AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciantes, se encuentran facultados para tal efecto.
TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:
a) Amparo en revisión penal número 90/2007, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
De este asunto, vale la pena mencionar los antecedentes que a continuación se indican:
1. Desahogada la declaración preparatoria de los presuntos responsables, el veintiuno de julio de dos mil seis, el Juez primario decretó la libertad de los inculpados por falta de elementos para procesar, por incomprobación de su probable responsabilidad penal, en la comisión del delito de robo calificado.
2. Inconforme con esa determinación, el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento de la causa penal, interpuso recurso de apelación, el cual fue materia de estudio de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
3. Seguidos los trámites legales correspondientes, la Cuarta Sala Penal dictó resolución el veinte de septiembre de dos mil seis, en el sentido de revocar el auto de veintiuno de julio de dos mil seis, por haberse acreditado en los términos del fallo instancial los elementos constitutivos del cuerpo del delito de robo calificado, así como la culpabilidad de los indiciados en su comisión. Por lo que decretó la formal prisión.
4. En contra de lo anterior, uno de los presuntos interpuso demanda de amparo indirecto. El Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, y determinó que la Sala responsable dejara sin efectos la ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil seis, y en su lugar emitiera otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la resolución de garantías, determinara que no se acreditaba la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito de robo calificado que se le imputó, y precisó que la conducta del quejoso, en todo caso, podría dar lugar a que se encuadre en otro tipo diverso a aquel por el cual se le dictó la resolución combatida.
5. Finalmente, el quejoso, no estando de acuerdo con el sentido de la sentencia protectora, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien determinó lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. ... Por otra parte, es fundado el agravio consistente en que ... la determinación del Juez de Distrito de dejar a la autoridad responsable en libertad de dictar un nuevo auto, sugiriéndole que el suscrito pudo haber cometido un delito diverso, da lugar a que dicha autoridad pueda volver a dictar, en mi contra, nuevamente la formal prisión por un delito diverso. ...
"Efectivamente, de la lectura del considerando tercero de la resolución recurrida y lo concluido en el resolutivo único de ese fallo, este tribunal revisor advierte que se hace evidente una incongruencia interna que incide en los efectos que dio el a quo al otorgamiento del amparo a favor del ahora recurrente, que precisamente lo constituyó para que dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otro en el cual tuviera por no demostrada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito de ROBO CALIFICADO, pudiendo en el cumplimiento que se diera al mismo, reclasificar la conducta del quejoso a otro tipo penal diverso, aspecto que tendrá que ser reparado de oficio en esta ejecutoria, como a continuación se precisará:
"La entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las sentencias que dictan tanto los órganos jurisdiccionales como los de control constitucional al resolver una controversia sometida a su potestad, deben necesariamente atender al principio de congruencia, que significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, como así se desprende del contenido de la jurisprudencia cuyos rubro y texto son:
"‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO.’ (se transcribe).
"En ese tenor, necesariamente debe existir una relación estrecha entre los elementos que conforman estructuralmente las sentencias, de tal modo que, los puntos resolutivos de una resolución son el resultado de las consideraciones jurídicas que los determinan y sirven para interpretarlos, de acuerdo con el principio de congruencia interna que rige a esas resoluciones, de ahí que no puede tenerse por sentencia una parte de la misma, como lo es la resolutiva, sin previa la relación de hechos que aparezcan en el proceso y los fundamentos legales de la determinación.
"Cobra aplicación la tesis establecida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes:
"‘SENTENCIAS. RELACIÓN ÍNTIMA DE SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe).
"Bajo esa perspectiva, el Juez de Distrito al resolver la controversia sometida a su potestad en el juicio de amparo que ahora se revisa, consideró en esencia que procedía otorgar la protección constitucional para que la autoridad responsable (Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal) ... deje sin efectos la ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil seis, dictada en el toca de apelación ... y en su lugar emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia, determine que no se acredita la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la comisión del ilícito de robo calificado que se le imputa; pudiendo decirse que si acaso el quejoso incurrió en algún ilícito, al utilizar un vehículo robado sin estar acreditada su participación, ello en todo caso pudiera dar lugar a que la conducta del mismo encuadrara en otro tipo diverso a aquel por el cual se le dictó la resolución por esta vía combatida ... y apoyó esa conclusión en la tesis aislada, establecida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, cuyo rubro establece: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA CONCESIÓN DEL AMPARO NO IMPIDE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, CON BASE EN LAS PRUEBAS EXISTENTES Y APRECIANDO LOS MISMOS HECHOS, RECLASIFICAR LA CONDUCTA DEL INDICIADO EN UN DIVERSO TIPO PENAL.’, esto es, la conclusión a la que arribó el a quo, para el otorgamiento de la protección constitucional, fue para que la autoridad responsable con base en las pruebas existentes y apreciando los mismos hechos pueda reclasificar la conducta del quejoso al utilizar un vehículo robado sin estar acreditada su participación en el robo.
"Lo resuelto por el Juez de Distrito y lo sustentado en el tercer considerando del fallo impugnado en esta vía, es lo que precisamente pone de manifiesto una incongruencia interna que deberá ser reparada de oficio por este tribunal revisor tal como lo ha establecido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 133/99, con el rubro y texto siguientes:
"‘SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.’ (se transcribe).
"Resulta claro que si el juzgador de amparo advirtió que la Sala responsable violó los derechos subjetivos públicos del justiciable, al haber dejado de observar que existía insuficiencia probatoria para demostrar la probable responsabilidad de ... en la comisión del ilícito de ROBO CALIFICADO, también es evidente que la consecuencia legal era precisamente el otorgamiento de la protección constitucional, pero no con el alcance expuesto por el a quo.
"En efecto, el juzgador de amparo no debió otorgar el amparo y la protección de la justicia de la Unión para efectos, sino que la concesión del amparo debió haber sido en forma lisa y llana.
"Lo anterior es así, dado que no puede ser congruente que si en la especie el Juez de amparo advirtió que existía una insuficiencia probatoria respecto de la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, entonces tuviera que resolver de la manera indicada, esto es, para que ... si acaso el quejoso incurrió en algún ilícito, al utilizar un vehículo robado sin estar acreditada su participación, ello en todo caso pudiera dar lugar a que la conducta del mismo encuadrara en otro tipo diverso a aquel por el cual se le dictó la resolución por esta vía combatida ... pues el proceder del a quo, no encuentra sustento en ninguna norma y, por el contrario, quebranta el principio de tutela a favor del gobernado cuando se lesionan las garantías individuales, que es precisamente restituir en el goce de esas garantías al justiciable, como así lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, sin que le esté permitido afectar o agravar la situación que prevalecía al momento de cometerse la violación a los derechos subjetivos públicos, pues la manera en como resolvió el a quo, desnaturalizó la vía del juicio de amparo, como un medio de control constitucional consagrado en la Carta Magna para combatir los actos de autoridad que violan las garantías individuales de los gobernados.
"Ciertamente, de acuerdo a la naturaleza propia del juicio de amparo, establecida en la Constitución General de la República, al estudiar un acto de autoridad, si éste resulta lesivo a los derechos subjetivos públicos del gobernado, se deberá restituir al justiciable en el goce de la garantía individual violada, sin que esté permitido agravar, afectar o alterar la situación jurídica que prevalecía hasta antes de la violación cometida.
"Bajo ese esquema, resulta claro que si bien el artículo 19 del Pacto Federal, establece un principio en materia penal consistente en que el auto de formal prisión establecerá el delito o delitos por los que habrá de seguirse el proceso y con base a dicha determinación, el procesado tendrá que establecer su defensa, también lo es que el artículo 304 Bis A del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, faculta a los Jueces naturales para que al dictar un auto de formal prisión o sujeción a proceso se pronuncie en torno al delito que aparezca comprobado, tomando en cuenta sólo los hechos materia de consignación y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondiente aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores, pues así se desprende del contenido de ese precepto que establece:
"‘Artículo 304 Bis A. El auto de formal prisión o el auto de sujeción a proceso se dictarán por el delito que realmente aparezca comprobado, tomando en cuenta sólo los hechos materia de consignación, y considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad correspondientes aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores.’
"Sin embargo, el procedimiento penal local permite al Juez de primera instancia determinar con base en los hechos y las pruebas existentes, cuál o cuáles son los delitos que aparezcan comprobados en una causa instruida a un indiciado, entonces esa facultad se traduce en un análisis para determinar la clasificación de esos hechos; a su vez, el tribunal de alzada si existe apelación de las partes en el proceso penal, con base en esos mismos hechos y pruebas, tendrá la facultad de hacer una reclasificación de los mismos, si así lo estima conducente y con base en ello establecer la litis penal a seguir en el procedimiento respectivo.
"En ese tenor, de las constancias de autos se desprende que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO y el Juez natural consideró que se encontraban satisfechos los elementos del cuerpo del delito, no así la probable responsabilidad y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
"Inconforme con esa determinación el Ministerio Público adscrito al juzgado natural, interpuso recurso de apelación y la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consideró que se encontraban satisfechos los elementos del cuerpo del delito de ROBO CALIFICADO, así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión.
"De esta guisa se desprende que, con independencia del delito que estimó acreditado el Ministerio Público al ejercer acción penal que lo fue el de ROBO CALIFICADO, lo cierto es que el Juez en observancia a lo establecido en el artículo 304 Bis A del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al resolver la situación jurídica del inculpado agotó lo establecido en dicho precepto, en tanto que clasificó y consideró comprobado -el delito de robo-, al igual que la Sala que estimó correcta la demostración del cuerpo del delito apuntado; de lo que se establece que no es factible realizar una reclasificación en el caso, de modo que pudiera evaluarse y, en su caso, dictarse formal prisión por delitos diferentes a los que ya existió un examen determinado.
"Lo anterior es así, porque esa reclasificación debe ejercerse precisamente al dictar el auto de plazo constitucional, de modo que una vez pronunciado y escogido el delito por parte del juzgador natural -señalado en la consignación o el elegido por el juzgador- ya se colmó la facultad que otorga el numeral descrito en el párrafo que antecede y no puede volver a ocuparse del tema, ni aun en resoluciones posteriores que se deban emitir en sustitución de la esa primera decisión, como ocurre en la especie, cuando la anulación descansa en la incomprobación de la probable responsabilidad del impetrante de garantías, en donde se devuelve jurisdicción para que emita una nueva resolución dentro de ese plazo constitucional, porque bien o mal esa facultad ya se ejerció; por tanto, el otorgamiento de la protección constitucional no puede tener los efectos de otorgar plenitud de jurisdicción, para que el Juez natural reclasifique los hechos respecto de los cuales ya se pronunció.
"En esa tesitura, la autoridad responsable con motivo del otorgamiento del amparo por incomprobación de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, debe ceñir su actuación como lo establece el artículo 36 del código adjetivo local, en donde se describen las reglas a seguir cuando se dicta un auto de libertad por falta de elementos para procesar, como así lo dispone el precepto en comento:
"‘Artículo 36. Cuando se haya negado la orden de aprehensión o de comparecencia, o dictado el auto de libertad por falta de elementos para procesar, por considerar que no están reunidos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132 y 133 de este código, el Juez Penal deberá señalar aquellos requisitos que a su juicio no se encuentren satisfechos, fundando y motivando su resolución y el Ministerio Público, practicará las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación previa correspondiente ...’
"En esa virtud, el Ministerio Público tendrá el deber jurídico de determinar lo que conforme a derecho proceda respecto de la averiguación previa que originó la causa penal ... podrá realizar aquellas diligencias necesarias y determinar quién o quiénes son los probables responsables del ilícito materia de la causa, o en su caso ejercer acción penal por la comisión de diverso ilícito, pero ello con independencia de los hechos que previamente ya clasificó y determinó el Juez natural.
"Bajo esa perspectiva, el adecuado proceder del Juez de Distrito era precisamente que si advirtió que el acto de autoridad violó las garantías individuales del justiciable, otorgara el amparo liso y llano y no para efectos como así lo hizo.
"Ahora bien, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que no es aplicable y, por tanto, no se comparte el criterio contenido en la tesis aislada I.7o.P.82 P, establecida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, la cual citó el a quo como apoyo a su consideración, cuyos rubro y texto son:
"‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA CONCESIÓN DEL AMPARO NO IMPIDE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, CON BASE EN LAS PRUEBAS EXISTENTES Y APRECIANDO LOS MISMOS HECHOS, RECLASIFICAR LA CONDUCTA DEL INDICIADO EN UN DIVERSO TIPO PENAL.’ (se transcribe).
"En efecto, si bien la tesis en cita interpreta el contenido del artículo 434 Bis del Código de Justicia Militar, en el cual se establece que todo proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y que el juzgador natural con motivo de la concesión de un amparo en contra del auto de formal prisión, pueda clasificar el delito al resolver el auto de plazo constitucional, lo cierto es también que en la presente ejecutoria el artículo 304 Bis A del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que se cita, contempla similar situación respecto al procedimiento penal en el fuero común, en cuanto que se puede clasificar el delito o delitos que aparezcan comprobados al resolver el término constitucional.
"Sin embargo, se considera que como es una tesis aislada, de ningún modo, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está obligado a acatar, pues no se comparte por dos motivos:
"1. Porque otorgar libertad de jurisdicción para que se reclasifique el delito, atenta contra la naturaleza restitutoria de las garantías individuales de la sentencia de amparo, contemplada en el artículo 80 de la ley de la materia; y,
"2. Con motivo de la concesión de un amparo cuando se reclama el auto de formal prisión, por incomprobación de la probable responsabilidad, el juzgador natural no tiene facultades para clasificar de nueva cuenta el delito del cual ya escogió y se pronunció respecto a su comprobación, pues ya no puede volver a ocuparse de ese tema, porque esa clasificación se agotó al momento de resolver el auto de plazo constitucional, incluso ni con motivo del otorgamiento de la protección constitucional, en donde tenga que dictar otra resolución posterior en sustitución de la primera decisión.
"En esa virtud, ante lo inoperante en una parte y fundados en otra, procede MODIFICAR la resolución recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ..."
b) En el amparo en revisión número RP. 657/2006, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, destacan los antecedentes que a continuación se detallan:
1. En el mes de septiembre de dos mil cinco, personal de la Fuerza Aérea mexicana, efectuaba un vuelo de reconocimiento en la jurisdicción militar del Estado de Sinaloa, con el objeto de localizar plantíos de enervantes, logrando detectar tres plantíos de marihuana y una pista de aterrizaje. Al realizar el reporte correspondiente de los hallazgos, un teniente de Infantería intentó persuadir a sus compañeros, con la finalidad de que informaran resultados negativos, bajo el argumento de que conocía a la gente del plantío.
2. Por lo anterior, el agente del Ministerio Público, adscrito a la Sección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia Militar, ejercitó acción penal en contra de dos tenientes de Infantería, por considerarlos probables responsables del delito contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera en el fomento para posibilitar la siembra, cosecha y cultivo de marihuana.
3. Una vez desahogada la etapa de averiguación previa, el Juez primario militar, el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, emitió auto de formal prisión en contra de los tenientes de Infantería, como probables responsables en la comisión del ilícito indicado.
4. Inconforme con ese auto, uno de los procesados interpuso juicio de amparo indirecto en el que el juzgador federal determinó conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez a quo, emitiera a favor del quejoso el auto de libertad por falta de méritos, ya que el material probatorio que constó en la causa penal, no fue suficiente para acreditar el elemento objetivo de la conducta exigida por el tipo.
5. El agente del Ministerio Público Federal, no conforme con el sentido del fallo protector, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y en ese asunto se sustentaron las consideraciones que a continuación se transcriben:
"NOVENO. Los agravios de la agente del Ministerio Público de la Federación, son infundados.
"En efecto, el a quo al emitir la resolución recurrida, correctamente consideró que no se reunían los requisitos exigidos para emitir auto de formal prisión, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 19 constitucional. Lo anterior lo consideró así, toda vez que la responsable al tener por acreditado el cuerpo del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE COLABORAR DE CUALQUIER MANERA EN EL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE MARIHUANA, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción III, en relación al 196, fracción I, ambos del Código Penal Federal, había infringido los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de las pruebas, contenidos en el capítulo XVII del Código de Justicia Militar, pues las existentes en la causa penal, no fueron aptas ni suficientes para comprobar plenamente en términos del numeral 454 del ordenamiento marcial referido, el elemento objetivo del tipo penal de referencia, es decir, el acto específico de colaboración, para fomentar la posibilidad de la ejecución de un delito o delitos contra la salud, en las modalidades de siembra, cosecha y cultivo de marihuana. Ciertamente, el Juez de amparo estimó que la autoridad responsable había considerado los testimonios del teniente y subteniente de la Fuerza Aérea, pilotos aviadores ... quienes fueron contestes en referir que el ... al realizar el vuelo de reconocimiento en el área ... en el que obtuvieron resultados positivos de tres plantíos de marihuana en las coordenadas ... así como una pista de aterrizaje en la coordenada ... y que el quejoso ... les insistió reportar resultados negativos en virtud de que, les dijo: ‘que conocía a la gente del plantío y esa gente a su familia y que lo tenían comprado y que en una anterior ocasión había ido a ese punto y que lo habían comprado para no destruir plantíos en ese mismo punto’; sin embargo, con las mismas declaraciones no se acreditó tal elemento típico, consistente en ‘colaborar de cualquier manera para el fomento’.
"Lo narrado se estima correcto, tomando en cuenta que el delito en cuestión es de los llamados de ‘resultado anticipado’ en los que, para su integración no se requiere que los actos lleguen hasta obtener la totalidad del fin deseado, sino que basta la simple conducta encaminada a ese fin para la actualización del tipo, en el caso, los actos de colaboración tendentes a crear un panorama delictivo propicio para la realización de otros delitos, que aun cuando se prevé que sean contra la salud pueden ser indeterminados en su número, condiciones y circunstancias particulares de ejecución, con independencia además de que puedan llegar o no a consumarse, o quedar en grado de tentativa o incluso sin actos de exteriorización específica; no obstante ello, para su actualización, es necesario comprobar plenamente la existencia de una conducta exteriorizada que represente el acto específico de colaboración por parte del activo, para fomentar la posibilidad de ejecución de un delito o delitos contra la salud, en los casos de siembra, cosecha y cultivo de marihuana; por lo que, puede concluirse que el actuar del a quo fue acertado, al considerar que aun cuando obraron los testimonios citados con antelación, éstos fueron ineficaces para tal fin, al no desprenderse de sus atestos elemento alguno para considerar actualizada la conducta típica.
"En apoyo a lo anterior, se reitera la citación de la tesis II.2o.P.101 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que este resolutor comparte, visible en la página 911, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes:
"‘COLABORACIÓN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, NATURALEZA Y REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE (ARTÍCULO 194, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).’ (se transcribe).
"En tales condiciones, si bien la representación social adscrita al Juzgado de Distrito insiste en que se encuentra acreditado el cuerpo del delito atribuido al quejoso y su probable responsabilidad en su comisión, dicha consideración, se reitera, deviene infundada; máxime que los testimonios del capitán segundo de infantería ... del sargento segundo de sanidad ... del sargento segundo dibujante ... del cabo de transmisiones ... de los soldados de infantería ... y del cabo de sanidad ... así como las documentales públicas, la presuncional y la instrumental de actuaciones, sólo conllevaron a determinar que se localizaron y destruyeron una pista clandestina y dos plantíos de marihuana, en la región de Aconchí, Sonora, sin aportar mayores elementos de convicción para establecer la conducta típica del indiciado.
"Por último, en cuanto a la apreciación realizada por el recurrente, respecto a que al material probatorio existente se adminiculó lo manifestado por el propio quejoso, quien expuso: ‘... que conocía a la gente del plantío y esa gente a su familia y que en una ocasión anterior había ido a ese punto y que lo habían comprado para no destruir plantíos y que les había dado cinco días para cosechar ...’ la misma resulta errónea, pues ésta formó parte de los testimonios del teniente y subteniente de la Fuerza Aérea, pilotos aviadores ... los que han sido analizados, y no, una narración expresa de hechos por parte del peticionario de garantías ante autoridad competente, como el órgano técnico lo expone, ya que de autos se observa que el aludido indiciado negó los hechos atribuidos al rendir su declaración preparatoria ante el Juez instructor (fojas 523 y 524, anexo 3).
"Por todo lo anterior, resultan inaplicables para los fines que pretende las tesis de rubros: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO REQUIERE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE PRUEBAS.’; ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, REQUISITOS DE FORMA Y FONDO DEL.’ y ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO DE LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS SE DESPRENDE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA, EL MISMO NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS.’
"También resulta infundado, el agravio que hace valer la recurrente, sintetizado con el inciso b) en el considerando que antecede, en el sentido de que el Juez de amparo omite considerar, que el hecho de haber solicitado a los pilotos rindieran su informe en sentido negativo, era suficiente para tener por acreditada la intención del activo de cometer el ilícito que se le atribuye, pues al hacerlo permitió a los dueños de los plantíos pudieran cosechar el referido estupefaciente sin que ninguna autoridad los molestara, situación ésta que fue robustecida al haber realizado dicha petición en la coordenada ... donde se localizaron cuatro secaderos con novecientos kilogramos de ese vegetal.
"En efecto, es infundado, puesto que además de todo lo narrado con antelación, debemos atender que el tipo penal en la hipótesis establecida por la responsable, requiere una conducta que como verbo núcleo contiene la acción de ‘colaborar’, que significa trabajar (de cualquier forma) con otra u otras personas en la realización de una obra y, como complemento, el vocablo ‘fomento’, que significa la acción de administrar, consistente en promover, generalmente mediante incentivos económicos, que los particulares realicen por sí mismos actividades de utilidad general.
"Así, para la integración del cuerpo del delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE COLABORAR DE CUALQUIER MANERA EN EL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE MARIHUANA, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción III, en relación al 196, fracción I, ambos del Código Penal Federal, conforme a la amplitud de su descripción típica, era necesario por una parte comprobar la existencia de esa conducta exteriorizada que represente el acto específico de colaboración por parte del activo, es decir, la responsable debió acreditar plenamente cuál fue la acción concreta y específica desplegada por el indiciado a través de la cual prestó ayuda junto con otras personas por cualquier forma y, por la otra, que con base en ésta fomentar para posibilitar la ejecución de un delito o delitos contra la salud, en el caso los de siembra, cosecha y cultivo de marihuana, los cuales, si bien, como se ha expuesto, tampoco es necesario qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20735-ad1a7450/auto-de-formal-prision-en-la-sentencia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAV (CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2007-PS)
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO ( (CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2007-PS)
- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS. EL TÉRMINO DE SEIS MESES CONTENIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2007-PS)
- RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. CUANDO SE INTERPONE EN CONTRA DE UN AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE ACTÚA FUERA DE SU COMPETENCIA ORDINARIA, EN FUNCIÓN DE LA URGENC (CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2007-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. (2284)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis