SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE LAS MISMAS MATERIAS Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia laboral, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formuló Paulino Avellaneda Pineda quien es tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto 752/2005, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo y recurrió la sentencia pronunciada en ese juicio, de la que derivó el amparo en revisión 100/2006, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esa ciudad, en el que se dictó una de las ejecutorias en conflicto (fojas 132,134 y 211 de la contradicción de tesis 65/2007-SS).
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de dieciocho de mayo de dos mil seis, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al resolver por unanimidad de tres votos el amparo en revisión número 100/2006, en lo conducente, son las siguientes:
"QUINTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente. El inconforme aduce que le causa agravio la sentencia impugnada, porque el Juez de Distrito vulneró los artículos 14, 16, 123, apartado B, y 124 de la Constitución Federal. El argumento extractado deviene inoperante, porque en él se afirma que el Juez de Distrito infringió garantías individuales tuteladas en los preceptos constitucionales indicados; esto es así, debido a que la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con este punto, ha sostenido que al Juez Federal, cuando conoce del juicio de amparo, corresponde determinar si los actos de las autoridades resultan violatorios de las garantías individuales de los gobernados, tuteladas por la Ley Suprema del país; es decir, tiene a su cargo la función jurisdiccional de carácter constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables; por tanto, no es lógico concluir que dicho servidor público, a su vez, vulnera garantías individuales con su actuación, pues su misión es tutelarlas y, en todo caso, su actuar puede contravenir los preceptos legales que rigen el juicio de garantías, mas no las disposiciones de la Constitución Federal, y precisamente las contravenciones legales, imputadas al Juez de Distrito, son susceptibles de ser analizadas en el recurso de revisión, y no transgresiones a garantías individuales, porque de atender éstas en la segunda instancia, se desnaturalizaría la vía establecida para reclamar violaciones legales cometidas en las sentencias de primer grado en los juicios de amparo indirecto, lo que implicaría ejercer un control de constitucionalidad sobre otro control de constitucionalidad, que resultaría un contrasentido. El criterio que antecede se encuentra contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2/97, emitida por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 199,492 en el DVD del IUS 2005, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Cabe precisar que si bien el recurrente, en una parte de sus conceptos de agravio, se duele de una violación de carácter formal (falta de fundamentación y motivación), deviene ocioso su estudio, en virtud de que se advierte que los diversos motivos de inconformidad, respecto al fondo del asunto, son sustancialmente fundados y suficientes para ordenar la revocación del sentido de la sentencia recurrida, como enseguida se explica. El inconforme aduce que le causa agravio la sentencia impugnada, en virtud de que el juzgador de amparo contravino lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, ya que la relación del Estado con sus trabajadores es de naturaleza laboral, no administrativa como erróneamente lo señaló el Juez de Distrito; por tanto, los conflictos que se susciten deben tramitarse en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en términos del precepto 113, fracción I, del ordenamiento legal precisado, puesto que el Estado actúa como patrón en la realización de los actos de carácter laboral, como la contratación de trabajo, el salario, la jornada de labores, el puesto asignado, las funciones encomendadas; lo cual es propio de una relación laboral no de un acto de autoridad como lo pretende hacer ver la parte quejosa, razón por la cual es aplicable la ley referida, al tratarse del cese o despido del trabajador de una dependencia estatal y, por ende, debe conocer del asunto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En apoyo a sus argumentos, el recurrente cita las tesis de rubros: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. SÍ LES ES APLICABLE EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ y ‘COMPETENCIA. TRIBUNAL DE ARBITRAJE, RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS POLICÍAS MIEMBROS DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y URBANA DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’. Además, el inconforme refiere que acorde con lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal, la facultad de regular las relaciones entre los Estados y sus empleados se entiende reservada a las entidades federativas; por ello, la Ley Número 248 del Estado de Guerrero es aplicable en tratándose de conflictos derivados del vínculo laboral entre una dependencia estatal y el trabajador; además, al no existir una ley que regule particularmente el vínculo de trabajo entre la Dirección de Tránsito Estatal, con sus empleados, por generalidad debe aplicarse la legislación citada, pues excluir a la dependencia mencionada, iría en detrimento del derecho de igualdad tutelado en los artículos 1o. y 13 de la Constitución General de la República. Asimismo, el recurrente manifiesta que de conceder validez a las jurisprudencias en que el Juez de Distrito apoyó su determinación, se contravendrían los artículos 123, apartado B y 124 de la Constitución Federal, en que se faculta a los Estados para regular sus relaciones de trabajo entre los miembros de los cuerpos policiacos con los titulares de las dependencias estatales, debido a la existencia de la ley burocrática número 248, de esta entidad federativa, de la que emana la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los motivos de inconformidad cuyos resúmenes anteceden resultan sustancialmente fundados, aunque haya que suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las legislaturas de las entidades federativas expedirán las leyes para regular las relaciones de los trabajadores del Estado, acorde con las bases fijadas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, así como con sus disposiciones reglamentarias, en los términos siguientes: (se transcribe). En la especie, en la sentencia impugnada se determinó que la relación existente entre el ahora recurrente, en su calidad de agente de tránsito ‘A’, y la dirección quejosa era de carácter administrativo; por tanto, dicha prestación de servicios como elemento de vialidad, se regía por sus propias normas legales y reglamentarias, en el caso, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, conforme a lo establecido en el precepto 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en que se excluye de considerar a los miembros de seguridad pública como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Y, por tanto, a falta de disposición legal de esta entidad federativa, que otorgara a alguna autoridad facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, la competencia para conocer de las mismas debía recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en acatamiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, debido a que era el organismo más afín para conocer de la demanda relativa. El criterio que precede resulta inexacto, en virtud de que no puede estimarse que los elementos pertenecientes a la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, guarden una relación de carácter administrativo con dicha dependencia; afirmación que se sostiene, pues si bien se ha establecido que la relación existente entre los miembros de seguridad con el Estado es de naturaleza administrativa, no laboral; también cierto es que la propia Constitución General de la República establece, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, que aquéllos se regirán por sus propias leyes; así se puede leer en la inserción siguiente: (se transcribe). Ahora bien, los artículos 18, fracción V, y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433, disponen: (se transcriben). Por otra parte, el artículo 5o., fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, establece: (se transcribe). De las disposiciones legales que anteceden, se advierte que la Dirección General de Tránsito, a la que pertenece el ahora recurrente, depende de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, por tanto, le son aplicables las disposiciones contenidas en el reglamento interior de dicha secretaría, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el catorce de febrero de dos mil tres, en vigencia a partir del quince siguiente, en términos del artículo primero transitorio del ordenamiento legal indicado, que dice: ‘Transitorios. Primero. El presente reglamento interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.’. Los preceptos 42 y 44 del reglamento mencionado, prevén: (se transcriben). En los artículos transcritos expresamente se dispone que entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y los servidores públicos adscritos a ésta, se establece una relación laboral que será regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, por las demás normas administrativas de carácter interno de la propia dependencia, así como las emitidas por el gobernador de esta entidad federativa. De donde se sigue, que al tener el carácter de agente de tránsito ‘A’, el ahora inconforme, adscrito a la Dirección General de Tránsito que, como ya se demostró, depende de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, la relación del recurrente con ésta, debe regirse conforme a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, lo que origina la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer de la demanda promovida por el recurrente contra la dirección mencionada. Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión que precede, lo establecido en el precepto 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal antes transcrito, pues debe tenerse en cuenta que dicho ordenamiento contiene un mínimo de derechos, que no debe entenderse en forma limitativa, sino que pueden ampliarse siempre y cuando sea en beneficio del gobernado, y en el caso, lo dispuesto en los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, resulta más favorable para el recurrente, parte trabajadora en el procedimiento natural; además, se reitera, el artículo constitucional mencionado establece expresamente que los elementos de seguridad se regirán por sus propias leyes, y en la especie, tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como el reglamento apuntado, son ordenamientos aplicables a los elementos adscritos a la Dirección General de Tránsito de esta entidad federativa, caso en el que se ubica el aquí inconforme. En tal virtud, de lo antes expuesto se concluye que, como lo afirma el recurrente, la competencia para conocer de la demanda entablada por aquél, contra la dependencia quejosa, se surte en favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y no del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, como inexactamente se determinó en la sentencia que se revisa; por ende, las jurisprudencias citadas en el propio fallo no son aplicables en tratándose de los elementos de la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, como en el caso. Así, en virtud de ser fundados los conceptos de agravio analizados, los cuales son suficientes para revocar la sentencia recurrida, resulta innecesario ocuparse de los demás argumentos que con tal carácter expresa el inconforme, pues la finalidad que pretendía ha quedado satisfecha. La consideración que precede tiene sustento en la jurisprudencia VI.1o. J/6, que este tribunal comparte, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 470, Tomo III, mayo de 1996, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 202,541 en el DVD del IUS 2005, de rubro y texto siguiente: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Cabe precisar, que mediante escrito recibido el quince de marzo de dos mil seis, en la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado, la parte solicitante de garantías, José Manuel Valenzuela Ortiz, en su carácter de director general de Tránsito del Gobierno del Estado de Guerrero, compareció a expresar alegaciones respecto de los agravios hechos valer por el recurrente, los cuales estima que son meras afirmaciones generales e imprecisas que no reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas como ‘conceptos de violación’, contra lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo; razón por la cual, dice, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista ‘en la fracción XVIII’ de dicho ordenamiento legal. Resulta oportuno aclarar que las causas de improcedencia únicamente pueden decretarse respecto del juicio de amparo, y no son aplicables al recurso de revisión; además, en el caso no se advierte algún motivo de improcedencia que este tribunal deba estudiar en relación con el juicio de amparo promovido por el propio director mencionado, y es inadmisible declarar actualizada una causa de improcedencia, no del juicio citado, sino del recurso de revisión, como aquél lo pretende. Por otra parte, aun cuando el recurrente no hubiese expresado verdaderos conceptos de agravio, que la peticionaria de amparo señala como ‘conceptos de violación’, ello sólo daría lugar a que las expresiones de aquél fueran declaradas inoperantes; empero, ese supuesto es inaplicable en la especie, debido a que el inconforme sí expresó las razones por las cuales consideró incorrecto el criterio del Juez de Distrito; máxime que en su favor opera la suplencia de la queja deficiente, como quedó asentado en el presente estudio, por tratarse de la parte trabajadora en el procedimiento de origen, caso en el que dicha figura opera aun ante la ausencia de agravios, y el tribunal se encontraba obligado a realizar, como se hizo en su oportunidad, el estudio respecto a la legalidad de la sentencia recurrida, en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. Por cuanto hace al resto de los argumentos expuestos por la solicitante de garantías, no son de analizarse, dado que no forman parte de la litis en la revisión, sino que sólo constituyen conclusiones lógicas de aquélla, sobre el fundamento de sus pretensiones. Tiene aplicación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 39, emitida por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Octava Época del Apéndice 2000, con registro 917,573 en el DVD del IUS 2005, que enseguida se transcribe: ‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En consecuencia, debe revocarse la sentencia recurrida, y en atención a las razones expresadas en el presente estudio, se debe negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los preceptos 83, fracción IV, 85, fracción II, 91, 184 y 190 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia de catorce de febrero de dos mil seis, que concedió la protección constitucional, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 752/2005. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Dirección General de Tránsito del Estado de Guerrero, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa, ambas autoridades con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de agosto de dos mil cinco, emitida en el incidente de incompetencia relativo al expediente laboral 341/2003. Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado; con testimonio autorizado de la presente ejecutoria, vuelvan los autos al órgano de procedencia y en su oportunidad, archívese el expediente, por tratarse de un asunto concluido. Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Margarito Medina Villafaña, José Manuel Blanco Quihuis y Amado López Morales, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. Fue ponente el tercero de los nombrados. Firman el Magistrado presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los otros dos Magistrados que integran el tribunal, por acuerdo plenario del treinta de marzo de dos mil seis, ante el licenciado Ricardo Dante Juárez García, secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe." (fojas 153 a 163 vuelta de la contradicción de tesis 65/2007-SS).
CUARTO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de once de octubre de dos mil seis, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al resolver por unanimidad de tres votos, el amparo en revisión laboral número 314/2006, en lo conducente, son las siguientes:
"SEXTO. Los ahora recurrentes tienen el carácter de terceros perjudicados en el juicio de amparo número 304/2006-IV, promovido por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Guerrero, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, en el que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de garantías de que se trata, en razón de que la resolución interlocutoria que resuelve el incidente de competencia, promovido por la parte demandada, hoy recurrente, es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, establecidas en los preceptos 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del país, para el efecto de que el tribunal responsable se inhibiera de seguir conociendo del juicio laboral número 97/2005, promovido por: Manuel Moreno González y otros, y lo remitiera al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a quien se consideró competente para su conocimiento. A continuación se procede al análisis de los agravios en revisión expuestos por los recurrentes: En efecto, cabe hacer una relación sustancial de las indicadas inconformidades: a) Argumentan la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política del país, refiriendo al contenido de los preceptos 123 y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aludiendo a la ley 51, artículos 1o. y 3o., así como el 80 de la Ley de Amparo, para señalar que el Tribunal de Arbitraje será competente para resolver en definitiva los conflictos individuales que se suscitaren entre algunos de los poderes, Municipios, organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado y sus trabajadores; asimismo, cita los artículos 2o. y 3o., 9o., 113, fracción I (sic) de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, además del precepto 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con base en los que precisa la parte recurrente que para resolver los conflictos que se susciten en materia laboral entre el Estado y sus trabajadores, habrá un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mismo que gozará de autonomía en la emisión de sus fallos. Asimismo, se precisa con apoyo en los anteriores preceptos legales que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado goza de autonomía propia para los fines que fue creada conforme a la Constitución, razón por la que es competente para conocer de los conflictos laborales existentes entre los trabajadores del Estado de Guerrero y los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cita como aplicable la tesis jurisprudencial con el rubro siguiente: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE UN MUNICIPIO. EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE O DESTITUCIÓN.’. b) Esgrimen los inconformes que los razonamientos del Juez de Distrito son erróneos al considerar que las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, sea un estatus jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza más que administrativa, ya que los miembros de la policía constituyen un cuerpo de seguridad pública que están excluidos de la fracción XIII del artículo 123, apartado B, constitucional, y que en violación a las leyes aplicables al caso en materia laboral, invocó preceptos inaplicables, dado lo infundado, toda vez que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, en su precepto 4o., establece la competencia para conocer de los procedimientos contencioso administrativo, fiscal y las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, alegando que la competencia del Tribunal de lo Contencioso es para resolver los conflictos en materia administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares con las autoridades del Estado, Municipios y organismos públicos y descentralizados, misma que es diversa a la del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer con base en la Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, preceptos 1o., 2o., 3o. y 80, así como los diversos 1o., 2o., 3o. y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Número 248, refiere que la sentencia interlocutoria emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje está debidamente fundada. c) Señalan los recurrentes que se contravienen sus garantías individuales de seguridad jurídica y de legalidad, toda vez que resulta imprecisa la determinación del tribunal responsable al resolver que tiene competencia para conocer de los asuntos derivados de las relaciones de los cuerpos de seguridad, lo cual es erróneo e infundado, toda vez que las leyes secundarias ya invocadas son claras y precisas sobre la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en tal virtud, los razonamientos vertidos por el Juez Séptimo de Distrito atentan a su esfera de derecho, ya que sin sustento legal alguno resuelve la competencia a un tribunal administrativo y no a uno laboral, ya que se les deja en estado de indefensión porque la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de incompetencia fue dictada conforme a derecho, a lo que el Juez de Distrito refirió lo contrario y con ello les coarta el derecho laboral debidamente reglamentado por el artículo 123 de la Constitución Federal y las leyes secundarias, mismos que determinan claramente que cualquier controversia laboral debe ser planteada al tribunal competente, que lo es el de Conciliación y Arbitraje, por lo que al resolver en contrario quedan en estado de indefensión, porque se les está cerrando las puertas para la defensa de sus derechos; invocan la suplencia de la deficiencia de la queja al imperar el principio de in dubio pro operario, en caso de duda prevalezca en la interpretación de las normas el criterio más favorable a los recurrentes. Los agravios antes relacionados son por una parte inoperantes y en otra infundados por las razones que a continuación se exponen: En efecto, son inoperantes los agravios formulados en el sentido de que los Jueces de Distrito violan garantías individuales de los gobernados, toda vez de que al desempeñar una doble función constitucional como Jueces de proceso penal federal y como órganos de control constitucional de los actos de autoridad, en esta última función deben emitir las sentencias con las que diriman el problema constitucional sometido a su potestad, acorde con las reglas establecidas por el artículo 77 de la Ley de Amparo, como son la fijación clara y precisa del acto reclamado, la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados; los fundamentos legales que sustenten el sentido de la sentencia que dicten, así como los puntos resolutivos que integren dicho acto; ello en razón a que precisamente al ser su función esencial la de tutelar las garantías individuales del gobernado a través de que el acto de autoridad sea dictado conforme a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, resulta incongruente que precisamente al propio Juez Federal se le atribuya, a la vez la violación de las prerrogativas que él mismo está obligado a proteger a favor de los gobernados, conforme al mandato que le impone la Constitución Federal. En tal virtud, si bien es cierto que el citado juzgador federal al dictar sus sentencias debe apegarse a los requisitos antes mencionados, lo que no implica que estén exentos de incurrir en irregularidades, ya que pueden dejar de observar alguna de las hipótesis previstas en el referido artículo 77 de la ley de la materia, al dictar una sentencia de amparo, también lo es que ese caso únicamente origina la inobservancia a las reglas establecidas en dicho precepto; sin embargo, dicho proceder no deja en estado de indefensión a las partes en el juicio, dado que este órgano revisor cuenta con plenas facultades legales para subsanar, inclusive de oficio, alguna irregularidad que se advierta o se plantee en los agravios, al no existir reenvío en el recurso de revisión, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo. Máxime que cuando se argumenta la violación a las prerrogativas individuales del gobernado, este tribunal no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. Pues se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido; pero además el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz ún
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20214-6bbf866a/secretaria-de-seguridad-publica-y-proteccion-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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