AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO EN QUE SE CUESTIONA UNA NORMA FISCAL QUE SE ESTIMA INEQUITATIVA PORQUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, RESPECTO DE LOS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. ANTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE Y EN EL DIRECTO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO ES OPERANTE. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE ORIGINARSE ENTRE CRITERIOS SUSTENTADOS UNO EN AMPARO DIRECTO Y OTRO EN INDIRECTO EN REVISIÓN. NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por **********, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por **********, parte quejosa en uno de los asuntos que originó la presente contradicción de tesis, a saber: el amparo directo número 288/2007, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se le reconoció tal personalidad, según se desprende del acuerdo que, en copia certificada, obra en el folio 153 del toca en que se actúa.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 288/2007, en lo conducente, se transcriben:
"SÉPTIMO. En principio, cabe tener presente los antecedentes de mayor trascendencia que dieron origen al juicio de nulidad del que deriva la presente instancia.
"1. En veintiuno de julio de dos mil cuatro, **********, por conducto de su representante legal, presentó ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes una solicitud, relativa a que le confirmaran el criterio en torno a que puede aplicar la regla 3.2.4 a pesar de no cumplir con todos los requisitos para ello, como se corrobora con la siguiente transcripción (fojas 28 a 38 del expediente de nulidad):
"‘Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ... Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 18 y 34 del Código Fiscal de la Federación, vengo a solicitar a esa autoridad confirme a mi representada su criterio en el sentido de que puede aplicar, en el ejercicio de 2001, la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 a efecto de determinar los intereses acumulables y deducibles en el citado ejercicio, mediante el cálculo simplificado que en dicha regla se prevé, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, solicitud que se plantea conforme a lo siguiente: Antecedentes ... 4. Sobre el particular, con fecha 06 de marzo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, cuya vigencia se prorrogó hasta el 6 de marzo de 2002, de acuerdo con el segundo resolutivo de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, en la cual se otorga un procedimiento alternativo y exclusivo a cierto grupo de contribuyentes que cumplan con los requisitos en ella establecidos. ... No obstante lo anterior, mi representada no cumple con algunos de los requisitos aludidos, consistentes en los puntos ii), iii) y iv) descritos en el punto que antecede, requisitos establecidos en la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, los cuales descalifican a mi representada para acceder a la aplicación de dicha regla. ... Documentos que se acompañan. ... 4. Copia certificada de las declaraciones anuales normal y complementaria de 2000. Anexos 4 y 5. 5. Copia certificada de las declaraciones anuales normal y complementaria de 2001. Anexos 6 y 7. 6. Copia certificada de los estados financieros de los ejercicios fiscales 2000 y 2001. Anexos 8 y 9. ... Por lo antes expuesto: ... Tercero. Confirmar a **********, que puede determinar los intereses acumulables y deducibles por el ejercicio fiscal de 2001, conforme al procedimiento previsto en la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, en lugar de aplicar lo dispuesto por el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, por las consideraciones expuestas en el presente escrito.’
"2. Dicha solicitud -previo juicio de nulidad por negativa ficta- fue resuelta por la autoridad fiscalizadora en sentido desfavorable a la contribuyente, entre otros motivos, al considerar que la quejosa no reúne los requisitos que exige la regla 3.2.4. multicitada (folios 102 a 108 del juicio de nulidad).
"3. Inconforme con esa resolución, la quejosa amplió su demanda de nulidad que había promovido por negativa ficta, en que argumentó, entre otras cosas, que es procedente que se beneficie con la regla 3.2.4. a pesar de que en el ejercicio de dos mil aplicó el procedimiento previsto en el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como se ve enseguida (foja 144 del expediente de nulidad):
"‘VIII. Conceptos de impugnación. ... En efecto, mi representada en ningún momento ejerció una opción, puesto que en el ejercicio de 2000, calculó sus intereses conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el mismo ejercicio. ... El supuesto al que alude la autoridad demandada, sólo resultaría aplicable, si mi mandante cumpliera con los requisitos contenidos en la Regla 3.2.4; y, por ende, al determinar su resultado fiscal del ejercicio de 2001, hubiera tenido la alternativa de aplicar el procedimiento de ley (artículo 7o. B) o el procedimiento simplificado (regla 3.2.4.), situación que no ocurrió en la especie y, por ese motivo, precisamente, la hoy actora presentó su escrito de consulta.’
"4. Dicha demanda de nulidad fue resuelta por la Sala responsable, a través de la sentencia reclamada en el sentido de reconocer la validez del oficio impugnado, entre otros motivos, porque la quejosa no reúne los requisitos establecidos en la regla controvertida número 3.2.4.
"OCTAVO. Establecidos los antecedentes de mayor trascendencia en el caso, por cuestión de método, es menester en principio, atender los conceptos de violación en los que se hace valer la inconstitucionalidad de la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, cuya vigencia se prorrogó hasta el seis de marzo de dos mil dos, la cual fue aplicada como fundamento en la sentencia reclamada, pues, como se dijo, la Sala responsable, para reconocer la validez de la resolución reclamada señaló que la entonces actora no cumplió con los requisitos establecidos en la porción normativa de la regla aludida para poder obtener el beneficio a que refiere la ahora quejosa (folio 610 del juicio de nulidad). De ahí que se haya aplicado en la sentencia reclamada la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, cuya inconstitucionalidad ahora se cuestiona.
"En el concepto de violación marcado con la letra A, la parte quejosa se duele esencialmente de que el criterio diferenciador contenido en la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil, cuya vigencia se prorrogó hasta el seis de marzo de dos mil dos, es violatorio de las garantías de legalidad, equidad e igualdad tributarias, contenidas en los numerales 13 y 31, fracción IV de la Constitución Federal, en virtud de que otorga una facilidad administrativa a un grupo de contribuyentes que deja en desventaja en la determinación del impuesto sobre la renta en el ejercicio de dos mil uno, ya que dicha prerrogativa tiene como propósito el otorgarles a un grupo de contribuyentes un beneficio para determinar los intereses acumulables o deducibles, diferente al que prevé el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil uno, por lo que carece de generalidad y abstracción; por tanto, la quejosa considera que al ser la limitante contenida en la regla reclamada, ley en el sentido material y contener una hipótesis normativa sólo para cierto grupo de contribuyentes, da un tratamiento ‘desigual’ a contribuyentes que se encuentran en una misma situación jurídica.
"En ese sentido, la quejosa también señala que la violación a la garantía contenida en el artículo 13 constitucional, en relación con el numeral 31, fracción IV, de la misma Ley Fundamental, se advierte en virtud de que el derecho a determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio fiscal de dos mil uno, mediante la aplicación de un factor de acumulación y deducción trimestral que al efecto dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil uno, va encaminado a otorgar un privilegio adicional a un grupo de contribuyentes determinados, sin que exista una razón justificada para tal efecto, lo que convierte en privativo, injusto e inequitativo el criterio diferenciador en que funda la resolución reclamada la Sala responsable.
"Asimismo, en el concepto de violación marcado con la letra E, la parte quejosa señala fundamentalmente que el criterio diferenciador contenido en la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil, cuya vigencia se prorrogó hasta el seis de marzo de dos mil dos, es violatorio de la garantía de legalidad, en relación con la diversa de equidad tributarias, contenidas en los numerales 16 y 31, fracción IV de la Constitución Federal, en virtud de que dicho criterio no se encuentra en leyes fiscales materialmente legislativas a través de las cuales la autoridad fiscal pueda otorgar sólo a determinados contribuyentes el derecho, a título exclusivo y personal de determinar los intereses acumulables o deducibles en el ejercicio fiscal de dos mil uno, a través de la aplicación de un factor de acumulación y deducción trimestral, en lugar de aplicar lo dispuesto por el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Ello, la quejosa lo estima así, ya que ni en el artículo 7o. B ni en otra disposición tributaria se establece la posibilidad para limitar a un determinado grupo de contribuyentes con dichos privilegios, por lo que al otorgarse de manera gratuita el derecho consignado en la citada Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea bajo el criterio diferenciador la deja en un estado de injusticia tributaria, ya que -al parecer de la quejosa- deberá sufrir un sacrificio mayor para el pago de sus impuestos, cuando a otros se les otorga un beneficio fiscal en su carga fiscal, además de que la autoridad fiscal no tiene facultad para restringir el acceso que se contiene en la regla controvertida.
"Por lo anterior, la quejosa concluye que además de provocar inequidad entre los contribuyentes ubicados en una misma situación, tal y como dice, quedó demostrado anteriormente, provoca violación al principio de legalidad tributaria, ya que sin existencia previa de un proceso legislativo, se le priva de un derecho que, de manera expresa se señala que sólo puede ser ejercido por unos cuantos contribuyentes, por lo que -dice- se le debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
"Se estiman inoperantes los conceptos de violación antes identificados, en los que se afirma que la sentencia reclamada es inconstitucional porque en ella se aplicó la regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, cuya vigencia se prorrogó hasta el seis de marzo de dos mil dos, ya que la porción normativa de dicha regla, viola los principios de legalidad, equidad e igualdad tributarias, previstos en los numerales 13, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; lo anterior, porque el posible fallo protector que se dicte en este expediente no podría tener efectos restitutorios referentes a la regla controvertida.
"Para demostrar esa conclusión, es necesario precisar el contenido de la regla en mención y del artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta:
"‘3.2.4. Tratándose de contribuyentes que no formen parte del sistema financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o. B de la Ley del ISR, que para efectos de la Ley del ISR efectúen sus pagos provisionales en forma trimestral y que en términos del artículo 32-A del código no estén obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio, aplicando el factor de acumulación y deducción trimestral que al efecto dé a conocer la Secretaría, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. B de la Ley del ISR.’
"‘Artículo 7o. B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: (se menciona procedimiento).’
"De lo antes reproducido, se advierte que el artículo 7o. B impone a las personas físicas que realicen actividades empresariales y (sic) las personas morales la obligación de determinar, por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria acumulables o deducibles.
"Por su parte, la regla 3.2.4. establece que los contribuyentes que reúnan los requisitos que refiere, podrán determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio, aplicando el factor de acumulación y deducción trimestral que al efecto se dé a conocer en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. B en mención.
"Bajo esa perspectiva, este Tribunal Federal advierte, que la pretensión de la quejosa implica un contrasentido, de ahí que los argumentos en estudio resulten inoperantes, ya que como se vio, en sus argumentos alega, por una parte, la inconstitucionalidad de dicha regla, y por otra parte, pretende que se le incluya en la porción normativa referente a determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio, aplicando el factor de acumulación y deducción trimestral que al efecto se dé a conocer en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 7o. B en mención; ello se estima así, en virtud de que la mencionada regla sólo precisa la regulación establecida en la ley, en consecuencia, con la impugnación de la referida regla, la quejosa no lograría estar sujeta para el pago del tributo a lo ahí establecido, puesto que si la misma quejosa sostiene que es inconstitucional por no estar sujeta a esa prerrogativa, es ilógico que pretenda tener efecto en su favor.
"En esas condiciones, por una parte, no puede pretenderse que se declare la inconstitucionalidad de la regla impugnada a favor de la quejosa y, por otra, que se incluya a ésta en sus supuestos normativos para obtener un beneficio, dado que es ilógico pretender que tenga efectos en su favor, además de que la protección constitucional no podría tener el efecto general de derogar el precepto reclamado. De ahí que se estimen inoperantes los argumentos en estudio.
"Es aplicable, en la parte conducente el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 90/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 807, que informa:
"‘ACTIVO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE AQUEL IMPUESTO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2005).’ (resulta innecesario transcribir su texto). ..."
CUARTO. Las consideraciones que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 3866/2001, en lo conducente, se reproducen:
"QUINTO. En otros aspectos del único agravio la inconforme hace valer lo siguiente:
"Que, el Juez a quo aplicó indebidamente las causales de improcedencia, además de que analiza el fondo del asunto sin tomar en cuenta los agravios expuestos por la quejosa, bajo el simple argumento de señalar que es imposible jurídicamente concretizar los efectos del amparo, ya que contravendría las reglas y principios que rigen en el juicio de garantías.
"Que, el Juez de Distrito reconoce expresamente en la sentencia que se recurre, que la norma administrativa que se impugna contiene un beneficio fiscal para cierta clase de contribuyentes del impuesto sobre la renta respecto de todos aquellos contribuyentes, personas morales que están obligados al cálculo del componente inflacionario del impuesto sobre la renta, considerar lo anterior, sería hacer nula la impartición de justicia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, siendo que la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal ha señalado que los Jueces y tribunales tienen la obligación de resolver en las sentencias de amparo todas las cuestiones planteadas en juicio.
"Que, el Juez a quo señaló que sería imposible concretizar los efectos del amparo, bajo el argumento de que no beneficiaria a la promovente los efectos del amparo pues no podría serle aplicada la Regla 3.2.4. en su favor, al haberse dejado sin efectos por haber controvertido su expedición y publicación, sin embargo, aduce que específicamente impugna los requisitos contenidos en la Regla 3.2.4., que le impiden gozar el beneficio fiscal, con lo cual se advierte la total incongruencia de la apreciación del acto reclamado, toda vez que sí es posible en el caso que nos ocupa que la sentencia definitiva que se pronuncie tenga una finalidad práctica y produzca la restitución al agraviado de la garantía individual violada, ya que la majestuosidad de la sentencia, producirá que se nulifique el acto reclamado, es decir, que se eliminen los requisitos contenidos en la regla, mismos que resultan caprichosos y arbitrarios y además le impiden gozar del beneficio fiscal.
"Que, no existe razón jurídica ni constitucional para declarar la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa por el simple hecho de que a criterio del Juez, se contravienen las reglas y principios que rigen el juicio de garantías, pues es importante señalar que el derecho es dinámico y como tal tiene que ir evolucionando conforme las actividades sociales y las autoridades realicen sus actos de molestia, por ello nuestra Constitución señaló como principio fundamental el que los Jueces y tribunales administren la justicia aun por obscuridad de la ley, ya que de lo contrario, estaríamos en presencia de meros formulismos y requisitos solemnes que tendrían que cumplirse para que proceda un juicio de garantías.
"Que, el Juez de Distrito confunde el acto reclamado, ya que sólo se están impugnando los requisitos contenidos en la regla, mismos que al ser nulificados por la ejecutoria de amparo, la quejosa estaría en posibilidad de accesar a la regla ya que ésta quedaría subsistente, y en ese sentido, ésta sería restituida en el goce de sus garantías.
"Que, resulta falso que en el presente juicio exista consentimiento del acto reclamado, toda vez que la quejosa no impugnó el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta del cual deriva la obligación del cálculo del componente inflacionario de las deudas y de los créditos, toda vez que esta disposición en ningún momento es la litis constitucional del presente juicio, mas sin embargo lo que sí debe señalarse es que el Juez de Distrito reconoce que dicha obligación es para todas las personas morales sin excepción, con lo cual tácitamente reconoce que la regla otorga un procedimiento alternativo en perjuicio de la quejosa.
"Que, la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal contempla un procedimiento alternativo para la determinación de los intereses acumulables y deducibles distinto al previsto en el artículo 7o. B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que los requisitos contenidos en la regla sí tienen un efecto autónomo y de existencia por sí mismos, ya que son requisitos de procedencia ilegal que las autoridades responsables introdujeron de manera dolosa y mañosamente en una redacción benéfica a sus intereses, precisamente para otorgar privilegios a ciertos contribuyentes, prueba de lo anterior, es el hecho de que la regla tiene diversos componentes que afectan de diferente manera a los contribuyentes y que la simple redacción de la misma es un ejemplo de cómo las autoridades responsables pretenden eludir el cumplimiento de la Constitución, ya que bajo una redacción clara (descomponiendo sus elementos) se percibe el procedimiento alternativo de determinación de los intereses acumulables y deducibles, y los dos requisitos que deben cumplir los contribuyentes del impuesto sobre la renta para calificar para tal beneficio sin alterar la esencia de la norma.
"Que, si aceptáramos el criterio sostenido por el Juez de Distrito en la sentencia que se recurre en el sentido de que los requisitos contenidos en la Regla 3.2.4. de la resolución son sólo una serie de elementos que están desprovistos de afectación a los gobernados por el simple hecho de que se encuentran integrados al texto de una disposición, llegaríamos al absurdo de que ninguna disposición o precepto legal que contenga uno o varios requisitos en su texto, podría ser impugnado como inconstitucional, lo que es contrario a la realidad, toda vez que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que una disposición está compuesta o formada por una o varias porciones normativas, las cuales por sí mismas pueden causar perjuicio a los gobernados, y por lo mismo pueden ser impugnadas a través del juicio de garantías.
"Que, el efecto del amparo es jurídicamente posible, ya que consistiría en hacer nugatoria única y exclusivamente los requisitos establecidos en la multirreferida Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, en virtud de que dichos requisitos son discriminatorios y pueden ser destruidos por efectos de la sentencia del amparo, tan es así que el propio Juez de Distrito reconoce que una norma puede provocar perjuicio al particular y beneficios, citando para tal efecto la tesis 2a. XXVII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se señala que si un contribuyente se acoge a un beneficio fiscal que le depara beneficios por un lado y perjuicios por otro, existe consentimiento respecto de todo el procedimiento, con lo cual se reconoce que sí existen afectaciones y beneficios en una norma y que puede ser analizada de esa manera, por lo que resulta inaplicable la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, para sobreseer el presente juicio, toda vez que el acto reclamado sí trastoca su esfera jurídica, al limitarle el derecho alternativo de determinar los intereses acumulables y deducibles bajo dicho procedimiento.
"Que, respecto a que previo al estudio del fondo del asunto se analizó la causal de improcedencia invocada por el procurador fiscal de la Federación en su informe con justificación, considera que en dicho apartado no sólo se revisaron las causales de improcedencia sino que se prejuzga sobre el fondo del asunto, ya que el sustento jurídico de dicho apartado se basa en un aspecto del fondo del asunto e inclusive se prejuzga y se hace un pronunciamiento de los posibles efectos de la sentencia de amparo en caso de que ésta le fuera favorable, conclusión a la que se llega sin estudiar con el detenimiento debido el fondo del asunto, lo cual demuestra la confusión en la que incurrió el Juez a quo al dictar dicha sentencia, ya que, como se dijo, se apoya en aspectos de fondo y en presunciones del alcance de la sentencia para tratar de justificar la improcedencia del juicio de amparo, fundándose en la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, lo cual es más grave aún, si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia cobra vida mediante una interpretación forzada de las disposiciones legales invocadas en la sentencia cuya interpretación está en contra del espíritu mismo del juicio de amparo.
"Que, de la interpretación que hace el Juez de Distrito en su sentencia para sostener la improcedencia del juicio de amparo con fundamento en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el artículo 80, ambos de la Ley de Amparo, rompe con la institución propia del juicio de amparo, ya que la interpretación de las disposiciones legales debe hacerse en el sentido de que éstas logren la finalidad perseguida por la norma y no que vayan en contra de su propia esencia, y mucho menos, del orden constitucional, toda vez que el Juez de Distrito, en la sentencia que se recurre, deniega la impartición de justicia, lo que le deja en total estado de indefensión.
"Que, el Juez de Distrito hizo una interpretación por demás indebida del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo y sobreseyó la demanda de amparo planteada sin estudiar el fondo del asunto y permitió, por ende, que el acto reclamado, o sea la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, concretamente los requisitos contenidos en la Regla 3.2.4. de dicha resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil, continúen violando en su contra las garantías consagradas en los artículos 1, 13, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar, el Poder Ejecutivo, un beneficio para el cálculo del componente inflacionario en favor de ciertos contribuyentes en perjuicio de otros que se encuentran en la misma igualdad de circunstancias, lo que trae como consecuencia que no exista un instrumento procesal idóneo para controlar o vigilar los actos del Poder Ejecutivo dando lugar a que se pierda de vista la finalidad del juicio de amparo, que es el tutelar la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales de los gobernados por encima de cualquier autoridad o norma secundaria.
"Que, contrariamente a lo afirmado por el Juez de Distrito en la sentencia que por esta vía se recurre, los efectos de la concesión del amparo que se solicita a través del presente juicio de garantías sí son posibles de concretarse y que los mismos consistirían en la restitución del pleno goce de la garantía violada, en virtud de que el acto reclamado es de carácter positivo, es decir, darle el tratamiento igualitario a la que es distinguida sin razón alguna, permitiéndole acceder a la aplicación de la mecánica prevista en la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea, lo cual en la especie se estima procedente y jurídicamente posible, dado que la inconstitucionalidad planteada por la quejosa deriva esencialmente del otorgamiento de un beneficio a cierto grupo de contribuyentes en perjuicio de otros, ya que no le permite aplicar en su beneficio la mecánica prevista en la mencionada regla.
"Que, resulta procedente conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que quede incluida dentro del beneficio establecido en la multicitada Regla 3.2.4., respetando así el principio de equidad tributaria y sujetándose a lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo tendría una finalidad práctica, produciendo así la sentencia un efecto jurídico de realización positiva sobre el acto reclamado, restableciéndose con ello las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo tanto, resulta del todo infundada la afirmación que realiza el Juez a quo en el primer párrafo de la foja 22 de la sentencia que por esta vía se recurre, en el sentido de que la declaratoria de inconstitucionalidad, en caso de concederse el amparo, no le beneficiaría, ya que contrariamente a lo manifestado por el Juez de Distrito, el efecto del amparo consistiría en hacer nugatorio, única y exclusivamente los injustificados requisitos (criterio diferenciador) contenidos en la Regla 3.2.4., toda vez que dichos requisitos fueron lo único que se impugnó, tal y como lo acepta y reconoce fehacientemente la autoridad recurrida a fojas 28, segundo párrafo, de la sentencia que se combate.
"Que, el Juez a quo confunde la litis planteada en el juicio de garantías, toda vez que en el texto de la sentencia que se recurre, primero señala que mi mandante impugnó los injustificados requisitos contenidos en la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil y posteriormente manifiesta que lo que se impugnó fue la Regla 3.2.4. en su totalidad, lo cual es a todas luces falso, ya que como se desprende del escrito inicial de demanda, en donde expresamente mi representada precisó en qué consistía el criterio diferenciador (requisitos contenidos en la multirreferida Regla 3.2.4.), acto reclamado en el juicio de amparo y que viola flagrantemente en su perjuicio, el principio de equidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que lo único que se impugnó fueron dichos requisitos, no la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil.
"Que, la litis en el juicio de amparo se constriñó en dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, única y exclusivamente de los requisitos contenidos en la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil, mismos que son violatorios de los principios de legalidad y equidad tributaria consagrados por la fracción IV, del artículo 31, de la Constitución, por lo que el Juez a quo, al emitir la sentencia recurrida, viola en su perjuicio o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21723-276ccd22/amparo-indirecto-y-directo-en-que-se-cuestiona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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