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Modo: Corpus Pro

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE ALGUNA ACTUACIÓN EMITIDA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O LA DETERMINACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20409
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por la Magistrada integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Irma Rivero Ortiz de Alcántara, José Luis González y Enrique Escobar Ángeles, al resolver el recurso de reclamación penal RRP. 13/2006, en sesión de doce de enero de dos mil siete, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. El agravio planteado por los reclamantes es infundado. Antes de exponer las consideraciones por las que se llega a tal determinación, debe reiterarse que la reclamación que se atiende deriva de la admisión del recurso de queja interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador General de Justicia del Distrito Federal (como autoridad responsable), en contra de la resolución dictada el treinta y uno de octubre del año próximo pasado en la que se declaró fundada la queja planteada por el autorizado de la parte quejosa, por exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que dictó los acuerdos de dos y veintitrés de mayo del año próximo pasado, en el primero determinó que era indispensable programar una nueva práctica de disparo con el arma relacionada con los hechos y prueba de rodizonato de sodio y en el segundo reiteró el desahogo de dichas pruebas y expuso las razones por las que decidió verificarlas. Por otra parte, es importante atender sólo a manera de ilustración aspectos relacionados con la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos, contenida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual debe puntualizarse que la averiguación previa es la etapa durante la cual dicho órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal. La averiguación se integra de las siguientes fases: recepción, investigación, determinación y consignación: en la primera fase recibe la denuncia (verbal o escrita), situación que obliga legalmente a poner en movimiento la maquinaria ministerial y su sistema de prosecución al recibir hechos, circunstancias o situaciones que evidencian un posible delito. En la segunda (investigación), cobra real y verdadera relevancia legal la función persecutoria, pues el Ministerio Público se convierte en un auténtico investigador, cuya actividad principal es la de realizar diligencias que tengan como fin encontrar todos aquellos indicios, medios, instrumentos o cualquier otro tipo de elementos que se conviertan en los factores probatorios que le permitan, primeramente, integrar su investigación, su acción, los elementos del cuerpo del delito y por supuesto la probable responsabilidad; en esta etapa su función no es otra cosa más que el hecho de buscar y de abocarse a encontrar todos los elementos necesarios, bastantes y suficientes, para que una vez recibidos pueda mediante un análisis lógico, jurídico, interpretativo, concluir que de la investigación se desprenden los elementos materiales que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, o bien que no se acreditan dichos tópicos. Por último, con la determinación se concluye una de las fases de la investigación ministerial previa, con ello se especifica técnica y legalmente el delito por el cual se consignará tal investigación o bien si el hecho no es delictivo y no se ejerce acción penal; así, la determinación es calificar los hechos presumiblemente delictivos con los cuales una vez analizados de manera detallada por el Ministerio Público, se concluya con el estudio técnico y se pase a la fase de la consignación al ejecutar la acción penal, con lo cual prácticamente se cierra la fase de la receptación de pruebas y de la investigación de datos. Ahora bien, el motivo de inconformidad se sustenta fundamentalmente en que el presidente de este Tribunal Colegiado no debió admitir el recurso de queja interpuesto por dicha autoridad responsable, porque al regir su función bajo el principio de imparcialidad carece de legitimación, de acuerdo con el artículo 9o. Bis, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuyo texto dice: (se transcribe). En efecto, es infundado dicho aserto, dado que si bien la representación social debe seguir, entre otros principios, el de imparcialidad en sus actuaciones en la averiguación previa; también lo es que en el caso no puede sostenerse que carezca de legitimación para interponer el recurso de queja en cuestión, habida cuenta que la razón de su impugnación no es para favorecer a alguna de las partes en la indagatoria, sino única y exclusivamente para estar en oportunidad de cumplir su obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos, ello mediante la reunión de pruebas para estar en oportunidad de pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de un hecho delictivo y, de ser el caso, sus probables responsables, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Fundamental. Sin que se soslaye la aseveración de los inconformes de que en la averiguación previa existen dos partes, víctima u ofendido por un lado y el indiciado por otro, en la que cada una de ellas plantea su hipótesis y ofrece pruebas para acreditarla, aunado a que cuentan con las garantías contenidas en el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello porque se reitera, la razón de su impugnación no obedece a favorecer alguna de las partes, sino el cumplir con su obligación encomendada por la Ley Fundamental de perseguir e investigar los delitos. Por otra parte, es infundada la manifestación de que el acuerdo de presidencia violó la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no existe algún criterio en el que se haya determinado que, en un supuesto igual al que se estudia, el Ministerio Público como autoridad responsable carezca de legitimación para interponer recurso de queja. Sin que se soslaye que el autorizado de los inconformes invocó dos jurisprudencias del Pleno de dicho Tribunal Supremo del país, la primera número 378, consultable a foja 435 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Común; la segunda número P./J. 22/2003, visible a foja 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, Materia Común, cuyos rubros y textos dicen: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.’ (se transcribe) y ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe). En efecto, dichas jurisprudencias no apoyan el agravio de los recurrentes, habida cuenta que la primera refiere que el Ministerio Público de la Federación cuando actúa como parte en el juicio de garantías, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, puede interponer el recurso de revisión aun en amparo contra leyes, cuando las resoluciones impugnadas afecten el interés que le corresponde, por lo que trata de un tema distinto del que es materia de análisis en la presente resolución, dado que el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador General de Justicia del Distrito Federal tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo y es a quien se atribuye el exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La diversa jurisprudencia precisa que únicamente los órganos jurisdiccionales y judiciales carecen de legitimidad para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo directo o indirecto, no así las autoridades administrativas que propugnan por el predominio de sus pretensión en aras de la finalidad del orden público que persiguen, como ocurre en el caso de la autoridad responsable, por lo que dicho criterio en vez de apoyar el agravio de los reclamantes, sustenta la determinación tomada en el acuerdo de presidencia de que dicha responsable tiene legitimación para acudir a la queja. Por tanto, es infundada la manifestación de que la jurisprudencia referida en el párrafo que antecede es aplicable por identidad jurídica para determinar que dicha representación social carece de legitimación. Por las mismas razones no son aplicables los criterios que invocan los inconformes, cuyos rubros son los siguientes: ‘QUEJA DE QUEJA, EL JUEZ PENAL RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA DIVERSA DICTADA POR EXCESO O DEFECTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO SI NO AFECTA LOS INTERESES DEL ÓRGANO QUE REPRESENTA.’ y ‘RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE ADMITE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’, pues se refieren a la falta de legitimación de la autoridad jurisdiccional para interponer queja y reclamación, por lo que tratan de un tema distinto. Tampoco son aplicables los criterios siguientes: ‘JUECES DE DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SU CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCERÁ DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.’, ‘QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA QUE SE ENDEREZA CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DIO CURSO A LA REVISIÓN, POR NO DEPARAR UN AGRAVIO IRREPARABLE (ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO).’ y ‘APELACIÓN IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA QUE INTERPONE EL INDICIADO EN CONTRA DEL ACUERDO QUE NEGÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SI CONTRA ÉSTE SE LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE CUMPLIMENTÓ.’, pues como se observa del propio rubro tratan de temas distintos al que es materia de la reclamación. En cuanto al criterio que invoca la parte inconforme, establecido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1561 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, del rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN EN AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Al respecto, debe decirse que este Tribunal Colegiado no la comparte, puesto que las actividades que desarrolla el Ministerio Público de la Federación, como se dijo en párrafos anteriores, son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, pues consisten en el inicio, integración y perfeccionamiento de la indagatoria a fin de determinar el ejercicio o no de la acción penal. Para estar en oportunidad de exponer las consideraciones por las que se llega a dicha conclusión, es necesario precisar que el procedimiento penal federal está constituido por una serie de actos, los que se encuentran vinculados entre sí, por relaciones de tipo causal con miras a fines específicos y cuya regulación se encuentra en diversos ordenamientos legales, entre otros los preceptos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales, cuyos principios fueron recogidos en el Código Federal de Procedimientos Penales. Esos actos son ejecutados por diversos entes públicos dependiendo de la etapa en que se encuentre el procedimiento y de la naturaleza de la acción; de ahí que tengan injerencia los órganos persecutor (Ministerio Público de la Federación), jurisdiccional (Jueces y Magistrados) y administrativo (autoridades ejecutoras de sanciones), quienes actúan en el ejercicio de sus funciones con el fin de actualizar en el autor de un hecho ilícito la conminación penal establecida en la ley. Doctrinalmente, atendiendo a la naturaleza de los actos que se desarrollan y las autoridades que los realizan, se han considerado como etapas del procedimiento penal a las siguientes: a) averiguación previa; b) instrucción; c) juicio; y, d) ejecución. Estas fases se identifican respectivamente como ejecutadas por los órganos siguientes: a) Ministerio Público; b) y c) tribunales (considerando Jueces y Magistrados); y, d) el Ejecutivo, por medio de las autoridades encargadas del sistema penitenciario. La averiguación previa, a cargo del Ministerio Público, se caracteriza por la realización de actos de naturaleza administrativa encaminados a la persecución de los delitos y sus responsables; por su parte, tanto la instrucción como el juicio, son dirigidas por los juzgadores y las acciones que desarrollan se diferencian por ser de naturaleza decisoria y de tipo jurisdiccional (declaratorio del derecho), para determinar los ilícitos cometidos, sus autores y las penas; finalmente, en la ejecución, intervienen autoridades dependientes del Poder Ejecutivo y en cuanto a los actos que despliegan, son de orden administrativo tendente a la cumplimentación de las sanciones impuestas. Tales etapas, así entendidas, tienen sustento en la Carta Magna, están diferenciadas con claridad en los numerales constitucionales referidos, pero particularmente en los preceptos 18 y 21, que, en lo conducente, expresan: ‘Artículo 18.’(se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). Como se advierte, el legislador constitucional estableció con nitidez el ámbito de competencia de cada una de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, para el caso del Ministerio Público, le corresponde la investigación y persecución de los delitos, tratándose de la autoridad judicial, tiene facultades exclusivas de imposición de penas y, finalmente, la autoridad administrativa es la encargada de la ejecución de las sanciones y la organización del sistema penitenciario. En concordancia con lo expuesto, se observa que los preceptos 1o., 2o., 4o. y 5o. del Código Federal de Procedimientos Penales, precisan: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). Es conveniente retomar que los actos judiciales son de orden decisorio y jurisdiccional, es decir, tienen por objeto resolver las cuestiones planteadas y declarar el derecho; en el caso del orden penal, se centran en lo que es conocido como la jurisdicción, que se refiere a la facultad que tienen los tribunales (órganos del Estado) para declarar si un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas y actualizar en el sujeto activo la conminación penal establecida por la ley, así se desprende de lo previsto en el numeral 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales. En el caso de las actividades que desarrolla el Ministerio Público de la Federación, son de naturaleza administrativa, pues se reitera consisten en el inicio, integración y perfeccionamiento de la indagatoria a fin de determinar el ejercicio o no de la acción penal (incluso la reserva), con base en la comprobación de los requisitos a que alude el párrafo segundo del numeral 16 constitucional. Respecto de la resolución que al final dicte el representante social, es conveniente tener presente que si bien se trata de un acto decisorio, no menos cierto es que no son de orden jurisdiccional, debido a que no tiene por objeto ni dirimir controversia alguna ni declarar el derecho. En cuanto a ello, la averiguación previa no puede estimarse como una contienda; en efecto, una particularidad innegable de un procedimiento contencioso se desprende del hecho de que existe una trilogía procesal, en el que un ente toma conocimiento del conflicto y le corresponde resolverlo definitivamente (juzgador) el que se presenta entre dos personas con intereses opuestos (partes), una de las cuales (actor) reclama de la otra (demandado) determinadas prestaciones (litis), todo con motivo de la presentación de una demanda; en tanto que en la indagatoria no es así, puesto que constitucional y procesalmente al Ministerio Público no le corresponde declarar el derecho, es decir, no tiene facultades para determinar cuando un hecho es o no delito federal ni la responsabilidad del sujeto activo, ya que esto es facultad exclusiva del Juez; tampoco ante esa autoridad investigadora se integra esa trilogía, puesto que su intervención no es con el fin de dirimir la controversia, sino investigar si existe la comisión de un ilícito y, en su caso, quien es el autor de ese hecho, además no existe demanda, debido a que en el caso de la denuncia o querella, su característica fundamental se centra en que se trata de dos formas que asume la noticia criminal, la que por su naturaleza no tiene como objetivo principal (sólo en algunos antijurídicos mediatos) la satisfacción de intereses; menos aun se presenta la existencia de la trilogía procesal indicada, puesto que ni el Ministerio Público tiene el rol de juzgador y el ofendido menos aún el de actor; en tales condiciones sólo interactuarían dos partes, a saber, el órgano investigador, con apoyo del pasivo y el agente del ilícito; incluso en cuestiones de orden jurisdiccional, contra lo resuelto en definitiva normalmente procede el juicio de amparo directo y en el caso de la autorización del no ejercicio de la acción penal en su contra sólo puede acudirse a la vía indirecta de ese medio de control constitucional. Por tales motivos se estima que contrario a lo que se sostiene en dicha tesis, la actividad que despliega la autoridad persecutoria durante la averiguación previa, específicamente al resolver la indagatoria, no tiene matices ni puede asimilarse a un acto de orden jurisdiccional, habida cuenta que el Ministerio Público no administra justicia sino que la procura, con lo que se concluye que su actividad no es de tipo jurisdiccional sino administrativa, como lo precisa el numeral 21 constitucional, y es ratificado en la legislación procesal penal federal en los preceptos 1o., 2o. y 4o. Tampoco puede estimarse que esa autoridad en su actuar deje de ser imparcial, ya que de conformidad al dispositivo constitucional aludido, es su obligación la persecución de los delitos y sus actos tienden a ese fin, con independencia de que con ello afecte al sujeto activo del delito, ya que su intervención en el juicio de amparo tiende a tratar de salvaguardar esa función, lo que genera un interés jurídico que puede defender en los juzgados federales. Finalmente, se estima que el aludido Tribunal Colegiado realizó una interpretación inadecuada de la ejecutoria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio origen a la jurisprudencia 22/2003, habida cuenta que en ésta ese Alto Tribunal definió lo que debía estimarse como actos de orden jurisdiccional, cuyas características no son compatibles con la actuación del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa, en ese sentido es conveniente tener presente los aspectos que destacan en ese sentido en esa ejecutoria: (se transcribe). Como se advierte de lo expuesto, es claro que la ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo como objetivo fundamental determinar que en el caso de las autoridades judiciales les está vedada la posibilidad de interponer el recurso de revisión, atento a las funciones y facultades de las actividades que desarrollan; sin embargo, las particularidades que se destacaron no son iguales en el supuesto del Ministerio Público quien actúa con motivo de la obligación persecutoria que constitucionalmente tiene y su participación tanto en la integración de la indagatoria, como al resolverla tiende a ese fin, por ello sus intereses no son personales y sí opuestos a los del sujeto activo del delito, por lo que con motivo del trámite del juicio de garantías está interesado en la subsistencia del acto reclamado para que de acuerdo a esa atribución constitucional puede seguir actuando; en ese entendido la interposición del medio de impugnación sólo tiene como objeto el continuar con el cumplimiento de la función constitucional de investigar y perseguir los delitos. En ese sentido, incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en torno a autoridades administrativas que sin ser jurisdiccionales en algunos momentos despliegan actividades resolutoras, respecto de las que concluyó que debido al interés público que tiene encomendado, están legitimadas para acudir en revisión. Así se determinó en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 37/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya parte conducente se indicó: (se transcribe). Finalmente, debe anotarse que la buena fe no es un aspecto diferenciador en las instituciones ni menos propia del Ministerio Público de la Federación, ya que es común a todas las autoridades."

Similares consideraciones sustentó el propio Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión RP. 1782/2006.

CUARTO. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Tereso Ramos Hernández, Roberto Lara Hernández y Ricardo Paredes Calderón, al resolver el amparo en revisión penal RP. 1776/2006, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil seis, en lo conducente sostuvo lo que a continuación se precisa:

"QUINTO. Este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estima que el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en el juicio de amparo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98-PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, y que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 22/2003, en la ejecutoria respectiva, en la parte que interesa, dice: (se transcribe). Los argumentos jurídicos de tal ejecutoria quedaron plasmados en la tesis de jurisprudencia número P./J. 22/2003, visible en la página 23 del Tomo XVIII, julio de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe). Del criterio jurisprudencial transcrito se desprende lo siguiente: Que la jurisdicción es: ‘... una función soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.’; función de la que destaca como elemento fundamental la imparcialidad de las autoridades judiciales durante el procedimiento como al dictar alguna resolución, ya de trámite, ya definitiva; mediante la cual, se dirima la controversia planteada. Que aun cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables pueden interponer el recurso de revisión, respecto de las sentencia dictadas en los juicios de amparo indirecto, ello se constriñe a la hipótesis relativa a que la sentencia respectiva afecte el contexto de las facultades de dicha autoridad responsable, de manera tal que cause perjuicio en su ámbito de competencia y su esfera jurídica como ente público, empero, que tal hipótesis no se actualiza tratándose de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales cualquiera que sea su especialidad, pues por ser la característica intrínseca de su función, la imparcialidad para dirimir controversias surgidas por conflictos entre particulares, o entre particulares y el poder público y, su finalidad la de administrar justicia, dicha función se agota con el dictado de la resolución correspondiente, y no trasciende al juicio de amparo, ya que en esa instancia corresponde a los Jueces constitucionales competentes salvaguardar las garantías individuales y, que con base en tal presupuesto, los órganos jurisdiccionales no están facultados para interponer el recurso de revisión previsto en la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo, por carecer de interés en la subsistencia del acto reclamado, pues de hacerlo estarían siendo parciales a favor o en contra de alguna de las partes, y en el caso específico de la materia penal, en contra del particular que es el promovente del juicio de garantías, y cuando se trata del inculpado, se convertiría en coadyuvante del Ministerio Público. Que incluso la existencia de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia, previstos en el Código Penal Federal, no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, porque los ilícitos aludidos no se configuran por el simple hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia. Haciéndose la salvedad respecto del supuesto en que el titular como persona física del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en la misma se le impone una multa, pues en tal caso sí tienen legitimación para recurrir. Que la falta de promoción del recurso de revisión contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en materia penal, en el que son partes el indiciado o procesado como quejoso, la autoridad judicial que emitió el acto reclamado, como autoridad responsable, y el Ministerio Público Federal como representante de los intereses de la sociedad, sin que exista tercero perjudicado, no deja indefenso al Estado, pues corresponde al Ministerio Público Federal, como representante de éste y de los intereses sociales, intervenir en el juicio de amparo conforme a lo establecido en la fracción XV del artículo 107 constitucional y el numeral 5o., fracción V, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración las razones expuestas en la ejecutoria en comento y en el criterio jurisprudencial, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que las mismas son aplicables por identidad jurídica tratándose del Ministerio Público, como autoridad emisora del acto reclamado consistente en la resolución que confirma el no ejercicio de la pretensión punitiva. Lo anterior, en virtud de que la naturaleza de la función del Ministerio Público durante la averiguación previa y al resolver en la misma, se equipara a la de una autoridad jurisdiccional, como se advierte de la comparación que a continuación se hace de las funciones del órgano jurisdiccional y las del Ministerio Público durante la indagatoria y al resolver en ésta. En efecto, la función del juzgador se encuentra determinada en la parte primera del párrafo primero del artículo 21 constitucional, que dice: ‘Artículo 21. La imposición de las penas, es propia y exclusiva de la autoridad judicial ...’. Es decir, que al órgano jurisdiccional le corresponde la imposición de las penas, lo cual debe hacer conforme a los lineamientos señalados en el artículo 17, párrafo segundo, de la Carta Magna, que dice: ‘... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales ...’. Esto es, una de las características principales de la función jurisdiccional es la de administrar justicia, emitiendo sus resoluciones de manera imparcial. Resoluciones judiciales que deben derivar del juicio penal seguido previamente en el que se han de respetar las garantías individuales establecidas a favor del inculpado en el artículo 20 constitucional, apartado A, que dice: ‘... A. Del inculpado: I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Pú

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20409-417862bd/agente-del-ministerio-publico-esta-legitimado-para-interponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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