas deducciones, argumente que dicha impresión es ilegible, ya que una cosa es que no se imprima la cédula fiscal en el comprobante y otra muy distinta que la impresa en la misma, sea ilegible, máxime que ni del contenido de la regla antes transcrita, ni de ninguna disposición fiscal, se advierte que el hecho de que la cédula fiscal de la persona que expide el comprobante, impresa en la factura sea ilegible, sea motivo de rechazo de dicho comprobante.’. c) A ello debe sumarse que del análisis a la carta de treinta de noviembre de dos mil seis, signada por la empresa ‘Sociedad Cooperativa Taxco’, se aprecia que ésta confirma las operaciones efectuadas con la hoy actora mediante las facturas números 1038, 1041, 1043, 1090, 1094, 1097, 1099, 1116 y 1122, lo que viene a robustecer el hecho de que las operaciones efectuadas mediante dichos comprobantes son legales y, por tanto, el acreditamiento pretendido por la actora mediante dichas facturas resulta procedente, para efectos de la devolución que nos ocupa. Luego, una confrontación entre los argumentos jurídicos que conforman el sustento de esa apreciación judicial, reseñados en los incisos a) al c) antecesores, con el concepto de agravio tercero previamente relatado, permite advertir, sin ninguna dificultad, que en este último se omite refutar la totalidad de los asertos que soportan la decisión allí controvertida. En especial, nada se dice en torno al criterio asumido por la resolutora de primer grado en el sentido de que, para que la autoridad estuviera en aptitud de rechazar las aludidas facturas en orden a la alegada ilegibilidad de la cédula fiscal de la persona que expide el comprobante, era indispensable que hubiese una norma o regla miscelánea que así lo dispusiera; de igual forma, ninguna polémica se genera tocante a la valoración que se hizo respecto a la confirmación de operaciones efectuada por el ente moral ‘Sociedad Cooperativa Taxco’, la cual, recuérdese, fue motivo adicional para otorgar validez fiscal a las facturas objeto de comentario. En esas condiciones, al no destruirse los sustentos medulares de la decisión acogida por la a quo, correctos o no, deben permanecer vigentes para seguir rigiendo el sentido del fallo en ese aspecto particular; máxime porque esta vía impugnativa extraordinaria se tramita a instancia de una autoridad, de donde se sigue que existe impedimento legal para mejorar los argumentos que soportan los correspondientes agravios y, por el contrario, hay obligación de apreciarlos en su justa dimensión, pues de no ser así, se supliría la deficiencia de la queja en un caso específicamente prohibido y en perjuicio de la actora natural quien, a fin de cuentas, obtuvo resolución favorable a sus intereses. Fía lo así discernido, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, con la que se es acorde, consultable en la página mil doscientos veintiocho, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA.’ (se transcribe). Por otro lado, en el concepto de agravio primero se argumenta, en esencia, lo siguiente: La Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución combatida, puesto que a su juicio las facturas con las cuales se acredita el impuesto al valor agregado que sirve de base para la solicitud de devolución, no carecen de un requisito fiscal, pues la única obligación a cargo del contribuyente quien las recibe, constituye en cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social o la clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos sean los correctos, de manera que la carencia del señalamiento expreso de si el pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades, no significa que tal documentación comprobatoria sea inválida para el propósito perseguido, más aun porque esa omisión no le es imputable a la parte actora sino al tercero que expidió las facturas correspondientes, quien es el obligado a observar lo dispuesto en el artículo 32, fracción III, segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tal criterio es contrario a derecho, porque el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, prevé claramente que el comprobante que se expida deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades, de modo que cuando se pague en un solo acto, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación, y cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad. De un análisis armónico y sistemático de los artículos que establecen los requisitos de los comprobantes fiscales para deducir o acreditar fiscalmente el impuesto al valor agregado, se desprende que quien utilice los comprobantes fiscales deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que el comprobante contiene los datos previstos en los preceptos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, contrario a lo sostenido por la Sala Regional, para que un comprobante fiscal sea válido para deducir o acreditar fiscalmente deberá contener, aparte de los requisitos previstos en los artículos 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tiene que incluir (sic) los diversos contemplados en los numerales 32, fracción III, del mismo ordenamiento y el diverso 29 del Código Fiscal de la Federación, esto es, se deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades, cuestión que no aconteció en la especie y, por tanto, es procedente el rechazo de la solicitud de devolución de que se trata. Con relación a lo resuelto por la Sala Fiscal, en el sentido de que el requisito incumplido no le es imputable al contribuyente, no se debe perder de vista que los beneficios fiscales como la devolución de impuestos, están condicionados a que el contribuyente cumpla con ciertas obligaciones a su cargo, como lo es una verificación de los datos que contiene el señalado comprobante fiscal, pues con base en él ejercerá el derecho correlativo. En ese sentido, resulta evidente que el requisito por el cual se negó la devolución solicitada, esto es, por no señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación se hizo en una sola exhibición o en parcialidades, es uno de los requisitos previstos en ley que puede ser apreciado de la simple verificación que el contribuyente realice al citado comprobante, cuestión que no ocurrió en la especie. Las anteriores afirmaciones encuentran pleno aval en la jurisprudencia 160/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reseñado motivo de inconformidad, apreciado en una reciente reflexión sobre el tema, es fundado. A fin de soportar tal calificativa, resulta imprescindible efectuar la transcripción de los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con vigencia ambos ordenamientos en dos mil cuatro (anualidad en que acontecieron los hechos). ‘Artículo 29.’ (se transcribe). ‘Artículo 29-A.’ (se transcribe). ‘Artículo 32.’ (se transcribe). De las disposiciones normativas previamente insertas, se obtienen las premisas esenciales sucesivas: Cuando exista obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, éstos deberán contener las exigencias previstas en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo. Quien aspire a estar en condiciones de poder deducir o acreditar fiscalmente, debe

verificar que los comprobantes que le expidan (por la obtención de un bien o servicio), contengan en forma correcta el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos, y adicionalmente los datos previstos en el artículo 29-A del código en cita. El precepto de última mención, estatuye que los comprobantes deberán consignar los requisitos a que alude el artículo 29, en suma a los descritos en las nueve fracciones del propio ordinal 29-A. Entre las exigencias contempladas en el numeral 29 del Código Fiscal de la Federación, se ubica la consistente en que el comprobante que se expida por el proveedor debe indicar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Tal requisito legal se reitera en términos análogos en el diverso artículo 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Luego, al tenor de tales enunciados jurídicos, es factible discurrir, en afinidad a lo sostenido por la autoridad revisionista, que el contribuyente que pretenda acreditar fiscalmente el impuesto al valor agregado, tiene la ineludible obligación de constatar que quien le expide el comprobante fiscal o factura correspondiente, asentó en modo correcto en dicho documento no sólo el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes del proveedor, sino también la circunstancia expresa de si el pago de la contraprestación se efectuó en una sola exhibición o en parcialidades, además de los disímiles requerimientos que destacadamente se prevén en los arábigos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es comprensible, en la medida de que el señalamiento de ese aspecto en particular evidenciará a la autoridad fiscal, si el impuesto se erogó en una sola exhibición, o bien, paulatinamente según las parcialidades que se hubiesen pactado, lo cual, sin, duda alguna, tiene gran trascendencia para efectos de una devolución de impuestos, dado que dichos datos revelarán en conjunto con algunos otros, el importe real que en su caso se haya enterado a la hacienda pública. También debe mencionarse, que si bien es verdad que la obligación de asentar los requisitos de ley en los comprobantes fiscales es atribuible a quien provee los bienes o servicios -dado que es éste quien los elabora y expide-, no debe dejar de tomarse en cuenta que fue el propio legislador quien asignó la obligación a quien pretenda acceder a un beneficio fiscal, como la acreditación del impuesto en aras de obtener una devolución de impuestos, de verificar que los comprobantes fiscales que le entreguen contengan la totalidad de los requisitos inmersos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, siendo que en esta norma se remite a los que también se estipulan en el numeral 29 ibídem, donde en forma expresa se incluye el señalamiento de si la contraprestación que ampara el comprobante o factura se efectuó en una sola exhibición o en parcialidades. De manera que si no se colma esa imposición legal de verificación, o bien, el contribuyente no conmina a su proveedor a que satisfaga ese extremo, entonces, es inconcuso que los comprobantes fiscales que carezcan del señalamiento de que se habla, no serán aptos para acceder al beneficio pretendido, por así disponerlo la propia ley. De ahí que el rechazo de facturas efectuadas en ese contexto por la autoridad demandada, se estima acorde y sujeto a la normatividad aplicable. Tiene aplicación, en lo pertinente, la jurisprudencia 160/2005, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de dos mil seis, página setecientos sesenta y dos, de rubro y texto siguientes: ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.’ (se transcribe). Para finalizar este apartado, debe señalarse que no es obstáculo a la decisión que se asume, el hecho de que la Sala responsable respaldara su veredicto con el criterio invocado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa (sic) al resolver la revisión fiscal 95/2005; lo anterior, fundamentalmente porque la ejecutoria que haya recaído a ese asunto, no es vinculatoria para este cuerpo colegiado. En el cuarto agravio expuesto por la autoridad inconforme, se aduce que la a quo omitió encauzar su criterio conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 160/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (acabada de insertar), en tanto en ella y la ejecutoria que le dio origen se discurre que. Si bien es cierto que no corresponde al consumidor de un bien o usuario de un servicio verificar que quien expide el comprobante de compra o gasto se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, también resulta cierto que al pretender el contribuyente utilizar dichos comprobantes en la obtención de un beneficio fiscal, queda a su cargo la verificación de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora, ello en virtud de que, de tal deber deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo que en su caso corresponda. Aun cuando el contribuyente que pretenda realizar la deducción o el acreditamiento de un tributo en particular, haya cumplido con dicho deber, la sola presentación del comprobante de gasto ante el Servicio de Administración Tributaria no da lugar de manera automática a la procedencia de la deducción o el acreditamiento y, en su caso, a la devolución del saldo a favor que dichas figuras puedan generar, ya que para ello se requiere, además, que dicho documento sea apto para comprobar que la transacción que ampara se ajusta a las disposiciones tributarias que la regulan. Es decir, que no podrá surtir ningún efecto fiscal un comprobante de compra o de pago que, no obstante contener la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no satisfaga los demás requisitos fiscales; ello atendiendo a que sólo a través del control de dicha información se puede, por un lado, tener la certeza de que el documento con el que se pretende llevar a cabo la deducción o acreditamiento, que dan lugar a la devolución de un saldo a favor, no es apócrifo, es decir, que efectivamente ampara la realización de un acto de naturaleza mercantil y, por otro lado, que el fisco ha percibido en su momento, el pago de un tributo cuya devolución se solicita. Así, dice, la Sala Fiscal debió tomar en cuenta que el rechazo de las facturas 1038, 1041, 1043, 1044, 1090, 1094, 1097, 1099, 1116, 1122, 468, 478, 488, 470, 479, 490, 55438, 3970, 2532, 31491, 31492, 31493, 31528, 31529, 31530, 31594 y 31595, se debió que la realización de las operaciones comerciales ahí consignadas no están registradas en la contabilidad del contribuyente ‘Sociedad Cooperativa Taxco, S.C. de R.L.’, por consiguiente, no se tiene certidumbre respecto a las operaciones manifestadas. Además, resulta ilegal lo acordado por la resolutora, pues con base en copia certificada de las facturas, así como una documental privada, simplemente se limitó a asegurar que en efecto las operaciones comerciales habían sido realizadas; sin embargo, ello es incorrecto, pues de dichas probanzas no se desvirtuaron los motivos de la autoridad para rechazar dichas facturas, puesto que éstas no demuestran que las inconsistencias detectadas no ocurrieron. En esa tesitura, concluye que al no desvirtuarse con documental idónea, esto es, con los registros contables de la empresa ‘Sociedad Cooperativa Taxco, S.C. de R.L. de C.V.’ (sic), no hay certeza de que ésta persona moral hubiera enterado el impuesto cuya devolución solicita la empresa Gold Quality, Sociedad Anónima de Capital Variable. El enunciado aserto de controversia es fundado, en la medida de que es verídico que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, al sustentar la ya citada jurisprudencia 160/2005, sostuvo el criterio atinente a que, si bien no es exigible a los contribuyentes que verifiquen que sus proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales, por otro lado, la sola exhibición de comprobantes fiscales que reúnan los requisitos de ley, no da lugar a una devolución automática de impuestos, como de facto lo determinó la Sala del conocimiento. Cierto, la ejecutoria de donde emerge el criterio jurisprudencial en cuestión, da cuenta las siguientes directrices jurídicas: El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, prevé los requisitos formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los cuales, en términos del segundo párrafo del diverso artículo 29, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad. Por cuanto hace a los datos a que se refiere la fracción I del citado artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, se impone al usuario del documento la obligación de cerciorarse de que dichos datos sean los correctos; ello en virtud de que, de tal deber deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo que en su caso corresponda. Dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente a favor de quien se expide el comprobante, a verificar que el nombre, denominación o razón social del vendedor de los bienes o prestador de servicios coinciden con el dato relativo a la clave del Registro Federal de Contribuyentes que se contenga impreso en el documento; es decir, la exigencia legal a su cargo no comprende la comprobación del debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor del documento, pues su obligación se restringe a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora. No obstante, aun cuando el contribuyente que pretenda realizar la deducción o el acreditamiento de un tributo en particular, haya cumplido con dicho deber, la sola presentación del comprobante de gasto ante el Servicio de Administración Tributaria no da lugar de manera automática a la procedencia de la deducción o el acreditamiento y, en su caso, a la devolución del saldo a favor que dichas figuras puedan generar, ya que para ello se requiere, además, que dicho documento sea apto para comprobar que la transacción que ampara se ajusta a las disposiciones tributarias que la regulan. Esto, porque en términos de lo establecido en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 11 de su reglamento, las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades que procedan, cuando sean solicitadas ‘de conformidad con las leyes fiscales’, es decir, atendiendo al marco normativo que regula las obligaciones y derechos de los contribuyentes, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, para lo cual hace uso de sus facultades de comprobación. Dichas atribuciones, en términos del artículo 42 del citado Código Fiscal de la Federación, facultan a las autoridades fiscales a verificar que ‘los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados’ han cumplido con las disposiciones fiscales, lo que puede hacerse a través de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o bien, a través del cotejo de la información proporcionada por el contribuyente con la que existe en el banco de datos del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, que no podrá surtir ningún efecto fiscal un comprobante de compra o de pago que, no obstante contener la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no satisfaga los requisitos de legalidad a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que obliga al contribuyente a presentar los diversos avisos de inscripción, cambio de domicilio y suspensión de actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes; ello atendiendo a que sólo a través del control de dicha información se puede, por un lado, tener la certeza de que el documento con el que se pretende llevar a cabo la deducción o acreditamiento, que dan lugar a la devolución de un saldo a favor, no es apócrifo, es decir, que efectivamente ampara la realización de un acto de naturaleza mercantil y, por otro lado, que el fisco ha percibido, en su momento, el pago de un tributo cuya devolución se solicita. Así, si bien es cierto que no corresponde al consumidor de un bien o usuario de un servicio verificar que quien expide el comprobante de compra o gasto se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones; también es cierto que ello no da lugar a que la autoridad fiscal realice de manera automática, con la sola solicitud de devolución y exhibición de comprobantes que contengan la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, a la devolución de saldos que el contribuyente estima tiene a su favor, pues de esta manera se harían nugatorias sus facultades de comprobación en perjuicio de fisco federal. En observancia de los lineamientos antes enunciados, es dable convenir con la autoridad revisionista en cuanto a que fue indebido que la Sala Fiscal invalidara la resolución impugnada, y determinara en automático la devolución de impuestos que corresponda a las facturas involucradas en el análisis del cuarto concepto de impugnación de la demanda de nulidad; pues por mucho que no sea imputable a la parte actora el hecho de que la tercero ‘Sociedad Cooperativa Taxco’ no declaró fiscalmente las operaciones que en esos comprobantes: se contienen (según lo afirmó la demandada), lo cierto es que, en el caso particular se debió reflexionar si los documentos presentados por la demandante (incluyendo la documental privada signada por el ente moral antes señalada), son aptos para comprobar que las transacciones que amparan se ajustan a las disposiciones tributarias que la regulan. En concreto, era menester que la Sala Fiscal, por un lado, razonara porqué tales documentos le generan convicción en torno a la realización de los actos de naturaleza mercantil que allí se describen y, por otro lado, porqué logran justificar que el fisco efectivamente percibió el pago de un tributo cuya devolución se solicita, pese a que la autoridad fiscal dio cuenta de que en su subsistema de declaraciones y pagos del Servicio de Administración Tributaria, el proveedor ‘Sociedad Cooperativa Taxco’, no tiene declarado fiscalmente haber realizado operaciones gravadas para efectos del impuesto al valor agregado durante el periodo cuya devolución se solicita. Extremos que no fueron fundada y motivadamente justipreciados, en tanto la jurisdicente se limitó a señalar, en forma dogmática, que las operaciones amparadas con dichos comprobantes fiscales se configuraron debidamente en el caso, así como que con las documentales en análisis se llega a la convicción de que las operaciones de trato fueron realizadas tal como lo sostiene y demuestra la actora; pretendiendo justificar tales aseveraciones con la sola circunstancia de que a esta última no le es imputable que la tercero mencionada no haya cumplido con sus obligaciones fiscales. No obstante, la a quo debió considerar que una situación no conlleva necesariamente a la otra, es decir, el hecho de que la empresa ‘Gold Quality, Sociedad Anónima de Capital Variable’, no sea responsable de que ‘Sociedad Cooperativa Taxco’ omitió declarar fiscalmente sus operaciones, no trae como consecuencia lógica ni jurídica que las operaciones plasmadas en las facturas en referencia sean reales, ni que el Servicio de Administración Tributaria obtuvo el entero de los impuestos allí descritos. Por esa razón, debe realizarse una valoración congruente de tales aspectos, tal y como lo trazó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los agravios de previo estudio, lo procedente es modificar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala Fiscal del conocimiento emita otra en la que, después de reiterar las consideraciones que no fueron contradichas por parte legítima, así como las que corresponden a la respuesta dada al tercer concepto de impugnación (las cuales no fueron debatidas con eficacia), prescinda de las que aquí se estimaron incorrectas, y siguiendo las directrices que se trazan en la presente ejecutoria, con plenitud de jurisdicción dé respuesta fundada y motivada a los conceptos de impugnación primero, segundo y cuarto (atinentes, respectivamente, al no señalamiento de si las contraprestaciones plasmadas en las facturas relativas se realizaron en una sola operación o en parcialidades, y al rechazo de facturas por haberse advertido que ‘Sociedad Cooperativa Taxco’ omitió declarar fiscalmente sus operaciones).’."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el treinta de septiembre de dos mil cinco, la revisión fiscal número 95/2005, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. Para una mejor comprensión del presente asunto, se estima conveniente destacar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20921-d7d966c2/comprobantes-fiscales-el-contribuyente-a-favor-de-quien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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