INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal, cuya materia es competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2110/2006, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, precisó:
"SEXTO. Por otro lado, en suplencia de la queja en términos del artículo 76 Bis fracción II de la Ley de Amparo, respecto a las sanciones impuestas al aquí quejoso ... respecto al tipo básico de robo cuatro años nueve meses de prisión y cuatrocientos veinticinco días de multa, equivalentes a $19,227.00 (diecinueve mil doscientos veintisiete pesos), incrementándose con dos años seis meses de cárcel respecto a la calificativa de cometerse en contra de transeúnte, así como dos años seis meses de pena privativa de libertad, por la agravante de violencia moral, y dos años cuatro meses quince días de prisión y doscientos doce días multa, que equivalen a $9,590.88 (nueve mil quinientos noventa pesos con ochenta y ocho centavos) por la diversa de pandilla, para hacer un total de doce años un mes quince días de prisión y seiscientos treinta y siete días multa, equivalentes a $28,817.88 (veintiocho mil ochocientos diecisiete pesos con ochenta y ocho centavos), a razón de $45.24 (cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos), que era el salario mínimo general vigente en la época y lugar de los hechos; este órgano de control constitucional considera que la Sala responsable al momento de realizar la individualización de la pena, hace una incorrecta aplicación del arbitrio judicial que le conceden los preceptos 71 y 72 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, en cuanto al grado de culpabilidad asignado al sentenciado, como enseguida se colige. En efecto, para la individualización de la pena, la Sala responsable tomó en consideración las circunstancias exteriores de ejecución del delito cometido; además de que la naturaleza de la acción desplegada por el sentenciado ... fue dolosa, esto es, conociendo las circunstancias del hecho típico quiso el resultado prohibido por la ley; que la magnitud del daño causado fue de mediana entidad, toda vez que el objeto del apoderamiento ilícito fue recuperado parcialmente; también refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos; y que entre el aquí quejoso y sus coacusados no existe vínculo de ninguna especie; así como las circunstancias peculiares de dicho sentenciado, al momento de los hechos, quien dijo ser de veintidós años de edad, estado civil unión libre, originario del Estado de Veracruz, ocupación comerciante, instrucción escolar secundaria, con ingresos de quinientos pesos semanales, que tiene dos dependientes económicos, que no pertenece a ningún grupo indígena, que no tiene apodo, que no ingiere bebidas embriagantes, que no consume psicotrópicos, que no fuma cigarro comercial, que sí ha estado detenido anteriormente, esto, ante el Juez Décimo Séptimo Penal en el Distrito Federal, quien lo sentenció el diez de julio de dos mil dos, en la causa penal ..., por la comisión del delito de lesiones en pandilla, imponiéndole las penas de cinco años, veintidós días de prisión y multa de mil doscientos pesos, misma que fue confirmada por la Tercera Sala Penal para el Distrito Federal el quince de octubre de dos mil dos, y del estudio de personalidad se le determinó al sentenciado una capacidad criminal media, adaptabilidad social baja e índice de estado peligroso medio. Así, en base a lo anterior, la Sala responsable concluyó un grado de culpabilidad del sentenciada (sic) ‘mayor que la mínima menor que la media más cercana a la primera 1/8’, circunstancia que resulta incorrecta, toda vez que para determinar el grado de culpabilidad del acusado, no se debe tomar en consideración su comportamiento anterior ni el estudio de personalidad. Para arribar a tal aserto, es importante transcribir los numerales 71 y 72 aludidos, que a la letra dicen: ‘Artículo 71. En los casos en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres meses. ...’. ‘Artículo 72. El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta: I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla; II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.’ (sic). En los preceptos legales transcritos, se establecen reglas específicas que el juzgador habrá de tomar en cuenta para llevar a cabo la individualización de la pena, con el propósito de que ésta resulte justa, mediante el prudente ejercicio del arbitrio judicial, conforme al cual se aplica la sanción establecida para cada delito, teniendo en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla, la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que éste fue colocado, las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado, la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido, la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido, las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso particular; esa facultad la aplica el juzgador con base en los límites mínimo y máximo de las sanciones, que sirven para fijar un parámetro lógico que determine el grado de culpabilidad del sujeto activo. Sin embargo, para efectos de la individualización de la pena y fijar el grado de culpabilidad del sentenciado, en términos del artículo 72 citado, que establece las reglas para imponer las penas y medidas de seguridad, no se señala como requisito que deba de tomarse en cuenta la conducta anterior del activo o alguna otra hipótesis equiparable ni el estudio de personalidad, en las cuales pudieran ubicarse los antecedentes penales o los ingresos anteriores a prisión o bien para considerarlo como delincuente no primario. En efecto, no obstante que el numeral en comento haga referencia a las circunstancias especiales o personales del activo, esto no es suficiente para tomar en consideración su comportamiento anterior al hecho materia de la condena ni el estudio de personalidad. Lo anterior es así, siendo que la labor de la individualización judicial de las sanciones aplicables, consiste en un razonamiento lógico-jurídico tendente a justificar el porqué la autoridad jurisdiccional se inclina a establecer, en su caso, determinado grado de culpabilidad del agente; siendo éste el resultado de un análisis general y previa confrontación entre aquellos factores que beneficien al reo y los que le perjudican, relacionados exclusivamente con el hecho ilícito cometido. Por consiguiente, bastará con hacer mención de los aspectos que sobresalen de cada caso en particular. Como corolario a lo expuesto, es importante destacar que la obligación de observar las reglas establecidas en el precepto legal en comento, es con la finalidad de lograr la prevención de conductas delictivas, al ser una de las formas que asegura la convivencia de las personas en sociedad, y así cumplir con la prevención especial a que alude dicho numeral, que deriva de la pena a un caso concreto para evitar la posterior comisión de delitos por parte del sentenciado. Es decir, la ejecución de las penas se sustenta en la base de la readaptación social de la persona y no en el castigo en sí, por tanto, la conducta anterior observada al agente del delito, constituye un elemento que el juzgador, con el prudente arbitrio que se le confiere, considera para efectos de otorgar, en su caso, alguno de los beneficios señalados en la ley, necesario para determinar si es factible su reincorporación a la sociedad o la necesidad de que compurgue la pena de prisión. A partir de las reformas al Código Penal local, del primero de febrero del año de mil novecientos noventa y cuatro, la punición se impondrá con base en la determinación del grado de culpabilidad del justiciable; esto es, se abandona el criterio de peligrosidad, por tanto, ya no debe tomarse en consideración la conducta precedente ni el estudio de personalidad, para que se sancione ahora al sujeto activo del delito sólo por el hecho antijurídico que cometió, no por lo que hizo anteriormente, toda vez que se hace hincapié en que estamos desde mil novecientos noventa y cuatro, frente a un código de culpabilidad por el hecho cometido y no de peligrosidad que castiga la conducta de vida o el pasado de un delincuente. En efecto, se propuso fijar nuevos criterios al abordar el análisis de dicho extremo a fin de que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantifique justamente la pena a imponer, de lo que se sigue que se abandona en esos aspectos el criterio de peligrosidad, toda vez que para la imposición de la pena, sólo se ha de castigar al delincuente por lo que ha hecho y no por lo que fue. Por culpabilidad ha de entenderse el conjunto de circunstancias relevantes que sirven para determinar la posibilidad que tuvo el agente del delito de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; de tal manera que el grado de la culpa está en relación directa a la cantidad de pena a imponer. Para ilustrar lo anterior, cabe citar la tesis I.6o.P. 36P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este similar comparte, publicada en la página 1205 del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del siguiente tenor: ‘CULPABILIDAD Y PELIGROSIDAD. SU DIFERENCIA.’ (se transcribe). De lo antes reseñado se puede apreciar, que el espíritu del legislador al sustituir la concepción de la peligrosidad por el de culpabilidad, consistió en que al momento de individualizar la pena, el juzgador tome en cuenta exclusivamente los aspectos objetivos del hecho ilícito cometido por el sentenciado y se abandone la práctica de tomar en consideración los antecedentes penales anteriores para determinar el grado de culpabilidad que revela el justiciable y, con base en ello, imponer las sanciones correspondientes; en síntesis, lo que se pretende con esa reforma es que se sancione al sujeto activo por el hecho antijurídico que cometió, no por lo que hizo anteriormente. En ese orden, para efectos de la individualización de la pena y determinar el grado de culpabilidad, sólo se debe tomar en consideración el hecho delictivo, pero no el comportamiento anterior del sentenciado. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 166/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: ‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). En consecuencia, es inconcuso que en la especie la Sala responsable no cumple debidamente las reglas normativas, al no ponderar debidamente las circunstancias del caso y peculiaridades personales del sentenciado; por tanto, procede conceder el amparo para el efecto de que la Sala responsable, con libertad de jurisdicción, realice nuevamente el estudio de la individualización de la pena para determinar el grado de culpabilidad, sin tomar en consideración los ingresos anteriores a prisión ni el estudio de personalidad del acusado, para así imponer las penas que correspondan, pero sin exceder de las ya impuestas."
Dicho órgano colegiado, sostuvo similar criterio en las resoluciones relativas a los siguientes amparos directos: 1540/2006-I, el veintinueve de junio de dos mil seis; 1970/2006, el trece de julio de dos mil seis; 2120/2006, el treinta de agosto de dos mil seis; 2290/2006, el treinta de agosto de dos mil seis; 100/2007, el treinta de abril de dos mil siete; 117/2007, el dieciséis de mayo de dos mil siete; 122/2007, el treinta y uno de mayo de dos mil siete; 126/2007, el diecisiete de mayo de dos mil siete; 129/2007, el diecisiete de mayo de dos mil siete; 133/2007, el diecisiete de mayo de dos mil siete; 137/2007, el treinta y uno de mayo de dos mil siete; 140/2007, el treinta y uno de mayo de dos mil siete; 147/2007, el treinta y uno de mayo de dos mil siete; 156/2007, el quince de junio de dos mil siete; 160/2007, el quince de junio de dos mil siete; 163/2007, el veintiocho de junio de dos mil siete; 169/2007, el quince de junio de dos mil siete; y, 190/2007, el doce de julio de dos mil siete, respectivamente.
Criterio que se plasmó en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"CULPABILIDAD DEL PROCESADO. ESTUDIO DE PERSONALIDAD NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA GRADUARLA. En armonía con la contradicción de tesis 120/2005-PS resuelta por la Primera Sala, bajo el rubro: ‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO ...’, tampoco el estudio de personalidad debe ser tomado en cuenta, toda vez que ambos reflejan la peligrosidad social del sujeto que delinque. Ante estas circunstancias, la Sala responsable no actúa de conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, al tomar en cuenta el dictamen de personalidad o estudio criminológico practicado a los procesados para determinar su grado de culpabilidad, en la parte en que aporta elementos en relación a la baja, media o alta capacidad de demora, control de impulsos y tolerancia a la frustración, ya que éstos sólo sirven para graduar la peligrosidad del sujeto, mas no el de culpabilidad que como requisito legal el legislador fijó al abordar el análisis de esta última categoría jurídica, a fin de que, con base en la gravedad del hecho ilícito se cuantifique justamente la pena a imponer."
2. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 179/2007, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, precisó:
"QUINTO. La Sala responsable para imponer las penas correspondientes a ... textualmente determinó: ‘VI. Para los efectos de la individualización de la pena a imponer a ... con fundamento en lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y en uso del arbitrio judicial que le confieren a esta Sala los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, son aplicables las sanciones previstas por el párrafo primero del artículo 237 del Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que nos encontramos en presencia del delito de despojo. Asimismo, son de tomarse en consideración las circunstancias exteriores de ejecución del delito y personales de la acusada: ... que se desconoce el estado en que se encontraba al momento de la comisión del delito, puesto que fue detenida con posterioridad a éste, pero se desprende que era normal, al no existir evidencia en contrario ... que el agraviado antes de la comisión del ilícito, había recibido la posesión de la accesoria, en virtud de la diligencia de lanzamiento llevada a cabo en cumplimiento a la resolución emitida por el Juzgado Trigésimo Séptimo de Arrendamiento Inmobiliario, dentro del expediente ..., relativa a la controversia promovida por el afectado ... en contra de ... que el comportamiento posterior de la acusada, con relación al delito cometido, fue la de pretender eludir su responsabilidad en el mismo; que la sentenciada ... dijo ser de 39 treinta y nueve años de edad, originaria del Distrito Federal, soltera, con instrucción carrera técnica, ocupación secretaria, con domicilio en calle ... colonia ... Delegación ... ser hija de ... percibir semanalmente la cantidad de $600.00 seiscientos pesos aproximadamente; no tener dependientes económicos; actividad recreativa predicación; no consumir drogas y enervantes, no ingerir bebidas alcohólicas; no fumar cigarrillo de tabaco comercial; no pertenecer a ningún grupo étnico indígena, entender suficientemente el idioma castellano, desprendiéndose del estudio clínico criminológico que le fue practicado (foja 808 tomo II), que se le asignó una capacidad criminal e índice de estado peligroso medios y adaptabilidad social baja, con un pronóstico desfavorable; del estudio psicológico (fojas 796 y 797 tomo II), que su pronóstico es favorable debido a que sus rasgos de personalidad no representan riesgo alguno para involucrarse con grupos de contaminación criminógena; del estudio pedagógico (fojas 798 a 801 tomo II), que sus capacidades y habilidades de aprendizaje se encuentran en un nivel inferior, con pronóstico intrainstitucional favorable; y del estudio social (fojas 802 a 807 tomo II), que se autodefine poco sociable, con actitud de aceptación, confianza y cooperación; respecto a la concesión de algún beneficio reservado. Datos los anteriores que valorados por esta Sala, permiten apreciar en la enjuiciada un grado de culpabilidad entre la mínima y la media más cercana a la primera, esto es, la resultante del punto intermedio entre la mínima y la equidistante entre la mínima y la media equivalente a un octavo aritmético de pena, que no coincide con la determinada por el Juzgador, quien fue impreciso al establecerla como superior a la mínima. Por tanto, no le asiste la razón a la Ministerio Público, cuando se inconforma con el grado de culpabilidad estimado a la justiciable, y en consecuencia con la penalidad impuesta, al aducir en síntesis entre otras cosas, que el a quo aplicó indebidamente el contenido de los artículos 70, 71 y 72 del nuevo código punitivo, al no hacer un uso correcto de su arbitrio judicial, puesto que ... En consecuencia, se estima justo y equitativo imponerle a la sentenciada ... por la comisión del delito de despojo, una pena de 10 diez meses 3 tres días de prisión y 106 ciento seis días multa, equivalentes a la cantidad de $4,795.44 cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavo (sic) a razón de $45.24 cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos, que de conformidad al numeral 247 del Código Penal para el Distrito Federal, era el salario mínimo vigente en la época de los hechos. La pena privativa de la libertad, la deberá compurgar la enjuiciada en ...’. De la demanda de amparo y de la síntesis de los conceptos de violación se aprecia que el punto nodal de la inconformidad se centra en el hecho de que el tribunal responsable para determinar el grado de culpabilidad de la quejosa, tomó en consideración, entre otros, el estudio en criminología; situación que desde el punto de vista de la inconforme resulta ilegal, por las razones que expuso el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la jurisprudencia que citó en su escrito de demanda. El criterio judicial al que alude la quejosa es el siguiente: Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre de 2006, página 1125, tesis I.10o.P. J/9. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. ‘CULPABILIDAD DEL PROCESADO. ESTUDIO DE PERSONALIDAD NO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA GRADUARLA.’ (se transcribe). Como se puede observar, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito sostiene que para determinar el grado de culpabilidad del acusado no debe tomarse en consideración el estudio de personalidad practicado por la autoridad penitenciaria, pues de ser así, se contravendrían las disposiciones contenidas en el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal -es decir, la legislación sustantiva vigente a partir de noviembre de dos mil dos, exclusivamente para el Distrito Federal-, bajo el argumento de que la información que aporta ese tipo de estudios es conducente sólo para graduar la peligrosidad del sujeto infractor de la ley penal, mas no para fijar su grado de culpabilidad. El Tribunal Colegiado fundó su hipótesis a partir de lo que determinó la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 120/2005-PS. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, mayo de 2006, página 111, tesis 1a./J. 166/2005. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. ‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Como se advierte, la Primera Sala llegó a esa conclusión después de haber analizado las diversas disposiciones contenidas en los artículos 70 a 77 del código sustantivo para el Distrito Federal (vigente a partir de noviembre de dos mil dos), y como consecuencia estableció dos reglas distintas: a) una general para todos los delitos, prevista en los numerales 70 y 72, en la que no se hace referencia expresa a que el juzgador deba tomar en cuenta los antecedentes penales para determinar el grado de culpabilidad y; b) específica, contemplada en el ordinal 77, que así lo prescribe en tratándose de delitos culposos. Enfatizando la Primera Sala que la conclusión a la que arribó tiene como sustento los antecedentes legislativos de las disposiciones legales que analizó, y añadió ‘... puesto que antes de la expedición del actual Código Penal para el Distrito Federal, en esta capital era aplicable el Código Penal Federal, en cuyos artículos 50 y 52 se establecen las circunstancias que deben ser tomadas en consideración al individualizar las penas, legislación que antes del diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, esencialmente atendía al grado de peligrosidad o temibilidad del inculpado, abandonándose esa corriente doctrinaria a partir de la fecha indicada, para adoptarse la figura del reproche de culpabilidad, según se señaló en la exposición de motivos del decreto de referencia, con la finalidad de que con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, se cuantificara justamente la pena a imponer, exponiéndose expresamente que se abandonaba en esos aspectos el criterio de temibilidad o peligrosidad porque si bien era un principio orientador de las medidas cautelares, no debía serlo para la pena, ya que sólo se debía castigar al delincuente por el hecho cometido y no por lo que era o por lo que fuera a hacer.’. No obstante, el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, en su último párrafo dispone que: ‘... Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes.’. Así las cosas, a pesar de las buenas intenciones que motivaron la expedición del código represivo para el Distrito Federal, lo cierto es que esta última disposición contenida en el artículo 72, viene a confirmar que, al igual que en el Código Penal Federal, los criterios para individualizar judicialmente las penas no corresponden en su integridad a un derecho penal de acto, sino a un sistema híbrido en el que cobra importancia los datos reveladores de la personalidad del sujeto infractor para graduar su culpabilidad, tal como se ve a continuación. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, octubre de 2001, página 79, tesis 1a./J. 76/2001. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. ‘CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO, EN TÉRMINOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE 10 DE ENERO DE 1994.’ (se transcribe). En este contexto, resultan infundados los conceptos de violación, pues contrario a lo que sostiene la quejosa, la legislación sustantiva para el Distrito Federal contempla expresamente la obligación que tiene el Juez para requerir los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del infractor de la ley, para la adecuada aplicación de las penas, como son, entre otros, el de criminología. Consecuentemente, este tribunal no comparte el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, pues al existir disposición expresa de la ley, como se ha visto, ello hace improcedente la analogía que pretendió con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 120/2005-PS. En este orden de ideas, se considera legal el que se hubiera impuesto a la quejosa las penas de diez meses tres días de prisión y ciento seis días multa, equivalentes a cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos, tomando en cuenta el salario mínimo vigente a razón de cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos, pues éstas corresponden al grado de culpabilidad que le fue estimado, esto es, entre la mínima y la media más cercana a la primera (equivalente a un 1/8 aritmético de la pena), que es resultado de la individualización que realizó el tribunal responsable entre los parámetros mínimo y máximo que establece el artículo 237 del Código Penal para el Distrito Federal (de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa). Lo anterior, con independencia de que la quejosa sea primodelincuente, ya que esa circunstancia por sí misma no obliga al tribunal responsable a imponerle la pena mínima. Tipo: jurisprudencia en materia penal. Localización: Sexta Época, Apéndice al S.J.F. 1917-2000, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, pág. 182, jurisprudencia, Primera Sala, materia penal, tesis: 246. ‘PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA.’ (se transcribe). ..."
Este órgano colegiado, sostuvo similar criterio en las resoluciones que emitió en los siguientes expedientes: RP. 69/2006, fallado el treinta y uno de enero de dos mil seis; DP. 99/2007, fallado el treinta de abril de dos mil siete; y DP. 101/2007, fallado el treinta de abril de dos mil siete.
CUARTO. Como una cuestión previa debe determinarse si en el caso existe contradicción entre los criterios antes referidos, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
En efecto, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20848-68fd10fe/individualizacion-de-la-pena-tratandose-de-delito-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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