PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLA ES A PARTIR DE QUE LA PARTE INCONFORME TIENE CONOCIMIENTO CIERTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DE SU CONTRARIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD LABORAL Y PODRÁ EFECTUARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS A QUE SE TENGA DICHO CONOCIMIENTO, PORQUE ES CUANDO SE FIJA LA CONTROVERSIA RELATIVA (LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL DE GUERRERO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló Fausto Tavira Solís en representación de Ramón García Rodríguez, quien fue recurrente en el amparo en revisión 95/2007 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el dieciocho de abril de dos mil siete el amparo en revisión laboral número 95/2007, interpuesto por Ramón García Rodríguez, confirmando la negativa de amparo, en la parte que interesa, estableció:
"SEXTO. Es materia del presente recurso de revisión la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil seis, terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil siete, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad capital, dentro del juicio de amparo indirecto 1057/2006-II, promovido por Ramón García Rodríguez, por conducto de su apoderado legal Fausto Tavira Solís, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que se hizo consistir en: (se transcribe). De la resolución recurrida se advierte que el Juez a quo determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, basándose en las siguientes consideraciones: 1. Después de fijar legalmente su competencia para conocer del asunto sometido a su potestad, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en las tesis jurisprudenciales de rubros: ‘ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.’ e ‘INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.’, analizó la existencia del acto reclamado, precisando la certeza del mismo. 2. Posteriormente, estableció que el procedimiento laboral 620/2006, promovido por Ramón García Rodríguez, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se rige por la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y en su caso, se aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, en razón de lo preceptuado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, son de aplicación supletoria a otras legislaciones laborales, por ser reglamentarias de los apartados A y B, respectivamente, del artículo 123 de la Constitución Federal; que la Ley Federal del Trabajo, es supletoria al estatuto municipal en cuanto al procedimiento laboral como regla para la integración de la controversia, la distribución de la carga probatoria, así como, respecto al derecho sustantivo en cuanto no contraríe el estatuto municipal y se tome en consideración la índole de los servicios prestados. Al caso citó la tesis de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LEGISLACIONES SUPLETORIAS Y ORDEN DE APLICACIÓN.’. 3. Precisado lo anterior, seguidamente, el a quo estableció que en el primer concepto de violación, la parte quejosa adujo que la autoridad responsable, al emitir la resolución reclamada infringió las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que no fundó y motivó la resolución al incidente de falta de personalidad que planteó el apoderado de la actora, en la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, debiendo aplicar lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, ya que fue realizado en el momento procesal oportuno y el tribunal responsable señaló que su derecho a realizarlo ya se había extinguido, puesto que el incidente debió presentarse dentro del término de tres días que señala el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, en la etapa donde se fija la litis. 4. Que del artículo 81 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, se advertía que el legislador, para la tramitación del juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dividió en dos partes el mencionado procedimiento, para lo cual en la primera de estas etapas estableció la fijación de la litis con el escrito de demanda, en forma oral o por escrito y la respuesta a la misma, que se constituye como la primera etapa y que en la Ley Federal del Trabajo, se corresponde con la de demanda y excepciones; en tanto que, la segunda de las etapas, lo es la audiencia en que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciaría el laudo que resuelva el fondo de la controversia laboral. Asimismo, transcribió los numerales 735 y 739 de la Ley Federal del Trabajo. 5. Que la autoridad responsable de forma acertada en la resolución reclamada desechó el incidente de falta de personalidad que planteó la parte actora, pues ésta debió hacerlo valer en la etapa correspondiente, esto es, la relativa a la de demanda y excepciones, donde se constituyó la litis y que se corresponde con el escrito inicial de demanda y la contestación a la misma, ya que esta última se acordó el siete de junio de dos mil seis y se notificó a la ahora quejosa en diligencia personal realizada el veintiuno de junio del año en mención, por conducto de su apoderado legal, a quien se le corrió traslado con copia autorizada del escrito de contestación de demanda y anexos que exhibió la demandada, lo que implicaba que la parte actora quedó enterada desde esa fecha, que la autoridad responsable reconoció la personalidad de Reveriano Vergara Mendoza, como síndico procurador del Ayuntamiento demandado y a los que se mencionan en el escrito de contestación de demanda; de ahí que al transcurrirle con exceso el término de tres días que establece el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, era procedente desechar de plano el incidente por notoriamente extemporáneo. 6. Seguidamente, el a quo estableció que lo anterior era así, tomando en consideración el principio de concentración que priva en el proceso laboral, cuya finalidad primordial es la de acortar los conflictos, imprimiéndole celeridad y prontitud al desarrollo de la secuela procesal y es en la etapa donde se fija la litis y se reconoce la personalidad de las partes, donde deben resolverse de plano las cuestiones atinentes a la misma, conforme a lo prescrito por el artículo 89 de la ley número 51 del Estado. Al respecto citó las tesis de rubros: ‘PERSONALIDAD. OPORTUNIDAD PROCESAL. EN MATERIA LABORAL, PARA IMPUGNAR LA.’ y ‘PERSONALIDAD. OBJECIÓN ANTE LAS JUNTAS.’. 7. En vista de lo anterior, el a quo determinó que era inoperante el segundo concepto de violación planteado por el impetrante de garantías, toda vez que la autoridad responsable al haber desechado de plano por extemporáneo el citado incidente, no se encontraba obligada a estudiar las manifestaciones vertidas en él, puesto que no tendría objeto analizar dichos argumentos en virtud de que dejaron de ser materia del multicitado incidente al haberse desechado de plano la resolución interlocutoria. Por su parte, el recurrente, por conducto de su apoderado planteó los agravios que a continuación se sintetizan: A. Que la resolución dictada por el a quo es ilegal y contraviene los artículos 14 y 16 constitucionales al aplicar criterios incorrectos que lo llevaron a negar el amparo y protección de la Justicia Federal, tal como lo es la tesis de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LEGISLACIONES SUPLETORIAS ORDEN DE APLICACIÓN.’, misma que fue interpretada en forma equivocada pues contrario a lo sostenido por el juzgador federal tal criterio robustece lo sostenido por el quejoso, hoy recurrente, que ha sostenido que la ley aplicable lo es precisamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, en su fracción X. B. Que las Legislaturas de los Estados tienen la facultad para expedir las leyes burocráticas locales, con la única limitación de seguir los lineamientos señalados en la Constitución y su ley reglamentaria, siendo ésta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en relación a la misma cita la tesis de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PERSONALIDAD. MOMENTO PROCESAL PARA LAS OBJECIONES SEGÚN LA LEY RELATIVA.’, la que, sigue diciendo, resulta aplicable en forma prioritaria sobre la citada por el Juez primario, con base a que es una interpretación directa de dicha Ley Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, pues el hecho de que la ley burocrática local no observe todos los derechos señalados en la Constitución Federal o en la ley reglamentaria, no significa que no tenga derecho a su reclamo, pues con base a los principios de la supremacía constitucional y las leyes que de ella emanen, los Jueces y tribunales del país deben ajustar su actuar a lo mandatado en la Carta Magna, aunque tales leyes locales contengan disposición en contrario; de ahí, concluye, el Juez de amparo soslayó lo señalado en los artículos 115 y 123, apartado B, de la Constitución General, al no aplicar los criterios derivados de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sí los derivados del apartado A del numeral 123 constitucional. C. Que el Juez a quo aplica un criterio equivocado e inaplicable al caso particular, pues el procedimiento laboral burocrático señalado en la ley 51 es diferente al señalado en la Ley Federal del Trabajo que utiliza, siendo que la ley aplicable es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos de los preceptos constitucionales citados, con lo que, sigue manifestando, incurre en incongruencia al resolver la litis constitucional en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo y aplicar incorrectamente los preceptos legales citados, con lo que sus apreciaciones son incorrectas, ilegales y contrarias a los dispositivos 14, 16 y 17 constitucionales. D. Que el a quo de manera ilegal pasa por alto que la autoridad responsable estaba obligada a pronunciarse respecto del incidente de personalidad planteado, en razón de que la personalidad es un presupuesto procesal sin el cual no puede tramitarse ningún juicio. Son inoperantes por una parte, ineficaces en otra y parcialmente fundados pero ineficaces en otra más los agravios antes sintetizados por las consideraciones siguientes. Así, en primer término, resulta inoperante el argumento que sostiene el recurrente en el sentido de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, violó en su perjuicio las garantías individuales que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, por una incorrecta aplicación que hace del contenido de los artículos 115, fracción X y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie no puede jurídicamente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte del Juez de Distrito a quo, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la legalidad de la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo, sin que en la especie se advierta que se esté en el caso de que el a quo haya actuado como Juez de proceso o bien interpretado de manera inexacta un precepto legal, para estimar que, por excepción, pudiera considerarse que su actuar fuera violatorio de garantías individuales de las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, de acuerdo al criterio sustentado al respecto, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, al resolver el amparo en revisión 1339/98, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que al rubro y letra dice: ‘AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES. DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que comparte este similar, publicada en la página 547, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto: ‘GARANTÍAS INDIVIDUALES, LAS RESOLUCIONES DEL JUEZ DE AMPARO NO SON VIOLATORIAS DE LAS.’ (se transcribe). Por otra parte, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente cuando sostiene que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues de la lectura de la sentencia impugnada este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que la misma cumple con los extremos que imponen a los juzgadores de amparo los preceptos legales antes aludidos, es decir observó los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, los cuales están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, en términos de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, que al rubro y letra dicen: ‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.’ (se transcribe). En otro aspecto, son parcialmente fundados pero ineficaces los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, toda vez que si bien es verdad que la aplicación supletoria a la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero recae de forma prioritaria en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y después en la Ley Federal del Trabajo por lo que, consecuentemente, previo a la aplicación del artículo 735 de esta última legislación, en que se basó la autoridad responsable para desechar el incidente de falta de personalidad, debió observarse lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también lo es que la propia ley 51 contiene un precepto que prevé, en forma genérica, de cuántos días se componen los términos. Para demostrar lo anterior, resulta pertinente transcribir el artículo 81 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dice: ‘Artículo 81. El procedimiento para resolver todas las controversias que se someten al tribunal se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia. A la respuesta que se dé en cualquiera de las dos formas citadas y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio tribunal se requiera la práctica de diligencias posteriores en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y una vez efectuadas se dictará la resolución correspondiente.’. Del artículo antes transcrito se advierte con claridad que el procedimiento laboral burocrático previsto en la ley 51 consta de las siguientes etapas: a) Presentación de la demanda por escrito o verbal por medio de comparecencia y su respectiva contestación en cualquiera de las dos formas citadas; y, b) Una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de diligencias posteriores en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, posteriormente, se dictará la resolución correspondiente. Por su parte, el numeral 91 de dicha legislación burocrática estatal, refiere: ‘Artículo 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.’. Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto, cuya resolución aquí se revisa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil seis, Ramón García Rodríguez, por conducto de sus apoderados Roger Pineda Santana y Fausto Tavira Solís, demandó del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, entre otras prestaciones, la indemnización constitucional, el pago de veinte días por cada año de servicio, así como el pago de la prima de antigüedad a razón de doce días por cada uno de los diez años de servicio laborado (fojas 19 a 28 del juicio de amparo indirecto cuya sentencia se revisa). 2. El veinte de abril de dos mil seis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado dictó proveído, por medio del cual admitió la demanda laboral de mérito radicándola bajo el número 620/2006, teniendo al promovente por señalado domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indicó, así como ofreciendo pruebas; del mismo modo, ordenó correr traslado y emplazar a juicio al Ayuntamiento demandado para que contestara la demanda respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por contestando la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario (foja 35 del juicio de amparo indirecto 1057/2006-II). 3. Por escrito presentado ante el tribunal responsable el quince de junio de dos mil seis, el presidente municipal y síndico procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, dieron contestación a la demanda instaurada en contra de tal Ayuntamiento, oponiendo como excepciones la de falta de acción y derecho, la de plus petitio y la de prescripción (fojas 43 a 66), por lo que tal autoridad emitió el siguiente acuerdo: ‘Chilpancingo, Guerrero, a siete de junio del año dos mil seis. Por recibidos los escritos ante este órgano laboral los días treinta y uno de mayo y cinco de junio del año en curso, signados el primero por la C. Licenciada Patricia Colchero Morales, Juez Mixto de Paz de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto que se le envió deducido del expediente laboral número 620/2006, promovido por el C. Ramón García Rodríguez, en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; observándose en dicho exhorto que el demandado quedó legalmente notificado el día diecisiete de mayo del presente año; el segundo de los escritos signado por los CC. Dr. Andrés Palacios Hernández y Lic. Reveriano Vergara Mendoza, quienes dicen ser presidente y síndico procurador municipal del H. Ayuntamiento demandado, donde dicen dar contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra; en atención a lo anterior, se acuerda: Agréguense los escritos de referencia con sus respectivos anexos a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes; por otro lado, téngasele a la autoridad remitente por cumplimentando en sus términos el exhorto de referencia y al demandado por dando contestación en tiempo y forma a la demanda; asimismo por oponiendo sus excepciones y defensas las cuales se resolverán en su momento procesal oportuno, toda vez que fue legalmente notificada y emplazada a juicio el día diecisiete de abril del presente año, y se da fe que se adecuó al término de dieciséis días hábiles concedidos para tal efecto, descontando los días inhábiles. Acto continuo se entra en estudio la documentación exhibida por la demandada y hecho que fue se le reconoce la personería al C. Reveriano Vergara Mendoza, toda vez que exhibe copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamientos de fecha cinco de octubre del año dos mil cinco, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, debidamente certificada por la C. Juez Mixto de Paz del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; acta de Cabildo de Toma de Protesta, de fecha primero de diciembre del año dos mil cinco, y carta poder de fecha treinta y uno de mayo del año en curso; y, por ende, se les reconoce la personería a los diversos profesionistas mencionados en su escrito contestatorio de demanda y en la carta poder como apoderados legales; por otra parte señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos número 29-A, planta baja, sector centro de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero; y en cumplimiento al artículo 878, fracción tercera, de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la ley de la materia, córrase traslado a la parte actora con copia de la documentación exhibida por la demandada; asimismo y en cumplimiento al artículo 84 de la ley número 51 del Estado, se señalan las trece horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil seis, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Cúmplase.’ (foja 67 del juicio de garantías que se revisa). 4. Posteriormente, el veintiuno de junio de dos mil seis fue notificado personalmente el proveído anterior a la parte actora, por conducto de su autorizado Daniel Lozada Vega (foja 68). 5. Seguidamente, mediante escrito presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable, Ramón García Rodríguez, hoy recurrente, por conducto de su apoderado Fausto Tavira Solís contestó la vista que se le ordenó dar mediante auto de siete de junio de dos mil seis, sin que hiciera manifestación alguna respecto a la personalidad de quienes comparecieron por parte del demandado (fojas 70 a 77). 6. Continuamente, por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil seis, Ramón García Rodríguez, por conducto de su apoderado Fausto Tavira Solís interpuso ante la responsable el incidente de falta de personalidad contra los ciudadanos Andrés Palacios Hernández y Reveriano Vergara Mendoza, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico procurador, respectivamente, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero (fojas 80 a 89 del juicio de amparo indirecto 1057/2006-II). De lo anterior, se advierte que contrario a lo que refiere el recurrente, por conducto de su apoderado, efectivamente se encontraba precluído su derecho para impugnar la personalidad de quien compareció a nombre y representación de la parte demandada dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, pues si el auto de siete de junio de dos mil seis (en donde el tribunal responsable tuvo por contestando en tiempo y forma el libelo inicial a la parte demandada y por reconocida la personalidad de quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico procurador), le fue notificado por conducto de su autorizado por diligencia de veintiuno de junio de dos mil seis, era a partir de ese momento en que le corría el término de tres días, establecido en el artículo 91 de la ley 51 para impugnar la personalidad de quienes comparecieron a nombre del Ayuntamiento y no aguardar para hacerlo con posterioridad, toda vez que aun cuando la audiencia de pruebas, alegatos y resolución estaba fijada para una fecha posterior, lo cierto es que ya se había integrado la litis, misma que se compone de la demanda y su contestación, lo que se equipara a la etapa de demanda y excepciones establecida en la Ley Federal del Trabajo. Ello es de tal modo, pues de la interpretación literal del numeral 81 antes referido se tiene que el procedimiento laboral burocrático es distinto al señalado en la Ley Federal del Trabajo, ya que mientras en esta última legislación se prevé una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el ordenamiento burocrático estatal se prevé un procedimiento de mayor sencillez y concentración, puesto que a la presentación de la demanda, ya sea verbal o escrita se le dará respuesta en cualquiera de las dos formas citadas, lo que se equipara a la etapa de demanda y excepciones establecida en la Ley Federal del Trabajo; de ahí, que si mediante proveído de siete de junio de dos mil seis el tribunal responsable tuvo por contestando a los enjuiciados la demanda y por reconocida su personalidad y dicho proveído le fue debidamente notificado a la parte actora, entonces, a partir de ese momento le empezaba a correr el término genérico de tres días que establece el artículo 91 de la ley 51 del Estado de Guerrero, para impugnar el reconocimiento de la personalidad de los apoderados de la parte enjuiciada, lo que no hizo, de ahí que su derecho haya precluído, al transcurrir el término para ello. Al caso resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que citó el a quo y que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, página 277, que dice: ‘PERSONALIDAD. OBJECIÓN ANTE LAS JUNTAS.’ (se transcribe). De lo que se sigue que si bien es cierto el tribunal responsable estimó procedente desechar por extemporáneo el incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora, por conducto de su apoderado, en virtud de no haberse presentado dentro del término de tres días establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que el propio Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 91, prevé que todos los términos serán de tres días (esto es, el mismo término establecido en el dispositivo 735 antes mencionado); así, a pesar de que el Juez a quo consideró correcta la determinación de la autoridad responsable fundada en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo y negó la protección constitucional solicitada, siendo que efectivamente, tal como lo refiere en sus agravios el recurrente, previo a la Ley Federal del Trabajo es preferente la supletoriedad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cierto es que, en el caso concreto, no se requería aplicar supletoriamente ningún ordenamiento, toda vez que, como ya se dijo, la propia ley 51, en su artículo 91, prevé que todos los términos serán de tres días. Asimismo, debe decirse que la jurisprudencia que cita el recurrente de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PERSONALIDAD. MOMENTO PROCESAL PARA LAS OBJECIONES SEGÚN LA LEY RELATIVA.’, aparte de ser emitida por un Tribunal Colegiado que este similar no se encuentra obligado a compartir, hace una interpretación de los artículos 127, 131 y 141 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo que no puede aplicarse supletoriamente al caso que nos ocupa dado que, se insiste, la propia ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero dispone, en su numeral 91, que todos los términos serán de tres días; de ahí que se considere acertada la determinación del tribunal responsable de desechar por extemporáneo el incidente de falta de personalidad propuesto por la parte actora, hoy recurrente, pues aun cuando se fundó en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que a nada práctico conduciría ordenar que fundara su consideración en distinto numeral si de todas formas prevalecerían los efectos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20397-95f9f662/personalidad-en-el-juicio-laboral-burocratico-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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