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Modo: Corpus Pro

LESIONES. EL DELITO RELATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 237, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ES PERSEGUIBLE POR QUERELLA, INCLUSO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES PREVISTAS EN EL NUMERAL 238 DE DICHO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21161
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 265.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el seis de septiembre de dos mil siete, el amparo en revisión penal 114/2007, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Es fundado y suficiente para alcanzar los efectos pretendidos, el único agravio propuesto por la representación social recurrente. En la parte de interés de dicho motivo de inconformidad, la autoridad ministerial, en esencia, hace valer que el juzgador de amparo, al emitir el fallo que se recurre, realiza una incorrecta interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 237, fracción II, 238, fracciones I, II y III y 240 del Código Penal del Estado de México, al considerar que la autoridad responsable debió decretar el sobreseimiento de la causa penal, puesto que se extinguió la pretensión punitiva por perdón del ofendido, dado que el delito de lesiones tipificado en el artículo 237, fracción II, del mismo ordenamiento, es perseguible por querella. Continúa argumentando que el a quo, para arribar a tal conclusión, soslaya que en la especie, una vez que se dictó auto de formal procesamiento al indiciado, se consideraron actualizadas diversas circunstancias modificativas (agravantes) del delito, concretamente las previstas en el artículo 238, fracciones I, II y III, del código punitivo local, de suerte que dadas las modificativas del delito, se excluye la persecución del delito por vía de la querella y por ende es de persecución oficiosa. Que lo anterior es así, expone, puesto que el artículo 240, del cuerpo normativo en estudio, indica que serán perseguibles por querella, únicamente las lesiones contempladas en las fracciones I y II del artículo 237 del mismo ordenamiento, pero en ningún momento incluye en ese supuesto aquellas lesiones que se hubieren inferido con la concurrencia de alguna circunstancia modificativa agravante, máxime si estas últimas forman parte del cuerpo del delito, de manera que en el evento de que concurra alguna circunstancia modificativa, entonces ya no se está en presencia de las lesiones previstas en el artículo 237, fracciones I y II, sino de otras que han sido cualificadas para la ley, ameritando incluso penas mayores. Añade que si esa hubiere sido la voluntad del legislador, entonces los dispositivos en cuestión expresamente lo contemplarían así. Que no es obstáculo para arribar a tal conclusión, el criterio sustentado por un diverso Tribunal Colegiado, intitulado: ‘LESIONES. EL DELITO RELATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ES PERSEGUIBLE POR QUERELLA DE PARTE, SIN QUE LA AGRAVANTE CAUSADAS ENTRE CONCUBINARIOS HAGA OFICIOSA DICHA PERSECUCIÓN.’, habida cuenta que además de no tener carácter obligatorio, en dicho criterio se soslaya que las circunstancias agravantes o atenuantes, originan la estructuración de tipos complementados, cuyo estudio se materializa al momento de examinar el cuerpo del delito y no cuando se individualizan las penas, insistiendo que, como en el presente asunto, en el evento de que se actualice una modificativa que complementa el tipo básico, agravándolo, entonces ya no es aplicable la regla de persecución por querella del ofendido. En consecuencia, concluye, el proceder de la responsable se ajusta a derecho, puesto que habiendo concurrido en el presente asunto, las circunstancias modificativas agravantes del delito de lesiones, contempladas en las fracciones I, II y III del artículo 238 de la codificación sustantiva de la materia, entonces no se aplica al caso el supuesto que prevé el artículo 240 del mismo ordenamiento y, por tanto, fue correcto confirmar la determinación de primer grado, que declaró improcedente el sobreseimiento de la causa, puesto que no se extingue la pretensión punitiva por el perdón del ofendido. Ahora bien, antes de exponer las razones que justifican la adopción de la presente decisión, es menester tener presente la siguiente información, que resultará útil para tal fin. En los Estados democráticos modernos, por regla general, corresponde al Estado la facultad de perseguir los delitos, en ejercicio del ius puniendi subjetivo que le es propio, en aras de velar por una convivencia armónica y respetuosa entre los miembros de la sociedad (la doctrina incluso lo considera un ‘monopolio’ en donde el Estado, a través de la institución del Ministerio Público, desarrolla tal atribución), extremo éste que se encuentra reconocido a nivel constitucional, cuando en el artículo 17 se precisa que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, motivo por el cual existen instituciones -como la citada- y procedimientos, para canalizar y dirimir los conflictos surgidos en la vida cotidiana. Excepcionalmente, la persecución de los delitos se encuentra supeditada a la manifestación de un gobernado, es decir a la querella, lo que razonablemente obedece a que si bien es cierto cualquier conducta que la ley tipifique como delito, redunda en un perjuicio a los valores que son importantes para la sociedad, lo cierto es que habrá conductas que lesionen en mayor o menor grado la esfera de los gobernados, sea directa o indirectamente y habrá otras que evidentemente perjudiquen a todo el conglomerado social. Por virtud de lo anterior, las hipótesis de persecución de un delito por querella, esto es, las posibilidades de que sea la manifestación libre y voluntaria de un gobernado, la pauta para perseguir un delito, son taxativas, de manera que su interpretación debe hacerse en forma restrictiva, atendiendo a la voluntad expresa del legislador, lo que significa que única y exclusivamente en los supuestos que disponga la norma, las conductas que tipifiquen un delito serán susceptibles de perseguirse por querella. Caso contrario, ha de asumirse que en todos aquellos casos en que no se prevea expresamente tal disposición, opera la regla genérica de que el delito se persigue en forma oficiosa. Otra premisa importante es que, para sujetar a una persona a un proceso de índole penal, por mandato del artículo 19 de la Constitución General de la República, es menester que la autoridad judicial constate que los datos arrojados por la averiguación previa, sean suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. El cuerpo del delito, en concordancia con lo indicado en el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México se tendrá por comprobado cuando se justifiquen los elementos objetivos, normativos y, en su caso, cuando el tipo penal lo requiera, los subjetivos específicos. De igual forma, es conveniente tener presente que, para la doctrina, es factible hablar de tipos básicos, especiales y complementados. Estos últimos (que serán los únicos cuyo estudio se abordará, dada su utilidad para sustentar la presente determinación), presuponen la aplicación del tipo básico (y la necesidad de acreditar los elementos de éste), pero incorporarán otros elementos, que generalmente lo cualifican, sea para atenuarlo o para agravarlo, prácticamente creando un ‘tipo nuevo cualificado’ cuyos elementos también deberán quedar demostrados durante el proceso, lo que quiere decir que las calificativas se encuentran directamente vinculadas con el concepto del cuerpo del delito, desde el momento en que sus elementos también han de quedar acreditados y no son cuestiones que únicamente hayan de ser atendidas al momento de individualizar las penas a imponer. Sobre el particular se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis número 114/2001-PS (resolución que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia número 1a./J. 13/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, página 9), que si bien resuelve un punto jurídico distinto, sí es de provecho para evidenciar que los tipos penales básicos, complementados con alguna calificativa que los agrave o los atenúe, prácticamente dan vida a ‘nuevos tipos penales’ pues así lo revela la parte conducente de la ejecutoria, que a continuación se reproduce: ‘... Asentado lo anterior, para mejor comprensión del presente criterio, resulta conveniente precisar que la doctrina bajo la denominación de ‘circunstancias calificativas’, ‘circunstancias agravantes’ o ‘circunstancias modificativas’, ha establecido que con ello se hace referencia a situaciones concretas previstas en la ley penal que suponen un incremento de la punibilidad prevista por el legislador generando, por lo mismo ‘nuevos’ tipos delictivos que resultan más agravados que los estimados básicos. Así, la doctrina al referirse a la calificación de los delitos plantea la división entre los tipos básicos; los tipos especiales, que a su vez pueden ser privilegiados o agravados; y los tipos complementados, que también pueden ser privilegiados o agravados. En cambio, dicha doctrina en relación con el tipo básico del delito sostiene que es aquel que no deriva de ningún otro y cuya existencia es independiente de cualquier otro tipo, o bien, que es aquel que se presenta en su puro modelo legal, sin más características que las esenciales del delito, o aquellas figuras típicas cuya descripción sirve de base a otros tipos delictivos. Ahora bien, la materia del presente asunto consiste en determinar si no obstante la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la cual el legislador nuevamente retomó el concepto de cuerpo del delito, en lugar de elementos del tipo penal, el órgano jurisdiccional debe incluir y analizar el aspecto relativo a las calificativas del delito al momento de dictar el auto de formal prisión, o bien, debe analizarlo hasta el dictado de la sentencia condenatoria respectiva. A ese respecto esta Primera Sala, con base en la reforma del artículo 19 constitucional, y consciente de la preocupación de los procesados en tener certeza jurídica del porqué y respecto de qué se les sigue proceso, establece un criterio de gran amplitud al considerar que si bien en términos del referido precepto, en el auto descrito es factible fijar el tema del proceso, al encuadrar el órgano jurisdiccional los hechos que motivaron el ejercicio de la acción criminal dentro de la hipótesis normativa de una o varias disposiciones legales que tipifiquen algún delito, y estimar si hay bases para imputar la comisión del delito al acusado (así como su probable responsabilidad), el caso es que la autoridad judicial al dictar un auto de esa naturaleza no debe limitar su actividad al estudio de tales aspectos, sino comprender el análisis de modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se define, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, dado que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. ... Sin embargo, a pesar de que en el artículo 19 constitucional se cambió la expresión elementos del tipo penal por el de cuerpo del delito, según texto de la referida reforma de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, debe estimarse que la jurisprudencia que antecede sigue aplicable, pues aunque se integró cuando se aludía al concepto de elementos del tipo penal, lo cierto es que de acuerdo con su contenido, ese no fue el único motivo a que atendió dicha jurisprudencia, ya que también se señala que: ‘... no debe perderse de vista que el dictado del auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse proceso al inculpado y, por tanto, deben de quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador’. ... En otro orden, si se toma como base el concepto de cuerpo del delito al que aluden la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se obtiene que dicho concepto aun cuando desde sus orígenes pueda estar haciendo específica referencia a los elementos objetivos del tipo penal y por excepción a elementos subjetivos, así como a los normativos, dentro de la estructura del tipo penal correspondiente ello no es obstáculo para que las calificativas del delito se analicen en el momento en que se dicta el auto de formal prisión. Lo anterior, en virtud de que la conducta que despliega una persona no puede ser entendida sino observándola en todos sus planos, esto es, desde que inicia hasta que culmina; si esto es así, no analizar las calificativas del delito en dicho momento procedimental, implicaría analizar sólo en parte la conducta desplegada por el inculpado, cuando dichas calificativas, en atención al evento criminoso, sin lugar a dudas que forman parte de aquélla. Técnicamente, es lo que se conoce como tipos penales complementados, subordinados cualificados o privilegiados, pero la circunstancia de que técnicamente se denominen de esta forma, no significa que, para efectos de su estudio, el tipo penal básico excluya el estudio de las calificativas o viceversa, sino que el estudio conjunto o adminiculado sólo demuestra el despliegue total de la conducta que se llevó a cabo. ... Pero más aún, el propio juzgador tiene plena facultad para llevar a cabo el estudio de las calificativas existentes en el referido auto de formal prisión, lo cual se infiere del contenido del artículo 304 Bis A del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al establecer que tanto ese auto como el de sujeción a proceso se dictarán por el delito que realmente aparezca comprobado, tomando en cuenta sólo los hechos materia de la consignación, y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondientes aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores, debiéndose entender, con base en lo hasta ahora señalado, que en el dictado de dicho auto se comprende el análisis, con toda amplitud, de la conducta delictuosa imputada, a fin de precisar, en su caso, las circunstancias, agravantes o calificativas correlativas al delito en que incurrió el sujeto activo. ... Pues bien, es en ese contexto, que fundados resultan los planteamientos de la autoridad ministerial que recurre. Con el propósito de respaldar jurídicamente tal conclusión, conviene en primer término traer a colación el texto de los artículos 13, 237, fracción II, 238, fracciones I, II y III, y 240 del Código Penal del Estado de México, en vigor al acaecer los hechos penalmente relevantes de los que da cuenta el sumario principal, de cuya indebida interpretación se duele la recurrente, que literalmente indica: ‘Artículo 13.’ (transcribe). ‘Artículo 237.’ (transcribe). ‘Artículo 238.’ (transcribe). ‘Artículo 240.’ (transcribe). Luego, es inconcuso que interpretando en forma taxativa el último de los preceptos supratranscritos, es decir, el 240 del Código Penal del Estado de México, en vigor al acaecer los hechos penalmente relevantes (veinte de noviembre de dos mil cinco), por las razones que se han vertido en párrafos precedentes, fue voluntad expresa del legislador, únicamente en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 237 de la misma codificación, que ese delito sea susceptible de perseguirse por querella, lo que implica, contrario sensu, que en los restantes supuestos normativos vinculados con el delito de lesiones, la persecución del delito es oficiosa e incumbe a la representación social. Esta manera de interpretar restrictivamente el artículo 240 del Código Penal del Estado de México, deriva, como se dijo, de que es una excepción a la regla general de que oficiosamente corresponde al Estado la persecución de los delitos, excepción que sólo tiene cabida en tanto la propia norma penal la prevea. Incluso, a manera de ejemplo y a fin de demostrar que es el legislador a quien corresponde establecer aquellos supuestos, destaca el artículo 62 del Código Penal referido, el cual, tratándose de delitos culposos, establece que si se causan las lesiones de las previstas en el artículo 237, fracciones I y II, del mismo ordenamiento, se perseguirán a petición del ofendido, esto aun y cuando concurra el supuesto del artículo 238, fracción II (calificativa de lesiones que dejan cicatriz). De ello se sigue que es la propia norma penal la que determina que si las lesiones son culposas, se persiguen a petición de parte, aun concurriendo la calificativa citada, por tanto, si en el artículo 240 del código punitivo local, sólo alude a las lesiones simples, es inconcuso que se perseguirán de oficio si concurre una calificativa, de otra manera la propia norma hubiera expresado el supuesto, como sí lo hizo con las lesiones culposas a que alude el artículo 62 del cuerpo normativo citado. Por añadidura, debe decirse que en la especie, las lesiones por las que se sujetó a proceso al quejoso, fueron cualificadas, dada la evidencia de que en su comisión concurrieron las agravantes previstas en las fracciones I, II y III del artículo 238 del código punitivo local, de suerte que en realidad no se trata simplemente de las lesiones a que aluden las fracciones I y II del artículo 237 como lo hace ver la autoridad recurrente, sino de lesiones que habiendo sido cualificadas, han dado lugar a lo que pudiera llamarse un nuevo tipo penal, en el que han concurrido circunstancias que lo cualifican y lo hacen diferente del tipo básico, esto es, un tipo complementado circunstanciado agravado. Bajo tal perspectiva, si la actualización de las agravantes en cuestión ha dado lugar a un nuevo tipo penal complementado, es obvio que esas lesiones no se ubican en la hipótesis que contempla el precepto 240 del código multirreferido, por tanto, su persecución debe ser oficiosa y no queda al arbitrio o a la voluntad del ofendido. En suma, el delito de lesiones por el que se sujetó a proceso al inculpado, se encuentra cualificado con la actualización de tres agravantes, de ahí que deba perseguirse en forma oficiosa, ya que las únicas lesiones susceptibles de perseguirse por querella (y respecto de las cuales puede otorgarse el perdón del ofendido, a fin de extinguir la pretensión punitiva), son las que estipula el artículo 237, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de México, en cuya comisión, desde luego, no debe concurrir ningún elemento que las cualifique, porque de ser así, se está frente a un nuevo tipo penal, complementado. Consecuentemente, el proceder de la responsable, al estimarlo así y confirmar el fallo de primer grado, que determina que resulta improcedente el sobreseimiento de la causa penal incoada en contra de ********** por extinción de la pretensión punitiva por perdón del ofendido, se ajusta a derecho y no resulta violatorio de garantías en perjuicio del justiciable, debido a que es razonable la interpretación que efectúa de los preceptos legales en cita, que en lo toral coincide con la realizada por este órgano revisor. En las condiciones apuntadas, toda vez que resultó fundado el agravio propuesto por la autoridad recurrente y en virtud de que, del examen de la demanda de garantías, no se advierte algún otro concepto de violación que deba ser abordado por este tribunal federal, al tenor de lo indicado por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de negar al quejoso la protección constitucional instada."

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el ocho de abril de dos mil cinco, el amparo directo penal 797/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Son fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso ********** aunque supliendo en parte la deficiencia de la queja a favor del peticionario de garantías, en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Por principio de cuentas, resulta pertinente destacar, que el ahora quejoso, en los conceptos de violación que vierte en su escrito de demanda, afirma que las lesiones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 237 del Código Penal para el Estado de México, son perseguibles a petición de parte y que ningún precepto dispone que por el hecho de aplicar la agravante contemplada en el artículo 238, fracción VII, del código sustantivo en cita, sea consecuencia de que las lesiones en comento, sean perseguibles de oficio. En la resolución reclamada de inconstitucional, con relación al concepto de violación que ahora se plantea, la responsable consideró: ‘No le asiste la razón al inconforme, toda vez que si bien de la indagatoria, se desprende la comparecencia de ********** (foja 9 vuelta) en la cual manifiesta que se da por reparada del daño, desistiéndose de la querella presentada, otorgando el perdón más amplio que en derecho proceda a favor de ********** no reservándose ninguna acción penal ni civil en su contra, desistiéndose asimismo de la querella presentada por las lesiones de su menor hija ********** y dicho perdón, contrario a lo argumentado por la iudex a quo, debe entenderse de igual forma por cuanto hace a las lesiones que presentara la menor de referencia; lo cierto es que las lesiones que fueran inferidas a la misma, se encuentran contempladas por los artículos 236, 237, fracción II y 238, fracción VII, del Código Penal en vigor en el Estado de México, por lo tanto, contrario a lo que argumenta el apelante, de acuerdo con lo que dispone el numeral 240 del ordenamiento legal antes invocado, las mismas no son perseguibles por querella de la parte ofendida, ya que no debemos olvidar, que la materialidad del cuerpo del delito de lesiones en estudio, se encuentra integrado tanto por los elementos contenidos en la fracción II del artículo 237 (cuando el ofendido tarde en sanar más de quince días o amerite hospitalización), así también como los cometidos en la agravante el artículo 238, fracción VII (cuando el ofendido sea descendiente del inculpado), por lo tanto, dichas lesiones, como se ha mencionado, no son perseguibles a petición de parte; ya que inclusive, mediante una interpretación histórica de la ley sustantiva de la materia, específicamente hablando del delito de lesiones, se advierte que el mismo, de acuerdo al Código Penal abrogado, vigente hasta antes de marzo del dos mil, el delito de lesiones contenido en las fracciones I y II del numeral 235, se perseguía por querella de la parte ofendida, con excepción de las lesiones con modificativa agravante por ejercer la patria potestad o tutela el activo del delito sobre el pasivo, las cuales, se perseguían de oficio, pero porque así expresamente lo señalaba el precepto, lo que en la legislación vigente no ocurre; es decir, de acuerdo al artículo 240 del Código Penal vigente, sólo se persiguen por querella las lesiones que refiere el artículo 237, fracciones I y II, siempre y cuando no concurra ninguna modificativa agravante, como ocurre en este caso. Incluso, en el caso de la cónyuge del inculpado, tampoco era perseguible por querella’. Como puede apreciarse, lo establecido por la Sala responsable implica un violación trascendental de garantías en perjuicio del ahora quejoso ********* porque de la atenta lectura del título tercero, subtítulo primero, delitos contra la vida y la integridad corporal. Capítulo I, Lesiones. Artículos 236 al 240, no se advierte que exista alguna limitante para que proceda el perdón del ofendido, por lo que respecta a las lesiones perseguibles por querella. Se afirma lo anterior, porque resulta necesario invocar el contenido del numeral 91 del Código Penal vigente para la entidad, que establece: (transcribe). Por su parte el diverso precepto 240 del citado código sustantivo, dispone: (transcribe). De los párrafos antes transcritos, es posible advertir que el efecto del perdón por parte de la ofendida es extinguir la acción penal y, para que ello sea así, es necesario que concurran las tres hipótesis que establece el precepto citado, es decir, que el delito de que se trata se persiga a instancia de parte; que éste se conceda antes de que cause estado la sentencia definitiva; y que se otorgue por el ofendido o su representante legal. Como puede advertirse, las tres hipótesis mencionadas, en el caso particular, se encuentran justificadas, pues el perdón otorgado por la pasivo ********** se realizó en la indagatoria, es decir, antes de que el agente del Ministerio Público investigador, determinara el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso ********** Ahora bien, es pertinente destacar que la institución del perdón, su acepción gramatical es muy amplia; pero, jurídicamente es el acto (judicial o extrajudicial), posterior al delito, mediante el cual la parte ofendida exterioriza la voluntad de que no inicie o se detenga la prosecución de un proceso en contra de alguna persona. Por ello, es posible señalar que la eficacia jurídica del perdón se encuentra sujeta, en términos generales, a los requisitos establecidos en los preceptos legales transcritos. Resulta de tal trascendencia el perdón, que los efectos son inmediatos, pues cesa la intervención de la autoridad, pues del lapso correspondiente, no existirá la posibilidad de interponer nuevamente queja por los mismos hechos y contra la misma persona; aunado a lo anterior, es posible la restitución del goce de la libertad para quien ha sido privado de dicho goce. Por lo tanto, una vez que se ha precisado la relevancia de la institución del perdón, resulta innegable que dicho acto, se concedió para la persona legitimada para ello, como lo es la madre de la menor ********** lo que así se reconoció en la resolución reclamada. Lo que se tradujo en una manifestación de voluntad, en forma expresa y ante la autoridad investigadora. Esa manifestación ante la autoridad investigadora fue anterior al dictado de la sentencia. Por ello al expresar la voluntad de otorgar el perdón la parte ofendida, debe entenderse como una actividad tendente al otorgamiento de aquél, pues como se ha visto, el perdón fue otorgado, se insiste, en los términos de los preceptos legales antes citados. En consecuencia, basta examinar el fallo impugnado para constatar que la Sala responsable se aparta de la hermenéutica jurídica, al no dar valor al perdón otorgado el veintiocho de diciembre de dos mil uno, por la ofendida ********** quien desistió también de la querella presentada por las lesiones de su menor hija ********** a favor de ********** y señalar que dicho perdón no es apto para extinguir la acción penal en beneficio del mencionado ********** En las condiciones apuntadas, al tener por comprobado el delito de lesiones, previsto en el artículo 237, fracción II, del código penal vigente para la entidad, es evidente que se trata de un delito sólo perseguible a petición de parte ofendida (por querella) pero al acreditar el perdón expreso de la ofendida se extingue la acción penal, por tanto, resulta irrelevante que las lesiones se causaran a un descendiente del inculpado, porque ello sólo constituye una circunstancia de agravación que opera en el capítulo de individualización de las penas, pero ello tiene como presupuesto la procedencia de la acción penal, lo que no puede ocurrir cuando se ha extinguido ante el perdón de la víctima. Es decir, la agravante no hace oficiosa la persecución del delito, pues ello sólo depende de la gravedad de las lesiones. Sin que obste a lo anterior, lo que se firma en la sentencia reclamada, con relación a la interpretación histórica de la ley sustantiva de la materia, porque como la propia responsable lo destaca, en la legislación vigente no se precisa la excepción a que se refiere. Y es que si bien en el código penal abrogado, vigente hasta antes de marzo del dos mil, se establecía que el delito de lesiones contenido en las fracciones I y II del numeral 235, se perseguían por querella de la parte ofendida, con excepción de las lesiones con modificativa agravante por ejercer la patria potestad o tutela el activo del delito sobre el pasivo, las cuales, se perseguían de ofic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21161-65848115/lesiones-el-delito-relativo-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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