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Modo: Corpus Pro

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2011. · Registro digital (IUS): 22954
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 524.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, procurador federal de Protección al Ambiente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien fungió como parte en los asuntos materia de este expediente (tercero perjudicado en los juicios de amparo directo y recurrente en la revisión fiscal indicada).

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estima divergentes.

Así, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el ********** el amparo directo **********, sostuvo, en lo que al caso interesa, lo que a continuación se transcribe:

"OCTAVO. Toca ocuparse de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. ... Toca ocuparse del segundo concepto de violación, en donde la quejosa aduce: Que es ilegal la determinación de la Sala en el sentido de que no se configuró la caducidad de la instancia que hizo valer, pues se basa en apreciaciones imprecisas y equivocadas que la afectan de ilegalidad. Que es preciso hacer notar a este cuerpo colegiado, que la Sala admitió con su razonamiento, que la resolución inicialmente recurrida fue emitida fuera del término de los diez días a que alude el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que la Sala de manera ambigua se limita a establecer que resulta infundado el concepto de impugnación que hizo valer, pues no interpretó correctamente los artículos 60 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que condiciona los términos de las leyes referidas a un acuerdo de comparecencia emitido por la autoridad de fecha **********, con lo que la deja en estado de indefensión y a la voluntad de lo que decida la autoridad demandada. Que en ninguna disposición normativa, se establece que el término con que cuenta la autoridad administrativa para dictar resolución, se iniciará a partir de la notificación del acuerdo de comparecencia y/o el acuerdo de alegatos, sino por el contrario, los plazos o términos previstos en el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, inician a partir de que ese organismo compareció ante la autoridad haciendo uso del plazo de quince días que le fue otorgado, es decir el día **********, tal y como se reconoce en el considerando tercero de la resolución recurrida, lo que confirma que la Sala realizó un ineficiente análisis de la figura jurídica de la caducidad. Que el acuerdo en que se apoyó la Sala de fecha **********, notificado por rotulón el día ********** para realizar el cómputo establecido en la normatividad ambiental, es ilegal, máxime que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el término de diez días para dictar resolución corre a partir de que se compareció a defender los derechos, y no a partir de que la autoridad emitió tal acuerdo, pues de esa forma quedaría condicionada la caducidad a la actuación caprichosa y discrecional de la autoridad en cualquier momento. Que desde la contestación a la demanda los argumentos de defensa de la autoridad se sustentaron toralmente en pretender acreditar mediante el acuerdo de comparecencia de fecha ********** supuestamente notificado el día ********** por rotulón, que no se configuró la caducidad del procedimiento administrativo materia de la controversia, situación que deberá ser desestimada en razón que dichas documentales carecen en absoluto de valor probatorio, pues únicamente son tácticas dolosas por parte de las enjuiciadas, para engañar a la Sala del conocimiento y favorecer la emisión de un fallo que es ilegal. Que en ese sentido, el término de la caducidad que se hizo valer desde el recurso administrativo y posteriormente en la demanda de nulidad, debe ser analizada (sic) tomando como base estrictamente los términos y plazos concedidos a la autoridad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que del artículo 167 de la ley se desprende que el legislador federal fue claro al señalar plazos concretos para brindar continuidad al procedimiento administrativo seguido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y obviamente salvaguardar el principio de seguridad jurídica a favor de los gobernados. Que ese organismo haciendo uso del plazo de quince días otorgados, compareció el día ********** para manifestar lo que a nuestro (sic) derecho convino, tal y como se acepta en el considerando tercero de la resolución recurrida, por tal motivo y en virtud de que las pruebas ofrecidas fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza al tratarse de documentos públicos era obvio que para el día ********** se iniciaba el término de tres días para formular alegatos, en términos de aludido (sic) artículo 167. Que por tanto, el plazo de tres días para alegatos corrió del ********** al **********, razón por la cual a partir del día **********, inició el término de diez días previsto en el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que la autoridad demandada emitiera la resolución respectiva. Que de las consideraciones aludidas, se tiene que del ********** al **********, la autoridad demandada debió de haber dictado y notificado su resolución, situación que no sucedió así, ya que la resolución de fecha **********, se le notificó hasta el **********, por lo tanto es claro que transcurrieron en exceso los plazos con que contaba la autoridad para emitir la resolución recurrida. Que por lo anterior, es patente que la autoridad demandada sostiene su argumentación en el acuerdo de comparecencia de fecha **********, con el objeto precisamente de que no opere la figura jurídica de la caducidad. Que bajo ninguna circunstancia pueden (sic) ser aceptado como una justificación legal para interrumpir el término de la caducidad, el citado acuerdo de comparecencia, -exhibido por la enjuiciada y supuestamente notificado el día ********** por rotulón-, pues obviamente sólo constituyen tácticas dilatorias que de ser aceptadas permitirían a la autoridad incumplir con los plazos previstos en la ley y contar con plazos excesivos y discrecionales para manejar la figura de la caducidad a su voluntad. Que de aceptar el criterio sostenido por la autoridad y la Sala responsable, se corre el riesgo de contrariamente (sic) a lo que señaló el legislador, la caducidad quede condicionada al actuar dilatorio de la autoridad, pues surtiría los mismos efectos, si un acuerdo, por el que se concede término para alegatos fuera emitido dos años después de la comparencia (sic), es decir la figura de la caducidad quedaría condicionada al actuar caprichoso y dilatorio de a (sic) autoridad. Que resultan aplicables al caso, las tesis de rubros: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PROCEDE DECLARARLA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO, CUANDO PREVIAMENTE SE HA CONSUMADO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.’ y ‘CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL INICIADO DE OFICIO.’. Que el artículo 60, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se establece que (sic) cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de la parte interesada o de oficio, en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, supuesto jurídico que se actualizó en el procedimiento administrativo que se siguió en su contra, por lo que con base en lo antes manifestado, la facultad de resolver por parte de la autoridad demanda (sic), caducó y por ello, la autoridad debió poner fin al procedimiento sin sancionarla a mi representada (sic), en los términos del artículo 57 fracción IV de dicho ordenamiento, y archivar el asunto como concluido. Para examinar los argumentos reseñados, en principio, resulta pertinente considerar el texto de los artículos 161 a 169 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, vigentes en dos mil siete, que establecen: ‘Artículo 161.’ (se transcribió). ‘Artículo 162.’ (se transcribió). ‘Artículo 163.’ (se transcribió). ‘Artículo 164.’ (se transcribió). ‘Artículo 165.’ (se transcribió). ‘Artículo 166.’ (se transcribió). ‘Artículo 167.’ (se transcribió). ‘Artículo 168.’ (se transcribió). ‘Artículo 169.’ (se transcribió). Las anteriores disposiciones ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que el legislador pretendió establecer un procedimiento sencillo y breve para inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del (sic) Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como para sancionar a los posibles infractores. Esto último es así porque, en el caso del procedimiento para sancionar a los posibles infractores de la mencionada ley, una vez que se determina en el acta de inspección determinados hechos u omisiones que pudieran ser susceptibles de constituir infracciones a la normatividad ambiental, se debe requerir al interesado para que en un plazo de quince días exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que este último haya hecho uso de ese derecho, se debe (sic) poner a su disposición las actuaciones para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos. Concluido el plazo de alegatos, se debe dictar la resolución correspondiente dentro de los veinte días siguientes, la cual debe ser notificada al interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. También es necesario tener presente la figura jurídica de la caducidad del procedimiento contemplada en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable a la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en términos de lo establecido en el artículo 1o. de aquélla, pues la materia ambiental no es una de excluidas (sic) de su ámbito de aplicación. Este precepto dice: ‘Artículo 60.’ (se transcribió). Efectivamente, la existencia de la figura jurídica de la caducidad en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pone de manifiesto la intención del legislador en el sentido de que los procedimientos administrativos federales no deben prolongarse en el tiempo de manera injustificada e innecesaria, ya que sólo en aquellos casos en los que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente puede emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta ley de que se trate (sic), como se advierte, esto último, del artículo 61 del mencionado ordenamiento jurídico que dispone: ‘Artículo 61.’ (se transcribió). Establecido lo anterior, resulta importante destacar que en el caso, según los antecedentes del asunto, reseñados en diverso apartado de este fallo, con fecha **********, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, emitió la orden de inspección número **********, dirigida a **********, la cual se llevó a cabo ese mismo día, según se advierte de acta (sic) número **********, y en donde los inspectores asentaron las irregularidades detectadas en las instalaciones de la ahora quejosa. El **********, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, notificó a la ahora quejosa, un acuerdo de esa misma fecha, dictado por el delegado federal en dicha entidad, a través del cual se tuvo por instaurado el correspondiente procedimiento administrativo, expediente número **********, y con fundamento en el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le concedió un plazo de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes en relación con los hechos y omisiones asentadas en el acta de inspección. Por oficio presentado el ********** ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegación Tabasco, la ahora quejosa compareció al procedimiento administrativo de mérito, manifestando lo que a su derecho convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes (fojas ********** a **********). El **********, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, dictó un acuerdo por medio del cual tuvo por presentado el oficio referido en el párrafo que antecede, así como por admitidas las pruebas ofrecidas por la ahora quejosa y con fundamento en el artículo 167 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le hizo saber que los autos del expediente administrativo estaban a su disposición para que en un plazo tres días hábiles, presentara por escrito sus alegatos y que transcurrido el mismo, se turnarían los autos para que se dictara la resolución correspondiente. Luego por acuerdo de **********, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, hizo del conocimiento de la ahora quejosa que toda vez que el plazo a que se refería el artículo 167 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, había transcurrido del ********** al **********, sin que presentara alegatos, se tenía por perdido su derecho, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 168 de dicho ordenamiento y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, turnó los autos para se emitiera (sic) la resolución correspondiente. Finalmente, el **********, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, dictó resolución en la que impuso multa a la ahora quejosa, en cantidad de $********** (**********) la cual le fue notificada el **********. Sentado lo anterior, a juicio de este tribunal deviene ineficaces (sic) los argumentos hechos valer por la quejosa, pues contrariamente a lo aduce (sic), en la especie no operó la caducidad, pues la resolución recurrida se notificó fuera del plazo de veinte días con el que contaba la autoridad sancionadora para ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero antes de que se consumara el plazo de treinta días previsto en el numeral 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En efecto, como quedó reseñado, si mediante acuerdo de **********, el cual se notificó por rotulón el **********, se otorgó a la parte actor (sic) el plazo de tres días para formular alegatos que transcurrió del ********** al ********** (dado que ********** y **********, fueron ********** y **********) y si por diverso proveído de **********, notificado por rotulón el **********, se tuvo por perdido el derecho de la ahora quejosa para formulara alegatos (sic) y se turnaron los autos para que se dictara la resolución correspondiente, por ende, el ********** comenzó a correr el plazo de veinte días con el que contaba la autoridad sancionadora para ello, de acuerdo con lo que establecen los artículos 168 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En este sentido, el plazo para emitir la resolución respectiva, se inició el ********** y feneció el ********** de dicha anualidad, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días, ********** y **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por lo que es claro que la resolución recurrida se notificó fuera del plazo de veinte días con el que contaba la autoridad sancionadora para ello, pues aquella se realizó el **********, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 (sic) de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo, la misma se notificó antes de que se consumara el plazo de treinta días previsto en el numeral 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En efecto, el referido plazo se inició el ********** y feneció el **********, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días, ********** y **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por lo que si la resolución que recayó al procedimiento administrativo se emitió el **********, y se notificó **********, es claro que se notificó antes de que feneciera el plazo de los treinta días con el que contaba la autoridad para ello. Sin que pase inadvertido para este Tribunal, el argumento de la quejosa en el sentido de que el plazo para que en la especie operara la caducidad, debe computarse a partir del día **********, día siguiente al en que concluyó el plazo de tres días para presentar alegatos, que dice la impetrante transcurrió del ********** al **********, dado que el **********, compareció por escrito ante la autoridad y, que por lo tanto, a la fecha en que se dictó la resolución recurrida (**********) había transcurrido en exceso el término de diez días previsto en el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior es así, pues como ya se vio el plazo para dictar resolución, no se computa a partir de que el posible infractor, presenta el escrito a través del cual expone lo que a su derecho convenga y aporta las pruebas que considere pertinentes, en relación con las irregularidades asentadas en el acta de inspección, sino a partir de que transcurrió el plazo para presentar alegatos. Además, debe decirse que tampoco asiste razón a la quejosa cuando asevera que bajo ninguna circunstancia puede ser aceptado como una justificación legal para interrumpir el término de la caducidad, el citado acuerdo de comparecencia, -exhibido por la enjuiciada y supuestamente notificado el día ********** por rotulón-, pues obviamente sólo constituyen tácticas dilatorias que de ser aceptadas permitirían a la autoridad incumplir con los plazos previstos en la ley y contar con plazos excesivos y discrecionales para manejar la figura de la caducidad a su voluntad y; Que de aceptar el criterio sostenido por la autoridad y la Sala responsable, se corre el riesgo de contrariamente (sic) a lo que señaló el legislador, la caducidad quede condicionada al actuar dilatorio de la autoridad, pues surtiría los mismos efectos, si un acuerdo, por el que se concede término para alegatos fuera emitido dos años después de la comparencia (sic), es decir la figura de la caducidad quedaría condicionada al actuar caprichoso y dilatorio de a (sic) autoridad. Lo anterior es así, pues si bien es cierto como lo aduce la quejosa, y como se expuso en líneas anteriores que la existencia de la figura jurídica de la caducidad en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pone de manifiesto la intención del legislador en el sentido de que los procedimientos administrativos federales no deben prolongarse en el tiempo de manera injustificada e innecesaria, ya que sólo en aquellos casos en los que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente puede emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta ley de que se trate (sic), como se advierte, del artículo 61 del mencionado ordenamiento, también lo es que para opere la caducidad en el supuesto que se analiza, de conformidad con los artículos 168 de la Ley General de (sic) Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es necesario, que haya transcurrido el plazo para formular alegatos. Lo anterior adquiere relevancia se si (sic) considera que en el caso previsto en el primer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los procedimientos iniciados a instancia del interesado, caducan en cualquier etapa por inactividad del interesado, pero tratándose de los procedimientos iniciados de oficio, para que opere la caducidad se requiere que la autoridad no dicte la resolución en el plazo que cuenta para ello, el que como ya se expuso, se inicia a partir de que concluye el plazo para formular alegatos. Finalmente, aduce la quejosa que si se le inició el procedimiento fue por oficio y no a petición de parte como la Sala responsable lo señaló, lo que lleva a una inexacta aplicación del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, violando con ello lo dispuesto en los numerales 14 y 16 constitucionales. Es ineficaz este argumento, pues como ya se expuso, tratándose de los procedimientos iniciados de oficio, para que opere la caducidad se requiere que la autoridad no dicte la resolución en el plazo que cuenta para ello, el que como ya se expuso, se inicia a partir de que concluye el plazo para formular alegatos. De que resulten ineficaces (sic) los argumentos hechos valer por la quejosa ..."

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el ********** el amparo directo **********, consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SEXTO. El segundo concepto de violación expuesto por la quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo contra el fallo reclamado, por las razones que a continuación se expresan: En el motivo de disenso que se estudia, considera la peticionaria de garantías que la autoridad responsable hace una interpretación equivocada de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como de los diversos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Que contrario a lo manifestado por la responsable, el cómputo de los plazos para que opere la caducidad empieza a correr a partir de la comparecencia del organismo descentralizado al procedimiento administrativo instaurado en su contra y no a partir del acuerdo de alegatos. Este tribunal considera fundado el anterior concepto de violación que hace valer la quejosa, ya que en el particular no se acataron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo, de donde deriva la multa que se le pretende imponer, lo que redunda en la afectación a su esfera jurídica pues trastoca en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 16 constitucional. Para dar claridad a los razonamientos en que se basa la presente ejecutoria, es necesario reproducir a continuación el texto de los artículos 161, 162, 164, 167, y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los cuales rezan al tenor siguiente: ‘Artículo 161.’ (se transcribió). ‘Artículo 162.‘ (se transcribió). ‘Artículo 164.’ (se transcribió). ‘Artículo 167.’ (se transcribió). ‘Artículo 168.’ (se transcribió). De los transcritos artículos se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (sic) realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por conducto de personal debidamente autorizado, pudiendo realizar visitas de inspección. En dichas visitas de inspección se deberá levantar acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con dichas visitas. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo (sic) tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva. Cabe hacer mención que el artículo 160 de Ley (sic) General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que para la sustanciación del procedimiento por infracciones a dicha ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante ello, cuando existe disposición especial respecto de una institución jurídica ésta prevalecerá frente a la genérica, por lo tanto, la figura de la caducidad aplica de manera supletoria en los procedimientos por infracciones como el primigenio del cual deriva este juicio. En ese tenor es pertinente transcribir lo dispuesto por los artículos 60 y 61 (sic) de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismos que a la letra disponen: ‘Artículo 60.’ (se transcribió). ‘Artículo 61.’ (se transcribió). De lo consignado en el artículo 60, se colige que prevé la figura jurídica de la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio en los que hubiere transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, es decir, la caducidad que es la forma anormal por la cual pueden terminar los procedimientos como lo dispone la fracción IV del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, opera también ante la inactividad procesal de la autoridad administrativa, excepción hecha de los supuestos previstos en el artículo 61, esto es, cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento. Por procedimientos iniciados de oficio, se entienden aquellos que se inician sin instancia de parte, es decir, los que las autoridades instauran por iniciativa propia y de acuerdo a las facultades que les han sido conferidas previamente por una ley, como acontece con el previsto en el artículo (sic) 161 y 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de donde emanan las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, pues se inicia con motivo de un procedimiento de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento a la citada ley. Por otra parte, de los imperativos legales 167 y 168 que se estudian, se derivan tres momentos procesales, a saber: un primer momento en que, para determinar el incumplimiento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su caso, para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la autoridad notificará al presunto infractor, una vez recibida el acta de inspección, que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la visita de inspección; así, en un segundo momento, y concluido el desahogo de las pruebas, o habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a disposición del presunto infractor las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos; y, por último, la autoridad tiene la obligación de resolver dentro de los veinte días siguientes al concluir el término para presentar alegatos. No obstante lo anterior, las obligaciones procesales de la autoridad no concluyen con la emisión del acto, pues para que ello así suceda, debe notificárselo al interesado, lo que a su vez implica que para el caso de que la autoridad omita llevar a cabo cualquiera de esas obligaciones, puede originarse la caducidad del procedimiento. Ello es así, puesto que la obligación de notificarle al interesado la resolución que dicte en el procedimiento o cualquier acto que deba ser notificado, implica la intención de respetar la garantía de seguridad jurídica a favor del particular, pues la resolución será existente en términos jurídicos, cuando éste lo conoce ya que es a partir de ese momento en que se materializan sus efectos en virtud de que es cuando el interesado está en aptitud de conocer la forma en que la determinación de la autoridad incidirá en su esfera jurídica. Respecto del plazo que tiene la autoridad administrativa para notificarle al interesado la resolución que dicte o cualquier acto que deba ser notificado, el artículo 167 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que es de quince días hábiles como máximo contados a partir de la emisión de la resolución. Del precepto anterior, se colige que la práctica de la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo o actos que deban ser notificados no queda al libre arbitrio de la autoridad administrati

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22954-cbc51c1d/equilibrio-ecologico-y-proteccion-al-ambiente-computo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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