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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS. EL TÉRMINO DE SEIS MESES CONTENIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO OPERA ÚNICAMENTE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y SE INTERRUMPE CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21291
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 428.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos, al ser integrante del órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios contradictorios.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas, José Félix Dávalos Dávalos y Lucio Lira Martínez, al resolver el amparo en revisión 141/2007 en sesión de cuatro de julio de dos mil siete, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"Dichos motivos de inconformidad son infundados; en primer lugar, porque los hechos delictuosos que el Ministerio Público atribuye al quejoso ocurrieron el cinco de abril de dos mil uno, y la consignación de la averiguación previa mediante la cual el Ministerio Público ejerció acción penal contra ********** como probable responsable en la comisión del delito de daños en las cosas, a título de culpa, se efectuó el seis de septiembre de dos mil uno, por lo que no habían transcurrido los seis meses que establece el artículo 82, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Jalisco, para que prescribiera la acción penal; y en segundo lugar, porque en la exposición de motivos que originó la reforma del aludido precepto legal, se advierte que la finalidad de dicha reforma fue que el agente del Ministerio Público contara con seis meses para reunir los datos para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y estar en aptitud de ejercer acción penal, pero una vez hecho lo anterior, la regla contenida en el artículo 85 del Código Penal para el Estado de Jalisco, es la aplicable, dado que al satisfacerse el requisito contemplado en el segundo párrafo del numeral 82 del aludido ordenamiento legal, al momento de ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la prescripción penal se rige conforme a las reglas que la ley establece para los delitos en general. Cierto, la ley procesal penal del Estado, prevé la figura de la prescripción en su capítulo VIII, en el que dispone respecto a la prescripción de la acción penal: ‘Artículo 81. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuese instantáneo; desde que cesó, si fuere permanente; desde el día en que se hubiese realizado el último acto de ejecución, si fuere continuado; y desde el día en que se hubiese realizado el último acto tendiente a la ejecución, si se tratare de tentativa.’. ‘Artículo 82. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, aumentada en un cuarta parte más de ese término; si sólo mereciere multa, destitución o suspensión de derechos, la prescripción se consumará en el término de un año. Para el caso de los delitos culposos que se cometan con motivo del tráfico de vehículos, la acción penal prescribirá en un plazo de seis meses; esta regla se aplicará exclusivamente para los conductores involucrados en el incidente, que permanezcan en el lugar de los hechos hasta que el Ministerio Público, tenga conocimiento de los mismos y les tome las declaraciones correspondientes. Tratándose de delitos fiscales, operará la prescripción en el término de cinco años, mismos que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito’. ‘Artículo 83. En caso de concurso de delitos, las acciones penales prescribirán simultánea y separadamente en los términos señalados para cada uno.’. ‘Artículo 84. Cuando para deducir una acción penal sea necesario que termine un juicio diverso, civil o criminal, no comenzará a correr la prescripción, sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia irrevocable.’. ‘Artículo 85. La prescripción de la acción penal nunca podrá ser inferior a tres años tres meses y sólo podrá interrumpirla la captura del indiciado.’. ‘Artículo 86. Si para deducir una acción penal exigiere la ley una declaración previa de alguna autoridad, las gestiones que a este fin se practiquen, antes del término señalado en el art. (sic) 82 interrumpirán la prescripción, siempre que las mismas ocurran en el plazo de un año.’. De acuerdo con esos preceptos en cita, y de su interpretación, se llega a la conclusión de que no es posible otorgar al fiscal un generoso plazo para perfeccionar la indagatoria, sin que se estudie la procedencia de la solicitud del ejercicio de la acción penal, lo que de suyo conlleva zozobra y agitación anímica del indiciado, que no resulta permisible; por ello el legislador ha buscado que los plazos que se otorguen por un lado, permitan al investigador reunir los elementos necesarios para integrar la averiguación previa, pero también, ese lapso de tiempo no puede llegar al extremo de causar una constante incertidumbre para el inculpado. Sin embargo, por las exigencias en particular que cada delito pueda generar, y consciente de que en ocasiones las investigaciones, por la naturaleza del delito y la mecánica de los hechos permiten a las autoridades recabar con mayor agilidad algunos indicios, y que por el transcurso del tiempo se imposibilite la obtención. De ahí, la reforma realizada al artículo 82 del Código Penal del Estado, en donde se prevé la regla de excepción a la prescripción de delitos culposos cometidos con motivo de tráfico de vehículos, y que en la exposición de motivos, en la parte que interesa, se precisó lo siguiente: ‘En el título quinto, de la Extinción de la Responsabilidad Penal: Se reforma el artículo 80, para señalar que prescribe el derecho de presentar querella a los seis meses, a partir de que el ofendido sepa de la comisión del delito. La intención de esta reforma, va encaminada a dar celeridad a los procedimientos y, a que el Ministerio Público, pueda realizar las investigaciones pertinentes con los mayores elementos posibles, toda vez que contará con más posibilidad de valorar las evidencias y pruebas, en su debida dimensión, al no transcurrir tanto tiempo a partir de la comisión del delito. El mismo criterio se aplicó al artículo 82, en el que se destaca que la acción penal en el caso exclusivo de los delitos culposos cometidos con motivo de tráfico de vehículos, prescribirá en un plazo de seis meses; esta regla se aplicará exclusivamente para los conductores involucrados en el incidente, que permanezcan en el lugar de los hechos hasta que el Ministerio Público, tenga conocimiento de los mismos y les tome las declaraciones correspondientes. Esta reforma responde a las siguientes premisas: Todos los elementos y medios de convicción relacionados con este tipo de delitos, tiende a perderse con el transcurso del tiempo. Como ejemplos, podemos señalar que los testigos de un delito no recordarán los detalles del mismo después del tiempo señalado; las características del lugar de los hechos, cambiarán rápidamente por las condiciones en las que estos delitos se ocasionan, es decir, las huellas del choque, las marcas en el piso desaparecen o se modifican rápidamente, a consecuencia de un choque o varios, la autoridad puede aumentar los señalamientos para el tránsito, haciendo imposible la apreciación posterior de los hechos. Como consecuencia, es materialmente imposible encontrar la verdad histórica de este tipo de incidentes, cuando transcurre considerablemente el tiempo desde la comisión del probable delito, hasta la consignación de un expediente a un juzgado, que en estos momentos puede darse hasta en más de cuatro años después del evento. Sin embargo, es necesario para que proceda esta particular regla de prescripción, que el conductor o los conductores de los vehículos involucrados, permanezcan en el lugar de los hechos hasta que se presente el Ministerio Público, a tomar conocimiento de los mismos o en su caso les tome la declaración ministerial a los probables responsables; esto, ya que es precisamente de esta forma, como podrán aportarse elementos suficientes a la averiguación; y de otra forma un conductor que se sepa responsable, se ausentaría del lugar del incidente, buscando evadir la acción de la justicia y obtener en seis meses la impunidad respecto al delito cometido, en este caso por la ausencia de los presuntos responsables, la prescripción de la acción penal, sería la contenida en el primer párrafo de este artículo’. De esta cita se desprende que el ánimo del legislador lo fue que tratándose de delitos cometidos bajo esas circunstancias, la autoridad ministerial al llegar al lugar, desde el momento en que tenga noticia del hecho, así como el conductor responsable no huyera, podía realizar la investigación con más precisión y celeridad, al poder reunir todos los indicios necesarios para la acreditación tanto del cuerpo del delito como la probable responsabilidad, por lo que en el caso, al iniciar la averiguación previa en virtud del conocimiento del fiscal de esos hechos, es inconcuso que al mismo tiempo se reunieron las pruebas necesarias. Luego, de una interpretación sistemática de esa reforma, se tiene que la finalidad lo es que el agente del Ministerio Público cuente con seis meses para reunir los datos para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y estar en aptitud de ejercer acción penal, pero una vez hecho lo anterior, la regla contenida en el artículo 85 del código sustantivo penal estatal, será la aplicable, dado que al satisfacerse el requisito contemplado en el segundo párrafo del numeral 82 del Código Penal del Estado, al momento de ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la prescripción de la acción penal se interrumpe, y en su caso comenzará a correr conforme a las reglas que la ley establece para los delitos en general. De ahí, que permitir la imposición de la regla excepcional de la prescripción tratándose de delitos culposos cometidos con motivo del tráfico de vehículos, una vez ejercitada la acción penal, sería considerar que el Juez del proceso debe sujetarse a ese plazo, lo que engendraría impunidad, al contar con un término breve para sujetar a proceso la probable responsabilidad, y en busca de la verdad legal. Así las cosas, se tiene que la mencionada excepción sólo es para la etapa de averiguación previa, donde la autoridad ministerial debe sujetarse a la temporalidad de seis meses, pero una vez instaurada la etapa de preinstrucción, el Juez debe aplicar la regla general, dado que la finalidad de aquella prerrogativa, es para la debida integración de la averiguación previa y no para el proceso; esto es, para el caso, el término de prescripción es el de tres años tres meses, a que alude el artículo 85 del mencionado ordenamiento legal. Se estima así, pues de la lectura de la aludida exposición de motivos, no permiten opinar en contrario. Cabe resaltar que este Tribunal Colegiado se pronunció en los mismos términos al resolver la diversa revisión principal número 71/2007 en la sesión del día treinta de mayo de dos mil siete. Tampoco agravia al inconforme el hecho de que el a quo señale que el referido artículo 85 del Código Penal Estatal, será aplicable en la segunda, tercera, cuarta o quinta etapa del procedimiento, pues si bien es verdad que el multicitado numeral no lo establece; lo cierto es que señala que la prescripción sólo podrá ser interrumpida por la captura del indiciado, pues si tenemos que en el periodo averiguación previa se interrumpe con la consignación del Ministerio Público aun sin detenido, que es el momento en el que se ejerce inicialmente la acción penal, se estima objetivamente correcto el señalamiento del Juez de Distrito en el sentido de que nuevamente empezará a contar la prescripción, a partir del dictado de la orden de aprehensión correspondiente, de continuar evadido el presu

to responsable, o desde el de la evasión en esa etapa de instrucción que se inicia con dicha consignación; al igual que en la de juicio, cuando se suspenda el procedimiento por esa circunstancia, y que sólo será interrumpido con la reaprehensión del inculpado; sin que debe pensarse que se interrumpe la prescripción en cada etapa. De ahí que, el criterio en que se apoyó la autoridad responsable tampoco le agravia al impetrante, pues no es verdad que se está aplicando le ley penal de otro Estado, sino que en la figura de la prescripción el Código Penal del Estado de Puebla y el del Estado de Jalisco, son similares, por lo que la contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 176,054, jurisprudencia, Materia Penal, Novena Época, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, tesis de jurisprudencia 152/2005, página 84, con rubro: ‘ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN.’, es aplicable al caso concreto, por identidad jurídica sustancial. En cuanto a lo que aduce el quejoso en el sentido de que dentro del procedimiento se dejó de actuar en el juzgado de primera instancia, desde el uno de marzo de dos mil dos, al dictarse el auto de formal prisión contra el hoy inconforme hasta el diez de marzo de dos mil cuatro, por lo que se debió declarar la prescripción de la acción penal; que el Juez de Distrito consideró que nunca operó la prescripción, que para que iniciara el cómputo debía estar suspendido el procedimiento, para lo cual se apoya en el artículo 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, pero que dicho numeral señala los casos en que se interrumpe o se suspende el procedimiento penal, pero jamás contempla que para que opere la prescripción es necesario que se suspenda el procedimiento; que ninguno de los dispositivos legales del Código Penal exige como requisito para que opere la prescripción de la acción penal que deba sustraerse de la acción de la justicia; que no se encontraba en la cárcel, ni tampoco gozaba de la libertad provisional bajo caución, y que sí se dejó de actuar por el término de dos años por el Juez natural, obviamente que operó la prescripción de la acción penal. Es infundado lo aseverado por el quejoso recurrente, toda vez que, como bien lo señaló el Juez del amparo, el hecho de que el Juez natural no hubiera realizado ninguna actuación a partir del auto en que se le dictó formal prisión, no significa que deba operar la prescripción de la acción penal, ya que el quejoso se encontraba a disposición del Juez natural, por lo que el cómputo del plazo de la prescripción no puede iniciar, en virtud de que el inconforme no se encontraba sustraído de la acción de la justicia. Efectivamente, del cuaderno de antecedentes se advierte que el veintisiete de febrero de dos mil dos, compareció ante el Juez de Primera Instancia de Tala, Jalisco, a ponerse a su disposición, para sujetarse al término constitucional, con motivo de la orden de aprehensión que se giró en su contra, y exhibió copia certificada del acuerdo dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en este Estado, dentro del juicio de amparo número 92/2008-II en el cual se le concedió la suspensión para que no fuera privado de su libertad, y rindió su declaración preparatoria. El uno de marzo de dos mil dos, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, el cual le fue notificado el cuatro de marzo de ese año; y mediante auto dictado el diez de marzo de dos mil cuatro, se continuó con la secuela del procedimiento, proveído que le fue notificado el veintidós de abril de ese año. Mediante auto dictado el uno de diciembre de dos mil cuatro, en razón de que el entonces procesado ********** no había hecho sus respectivas presentaciones ante ese juzgado, se decretó orden de reaprehensión en su contra. El veinte de diciembre de ese año, el referido ********** compareció a ponerse a disposición del juzgado, bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida al solicitar amparo contra la orden de reaprehensión, según constancia que obra a foja setenta del cuaderno de pruebas, de la que se desprende lo siguiente: ‘Comparecencia. Siendo las 14:25 catorce hora con veinticinco minutos, del día veinte de diciembre del año 2004 dos mil cuatro, el personal de este Juzgado Mixto de Primera Instancia del Trigésimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, se constituye bien integrado en audiencia pública en presencia del Juez de Primera Instancia, por ministerio de ley abogado ********** sus dos testigos de asistencia ********** asimismo se cuenta con la presencia del ciudadano agente del Ministerio Público ********** compareciendo en estos momentos y manifiesta llamarse: ********** mexicano, casado, de ocupación chofer, de veintiséis años de edad, en virtud de haber nacido el día 18 dieciocho de enero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, originario y vecino de Tala, Jalisco, con domicilio en la finca marcada con el ********** y se identifica con su credencial para votar bajo número de folio ********** expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral y sigue diciendo que me presento en este juzgado a efecto de ponerme a disposición ya que promoví un juicio de garantías ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal, en el cual se me concede la suspensión provisional en el juicio de amparo número 779/2004 incidente, dejando copia del mismo, presentándome ante este tribunal para los efectos de dar cumplimiento con lo ordenado dentro del incidente de suspensión antes mencionado, asimismo en caso de proceder solicito se me fije fianza para hacer uso del beneficio de la libertad provisional, así mismo señalo como domicilio para recibir notificaciones el señalado con anterioridad en mis generales, siendo todo lo que tengo que manifestar, por lo que no adelantarse más a la presente (sic) se da por terminada la misma y firmando los que en ella intervinieron. Conste.’. Asimismo, a la petición anterior, en cuanto a que se le fijara fianza para hacer uso del beneficio de la libertad provisional, recayó acuerdo en que se le concedió en el siguiente sentido: (se transcribe). Posteriormente, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil cinco, se le tuvo al referido inconforme exhibiendo la póliza de fianza que le fue fijada por el juzgado de primera instancia, para que pudiera gozar de la libertad provisional bajo caución, y se le hicieron las prevenciones respectivas. De la reseña de las constancias que conforman el cuaderno de pruebas, se puede advertir que el inconforme gozaba de la suspensión provisional para que no fuera privado de la libertad, quedando sujeto a dicha institución jurídica; lo que impidió que corriera el lapso de la prescripción. Ahora bien, aun cuando se alegue que se dejó de actuar por el lapso de dos años, como ya se mencionó, tampoco puede aplicarse la regla general, ya que para ello, el lapso que se establece no puede ser menor de tres años, pues al dictarse el auto de formal prisión, comenzaría a correr el término para la prescripción en caso de que estuviera sustraído de la acción de la justicia; lo que no aconteció, pues como se puede advertir de las constancias antes descritas, fue notificado de dicho auto tres días después, si bien se continuó con la secuela del procedimiento hasta el diez de marzo de dos mil cuatro, dicho proveído también le fue notificado, un mes después; sin embargo, se libró orden de reaprehensión contra el quejoso el uno de diciembre de dos mil cuatro, a petición del agente del Ministerio Público adscrito, en vista de que el referido inculpado no hacía sus presentaciones, y el veinte de diciembre de dos mil cuatro, compareció ante el juzgado de primera instancia, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado dentro del incidente de suspensión, en el cual se le concedió la suspensión provisional respecto a la orden de reaprehensión dictada en su contra. En vista de lo anterior, se colige que al cambiar su situación jurídica, se interrumpió el plazo para la prescripción, y a partir de la fecha en que se libró la orden de reaprehensión al día de su presentación ante el Juez natural, en la cual solicitó se fijara fianza para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, transcurrieron diecinueve días. A mayor abundamiento, debe decirse que aun cuando se tomara como fecha de inicio de la prescripción aquella en que se dictó el auto de formal prisión en contra del inconforme, esto es, el uno de marzo de dos mil dos, al día que se puso a disposición del juzgado, en modo alguno se cumple el término para la prescripción, en atención a que sólo transcurrieron dos años, nueve meses, veinte días. Además, como bien lo consideró el a quo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 404 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, las actuaciones llevadas a cabo después del auto de formal prisión que se dicten en contra del procesado, serán interruptoras cuando haya imposibilidad jurídica de que pueda seguirse ejerciendo la acción, porque el procesado se sustraiga a la potestad del juzgador, entonces se estará evadiendo de la acción de la justicia y ésta no podrá seguirse desarrollando; de modo que, ciertamente, aun cuando no se establezca expresamente en el numeral aludido, en esta fase del procedimiento penal, sólo puede operar la prescripción, siempre y cuando exista la imposibilidad de seguir practicando actuaciones, por haberse evadido el reo de la acción de la justicia; lo que en el presente caso no aconteció, e impide que llegue a consumarse aquélla. No pasa desapercibido, para este Tribunal Colegiado, como se alega en los motivos de inconformidad, que el Juez de Distrito nada dijo en relación con los criterios invocados por la parte quejosa en su demanda de garantías, con los que pretendió apoyar sus conceptos de violación; sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no le agravia al impetrante, en primer lugar, porque se trata de criterios aislados; de allí que el a quo no estaba obligado, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, a acatar dichos criterios; y en segundo lugar, porque ninguno de éstos no son aplicables al caso concreto, aparte de que tratan de legislaciones de otros Estados, que en modo alguno pueden ser atendidas, pues no es verdad que exista identidad jurídica con la del Estado de Jalisco. Tampoco pasa desapercibido, para este órgano jurisdiccional, que el quejoso se duela de que el Juez de Distrito consideró que no es aplicable a su favor el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, con el rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS. CASOS EN QUE OPERA DICHA FIGURA PROCESAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO).’, en cuya ejecutoria se sostiene, entre otras cosas, que sólo la captura del indiciado es apta para interrumpir el plazo de la prescripción, conforme a lo que señala el artículo 85 del Código Penal para el Estado de Jalisco; porque si bien el Juez Federal consideró que el citado órgano colegiado menciona el referido artículo 85 de manera literal, sin hacer un análisis sistemático al respecto; sin embargo, como lo aduce el impetrante de la ejecutoria, se advierte que al realizar el cómputo en ese asunto, sí se fundamentan en el referido artículo 85 del Código Penal del Estado de Jalisco. Ahora bien, como el criterio sostenido a lo largo de esta ejecutoria por este órgano colegiado, se opone a lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el criterio titulado: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS. CASOS EN QUE OPERA DICHA FIGURA PROCESAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO).’, en virtud de que estima que sólo la captura del indiciado es apta para interrumpir el plazo de la prescripción, conforme a lo que establece el artículo 85 del Código Penal para el Estado de Jalisco; sin embargo, este órgano colegiado considera que tratándose de delitos culposos cometidos con motivo del tráfico de vehículos, la regla contenida en el referido artículo, será aplicable una vez que se satisfaga el requisito contemplado en el segundo párrafo del numeral 82 del Código Penal del Estado de Jalisco, cuando el agente del Ministerio Público ejerza la acción penal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, entonces la prescripción de la acción penal se interrumpe, y en su caso comenzará a correr conforme a las reglas que la ley establece para los delitos en general; en virtud de lo cual, procede denunciar la aludida contradicción de criterios y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y el diskette que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Hugo Ricardo Ramos Carreón, Martín Rubio Padilla y Jorge Humberto Benítez Pimienta, al resolver el amparo en revisión número 280/2004 en sesión de primero de marzo de dos mil cinco, resolvió en lo conducente lo que a continuación se precisa:

"La prescripción en materia penal, extingue la posibilidad del Estado para ejercitar la acción penal y pretender punitivamente, para imponer una pena o para hacer ejecutar la pena ya impuesta, por el transcurso del tiempo señalado por la ley. En la doctrina penal se estima que ello es justificado por la razón de que con el paso del tiempo, las pruebas y la pretensión punitiva se debilitan, concluyéndose así que resulta inconveniente su aplicación, tanto desde el punto de vista de la prevención general como la especial, pues, el paso del tiempo borra todo de la memoria de los humanos y, por tanto, el Estado no hace otra cosa que recoger esta verdad y hacerla ley, (sic) ley de olvido real estableciéndole efectos extintivos. Ahora bien, el artículo 82 del Código Penal para el Estado de Jalisco, vigente a partir de su reforma publicada en el Periódico Oficial el doce de junio de dos mil tres, establece lo siguiente: ‘Para el caso de los delitos culposos que se cometan con motivo del tráfico de vehículos, la acción penal prescribirá en un plazo de seis meses; esta regla se aplicará exclusivamente para los conductores involucrados en el incidente, que permanezcan en el lugar de los hechos hasta que el Ministerio Público, tenga conocimiento de los mismos y les tome las declaraciones correspondientes.’. Luego, dado que la prescripción extingue la posibilidad de que el Estado proceda en contra del gobernado, ya sea para imponer una pena o para hacer ejecutar la pena ya impuesta, resulta incuestionable que en el caso se está ante un derecho sustantivo del hombre consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante un derecho adjetivo o procesal, dado que se encuentra vinculado a la libertad, y ésta, en cualquiera de sus manifestaciones, es un derecho inherente a la naturaleza del hombre, y después de la vida, es uno de los derechos sustantivos que de mayor valor posee, en especial, su libertad personal, que es la que se tutela a través de las garantías en materia penal. Aunado a lo anterior, el derecho de referencia reúne las características que de los derechos sustantivos ha establecido la Primera Sala en los criterios antes transcritos, consistentes en que la afectación a dichos derechos es irreparable, pues sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable, ya que, aun cuando en reparación de sus garantías se restituya a una persona en el goce de su libertad, es imposible restituirle el tiempo en que duró dicha afectación. Por tanto, es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, esto es, que al pronunciarse respecto de aquella figura, se le debe aplicar la ley más benéfica, ya sea la vigente en el momento en que se cometió el ilícito, o bien la vigente en la época de emisión de la resolución respectiva, si esta última le es más favorable. Ahora bien, según quedó establecido con anterioridad, el artículo 82 del Código Penal para el Estado de Jalisco, segundo párrafo, establece que para el caso de los delitos culposos que se cometan con motivo del tráfico de vehículos, la acción penal prescribirá en un plazo de seis meses; esta regla se aplicará exclusivamente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21291-e762b223/prescripcion-de-la-accion-penal-tratandose-de-delitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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