INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY. TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veintidós de enero de dos mil cuatro, el amparo en revisión penal 42/2004, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son fundados pero inoperantes en parte, inoperantes en otra, inatendibles en una más e infundados los restantes agravios hechos valer por el recurrente. Es fundado pero inoperante el agravio que el recurrente hizo consistir en que no se le notificó la fecha y hora de la audiencia constitucional y no supo cuándo rindieron su informe justificado las autoridades responsables, ni tuvo conocimiento de su contenido, por lo que no pudo desvirtuarlos. Así se considera toda vez que efectivamente en el juicio de garantías se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, porque no se ordenó notificar personalmente al quejoso los acuerdos emitidos, a pesar de que el Juez estaba obligado a ello por disposición expresa del artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe). Ya que de la propia demanda de garantías se desprende que el peticionario de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el reclusorio ... en el que se encuentra privado de su libertad; y si bien en dicho escrito autorizó a ... para que en su nombre y representación entregara y recibiera documentos e información, también precisó: ‘con excepción de notificaciones personales’, por otra parte, tampoco se advierte que contara con representante legal o apoderado, por lo que no se actualizaba la excepción prevista en el precepto antes transcrito para no efectuar las notificaciones personalmente al quejoso; incluso se advierte que el Juez de amparo tuvo por autorizada en esos términos a la persona indicada y como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado por el impetrante de garantías, no obstante ello, ordenó la notificación de los acuerdos relativos, por lista fijada en los estrados del juzgado en cuestión, por lo que no existe constancia de que el peticionario de garantías haya tenido conocimiento de la fecha en que se celebraría la audiencia ni de cuándo rindieron sus informes justificados las autoridades responsables. Sin embargo, no procede revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento, en virtud de que en el caso, la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, por lo que la reposición de mérito resultaría enteramente ociosa y atentatoria del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, pues una vez repuesto el procedimiento, de nueva cuenta habría de sobreseerse en el juicio. Por otro lado, resultan inoperantes los agravios expuestos por el inconforme, en el sentido de que no se analizaron los conceptos de violación que hizo valer, consistentes en: a) Lo sentenciaron por el delito de violación equiparada previsto en el artículo 266, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, que requiere que sin violencia se realice cópula con persona menor de doce años de edad, sin embargo, de las pruebas que obran en autos, se desprendía que sí existió violencia moral o física, lo cual constituía una causa de exclusión del delito, en términos del artículo 29, fracción II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que podía estudiarse en cualquier etapa del procedimiento, por lo que debía concedérsele el amparo a falta del citado elemento. Las autoridades responsables al omitir aplicar retroactivamente dicho precepto que le es más favorable, violaron sus garantías individuales consagradas en los artículos 1o. y 14, párrafo primero, de la Constitución Federal. b) No debieron declararse extemporáneas sus apelaciones, ya que no tuvo defensor de oficio que lo asesorara. Se estiman inoperantes toda vez que la resolución emitida por el Juez de amparo, impedía cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión controvertida. En efecto, para la emisión de una sentencia jurisdiccional se pueden distinguir dos clases de requisitos, los que sean necesarios para la constitución y desarrollo válido del procedimiento (presupuestos procesales), y los de fondo, indispensables para la obtención de una resolución sustancial. La insatisfacción de un requisito de los de la primera clase no permite a las autoridades a examinar los de la segunda. De este modo, si el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de todas y cada una de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, con el objeto de que no se den soluciones incompletas, se impone concluir, como consecuencia lógica y jurídica, que en los casos en que se considere que existen situaciones que impiden a la autoridad emisora de la resolución pronunciarse sobre la cuestión sustancial de la controversia, por la ausencia de algún presupuesto necesario, entonces no tiene obligación de ocuparse del análisis de los argumentos planteados sobre tal aspecto, pues finalmente no se emitirá una resolución que dirima la controversia. En la especie, el Juez de garantías estimó acreditada una causal de improcedencia, lo que ciertamente constituye un impedimento para analizar la cuestión sustancial planteada en el juicio de amparo, pues la consecuencia legal necesaria, tras haber iniciado el procedimiento, es el dictado de una resolución de sobreseimiento. De esta manera, si la improcedencia se traduce en la ausencia de un presupuesto necesario para el dictado de una sentencia que dirima la cuestión sustancial de la controversia, entonces el Juez de amparo no tenía por qué estudiar las pretensiones fundamentales del quejoso, como tampoco los hechos que constituían su causa de pedir, antes bien, tenía el deber, como lo hizo, de abstenerse de efectuar el análisis correspondiente, pues de lo contrario, implicaría obligarlo a actuar contra la ley. En esas condiciones, contrariamente a lo afirmado por el solicitante de garantías, el Juez de amparo no incumplió con el principio de exhaustividad al no estudiar los planteamientos de fondo esgrimidos en el juicio de amparo, por el contrario, al abstenerse de hacerlo, actuó con estricto apego al principio de legalidad. Es aplicable la jurisprudencia quinientos nueve, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: ‘SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). Así como la jurisprudencia treinta y tres, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintisiete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del tenor literal siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Ahora bien, este órgano colegiado estima fue correcto el señalamiento del Juez de garantías, en el sentido de que por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución dictada por la Sala responsable, el ... se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pero no ocurrió así respecto de los restantes actos, sino que se actualiza la diversa causal que más adelante se precisará. Es infundado el argumento del recurrente relativo a que debía considerarse que el mencionado acto reclamado es uno de los casos de excepción, previstos en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que en cualquier tiempo se podía intentar la acción constitucional, ya que la sentencia en la que se le impusieron nueve años de prisión por el delito de violación, restringía su libertad personal; así se considera, en virtud de que tal acto no restringe su libertad por sí, sino ésta le fue limitada, como el propio solicitante del amparo lo refiere, como consecuencia de la sentencia condenatoria que se le dictó y, por tanto, no se actualizaba ninguna de las excepciones previstas en el citado precepto, por lo que estaba obligado a promover el juicio de garantías, dentro del término referido; en tales condiciones, fue correcto que se haya considerado actualizada la causal de improcedencia mencionada y, por tanto, sobreseído en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia quinientos sesenta y cinco, sostenida por este órgano colegiado, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, del rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, SI EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, respecto a lo argüido por el impetrante del amparo en el sentido de que debió considerarse que el artículo 21 de la ley en cita, establece que dicho término se contará desde que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, debe decirse que dicha hipótesis es aplicable en el caso de que no exista constancia en autos de que se haya notificado al quejoso el acto combatido, lo que no aconteció en la especie, ya que como se apuntó con antelación, en autos aparece copia de la notificación que se le hizo de la resolución de ... el ... por lo que fue correcto que ésta se tomara en consideración para efectuar el cómputo respectivo. Por otra parte, es inatendible lo que aduce el recurrente en el sentido de que le proporcionaron el expediente un día antes de que la ... Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictara su resolución ... a pesar de haberlo solicitado un mes antes, por lo que carecía de medios para su defensa; y una vez que recibió la copia que solicitó (más de mil fojas), preparó su demanda de amparo, la cual terminó el ... del mismo año, sin embargo, no había quién la presentara; porque en autos no existe constancia alguna que pruebe tales afirmaciones. Aquí cabe mencionar que en la sentencia recurrida se estimó que el consentimiento de la resolución de ... del año inmediato anterior, dictado por la Sala responsable, daba como consecuencia el de los actos reclamados al Juez responsable consistentes en la resolución incidental pronunciada el ... del año próximo pasado, en la que efectuó la adecuación de las penas impuestas al aquí recurrente, por la entrada en vigor del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y el acuerdo de ... del año en mención, en el que se declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la mencionada determinación incidental, criterio que no es correcto, toda vez que tales actos si bien guardan relación con la resolución incidental dictada por la Sala responsable, los mismos son autónomos e independientes, por lo que debió efectuar el análisis de cada uno de ellos a fin de determinar si se actualizaba la causal de improcedencia invocada con antelación o una diversa y no concluir que se producía por vía de consecuencia, porque dicho razonamiento no encuentra sustento alguno. En tales condiciones, toda vez que de conformidad con lo dispuesto el artículo 73 in fine y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, este Tribunal Colegiado estima que respecto de los actos reclamados al Juez responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente a la invocada por el Juez de garantías. En efecto, la resolución incidental pronunciada el ... inmediato anterior, en la que se efectuó la adecuación de las penas impuestas al solicitante del amparo, por la entrada en vigor del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, no cumple con el principio de definitividad, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por tratarse de la resolución dictada en un incidente no especificado, procedía en su contra el recurso de apelación, en virtud del cual podía ser modificado, revocado o nulificado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia cuatrocientos cuarenta y siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, parte SCJN, que a la letra dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS.’ (se transcribe). Y contra el acuerdo de veinticinco de agosto del año en cita, en el que se declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la determinación antes referida, el quejoso interpuso el de denegada apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala responsable, quien mediante resolución dictada el ... del año en cita, lo resolvió declarando inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación referido; de lo anterior se advierte que el acuerdo mencionado en primer término, fue legalmente sustituido por la resolución de segunda instancia, por lo que en su contra no procedía el juicio de garantías. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia treinta y uno, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, que a la letra dice: ‘AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.’ (se transcribe). En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia doscientos treinta y cuatro, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento noventa y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En tales condiciones, por distintas razones a las aludidas por el a quo, se confirma la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de amparo promovido por ... respecto de los actos que reclamó de la ... Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y Juez ... ambos del Distrito Federal; y en consecuencia, por cuanto hace al acto de ejecución del director general de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta sentencia, por no haberse combatido por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia quinientos dieciséis, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y nueve, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que a la letra dice: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
El Tribunal Colegiado de referencia, similares consideraciones sostuvo al resolver los amparos en revisión penales números 482/2006, 1092/2006, 1552/2006 y 90/2007.
Dichos asuntos, originaron la emisión de la jurisprudencia número J/29/9a., pendiente de publicación, que es del tenor siguiente:
"INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE ADECUACIÓN DE PENAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO SI NO SE CUMPLIÓ CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 418, fracción V y 545 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es procedente el recurso de apelación en contra de las interlocutorias que se dicten en los incidentes no especificados; por lo cual, si no se agota dicho recurso contra la resolución dictada en el incidente relativo a la adecuación de las penas por la entrada en vigor del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal antes de intentar la vía constitucional, es evidente la improcedencia del juicio de garantías que se promueve contra tal resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues a través del medio de impugnación que la ley concede se puede modificar, revocar o nulificar lo resuelto en dicho incidente."
B) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de febrero de dos mil seis, la revisión penal 314/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los agravios, por las siguientes consideraciones. La Juez de Distrito, en el auto recurrido, desechó la demanda de amparo por considerar que previo al juicio de garantías, la quejosa debió hacer valer el recurso de apelación previsto en los artículos 418, fracción V y 545 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; por lo que al no agotar el principio de definitividad el juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Contra lo así considerado, la recurrente sostiene que la resolución dictada en el incidente no especificado de traslación de tipo y adecuación de la pena, afecta su libertad personal, motivo por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad; y, en consecuencia, no es necesario que agote previamente los recursos ordinarios para acudir al juicio de garantías. Asiste razón a la inconforme. De la lectura de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Juez Décimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en el incidente no especificado de traslación de tipo y adecuación de la pena. Ahora bien, cuando se ha solicitado por el reo, la adecuación del tipo y de la pena, en virtud de que un nuevo código prevé el mismo tipo con una pena más benéfica, la resolución que al efecto emita la autoridad correspondiente, constituye sin lugar a dudas una posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión que le fue impuesta por la autoridad judicial; por tanto, lo determinado en ésta, permite establecer que dicho acto afecta la libertad del quejoso, pues a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la resolución de que se trata. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala, en diversos criterios: (‘LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA, AUN CUANDO ANTES NO SE HAYA HECHO VALER RECURSO ORDINARIO.’, ‘PENAS, CAMBIO DE LAS, POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.’), han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal, o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 28/2004-PS, tesis 1a./J. 74/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, visible en la página 137, que a la letra dice: ‘INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL. PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.’ (se transcribe). En esas condiciones, al constituir la resolución dictada en un incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena, un acto que afecta la libertad personal del individuo, es incuestionable que dicho supuesto se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado por la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, debido a lo cual, no es necesario que se agoten, previamente a acudir al juicio de amparo, los recursos ordinarios previstos en la ley; ello se estima así, porque cualquier acto relacionado a la restricción o privación de la libertad personal se traduce en una lesión cierta e inmediata a ese derecho que tutela la Constitución General de la República, y dicha afectación no puede ser modificada, revocada o nulificada, ni siquiera a través del dictado de una sentencia favorable; por tanto, atendiendo a la afectación a un derecho sustantivo y que esa afectación es de imposible reparación, ello es suficiente para considerar que en contra de la resolución dictada en un incidente no especificado en el que se solicitó la traslación del tipo y la adecuación de la pena, promovido por la sentenciada con el fin de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por ser un acto dictado fuera de juicio, por afectar directamente la libertad que tutela la Constitución, a través de las garantías individuales, procede en su contra el juicio de amparo indirecto de acuerdo a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, y toda vez que en el caso no se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, invocada por la Juez de Distrito, se impone revocar el auto desechatorio recurrido."
El criterio transcrito, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, enero de 2007
"Tesis: I.4o.P.37 P
"Página: 2255
"INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. SU RESOLUCIÓN CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2004, visible en la página 137, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.’, sostuvo que la resolución dictada en el incidente citado constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues a partir de ese momento se encontrará restringida no sólo por virtud de la sentencia que lo condenó, sino también por la resolución incidental; por tanto, si se impugna la resolución dictada en el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena de prisión a través del juicio de amparo indirecto se actualiza un caso de excepción al principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, por lo que es innecesario agotar, previamente, los recursos ordinarios previstos en la ley, por tratarse de un acto de imposible reparación.
"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Amparo en revisión (improcedencia) 314/2006. 28 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Andrés Ortiz Cruz. Secretaria: Rosa Lilia Villalobos Gómez."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que, por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
a) En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, se deben o no agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de la determinación que resuelve un incidente de traslación del tipo y adecuación de las penas, señalado como acto reclamado; siendo que al respecto los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios discrepantes:
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis que emitió y que es en donde se ve reflejado su criterio, consideró que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 418, fracción V y 545 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es procedente el recurso de apelación en contra de las interlocutorias que se dicten en los incidentes no especificados.
Dicho Tribunal Colegiado concluye, que si no se agota dicho recurso contra la resolución dictada en el incidente relativo a la adecuación de las penas por la entrada en vigor del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal antes de intentar la vía constitucional, es evidente la improcedencia del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20663-34179bb0/incidente-de-traslacion-del-tipo-y-adecuacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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