ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, porque se trata de un asunto penal, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 34/2007, fallado por unanimidad de votos, el veintitrés de marzo de dos mil siete, sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Los agravios que expone el recurrente son infundados en parte e inoperantes en la restante. La parte infundada es en la que señala que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo; cuando contrario a tal afirmación, la Juez de garantías estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en dicho precepto que a la letra señala: (se transcribe). Ello es así, pues efectivamente el acto reclamado que se tuvo como cierto, constituyó la materia del diverso juicio de amparo 733/99-VI, del índice del entonces Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, donde por sentencia de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se sobreseyó en el juicio y se concedió la protección constitucional al quejoso. En contra de dicha concesión, el Ministerio Público de la Federación interpuso revisión, que tocó conocer a este tribunal mediante el recurso de revisión número 1162/99, el que por sentencia de trece de octubre de dos mil cuatro, en la materia de estudio revocó dicha sentencia y negó la protección constitucional al ahora recurrente; ejecutoria que se tiene a la vista en cuanto hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 64, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, página 89, que dice: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.’ (se transcribe). Por lo tanto, como bien lo determina la Juez de Distrito, si el juicio de amparo 733/99-VI, fue promovido por el ahora recurrente ********** quien señaló como autoridad ordenadora, entre otras, al Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal (ahora Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal), y reclamó una orden de aprehensión; mientras que el actual juicio de garantías 31/2007, es promovido por el mismo quejoso, señala como autoridad responsable ordenadora, al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (antes Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal), y también reclama la orden de captura; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al no existir duda de que se trata del mismo quejoso, hay identidad en autoridad responsable ordenadora y se trata del mismo acto reclamado, el cual ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, como es el número 733/99-VI, del índice del entonces Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, del cual este tribunal tuvo conocimiento al resolver el recurso de revisión número 1162/99. Fundamenta lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVII, página 3414, que dice: ‘AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Asimismo, contrario a lo señalado por el inconforme, la autoridad de amparo no tenía por qué ocuparse de analizar prescripción alguna en la resolución impugnada, entendida como la institución sustantiva que por el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, extingue la pretensión punitiva (que sería el caso, porque lo reclamado es la orden de aprehensión) o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, como lo señala el artículo 100 del Código Penal Federal; de tal forma, que tampoco son aplicables las tesis que cita el aquí recurrente. Se sostiene lo anterior, pues si bien es cierto que el estudio de la prescripción de la acción persecutoria procede tanto en amparo penal directo como indirecto, siendo de estudio preferente a las violaciones de forma y fondo (aun cuando la autoridad responsable haya omitido su estudio), debido a que su configuración en su caso, se desprende de las probanzas existentes que soportan al acto reclamado, por lo que si se advierte su actualización, inclusive si no es alegada por la parte quejosa, la autoridad constitucional debe estudiarla de oficio (aunque se trate de la orden de aprehensión como en el caso), en suplencia de la queja deficiente, tal como se obtiene del contenido del artículo 183 de la Ley de Amparo, que preceptúa lo siguiente: (se transcribe). Lo anterior, conforme a las jurisprudencias números 264 y 263, emitidas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, páginas 194 y 193, en las cuales se estableció respectivamente, lo siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ (se transcribe). ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO.’ (se transcribe). Por otra parte, también es cierto que existe diferencia sustancial entre: a) El análisis preferente de la prescripción sobre las violaciones formales y de fondo alegadas en una demanda de garantías, derivada del artículo 183 de la Ley de Amparo; y, b) El estudio preferente y de oficio de la procedencia de la acción constitucional de amparo, que de actualizarse impide entrar al estudio del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 73 de dicha legislación. Se sostiene lo anterior, pues el estudio preferente de la prescripción de la pretensión punitiva (en cuanto causa de extinción de la acción persecutoria), como lo señala el contenido del referido artículo 183, la autoridad de amparo únicamente debe hacerlo respecto de ‘las violaciones de fondo’ alegadas, y sólo si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones; anterior expresión entrecomillada que se debe entender tanto por violaciones en el procedimiento como formales en la sentencia, aun cuando en un primer momento pareciera que sólo se refiere a situaciones concernientes al delito en sí. Ilustra lo anterior, la tesis número I.7o.P.16 P, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1114, que dice: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DEBE ESTUDIARSE PREVIAMENTE AL FONDO DEL ASUNTO (ALCANCES DE LA EXPRESIÓN VIOLACIONES DE FONDO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO)’. (se transcribe). Pero bajo la técnica que rige al juicio de garantías, es inexacto que el estudio de la prescripción deba preferirse al análisis de la procedencia de la acción de amparo, dado que este último aspecto, aparte de que ha sido establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, de actualizarse alguna causa de improcedencia, como es el caso, tiene como imperativo decretar el sobreseimiento en el juicio, resolución que constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, atendiendo a que su estudio es de orden público, de oficio, y por supuesto, preferente al fondo de la litis constitucional, en términos del último párrafo del artículo 73 de dicha legislación, que dice: (se transcribe). Además, de analizar la prescripción como lo plantea el recurrente, implicaría que la autoridad de amparo estudiara las pruebas relacionadas con la orden de aprehensión reclamada, lo cual tampoco procede si se determina sobreseer en el juicio de garantías, con motivo de la actualización de una causa de improcedencia. Lo anterior, conforme a las jurisprudencias números 509 y 515, emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 335 y 338, en las cuales se estableció respectivamente, lo siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). ‘SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO.’ (se transcribe). También fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 1027, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 707, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). En razón de lo anterior, es inexacto que la autoridad de amparo, previo al estudio de la causa de improcedencia del juicio de garantías, cuya exploración es de oficio y preferente al fondo de la litis constitucional, tuviera la obligación de analizar una cuestión de estudio posterior, como es la prescripción; dado que ésta tiene que ver, pero con el estudio preferente sobre las violaciones formales y de fondo alegadas en el juicio constitucional, en términos del numeral 183 de dicha legislación; por lo tanto, la autoridad de amparo no incurrió en la omisión de analizar dicha figura prescriptiva, como lo pretende hacer ver el ahora recurrente, aunado a que el acto reclamado debe estudiarse tal como fue emitido y en la especie, no se había analizado la actualización de la prescripción, sino que en todo caso ésta fue mucho posterior a la data de emisión del acto reclamado; considerar lo contrario implicaría alterar la técnica que ha regido al juicio de amparo, establecida en jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación. En virtud de la argumentación anterior, este tribunal considera que no se está en contravención a las jurisprudencias números 264 y 263, emitidas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, identificadas y citadas en esta sentencia, de rubros: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ y ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO.’. Asimismo, por las mismas razones, este órgano colegiado no comparte los criterios aislados citados por la parte recurrente, además de no ser obligatorios para este órgano jurisdiccional en términos del citado numeral 192 de la Ley de Amparo, el primero aprobado por mayoría y el segundo por unanimidad de votos, identificados con los números I.4o.P.32 P y VI.2o.P.54 P, emitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXI y XVIII, de marzo de 2005 y diciembre de 2003, páginas 1192 y 1438, respectivamente, que a la letra dicen: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI AL ANALIZAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN UN NUEVO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ESTUDIA AQUELLA FIGURA PROCESAL, NO OBSTANTE QUE EXISTA COSA JUZGADA EN EL ANTERIOR JUICIO DE GARANTÍAS POR LO QUE HACE A LAS EXIGENCIAS DE FONDO Y FORMA DE ESE MANDAMIENTO DE CAPTURA.’ (se transcribe). ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EN EL NUEVO JUICIO SE TRATA DE UN PLAZO DIVERSO NO EXAMINADO EN EL AMPARO ANTERIOR, AUNQUE EN ÉSTE SE HAYA ANALIZADO EL FONDO DEL ASUNTO Y LA MISMA FIGURA.’ (se transcribe). En tal orden de ideas, el resto de los agravios es inoperante, porque el recurrente se limita a expresar razonamientos tendentes a la demostración de la prescripción de la acción penal, cuando tal aspecto de fondo no fue materia de la litis constitucional, en la medida que manifiesta: (se transcribe). Dicha inoperancia se fundamenta en la tesis número VI.2o.T.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, de julio de 2002, página 1239, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE COMBATEN EL FONDO DEL ASUNTO SIN CONTROVERTIR LOS RAZONAMIENTOS DEL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). De igual forma, es inoperante lo solicitado por el recurrente, en el sentido de que al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, se debió imponer una multa de diez a ciento cincuenta días de salario al momento de dictar la sentencia impugnada, por no exhibir junto con su informe justificado las constancias en virtud de las cuales se había decretado la interrupción de la prescripción de la acción penal. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el inconforme carece de legitimación para solicitar en la presente instancia, la aplicación de dicha sanción, debido a que tal proceder sancionador no afecta de manera directa su interés jurídico, pues a quien favorecería o no es al erario estatal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número XX.2o.23 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, de enero de 2007, página 2313, que dice: ‘QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.’ (se transcribe). Ante tales circunstancias, dado que los agravios son infundados en parte e inoperantes en otra, procede confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías. ..."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, mayo de 2007
"Tesis: I.2o.P.146 P
"Página: 2128
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO PROCEDE SU ESTUDIO PREFERENTE, SI OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE YA FUE MATERIA DE UN JUICIO DE GARANTÍAS. En el amparo directo el Tribunal Colegiado tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, si está prescrita la acción penal aun cuando el quejoso no la alegue, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente sobre el análisis de las violaciones formales y de fondo alegadas por la parte quejosa; misma razón que por identidad jurídica aplica en el amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión, conforme a la jurisprudencia número 264, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 194, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’, en la cual se estableció que si está prescrita la acción penal, su análisis es procedente tanto en amparo directo como indirecto; sin embargo, aun cuando dicha figura prescriptiva alegue el quejoso se actualizó con posterioridad a la emisión del acto reclamado, si la orden de aprehensión ya fue materia de un amparo anterior, es obvio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, lo cual impide analizar en el nuevo amparo contra la orden de aprehensión que ya fue materia de un juicio de garantías, la prescripción de la acción penal alegada; pues considerar lo contrario, implicaría alterar la técnica que rige al juicio de garantías, en el sentido de que al actualizarse un motivo de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y preferente conforme a lo previsto en el último párrafo de dicho numeral, la autoridad de amparo no está facultada para entrar al estudio del asunto, esto es, a los conceptos de violación tanto formales como de fondo, incluyendo a la propia figura prescriptiva.
"Amparo en revisión 34/2007. 23 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Froylán Muñoz Alvarado."
CUARTO. Por su parte el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 2094/2004 el dos de diciembre de dos mil cuatro, por mayoría de votos sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Los agravios expuestos son infundados. En efecto, es infundado el primer agravio, en virtud del cual, el recurrente se duele de que el a quo omitió analizar la prescripción de la acción penal que dio origen a la orden de aprehensión reclamada; pues este tribunal, del análisis de la sentencia recurrida, advierte que el a quo sí se ocupó de dicha figura, por ser de estudio preferente, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo. Al respecto, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, el Juez de garantías precisó que aun cuando el acto reclamado ya había sido tema de diverso juicio de garantías, en los apartados relativos al cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, debería analizarse la figura de la prescripción, dado el tiempo transcurrido entre la anterior sentencia de amparo y la nueva demanda de protección constitucional; determinación que este tribunal estima legal, dado que el artículo 183 de la Ley de Amparo, exige que en el juicio de garantías directo, el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no existe obstáculo para que el Juez constitucional realizara su estudio, máxime que así lo alegó el quejoso y el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, aun en suplencia de la queja, en términos del precepto 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, destacadamente, la prescripción, por ser una figura procesal de estudio preferente y oficiosa. Encuentra apoyo esta determinación en la jurisprudencia 264, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/98, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 194 del Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, parte jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 2000, en los términos siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ (se transcribe). En este tenor, el Juez de amparo estableció la naturaleza de la prescripción de la acción penal y precisó que aun oficiosamente debería realizarse su estudio, en observancia al artículo 183 citado; además, destacó que no asistía razón jurídica al quejoso en los argumentos que expresó en el escrito de alegatos exhibido ante el a quo, pues en él, sustancialmente, argumentó el transcurso de tiempo superior al plazo que resulta del término medio aritmético de la pena prevista para el delito, sin que para dicho cómputo deban considerarse las circunstancias agravantes por las que se libró el mandato de captura. Argumentos que el Juez de Distrito desestimó legalmente, después de analizar la normatividad relativa a la prescripción al momento del hecho ilícito que dio origen a la orden de aprehensión, esto es, los artículos 100, 101, 102, 104, 105 y 107 del Código Penal vigente en el Distrito Federal el quince de mayo de mil novecientos noventa y tres; preceptos que analizó en concordancia con los artículos que sancionaban el ROBO AGRAVADO por el cual se ordenó la captura de ********** esto es, 370, párrafo tercero, 372 y 164 Bis de ese ordenamiento; los cuales, determinó, resultan más benéficos al justiciable, respecto de la actual legislación que rige en la entidad, por prever sanciones mayores. Determinada la ley más benéfica, precisó que para que opere la prescripción de la acción, es necesario transcurra el término medio aritmético de la pena prevista para el delito y sus modalidades, a partir de que se consumó el ilícito, por ser instantáneo; en este tenor, señaló que las sanciones correspondientes son, para el tipo básico de robo, de cuatro a diez años de prisión, por lo que el término medio aritmético es de siete años; sanción que debería incrementarse con la correspondiente a la circunstancia agravante relativa a que el ilícito se cometió por medio de la violencia moral, penalizada de seis meses a cinco años de prisión, cuyo término medio aritmético determinó en dos años, siete meses y cuatro días, esto es, inferior al resultado de la operación aritmética correspondiente, que es de dos años, nueve meses; y, por la agravante de pandilla, sancionada con una mitad más de la pena correspondiente al delito cometido, determinó el medio de la sanción establecida no sólo para el ilícito básico (tres años, seis meses), sino que incluyó la agravante y así concluyó que debían adicionarse cuatro años, siete meses, nueve días más; finalmente, estableció que la suma de tales sanciones, es decir, catorce años, dos meses, trece días, es el tiempo necesario para que prescriba la acción penal sustento del acto reclamado; y aun cuando éste es un parámetro superior al que resulta de la operación aritmética (trece años, tres meses), lo anterior no irroga agravio al solicitante de protección constitucional, porque, como lo resolvió el a quo, no ha prescrito la acción penal, dado que el ilícito se afirma cometido el quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, por lo que a la fecha no ha transcurrido el plazo necesario para que deje de perseguirse el hecho. Asimismo, el a quo desestimó el argumento del quejoso, relativo a que para realizar el cómputo de la prescripción, no deberían incluirse las agravantes, dado que el artículo 102 del Código Penal vigente en la época de los hechos y el artículo 111, fracción I, del Nuevo Código Penal, establecen que en los plazos para la prescripción, se debe considerar el delito con sus modalidades, es decir, el tipo básico y sus agravantes. Determinación que no irroga agravio al impetrante recurrente, en virtud de que la legislación aplicable establece de esta forma el cálculo del plazo para la prescripción de las acciones penales; lo cual incluso encuentra apoyo en la tesis que invocó ********** en su escrito de alegatos, con rubro: ‘ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA.’, la cual no puede ser analizada parcialmente, sino que debe atenderse a su contenido integral, pues claramente establece que debe considerarse al total de las sanciones, si el delito debe agravarse; no debe soslayarse que la tesis invocada por el quejoso recurrente, con rubro: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL.’, se refiere a la prescripción de las sanciones, esto es, una hipótesis jurídica diversa a la que nos ocupa. En esta tesitura, resulta infundado que el tiempo para la prescripción sea de siete años, como lo reclama el inconforme. ..."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, marzo de 2005
"Tesis: I.4o.P.32 P
"Página: 1192
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI AL ANALIZAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN UN NUEVO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ESTUDIA AQUELLA FIGURA PROCESAL, NO OBSTANTE QUE EXISTA COSA JUZGADA EN EL ANTERIOR JUICIO DE GARANTÍAS POR LO QUE HACE A LAS EXIGENCIAS DE FONDO Y FORMA DE ESE MANDAMIENTO DE CAPTURA. Los tribunales de garantías tienen la obligación de analizar la legalidad de la orden de aprehensión reclamada, incluso oficiosamente, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no pueden dejar de examinar temas relativos a la competencia, requisitos de procedibilidad y causas de extinción de la acción penal como presupuestos de las violaciones de forma y fondo, dado que la infracción a cualquiera de ellos torna inconstitucional el acto reclamado; asimismo, el precepto 183 de ese cuerpo normativo exige que en el amparo directo el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; luego, al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar el estudio de la prescripción, máxime si lo alega el impetrante, con independencia de que previamente hubiera impugnado en la vía constitucional el mandamiento de captura y exista cosa juzgada sobre el cumplimiento de las exigencias legales de forma y fondo, pues sólo respecto de estos tópicos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, no así respecto de la prescripción, toda vez que es una figura procesal que opera con el simple transcurso del tiempo, además, porque su cómputo difiere del que operaba al promoverse el anterior amparo; en consecuencia, debe analizarse en forma preferente la prescripción, a pesar de que no se hubiere cumplido la orden de aprehensión, porque para la procedencia del juicio de garantías no es requisito que el quejoso se encuentre sujeto a la potestad jurisdiccional ordinaria.
"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Amparo en revisión 2094/2004. 2 de diciembre de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Olga Estrever Escamilla. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretaria: Araceli Trinidad Delgado."
Similares consideraciones se sustentaron en los amparos en revisión números: RP. 644/2004 y RP. 104/2006, el catorce de mayo de dos mil cuatro y quince de marzo de dos mil seis, ambos por mayoría de votos, el primero de dichos criterios se transcribe, ya que en este asunto se determinó que sí había operado la prescripción en materia penal a favor de los quejosos por lo que el Tribunal Colegiado del conocimiento procedió a ampararlos.
RP. 644/2004
"SÉPTIMO. Resultan esencialmente fundados los agravios hechos valer por los inconformes. Por cuestión de método, es conveniente hacer alusión a los antecedentes del caso. En la especie los quejosos impugnan la orden de aprehensión librada por el Juez Décimo Quinto Penal en el Distrito Federal y su ejecución. En dicha orden de captura, librada el quince de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, se les atribuye en esencia que, en realización conjunta, se insolventaron en forma premeditada y con la coparticipación de familiares, para no pagar una cantidad que se les había prestado. Ahora bien, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo aplicado por identidad jurídica al amparo indirecto, el estudio de la prescripción de la acción penal es preferente, como al respecto existe el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia visible en la página trescientos dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que indica: ‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ (se transcribe). Asimismo, cobra entidad la jurisprudencia sostenida por dicha Sala, visible en la página trescientos veintiocho de la referida compilación oficial de fallos, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que señala: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21163-1b7c5613/orden-de-aprehension-se-actualiza-la-causal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. (2284)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
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