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Modo: Corpus Pro

AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 72.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito denunciantes, se encuentran facultados para tal efecto.

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:

a) Recurso de revisión (improcedencia) número ********** resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

"CUARTO. Los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente son infundados, fundados pero inoperantes e inatendibles, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

"A manera de antecedentes, es de precisarse que ... (el indiciado) promovió juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de cuatro de junio del presente año, decretada por el procurador general de Justicia del Estado, mediante la cual resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por la denunciante ... contra la resolución decretada por el agente del Ministerio Público Número Cuatro de Justicia Familiar, dentro de los autos de la averiguación previa número ... mediante la cual revocó el inejercicio de la acción penal propuesto y ordenó el desahogo de diversas probanzas.

"En el proveído impugnado a través de la presente revisión, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado, a quien por turno correspondió conocer de la demanda de garantías, la desechó de plano, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 4o. de la Ley de Amparo, al considerar lo siguiente:

"‘... esa determinación en cuanto que abre la posibilidad del desahogo de otras probanzas, no puede refutarse violatoria de garantías individuales, pues la recepción de pruebas en la indagatoria, por sí sola, no puede afectar al indiciado, mientras que esas pruebas no sirvan de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en todo caso, la orden de aprehensión que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, ya que ni siquiera el mero ejercicio de la acción penal le puede afectar, pues la relación de hechos y la calificación de las pruebas efectuadas por el Ministerio Público al dictar la determinación de consignación no constituye una resolución que afecte los derechos del quejoso, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y las pruebas realice la autoridad jurisdiccional y en esas condiciones, menos puede lesionar garantías del quejoso el solo desahogo de pruebas en la fase indagatoria.’

"Ahora bien, en principio, debe decirse que resulta infundado el alegato del inconforme en el que sostiene que la resolución reclamada no fue pronunciada en una averiguación previa, pues según dice, ésta ya había concluido con la determinación de no ejercicio de la acción penal.

"Lo anterior es así, pues la resolución dictada en el recurso de inconformidad hecho valer por la denunciante y que reclama el aquí inconforme, sí fue dictada dentro de una averiguación previa, toda vez que la acción persecutoria es exclusiva del Ministerio Público por mandato constitucional y social, siendo la fiscalía mayor quien emite la resolución definitiva; de ahí que la actuación del órgano investigador, considerado como una unidad indivisible en tanto que la institución es al margen de las personas que la encarnan, se lleva a cabo dentro de una indagatoria y en tanto no se determine el ejercicio o se confirme el inejercicio de la acción penal por parte del procurador general de Justicia del Estado, la averiguación previa no ha culminado.

"En otro aspecto, alega el inconforme que sí tiene legitimación para controvertir el acto reclamado a través del juicio de garantías, pues, añade, la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal en su contra, constituye una resolución que le favorece y, por consiguiente, su revocación por parte de la autoridad señalada con el carácter de responsable ordenadora, produce una afectación directa e inmediata en su interés jurídico.

"Es fundado el anterior alegato en razón a lo siguiente.

"En efecto, contra lo sostenido por la a quo en la sentencia impugnada, el aquí recurrente es el denunciado en la averiguación previa de origen y, por ende, tiene el carácter de parte, luego sí se encuentra legitimado para controvertir la resolución en la que el procurador general de Justicia del Estado dejó insubsistente la determinación de inejercicio de la acción penal propuesta por el agente del Ministerio Público y ordenó el desahogo de diversas pruebas, pues acorde al artículo 4o. de la Ley de Amparo ‘el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ...’ y tal decisión sí perjudica al ahora agraviado, puesto que revocó el no ejercicio de la acción punitiva que se había decretado a su favor.

"Luego, es de decirse que este órgano jurisdiccional tampoco comulga con las consideraciones que sirvieron de base a la a quo para tener por demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 4o. de la Ley de Amparo, puesto que en aquéllas se hace referencia (sic) que la recepción de pruebas en la indagatoria por sí sola, no puede afectar al indiciado, es decir, no tomó en cuenta que el acto reclamado es la resolución que revocó el inejercicio de la acción penal y, en vía de consecuencia, ordenó el desahogo de diversas probanzas, lo cual, como ya se dijo, sí le causa un perjuicio al recurrente.

"De ahí que no se convenga la tesis en la que se apoyó la Jueza constitucional, de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. CONTRA EL DESAHOGO DE PRUEBAS EN ESA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.’, y se acuerda hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis.

"Además, se advierte que no resultan claras las razones de la Juez Federal para tener por actualizada la causal de improcedencia que invocó, puesto que primero señala que ‘el promovente del amparo carece de legitimación para impugnar en la vía constitucional la resolución en la que el procurador general de Justicia del Estado’ y posteriormente refiere que ‘esa determinación en cuanto que abre la posibilidad del desahogo de otras probanzas, no puede refutarse violatoria de garantías individuales, pues la recepción de pruebas en la indagatoria, por sí sola, no puede afectar al indiciado’, esto porque el momento procesal idóneo para hacer el pronunciamiento sobre si un acto viola o no garantías es la sentencia y no el acuerdo de admisión de la demanda de amparo.

"En ese tenor, resulta evidente que en el caso no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 4o. de la Ley de Amparo, invocada por la a quo, para desechar la demanda de garantías de que se trata.

"QUINTO. Empero, a pesar de lo fundado que resulta el agravio del inconforme, se dijo que éste es inoperante, porque en el caso a estudio se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que hace de igual modo improcedente el juicio de garantías del que emana este recurso, lo que impone la necesidad de confirmar el auto recurrido aunque por las consideraciones que aquí se esbozan.

"Los citados artículos 73, fracción XVIII, y el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’

"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"‘II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"‘En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia ...’

"En el primer párrafo del precepto legal trascrito en último lugar, se estatuye como regla general que el juicio de amparo ante el Juez de Distrito procede contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; empero, en el segundo párrafo del citado numeral, se consigna la salvedad relativa a que cuando el acto reclamado provenga de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento relativo.

"Luego, en tratándose del procedimiento de la integración de la averiguación previa, para los efectos de la hipótesis antes precisada, la resolución definitiva es aquella a través de la cual la autoridad judicial ante quien se ejercitó la acción penal, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión.

"Ahora bien, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en la resolución en la que el procurador general de Justicia del Estado dejó insubsistente la determinación de inejercicio de la acción penal propuesta por el agente del Ministerio Público y ordenó el desahogo de diversas pruebas.

"De lo anterior se sigue que en la especie no se surte el supuesto de procedencia antes enunciado, pues el acto reclamado no constituye la mencionada resolución definitiva, que en todo caso lo sería el libramiento de la orden de aprehensión respectiva, dado que el quejoso es la parte reo en la averiguación previa de origen, lo que se traduce en la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Resulta aplicable al caso, la tesis clave 1a. CXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, página 351, del tenor siguiente:

"‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’(1)

"Por otro lado, resultan inatendibles los restantes agravios dirigidos al fondo del asunto, toda vez que el desechamiento de la demanda, por actualizarse la improcedencia del juicio, impide ese análisis.

"Consecuentemente, al actualizarse en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede confirmar la resolución impugnada."

b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito sustentó las consideraciones siguientes:

(i) Del amparo en revisión (improcedencia) número ********** destacan los antecedentes que a continuación se detallan:

1. El Juez Noveno de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, desechó la demanda de garantías, en virtud de que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el juzgador determinó lo siguiente:

• Que de los agravios formulados se advierte, esencialmente como acto reclamado, la resolución por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado resolvió revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal, propuesta por el agente del Ministerio Público, en la averiguación previa instruida a los quejosos, y ordenó la devolución de tal indagatoria a efecto de desahogar pruebas para el esclarecimiento de los hechos, a la referida autoridad.

• Que el acto reclamado fue realizado en cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante la cual confirmó la sentencia constitucional dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, en un diverso juicio de amparo indirecto.

• Por tanto, ese hecho constituye un acto dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías que concedió el amparo para que se dejara sin efectos la resolución en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal.

• Así, el acto pronunciado por la responsable (procurador) se emitió para dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, por lo que ante tales circunstancias el amparo es improcedente en términos del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo. En apoyo a su parecer, el Juez citó la tesis de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS POR LA."

2. No conformes con la determinación del juzgador, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, y en ese asunto, se sustentaron las consideraciones que a continuación se transcriben:

"CUARTO. Los agravios transcritos resultan inoperantes, pues aun considerándolos fundados no bastarían para revocar la resolución sujeta a revisión, toda vez que este tribunal advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta una diversa causa de improcedencia a la invocada por el Juez de Distrito, la cual se procede a estudiar de oficio.

"Al respecto, conviene invocar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).

Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 96, Séptima Época, tomo 145-150, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es:

"‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, EN REVISIÓN, POR DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA INVOCADA POR EL A QUO.’ (se transcribe).

"En efecto, en el caso se surte la causa de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 73, fracción XVIII, con los artículos 1o. y 4o. de la Ley de Amparo que establecen:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

"‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; ...’

"‘Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’

"Conforme a los preceptos antes transcritos los promoventes del amparo carecen de legitimación para impugnar en la vía constitucional la resolución en la que la procuradora general de Justicia del Estado, al dejar insubsistente la diversa determinación en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal, ordenó la devolución de la averiguación previa al agente del Ministerio Público correspondiente, a efecto de que prosiguiera con la integración de la indagatoria y recabara las pruebas que estimase pertinentes, para que en su oportunidad resolviera lo conducente sobre el ejercicio de la acción.

"Ciertamente, esa determinación en cuanto que abre la posibilidad del desahogo de otras pruebas del denunciante, no puede refutarse violatoria de garantías individuales, pues la recepción de pruebas en la averiguación previa, por sí sola, no puede afectar al indiciado mientras que esas pruebas no sirvan de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en el caso, la orden de aprehensión que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, ya que ni siquiera el mero ejercicio de la acción penal le puede afectar, pues la relación de hechos y la calificación de las pruebas efectuada por el Ministerio Público al dictar la determinación de consignación no constituye una resolución que afecte los derechos del quejoso, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y las pruebas realice la autoridad jurisdiccional, y en esas condiciones menos puede lesionar garantías del quejoso el solo desahogo de pruebas en la fase indagatoria. ..."

Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada que es de rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, diciembre de 2002

"Tesis: IV.2o.P.7 P

"Página: 749

"AVERIGUACIÓN PREVIA. CONTRA EL DESAHOGO DE PRUEBAS EN ESA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra la resolución que ordena recabar pruebas en la averiguación previa, pues la recepción de pruebas en esa fase, por sí sola, no puede afectar al indiciado mientras que esas pruebas no sirvan de base para una determinación que lesione su esfera jurídica, como lo sería, en el caso, la orden de aprehensión que se llegara a pronunciar por la autoridad jurisdiccional, ya que ni siquiera el mero ejercicio de la acción penal le puede afectar, pues la relación de hechos y la calificación de las pruebas efectuada por el Ministerio Público al dictar la determinación de consignación no constituye una resolución que afecte los derechos del quejoso, ya que está sujeta a la apreciación que de los hechos y las pruebas realice la autoridad jurisdiccional y, en esas condiciones, menos puede lesionar garantías del quejoso el solo desahogo de pruebas en la fase indagatoria."

(ii) En el amparo en revisión número ********** el Tribunal Colegiado determinó lo que a continuación se indica:

"SEXTO. En el caso a estudio, es innecesario analizar las consideraciones en que se sustentó el Juez de Distrito al dictar la resolución constitucional recurrida, toda vez que, como lo alega el procurador recurrente en sus agravios, este órgano colegiado advierte la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 74, fracción III y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y debe analizarse previo al estudio de fondo, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, atento a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del referido ordenamiento legal.

"Los numerales en comento disponen:

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; ...’

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

"‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’

"‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

"‘...

"‘III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ...’

"Los numerales transcritos ponen de manifiesto, analizados a contrario sensu, que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que no exista una garantía que pueda ser violada con el acto reclamado, lo que acontece tratándose de la resolución del titular del Ministerio Público, que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el órgano investigador, y ordena el desahogo de pruebas, como se verá a continuación.

"En efecto, el quejoso ... reclamó del procurador general de Justicia del Estado, la resolución pronunciada el ... mediante la cual revocó la resolución de inejercicio de la acción penal dictada por la agente del Ministerio Público Investigadora Número Uno en Delitos Patrimoniales en el Estado, dentro de los autos de la averiguación previa ... instruida en su contra por el delito de ...

"En la determinación que el quejoso señaló como acto reclamado, se ordenó el desahogo de las testimoniales a cargo de ... y ... bajo los argumentos siguientes:

"‘... En efecto del análisis exhaustivo de cada una de las diligencias hasta este estadio procesal practicadas, y además los motivos de inconformidad ya declarados procedentes, se estima que éstas no son aptas y suficientes para resolver en definitiva la misma, pues se advierte la falta de desahogo de pruebas y datos de información que deben ser recabados lo cual resulta conducente para formar convicción respecto a los hechos denunciados y procurar la pronta y eficaz Justicia a la que nos encontramos obligados a preservar por mandato constitucional.

"‘En virtud de lo anterior, deberá recabar el órgano persecutor como medios de convicción, las declaraciones informativas de los C.C. ..., ... y ... mismas que fueron solicitadas por el C. ... representante legal del quejoso C. ... en su carácter de apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada ... y acordadas de conformidad por parte de la representación social de origen ...’

"Esto es, la resolución reclamada tiene por objeto la práctica de diligencias para integrar debidamente la averiguación previa. ... iniciada en contra del peticionario del amparo y otros, es decir, se trata de diligencias tendientes a la integración de una averiguación previa, lo cual no le causa un daño o perjuicio, en razón que el artículo 21 constitucional, faculta al Ministerio Público en este caso, al procurador general de Justicia en el Estado, en su carácter de parte integrante de la citada institución, a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los posibles hechos delictuosos puestos a su conocimiento, lo cual, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, reservado a la citada institución del Ministerio Público.

"En esas condiciones, el amparo promovido por el quejoso en contra de los actos tendientes a la integración de la averiguación previa, que corresponde exclusivamente a la institución denominada Ministerio Público, de la que forma parte el procurador general de Justicia del Estado, resulta improcedente, ya que esas actuaciones están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra la que se dirigió la denuncia o la querella, las cuales no causan un daño o perjuicio al quejoso en contra de quien se continuará la investigación, ya que no se ordenó que se les prive de un derecho sustantivo como es su libertad, posesiones o derechos, y en esa medida, es evidente que se surte la causal de improcedencia invocada.

"En consecuencia, procede sobreseer el juicio de amparo que se revisa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 74, fracción III y 1o., fracción I, todos de la Ley de Amparo.

"Sobre el particular, es aplicable el criterio que este propio tribunal sostuvo en la tesis IV.2o.P.3 P, visible en la página 1336 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, septiembre de 2002, Novena Época, Materia Penal, cuyos rubro y texto dicen:

"‘AVERIGUACIÓN PREVIA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE EMITE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE DESESTIMA LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ORDENANDO SU CONTINUACIÓN.’(2) (se transcribe).

"Asimismo, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sustentado en la siguiente tesis:

"‘AVERIGUACIÓN PREVIA PENAL. AUTO QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA SU CONTINUACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE.’(3) (se transcribe).

"De igual modo, sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 351 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX diciembre de 2004, Novena Época, Materia Penal, cuyos rubro y texto dicen:

"‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’(4) (se transcribe).

"Así las cosas, resulta obligado revocar la sentencia impugnada y sobreseer el juicio de amparo promovido por ... contra los actos que reclamó del procurador general de Justicia del Estado, vinculados a la resolución pronunciada el ... que revocó la resolución de inejercicio de la acción penal dictada por la agente del Ministerio Público Investigadora Número Uno en Delitos Patrimoniales en el Estado, dentro de los autos de la averiguación previa ... instruida en su contra por el delito de fraude, y ordenó el desahogó de diversas probanzas.

"Ahora bien, no es obstáculo para llegar a la anterior determinación, la circunstancia de que el impetrante de garantías alegue cuestiones vinculadas a la extemporaneidad de la presentación de la querella por parte de la empresa ofendida, y que el Juez de Distrito se haya abocado al estudio de esa cuestión, estimándola fundada al señalar como efectos de la concesión de amparo, que la responsable deberá pronunciarse en primer término sobre la oportunidad del derecho de querella formulado por ... administrador único de ... y de ser procedente analice las cuestiones de fondo; puesto que para analizar dicho tema se requería primeramente que el juicio de amparo contra la reclamación del procurador responsable, que ordena el desahogo de ciertas probanzas en la indagatoria, fuera procedente, lo que no ocurrió en la especie, como quedó precisado con antelación.

"Además, apoya dicha determinación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 85/2005-PS, en sesión de cinco de octubre de dos mil cinco y que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo en contra de actos derivados de una averiguación previa, en la que señaló textualmente lo siguiente:

"‘En vista de ello, esta Primera Sala estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, tortura, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de garantías; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del Juez de no otorgar valor probatorio a las pruebas obtenidas de manera ilícita.

"‘Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad.

"‘Luego entonces, la omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21265-66c6c01f/averiguacion-previa-el-juicio-de-amparo-indirecto-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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