SUSTITUCIÓN DE LA PENA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. AL DICTAR SENTENCIA, EL JUZGADOR PUEDE CONCEDER ALTERNATIVAMENTE DICHOS BENEFICIOS, PARA QUE EL SENTENCIADO OPTE POR UNO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA IMPRESCINDIBLE SUSTITUIR LAS PENAS EN UNA FORMA ESPECÍFICA EN ATENCIÓN A LAS CONDICIONES PERSONALES DEL SUJETO, EN FUNCIÓN DEL FIN PARA EL QUE FUERON IMPUESTAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En el amparo en revisión 290/2005-II, fallado en sesión de veintiocho de febrero de dos mil cinco, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en lo que es materia de la contradicción, sostuvo lo siguiente:
"NOVENO. En relación al análisis de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta mediante una garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos), la quejosa no adujo concepto de violación alguno, por lo que en suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado considera, por una parte, que la Sala responsable correctamente concedió a la peticionaria de garantías el referido beneficio, ya que la citada concesión fue fundada por el ad quem en los artículos 89 y 90 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, además de que se desprende que la quejosa reúne los requisitos exigidos para ese fin en el citado artículo; es decir, es primo delincuente, ya que no cuenta con antecedentes penales; esto es, no ha sido sentenciada por delito doloso perseguible de oficio que haya causado ejecutoria; tampoco la solicitante del amparo ha evidenciado que no cuente con antecedentes personales positivos; y la garantía que se le requirió para el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión impuesta, es decir, la suma de $1,000.00 (mil pesos) es igual a la que exhibió para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Al respecto es aplicable a contrario sensu y en lo conducente la jurisprudencia número 89 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 64 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal de rubro y texto siguientes: ‘CONDENA CONDICIONAL. MONTO DE LA FIANZA.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, en suplencia de la queja no aducida, este Tribunal Colegiado, considera que el ad quem indebidamente le negó a la peticionaria de garantías concederle alguna de las otras alternativas de los beneficios de la sustitución de la pena de prisión impuesta a que hace alusión el artículo 84 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que el argumento que se utilizó para tal efecto, consistente en que: ‘Tomando en cuenta que si bien la pena de prisión impuesta a la sentenciada no excede del quántum fijado por la ley para poder sustituirle dicha pena privativa de libertad; sin embargo, no menos cierto es que se consideró procedente concederle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por tanto, en atención a las condiciones personales de la enjuiciada, se considera que no hay necesidad de sustituir la pena en función del fin para el que fue impuesta’, carece de la debida motivación a la que en términos del artículo 16 constitucional está obligada la autoridad responsable. En efecto, si bien es cierto que los beneficios de la sustitución de la pena de prisión impuesta no son un derecho preestablecido a favor del reo, sino una facultad discrecional del juzgador concederlos o no, también es verdad que la autoridad correspondiente al hacer uso de su arbitrio judicial, debe fundar y motivar debidamente las razones o motivos por los que concede o niega tales beneficios, lo que en el caso no se actualiza, toda vez que la Sala responsable no precisó las razones y causas inmediatas relacionadas con las condiciones personales de la ahora quejosa para negar dichos sustitutivos, ni refirió cómo dichas circunstancias influyeron en su ánimo para llegar a esa conclusión. Al respecto cabe precisar que del artículo 84 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal se desprende que la quejosa puede tener derecho a cualquiera de los beneficios que señala ese numeral, si se toma en cuenta que la pena de 6 seis meses de prisión que se le impuso, indudablemente es menor de las que señala como límite máximo cada uno de los supuestos que refiere, pues para la sustitución de la pena de prisión por multa, se establece que no exceda de tres años; para la sustitución de la pena por tratamiento en libertad o semilibertad, que no exceda de cinco años; de lo que se sigue que, si como en el caso, la sanción impuesta no rebasa la requerida para obtener algunos de esos beneficios, salvo que existan otros motivos por los cuales y en estricto apego a lo que establece el mencionado dispositivo, proceda la negativa a otorgar un beneficio determinado, las razones expuestas por el tribunal responsable son insuficientes para negar el otorgamiento alternativo de los beneficios, sin que ello vulnere la facultad discrecional con la que cuenta la responsable ya que, aún así, para sostener la negativa debe sujetarse a lo preceptuado por el precitado artículo 84 del código punitivo local. Antes de analizar esas reglas, resulta importante precisar que la sustitución de la pena presupone la existencia previa de un juicio penal en el que se respete la garantía de audiencia y que culmine con una decisión que dirima la controversia planteada por el Ministerio Público y las excepciones o defensas opuestas por el reo. En relación con las sentencias de condena, en nuestro derecho, las legislaciones penales en el curso de las épocas, han tratado de buscar que la cantidad de pena se imponga en relación con la gravedad del delito y la culpabilidad del reo; específicamente en este capítulo de la sentencia, el juzgador al individualizar la pena, fija concretamente la sanción que habrá de imponerse al sentenciado, sin que esta decisión pueda modificarse por el propio juzgador, ya que para ello la ley contempla los medios de impugnación idóneos para lograr esos efectos. Así las cosas, los beneficios sustitutivos de la pena privativa de libertad, se refieren a la existencia de un proceso penal debidamente concluido, en el que la autoridad judicial expresa una sentencia condenatoria contra un procesado, quien deberá compurgar prisión, atendiendo a la penalidad del delito por el cual se le hubiere sujetado a dicho proceso; pero, tomando en consideración que la ley permite la concesión de los beneficios de la sustitución de la pena de prisión impuesta, así como la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, habida cuenta que no debe soslayarse que la imposición de penas de corta duración llegan a causar daños al reo, a su familia y al Estado, toda vez que dichas penas no siempre tienen eficacia intimidante, y rara vez permiten, precisamente por su corta duración, la readaptación social del sujeto, por lo que se hace necesario en los casos permitidos por la ley, conceder a los sentenciados la posibilidad de optar por la sustitución de la pena de prisión o la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, considerar lo contrario pondría en riesgo, sin razón alguna, la finalidad que persigue dicha figura jurídica, consistente en evitar que quien sea condenado por primera vez a una pena privativa de libertad y de corta duración, permanezca en contacto directo con reos incorregibles y avezados, o en el último de los casos, tratar de que esa contaminación sea por el menor tiempo posible; de lo que se sigue que el quejoso debe quedar en posibilidad de que se le sustituya dicha pena de prisión, hasta antes de cumplir con dicha pena, o aun cuando hubiere comenzado a cumplirla y, desde luego, descontándosele, como es legal, la parte proporcional de la prisión cumplida, porque no debe olvidarse que la intención del legislador al establecer el sistema de sustitución de sanciones en el caso de penas privativas de la libertad de corta duración, es dar oportunidad al sentenciado de que pueda evitar las inconveniencias que un régimen carcelario implica, resultando inadmisible que en los casos que la ley lo permite, el juzgador soslaye conceder los beneficios sustitutivos de la pena de prisión. En efecto, el artículo 84 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, cuyo texto es del tenor siguiente: ‘Artículo 84.’ (se transcribe). De lo antes transcrito se desprende que las penas de prisión de corta duración pueda ser sustituida por otra que refleje un grado menor de severidad: si la pena corporal es menor a tres años, corresponderá sustituirla por multa; si es mayor de tres años, pero menor de cinco, corresponderá sustituirla por tratamiento en libertad o semilibertad. En ese tenor, debe atenderse al concepto de ‘sustitución’ a que se refiere el precepto transcrito y para tal efecto, tiene aplicación en lo conducente la tesis número 3087, emitida por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1436 del Apéndice 2000, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: ‘SUSTITUCIÓN DE SANCIONES, NATURALEZA DE LA.’ (se transcribe). En tal tesitura, la sustitución referida en el artículo 84 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, constituye el cambio de la naturaleza de la sanción privativa de la libertad o prisión por otra, generalmente de tipo económico, pero que también puede ser tratamiento en libertad o semilibertad; modificación ésta que implica la extinción definitiva de la pena original; asimismo, cabe reiterar que dicha sustitución se constriñe en una facultad discrecional -como a la par, racional- a cargo del juzgador. En efecto, la potestad conferida al juzgador para aplicar los beneficios sustitutivos de mérito, no le ha sido concedida de modo irrestricto, sino que tiene sus limitantes establecidas por el artículo 86 del citado Código Penal para el Distrito Federal: 1) No opera en favor de los sentenciados que anteriormente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoriada, por la comisión de algún delito doloso y que se persiga de oficio. 2) Lógicamente deviene inoperante si la sanción corporal a que se condenó al reo rebasa el límite máximo de cinco años. 3) Se condiciona a la previa reparación de daños y perjuicios o se garantice su pago. En el caso concreto, en el considerando VIII del acto reclamado la responsable por un lado negó estos sustitutivos de la pena de prisión, sin dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional; es decir, sin fundar apropiadamente ni motivar debidamente su determinación; pues soslayó que la ahora quejosa no ha sido condenada anteriormente por sentencia ejecutoria en la comisión de algún delito doloso perseguible de oficio; que la pena de prisión impuesta no se rebasa la máxima de cinco años, así como si las condiciones previstas en el primer párrafo del artículo 86 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal para el otorgamiento de dichos beneficios sustitutivos de la pena de prisión, estaban o no cumplidos. Simplemente estimó que como ya se le había otorgado la suspensión condicional de la pena ‘no hay necesidad de sustituir la pena en atención a las condiciones personales de la enjuiciada en función del fin para el que fue impuesta.’. Circunstancias que en modo alguno se contempla en el artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal, sino únicamente para la negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, según se advierte de la lectura de la fracción II del artículo 89, que a la letra dice: ‘Artículo 89.’ (se transcribe). Por otro lado, no motivó apropiadamente cuáles fueron esas condiciones personales de la enjuiciada que la obligaron a tomar tal decisión, por ejemplo si era reincidente, si tuvo una mala conducta al no cumplir con sus obligaciones procesales, etcétera y cuál es en su concepto la función o fin de las sanciones impuestas distintas a la retribución. Históricamente, es menester indicar que el texto original del anterior Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, publicado en la sección tercera del Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto del año mil novecientos treinta y uno, en su capítulo VI, ofrecía la siguiente redacción: ‘Capítulo VI. Sustitución y conmutación de sanciones.’. ‘Artículo 70. La sustitución se hará por los Jueces y tribunales, al dictar la sentencia definitiva.’. ‘Artículo 71. La sustitución se hará en los casos siguientes, siempre que la sanción que corresponda al reo exceda de dos años de prisión: I. Cuando la condena sea por vagancia, mendicidad, fabricación o circulación de moneda falsa. II. Cuando se trate de reincidentes.’. ‘Artículo 72. En los casos del artículo anterior, la sanción de prisión se sustituirá por la de relegación.’. Aunque mediante publicación de doce de mayo del año mil novecientos treinta y ocho, fueron derogados los artículos 70, 71 y 72 motivado por cuestiones de orden técnico, en diversa fecha veinticuatro de marzo del año mil novecientos cuarenta y cuatro, dicha institución cobró nueva vida expresando: ‘Capítulo VI. Sustitución y conmutación de sanciones.’. ‘Artículo 70. La sustitución se hará por los Jueces y tribunales, al dictar la sentencia definitiva.’. ‘Artículo 71. La sustitución podrá hacerse en los casos siguientes: I. Cuando la sanción que corresponda al reo exceda de dos años de prisión; II. Cuando la condena sea por fabricación o circulación de moneda falsa; y, III. Cuando se trate de reincidente o se esté en el caso de la fracción III del artículo 400.’. Sin embargo, con la publicación de cinco de enero del año mil novecientos cuarenta y ocho, nuevamente se derogaron los preceptos 70, 71 y 72, por las razones de concordancia que a continuación se narran: ‘Materia de preocupación es para el Poder Ejecutivo Federal el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución, que ordena la diversidad y separación de los lugares destinados para prisión preventiva y para la extinción de la pena de prisión y que manda organizar el sistema penal (colonias, penitenciarías o presidios) sobre la base del trabajo como medio de regeneración; así como realizar los dictados de la ciencia jurídica penal en cuanto aconsejan que dentro de las diversas finalidades de la pena se propague la defensa social contra el delito y por la readaptación de los delincuentes a la convivencia social. En el mismo sentido y para lograr mejores resultados en la aplicación de las sanciones que afectan a la libertad corporal, debe procurarse que cada delincuente cumpla la pena que se le haya impuesto, de acuerdo con sus características personales y las necesidades sociales. Desde estos puntos de vista, la iniciativa que someto a la consideración del H. Congreso Federal tiene por objeto dar mayores facilidades a los órganos ejecutores de las sanciones para lograr la individualización administrativa de la pena, como complemento indispensable de la individualización legislativa y de la individualización judicial. Para realizar este propósito se ha considerado necesario, por una parte, definir con toda claridad en qué consiste la pena de prisión -privación de la libertad corporal- y, la otra, suprimir la pena de relegación, no sólo porque ésta queda comprendida en el concepto de aquélla, sino también porque no existe ningún establecimiento o lugar especialmente destinado para la extinción de la pena de relegación, ni el erario federal está en condiciones de hacer los cuantiosos gastos que demandaría su creación. A este respecto debe hacerse notar que las Islas Marías, por disposición vigente del Congreso Federal, están destinadas para el cumplimiento de la pena de prisión de los reos federales o del fuero común que determine la Secretaría de Gobernación. Así pues, la presente iniciativa tiene por objeto esencial poner en manos de los órganos encargados de la ejecución de las sanciones privativas de la libertad corporal, los medios adecuados para cumplir con los mandamientos del artículo 18 de la Constitución, y para individualizar la ejecución de dichas sanciones de acuerdo con las características de cada caso concreto ...’. Fue hasta la publicación de trece de enero del año de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se adoptó nuevamente la institución, en la forma siguiente: ‘Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: I. Cuando no exceda de un año, por multa o trabajo en favor de la comunidad; II. Cuando no exceda de tres años, por tratamiento en libertad o semilibertad. Para los efectos de la sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en la fracción I incisos b) y c) del artículo 90.’. ‘Artículo 71. El Juez dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida o cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es imprudencial el Juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión sustituida. En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la sanción sustitutiva.’. La exposición de motivos concerniente explica: ‘No ignora el Ejecutivo, y desea subrayarlo, que en este ámbito aparecen múltiples y a menudo dolorosos problemas individuales y sociales, que es preciso abordar, mejorando y actualizando nuestras fórmulas jurídicas, en los términos que resultan del progreso de las disciplinas penales y, particularmente, de la equidad aplicada a las cuestiones que comprende el derecho punitivo, en cuyo marco entran en juego valores trascendentes para el ser humano y para la comunidad. 1. Clasificación de delitos. ... 2. Excluyentes de responsabilidad. ... 3. Exceso en las excluyentes de responsabilidad. ... 4. Sustitutivos de la pena. ... Una de las novedades más trascendentes, útiles y equitativas que la iniciativa contempla, es el nuevo régimen de sustitutivos de las penas breves privativas de la libertad, que hasta ahora se han reducido a los casos de condena condicional y conmutación de prisión no mayor de un año por multa, en los términos previstos, respectivamente, por los artículos 90 y 74 del Código Penal. Por demás está ponderar la extrema inconveniencia, tantas veces señalada, de aplicar necesariamente a delincuentes primerizos, cuya actividad antisocial es ocasional y que no revisten peligrosidad, penas privativas de libertad de corta duración. No siempre tienen éstas eficacia intimidante, y rara vez permiten, precisamente por su corta duración, la readaptación social del sujeto. En cambio, tales reclusiones, socialmente inútiles, pueden causar daños irreparables al individuo y, de este modo, a la propia sociedad. Por otra parte, llama la atención que nuestras instituciones de derecho penitenciario hayan incorporado desde hace tiempo, generalmente con éxito, medidas de preliberación, de abreviación de la pena o de externación combinada con internamiento, y que estas mismas medidas, que ya puede disponer la autoridad administrativa ejecutora de sanciones, escapen, en cambio, a la autoridad judicial, que carece de atribuciones para sustituir la pena de prisión, salvo en los contados casos a que arriba se ha hecho referencia. a) Tratamiento en libertad y semilibertad. Por lo expuesto, el proyecto plantea nuevos textos para los artículos 34, inciso 3, 27 y 70 a 74, que debidamente interpretados y aplicados, permitirán incorporar más finos criterios de equidad y tratamiento en el ámbito del derecho penal sustantivo. Se propone introducir en el Código Penal los sustitutivos de prisión consistentes en tratamiento en libertad y semilibertad, formulados de manera semejante a la que ya figura en el derecho penitenciario nacional, además del trabajo en favor de la comunidad al que adelante se hará referencia. Las sustituciones se sujetan al arbitrio judicial, tomando en cuenta las circunstancias del caso y, desde luego los antecedentes y la personalidad del infractor. No se trata, pues, de sustituciones automáticas o indiscriminadas. Con ellas se podrá reducir razonablemente, cuando es socialmente útil hacerlo, la excesiva aplicación de la pena privativa de libertad. b) Trabajo en favor de la comunidad. El trabajo en favor de la comunidad constituye una novedad en nuestro derecho penal. Operará, en su caso, como sustitutivo de la multa insatisfecha o de la prisión que no exceda de un año. Evidentemente, no se trata de una pena de trabajos forzados, sino de una medida que beneficia al reo, directamente, y también de modo directo a la sociedad. Se ha procurado perfilar esta medida en forma tal que no afecte la subsistencia del reo y de sus dependientes económicos, no resulte nunca excesivo el trabajo impuesto, y no se desarrolle éste, bajo ningún concepto, en condiciones que puedan ser degradantes o humillantes para el sentenciado. Aunque es obvio que este trabajo, que se desarrollará sólo en instituciones educativas o asistenciales, gratuitamente, implica siempre, como se indicó, un beneficio para el sentenciado, en cuanto evita que éste vaya a prisión, no está por demás señalar que el tercer párrafo del artículo 5o. constitucional, donde se prohíbe la imposición de trabajos personales sin la justa retribución y sin el pleno consentimiento del interesado, hace salvedad expresa del trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto, en materia de duración de la jornada laboral, por el artículo 123 de la propia Ley Suprema. Por otra parte, el artículo 18 constitucional establece la vinculación entre el trabajo y la readaptación social, al entender que aquél es un medio para alcanzar ésta. Al recogerse la medida de trabajo en favor de la comunidad, con las características que la iniciativa plantea, se está confiriendo un alto sentido social, sin agravio del individuo, al régimen de las sanciones penales. 5. Sanción pecuniaria. Hoy día, el artículo 29 del Código Penal determina que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. Este concepto se mantiene en el proyecto, dejando de lado, por lo pronto, el problema correspondiente a la verdadera naturaleza de la reparación del daño, que podría dar lugar a un tratamiento distinto del que la ley penal mexicana consagra. a) Multa. Por lo que toca a la multa, nuestro código, tantas veces reformado, incluye ya, superpuestos, dos sistemas diferentes: en la mayoría de los casos, las multas se fijan en números absolutos de pesos; en otros, se establecen en función de días de salario mínimo. Ninguna de estas soluciones parece suficiente y equitativa. La fijación en pesos ha creado grandes desproporciones en las multas, además de que se ve rápidamente superada por el cambio de la situación económica general. El establecimiento de multas en función de días de salario mínimo, que tienen la ventaja de reconocer mayor dinamismo en el movimiento de las multas, presenta, por otra parte, notable inequidad, en cuanto trata igualmente a los desiguales puesto que para todos fija el mismo concepto, en vez de atender, como se debe, a los ingresos efectivos del infractor. El Código Penal de 1929 intentó resolver adecuadamente este asunto, estableciendo, durante su efímera vigencia, un concepto de multa vinculado al ingreso del reo. En la misma línea se inscribe ahora la presente iniciativa, que propone reformas al artículo 29 para introducir la sanción de días multa, que no podrán exceder de quinientos, y que equivalen a la percepción neta del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Como punto de referencia, necesario en esta materia, el límite mínimo del día multa equivale al salario mínimo vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por otra parte, es preciso considerar que la iniciativa descarta la injusta conversión, actualmente prevista por el tercer párrafo del artículo 29, de multa insatisfecha en pena privativa de libertad. Es indebido, como tantas veces se ha dicho, sancionar la pobreza o la insolvencia con cárcel. Además, vale la pena recordar que cuando el sujeto no puede pagar la multa, ésta se sustituirá por prestación de trabajo en favor de la comunidad, e incluso, cuando dicho trabajo resulta imposible o inconveniente, por las circunstancias del caso cabe la colocación del sentenciado en libertad bajo vigilancia. El proyecto contiene un necesario artículo transitorio que permite al Juez la conversión de las actuales penas de multa para adecuarlas al régimen de días multa que viene a sustituir, a todo lo largo del Código Penal, los criterios hasta hoy operantes en esta materia. ...’. El treinta de diciembre del año mil novecientos noventa y uno se reformaron los artículos conducentes, para quedar como sigue: ‘Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años; II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años o; III. Por multa, si la prisión no excede de tres años. Para efectos de la sustitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en la fracción I, incisos b) y c) del artículo 90.’. ‘Artículo 71. El Juez dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida o cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es imprudencial el Juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión sustituida. En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la sanción sustitutiva.’. La exposición de motivos explica: ‘Este proceso de mejoramiento y depuración de los ordenamientos penales, debe continuar profundizando en el estudio de las realidades actuales que vive la sociedad mexicana, para ajustar las normas legales en función de una mayor justicia, y así alcanzar un orden jurídico más equilibrado. Al efecto, se debe procurar que la legislación penal en atención al delincuente tenga cada vez más, una orientación profundamente preventiva y menos represiva, como lo han sostenido eminentes estudiosos de las ciencias penales; se busca lograr la humanización del derecho penal ... Se ha partido de un criterio restrictivo y diferenciador del derecho penal, para considerar que del universo de conductas antisociales sólo deben sancionarse penalmente aquellas que sean realmente graves, y que el derecho penal debe ser empleado como último recurso, ahí donde no bastan las normas del derecho civil o del administrativo. De esta manera, la propuesta de reformas se inspira en los planteamientos de la doctrina penal contemporánea que considera que la pena privativa de libertad debe ser para quienes realmente la merezcan. En consecuencia, para los diversos delitos leves cuyos autores no presentan peligrosidad social alguna o de escasa importancia, las sanciones a los ilícitos cometidos debieran ser penas diferentes a la privación de la libertad. Tomando en cuenta que el derecho penal es la más drástica reacción del Estado, su empleo debe someterse a pautas rigurosas, sobre todo en lo que se refiere a la pena privativa de la libertad la cual, además de afectar uno de los bienes más preciados del hombre, suele dejar secuelas imborrables. Con las reformas que se proponen, por una parte se despenalizarían o sancionarían con pena alternativa de multa, las conductas menos graves y, por la otra se facultaría al juzgador para que, en ejercicio de su arbitrio y con base en criterios de baja peligrosidad y otros señalados en la ley, pueda conceder sustitutivos de la pena de prisión, como son el tratamiento en libertad o semilibertad, la multa o el trabajo en favor de la comunidad. En consecuencia, la reforma, de aprobarse, introduciría la multa como sanción alternativa, en numerosas hipótesis que hoy sólo contemplan prisión, o prisión y multa acumulativamente. El proyecto que se somete a su consideración va aún más allá al deber del Juez de preferir la multa a la pena de prisión, excepto cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y prevención especial. También el juzgador podrá prescindir de la imposición de pena de prisión o suspender su ejecución, cuando ésta no exceda de cuatro años en aquellos casos en que se trate de una persona que no haya sido condenada con anterioridad por delito intencional, haya observado buena conducta y que por sus antecedentes y modo honesto de vivir, se pueda presumir a criterio del Juez que el sentenciado no volverá a delinquir. Para que opere la sustitución de la pena, a estos criterios que reflejan la baja peligrosidad del individuo se debe agregar el requisito de que el sentenciado se obligue a residir en determinado lugar y a desempeñar una actividad u ocupación lícitas. Por lo que hace a la pena sustitutiva de prisión, para poder conceder este beneficio a mayor número de sentenciados, se permite al Juez sustituir la pena de prisión, cuando ésta no exceda de 3, 4 ó 5 años, por multa, tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, respectivamente. En esta iniciativa se ha tomado en consideración que, para que el juzgador pueda otorgar sustitutivos penales, debe basarse en criterios de baja peligrosidad del individuo, favoreciendo aquellos casos en que se trata de la primera vez que delinque la persona y que por sus antecedentes y modo de vida, se pueda presumir que no se sustraerá a la acción de la justicia y que no volverá a delinquir ...’. De lo antes reseñado vál
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19343-132cafd8/sustitucion-de-la-pena-y-suspension-condicional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO ( (CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2007-PS)
- ROBO. CUANDO SE COMETE RESPECTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, PARTICULAR O DE SERVICIO PÚBLICO, Y EN ÉL SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA, CONCURREN LAS CALIFICATIVAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2005-PS)
- COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2002-PS)
- MENORES INFRACTORES. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE FIJAR SU DURACIÓN DE FORMA DETERMINADA E INDIVIDUALIZADA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2005-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
- AGRAVIOS. SON INATENDIBLES AQUELLOS QUE NO COMBATEN LA OMISION INJUSTIFICADA DEL JUEZ DE DISTRITO DE EXAMINAR UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. (VI.1o. J/29)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis