PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SÉPTIMO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de criterios sustentados en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que sustentó el criterio que se denuncia como contradictorio. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es el órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se denuncian como contradictorios. Siendo así, es claro que está legitimado.
TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo que tiene los siguientes antecedentes:
El director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en representación del secretario de Gobierno, promovió juicio de nulidad en contra del mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago emitidos por el administrador local de recaudación del centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales se requirió a quien ocupaba el cargo de secretario de Gobierno el pago del crédito fiscal número 1283946 por la cantidad de $1,777.10 pesos por concepto de una multa impuesta por un Juez de Distrito. La demanda se radicó ante la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la cual, mediante sentencia de cuatro de diciembre de dos mil ocho, reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.
Inconforme con la sentencia de nulidad el director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en representación del secretario de Gobierno, promovió juicio de amparo directo el cual se resolvió en el sentido de decretar el sobreseimiento. Para adoptar esta determinación el referido Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo los siguientes razonamientos torales:
• Las garantías individuales son derechos mínimos establecidos a favor de los gobernados con la finalidad de que sean respetados por los actos de autoridad. El juicio de amparo es el medio jurisdiccional a través del cual puede exigirse a las autoridades que respeten esos derechos mínimos, sin embargo, para estar en aptitud de formular tal exigencia es necesario ser sujeto de dichos derechos mínimos.
• El Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se está investido como poder público; en el segundo, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de igual naturaleza y forma que los gobernados.
• El artículo 9o. de la Ley de Amparo determina que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales. En este orden de ideas, aun cuando una persona moral oficial se coloque en un plano de subordinación frente a una autoridad, la procedencia del juicio de amparo no se surte en contra de todos los actos que se emiten en el desarrollo de esa relación, ya que es necesario que se actualice una afectación a sus derechos patrimoniales.
• En el caso, del mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago de diecinueve y treinta y uno de octubre de dos mil siete, en los que se contiene la multa impugnada en el juicio de nulidad, se aprecia que ésta fue impuesta al secretario de Gobierno del Distrito Federal, es decir, a la persona física que en ese momento desempeñaba el referido cargo. En tales circunstancias, tomando en consideración que dicha autoridad reclama una sentencia "en lo relativo a cuestiones de legalidad relacionadas con su actuación como autoridad, sin que el acto reclamado afecte los intereses patrimoniales de la institución pública, lo que procede es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o., ambos de la Ley de Amparo". Lo anterior, porque la autoridad quejosa "no defiende interés patrimonial alguno de un órgano estatal ... toda vez que las multas de mérito se le impusieron a la persona física que desempeñaba en ese momento el cargo de secretario de Gobierno del Distrito Federal, por tanto, la inconforme no se situó en el supuesto de que fue afectada como persona moral oficial por actos de autoridad en el cual se afecten derechos patrimoniales de aquélla".
CUARTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo que tiene los siguientes antecedentes:
El director general de servicios legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en representación del "Gobierno del Distrito Federal", promovió juicio de nulidad en contra del mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago relativos al crédito fiscal H-1043586, a través de los cuales se pretendió hacer efectiva una multa por la cantidad de $805.00 pesos impuesta por un Juez de Distrito. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ante la cual se radicó la demanda, previo los trámites de ley, dictó sentencia en la que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.
Inconforme con la sentencia a que se alude en el párrafo anterior, el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en representación del "Gobierno del Distrito Federal", promovió juicio de amparo que se resolvió en el sentido de conceder la protección constitucional solicitada. Cabe precisar que en el fallo constitucional no se hicieron valer causas de improcedencia y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no advirtió oficiosamente que se actualizara alguna. Tan es así, que abordó el estudio de los conceptos de violación, esto es, examinó el fondo del asunto (lo cual no es materia de la presente contradicción de tesis motivo por el que se omite resumir las razones en las que se sustentó dicho fallo) y concedió la protección constitucional en los siguientes términos:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Gobierno del Distrito Federal, representado por el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en contra de la autoridad y por el acto que se indican en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en su considerando final."
QUINTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo que tiene los siguientes antecedentes:
Un juzgado federal, en un proceso penal, impuso al director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal una multa por treinta días de salario mínimo. Por acuerdo de veintidós de julio de dos mil siete, la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal ordenó hacer efectiva la referida multa. En atención a esta orden, el nueve de septiembre de dos mil cinco se levantó el acta de requerimiento de pago y se llevaron a cabo diversos actos propios del procedimiento administrativo de ejecución.
En contra del acta de requerimiento de pago, el mandamiento de ejecución y en general los actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución, el director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal y el encargado del despacho en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal, promovieron juicio de nulidad. La Sala Fiscal que conoció del juicio correspondiente declaró la validez de los actos impugnados.
En contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad las personas que ocupaban los cargos mencionados en el párrafo anterior promovieron juicio de amparo que se radicó con el número 332/2008. En la sentencia correspondiente (que es la que se denuncia como aquella en la que se sostuvo uno de los criterios discrepantes) respecto de la legitimación se afirmó lo siguiente:
"SEXTO. En congruencia con lo resuelto en el DA. 52/2007, en sesión de treinta de abril de dos mil siete, y en el que por mayoría de votos se determinó conceder el amparo a la parte quejosa, en contra de la sentencia de la Sala responsable, de veintidós de noviembre de dos mil cinco, que sobreseyó en el juicio de nulidad, se reconoce legitimidad a la parte quejosa y se emprende el estudio de los conceptos de violación propuestos."
Como se ve, el análisis de la legitimación de las autoridades quejosas se hizo en una ejecutoria anterior dictada por el propio Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dicha ejecutoria (que fue solicitada al mencionado cuerpo colegiado porque no obra en el expediente) en lo que interesa dice:
"La información que se desprende del análisis de las constancias de autos es que un juzgado del Poder Judicial Federal impuso la multa al director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal, sanción pecuniaria que atañe a la persona que ocupaba el cargo mas no así a la autoridad, por lo que no resulta apegado a derecho exigir el pago de dicha multa a la persona (quejoso) que actualmente detenta ese puesto dentro del Gobierno del Distrito Federal."
Cabe precisar que el punto resolutivo de la sentencia que se dictó en el juicio de amparo directo 332/2008 dice:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, en contra del acto que reclaman de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la sentencia de dos de abril de dos mil ocho."
SEXTO. En el caso se actualiza la contradicción de tesis denunciada.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la tesis visible en la página 68 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Del criterio transcrito se desprende que la contradicción de tesis se configura cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas de los asuntos en los que se sostienen tales criterios no sean idénticas.
En el caso, dos de los tres órganos jurisdiccionales cuyos criterios dieron lugar al presente asunto sostuvieron posturas disímiles sobre un mismo punto de derecho, por lo que se actualiza la contradicción de tesis. Con el objeto de demostrar este aserto es necesario mencionar que de lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, se aprecia que el Séptimo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito conocieron de sendos juicios de amparo directo promovidos por autoridades, a saber: secretario de Gobierno y "Gobierno", ambos del Distrito Federal, respectivamente. En los dos casos, las autoridades reclamaron las sentencias dictadas en sendos juicios de nulidad en las que se reconoció la validez de diversos actos tendentes a hacer efectivas las multas impuestas por Jueces de Distrito.
Ahora bien, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 461/2009, decretó el sobreseimiento al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 9o. del mismo ordenamiento legal. Para adoptar esta determinación el referido cuerpo colegiado sostuvo, esencialmente, que la procedencia del juicio de amparo promovido por autoridades está condicionada a que se afecten sus derechos patrimoniales. En el caso, la multa se impuso a la persona física que desempeñaba el cargo público correspondiente y no a la persona moral oficial. Siendo así, no se afectan los derechos patrimoniales de la autoridad (institución pública) y, en consecuencia, ésta carece de legitimación para promover el juicio de amparo.
Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 241/2009, promovido por el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica en representación del "Gobierno del Distrito Federal", concedió a éste la protección constitucional al estimar que la multa no fue "oportunamente notificada" por lo que no se cumplieron todas las formalidades del procedimiento administrativo de ejecución. Cabe precisar que dicho tribunal no hizo pronunciamiento alguno en relación con causas de improcedencia o sobreseimiento las cuales, al ser de orden público, en caso de advertirse, deben estudiarse aun de oficio por el órgano jurisdiccional. Luego, la circunstancia de que no haya hecho pronunciamiento alguno sobre esos temas necesariamente implica que consideró que no se configuraba causa alguna de improcedencia o sobreseimiento, lo que supone que consideró que no había problema alguno de legitimación de las autoridades quejosas.
De lo hasta aquí expuesto se aprecia que se actualiza la contradicción de tesis entre los citados órganos jurisdiccionales, pues el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo cuando reclaman actos tendentes a hacer efectivas multas impuestas al funcionario correspondiente. En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito implícitamente consideró que dichas personas morales oficiales sí están legitimadas para promover juicio de garantías, tan es así, que del punto resolutivo de la sentencia que emitió se aprecia que el amparo se concedió "al Gobierno del Distrito Federal."
Por otra parte, el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la sentencia que dictó en el juicio de amparo directo 332/2008, no puede considerarse que sea contrario al que sostuvieron los órganos colegiados mencionados en el párrafo anterior. Esto es así, porque según se vio, dicho juicio de amparo se basó en una sentencia anterior en la que se determinó que los quejosos estaban legitimados porque se les pretendía cobrar, en lo personal, una multa que fue impuesta a una persona diversa que ocupó un cargo público determinado. Es decir, en el fallo que se dictó en el juicio de amparo cuyo número quedó precisado al inicio de presente párrafo, el Tribunal Colegiado de que se trata concedió el amparo a los quejosos pero no en su calidad de autoridades, sino como particulares, tan es así, que en el punto resolutivo de dicha sentencia (que se transcribió en el considerando precedente) únicamente se asentó el nombre de los quejosos (personas físicas) y no el cargo público que ostentaban. Esto último constituye una diferencia relevante (no únicamente accidental o secundaria) con los asuntos que fueron resueltos por el Quinto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que en aquéllos los juicios de amparo fueron promovidos por autoridades, mientras que el juicio de amparo directo 332/2008 se tuvo por promovido por personas físicas que no requieren resentir un perjuicio económico para estar en aptitud de promover juicio de garantías.
En el orden de ideas expuesto, es claro que la contradicción de tesis se actualiza entre los criterios sustentados por el Quinto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, y la materia de ésta se constriñe a determinar si las autoridades (personas morales oficiales) tienen o no legitimación para promover juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa que se impuso a un funcionario público.
SÉPTIMO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución.
Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General; 1o., fracción I, 4o. y 9o. de la Ley de Amparo disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"
Ley de Amparo
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."
"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."
"Artículo 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.
"Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes."
De los artículos constitucional y legales transcritos se aprecia que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales.
En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales.
La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo.
Ahora bien, según se aprecia de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, los juicios de amparo directo de los que deriva la presente contradicción de tesis fueron promovidos por funcionarios públicos, es decir, por representantes de órganos de gobierno del Distrito Federal. En este sentido, es claro que aquéllos fueron promovidos por personas morales oficiales. De los propios considerandos se aprecia que dichos juicios se hicieron valer en contra de sendas sentencias emitidas en diversos juicios de nulidad en las que se declaró la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectivas unas multas que se impusieron a funcionarios públicos. Es importante hacer notar que las multas de que se trata se impusieron a las personas físicas, es decir, a los titulares del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno.
En el orden de ideas expuesto, si las multas correspondientes se impusieron a las personas físicas que desempeñaban los cargos respectivos, es claro que éstas son las que deben cubrir el monto de aquéllas de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción.
En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.-Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado."
En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa que se impuso a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan sus derechos patrimoniales pues tal multa deberá ser cubierta por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Por consiguiente, el juicio de amparo directo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o., ambos de la Ley de Amparo.
De acuerdo con lo antes expuesto, en términos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el siguiente:
-Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22312-0112fc7e/personas-morales-oficiales-carecen-de-legitimacion-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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