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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 122.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.

Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"Página: 49

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia.

"Contradicción de tesis 4/89. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de octubre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García.

"Contradicción de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

"Contradicción de tesis 56/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

"Contradicción de tesis 60/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 68/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa."

QUINTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 29/2002, suscitado entre el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos en el Distrito Federal, resolvió, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Es competente el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para conocer de los hechos derivados de la averiguación previa 27/UISD-7/1980/01-05, que se inició contra ... por el delito de daño en propiedad ajena (culposo). El artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III establece que: (se transcribe). Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales en su precepto 7o. establece que: (se transcribe). La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 45 señala que los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley o por decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Por su parte, el 1o. y 4o. (sic) de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica disponen, respectivamente: (se transcriben). En la parte considerativa de la declaratoria de incompetencia, el Juez de Distrito estableció lo siguiente: (se transcribe). En este contexto, le asiste la razón al Juez Sexagésimo Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Federal, al afirmar que la conducta típica atribuida al inculpado ... se perpetró con menoscabo de los bienes afectos a la satisfacción de un servicio descentralizado, como lo es el que presta Luz y Fuerza del Centro, al advertirse de la narración de los hechos que ... aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil uno, al conducir el vehículo de la marca Nissan, tipo estaquitas, modelo 2000, placas de circulación 7526-BW, y circular sobre Periférico por el lado sureste con dirección al noreste, a la altura del inmueble denominado Cruz Roja, y ascender por el puente que se localiza al noroeste del inmueble referido, perdió el control al terminar de descender, cambiando ligeramente su trayectoria hacia el oriente, efectuando contacto con la parte frontal del lado derecho del vehículo, contra un poste de concreto que se localiza sobre la acera sureste del mencionado arroyo de circulación, efectuando un segundo contacto con la parte frontal media contra el mismo poste, resultando de esta forma dañado el poste de tres metros de longitud con funciones de apoyo (tensor) de otro poste de concreto sostén de cables conductores de energía eléctrica, de acuerdo con el dictamen de valuación y con la querella formulada por el apoderado legal del organismo denominado Luz y Fuerza del Centro. En efecto, el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro presta un servicio público de carácter nacional en razón de corresponderle al Congreso mexicano legislar, en exclusiva, en materia de electricidad; de ahí su importancia como área estratégica del Estado, en términos del artículo 28 constitucional, de modo que se encomienda su organización y vigilancia al organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a una de las áreas estratégicas del Estado, como es la prestación del servicio público de energía eléctrica; por tanto, no obstante que dicho organismo descentralizado es autónomo, continúa subordinado a la administración central de una manera indirecta, pues la actuación de éste se encuentra regulada por la Secretaría de Energía, la que por su ramo es quien se identifica con el objeto de dicho organismo paraestatal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCXXV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época, Pleno y Salas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, NO SON INDEPENDIENTES DEL ESTADO, PUES SON CONTROLADOS DE MANERA INDIRECTA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.’ (se transcribe). De ahí que resulte inexacta la apreciación del Juez de Distrito al señalar que el bien que fue objeto de la conducta imputada a ... (poste de concreto tensor de otro poste de concreto sostén de cables de conducción de energía eléctrica), no obstante que comprende el patrimonio de dicho organismo descentralizado, no se surte la competencia en el fuero federal, ya que no hubo suspensión en el suministro de energía eléctrica y, en consecuencia, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, debe considerarse a dicho poste tensor de otro poste de concreto sostén de cables conductores de energía eléctrica, bien directamente afecto a la prestación del servicio público que proporciona Luz y Fuerza del Centro, en términos de los artículos 1o. y 4o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en vista de que una de las finalidades que tiene ese organismo es precisamente la prestación del servicio público de energía eléctrica, la cual comprende, entre otras, la conducción de energía eléctrica, siendo ésta precisamente a través de las líneas de conducción que se encuentran sostenidas por el poste tensor que fue afectado con la conducta desplegada por el inculpado. Debiendo dejarse en claro que la competencia federal se surte, en el caso a estudio, no por haberse producido un perjuicio económico al organismo Luz y Fuerza del Centro afectando su patrimonio, sino porque al haberse dañado el poste tensor de otro poste de concreto sostén de las líneas de conducción de energía eléctrica, propició menoscabo en los bienes afectos a la satisfacción del servicio público de energía eléctrica proporcionado por Luz y Fuerza del Centro, en su carácter de organismo público descentralizado, independientemente de la suspensión o no del suministro de energía eléctrica. Asimismo, es de precisarse que si bien en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establecen las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, también lo es que en el caso no es que este Tribunal Colegiado no atienda a la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, pues como se expuso con los daños ocasionados al poste tensor de otro poste de concreto sostén de las líneas de conducción eléctrica, no sólo se afectó el patrimonio del organismo Luz y Fuerza del Centro, sino que se originó menoscabo en los bienes afectos a la satisfacción del servicio público que proporciona dicho organismo descentralizado, demostrándose claramente que en este caso no es aplicable tal tesis que se refiere a partes en un juicio en el que se dirimen cuestiones de índole económica en controversias civiles o administrativas. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, inciso i), del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competente para seguir conociendo de los hechos atribuidos a ... el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; en tal virtud deberá conocer del procedimiento en sus diferentes etapas hasta concluirlo." (fojas 126 a 130 vuelta del toca de la contradicción).

SEXTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 50/2002, suscitado entre el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos del Distrito Federal, sustentó las consideraciones siguientes:

"CUARTO. Es así como ha quedado planteado el conflicto competencial a dilucidar, pues los Jueces respectivos manifestaron las razones por las que estimaron que no les correspondía conocer de la causa de referencia. Este Décimo Tribunal Colegiado estima que en el caso particular es el fuero común local el legalmente competente para conocer de la causa penal instruida en contra de ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en propiedad ajena, en agravio de Luz y Fuerza del Centro, precisamente el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal en el Distrito Federal, atento las siguientes consideraciones: Antes, es pertinente anotar el contenido del artículo 11, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales: ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que la opinión del Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal en el Distrito Federal, resulta insuficiente para los fines de fincar la competencia a favor del Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, ya que los hechos que dieron origen a la causa que nos ocupa, consistentes en que el día ocho de marzo de dos mil uno ... conducía el vehículo de la marca Ford, tipo Estacas, modelo dos mil, con placas de circulación 9885BV, a una velocidad de diez kilómetros por hora, sin tomar las precauciones debidas al realizar maniobras en reversa por la calle de Fresno frente al número cinco, en el pueblo de San Salvador Cuauhtenco, Delegación Milpa Alta, México, Distrito Federal, por lo que hizo contacto con la parte posterior derecha del vehículo contra un poste de concreto de luz, ocasionando que el poste se desprendiera de su base; dicha conducta produjo como resultado: a) un daño patrimonial al organismo público descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, propietario del mencionado poste, por la cantidad de tres mil pesos, según dictamen pericial oficial que corre agregado a fojas cincuenta de la causa penal; y b) concomitantemente la interrupción del servicio público federal de suministro de energía eléctrica; así lo manifestó a la autoridad ministerial, José Luis Jaime Mejía Santana, apoderado legal del citado organismo descentralizado, en su oficio folio 05-A4774 de dieciséis de mayo de dos mil uno, por el que formuló querella por los daños causados a su representada, exhibiendo al efecto copia simple del parte de novedades de nueve de marzo de dos mil uno, escrito que ratificó el dieciocho del referido mes y año (fojas sesenta y cuatro a sesenta y siete de la causa penal). El veintiséis de febrero de dos mil dos, la agente del Ministerio Público de la Unidad de Procesos 1, Décimo Primera Agencia de Procesos, Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, devolvió la averiguación previa FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a la causa penal materia de estudio, porque no se encontraban acreditados los elementos del delito de ataques a las vías de comunicación (culposo), por el que además del diverso ilícito de daño en propiedad ajena (culposo) se elaboró el pliego de consignación de veinte de febrero del año en curso, haciendo la observación que de acreditarse el primer delito citado, se surtiría la competencia del fuero federal en términos del artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (fojas ciento siete a ciento diecisiete). El tres de marzo del presente año, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación con Detenido Tres de la Coordinación Territorial Milpa Alta Uno, tuvo por recibida la averiguación de mérito y, por acuerdo de veinticinco del mes y año en cita, propuso el ejercicio de la acción penal y elaboró pliego de consignación por el que ejerció acción penal en contra de ... por el delito de daño en propiedad ajena, cometido en agravio de Luz y Fuerza del Centro, señalando textualmente en su cuarto punto petitorio que con copia de lo actuado se elabora desglose por lo que hace a la probable configuración de otros delitos (fojas ciento dieciocho a ciento veintiuno y siete a once de la causa penal). De lo antes narrado claramente se aprecia que la causa penal que dio origen al conflicto competencial que se analiza, se sigue única y exclusivamente por lo que ve al delito de daño en propiedad ajena culposo cometido en agravio del organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, no así de la Federación como lo pretende hacer valer el Juez del fuero común contendiente, al señalar que al tiempo que se verificó el daño patrimonial sufrido por el multicitado organismo descentralizado, se menoscabó un bien afectado a la satisfacción del servicio público federal de transmisión de energía eléctrica, toda vez que del pliego de consignación de veinticinco de marzo pasado y el oficio de veintiséis de febrero del año en curso, de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Procesos 1, Décimo Primera Agencia de Procesos, Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya descritos, se llega a la conclusión de que en el trámite del desglose de la averiguación previa FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a la causa penal que hoy se analiza, puede o no tenerse por acreditado el diverso delito de ataques a las vías de comunicación (culposo), el cual indudablemente es de competencia de los tribunales de la Federación en materia penal; sin embargo, ello depende de las pruebas que se aporten a dicho desglose. Empero, dicha situación no implica que la inicial averiguación previa que fue consignada por el antijurídico de daño en propiedad ajena (culposo) mediante pliego de consignación de veinticinco de marzo del año en curso, con la que se formó la causa penal que está relacionada con este conflicto competencial, sea competencia de los tribunales federales en materia penal, porque además de que en el ejercicio de la acción penal no se señala como sujeto pasivo a la Federación, sino únicamente a la empresa Luz y Fuerza del Centro, que es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos a los de la Federación, el delito de daño en propiedad ajena culposo por el que se consigna, tampoco afecta a la Federación. En efecto, el referido poste de luz no es un bien nacional, no obstante de pertenecer a un organismo descentralizado el cual forma parte de la administración pública paraestatal como lo es Luz y Fuerza del Centro, porque del contenido de los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales no se aprecia que el citado bien sea del dominio público o privado de la Federación, aun cuando en la fracción IV del mencionado artículo se establezca que forman parte del patrimonio particular de la Federación, los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la administración pública paraestatal, que se extingan o liquiden en la proporción que corresponda a la Federación. Esto es, en el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante el supuesto de una liquidación o extinción del mencionado organismo descentralizado, como lo establece el precepto legal antes mencionado, por ende, el poste de luz afecto sigue formando parte del patrimonio de la citada empresa. A mayor abundamiento, ambas autoridades comparten la decisión de que en el presente caso la empresa ofendida, denominada Luz y Fuerza del Centro, es un organismo descentralizado y que debido a los hechos que dieron origen a la averiguación previa que nos ocupa, resultó derribado un poste de concreto sostén de líneas conductoras de energía eléctrica, mismo que es propiedad exclusiva de Luz y Fuerza del Centro, produciendo de esa manera un daño en el patrimonio de dicho organismo descentralizado, constituyendo de esta forma el objeto material del delito de daño en propiedad ajena culposo por el que consignó la representación social; también concuerdan que en el caso, hasta el momento no se ha demostrado fehacientemente que se haya interrumpido el suministro de la energía eléctrica. Sin que, se insiste, la conducta desplegada por el probable responsable pueda considerarse que afecta en su patrimonio o intereses a la Federación y, por tanto, que el delito de daño en propiedad ajena culposo, por el que se consignó la averiguación previa FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a la causa materia de este conflicto competencial, se cometió en su agravio, pues de estimarlo así se estaría rebasando el ejercicio de la acción penal propuesta por el órgano técnico acusador que consignó, habida cuenta que, como ya se apuntó, en la consignación de dicha averiguación éste solamente pretende se persiga (sic) el delito de daño en propiedad ajena culposo, cometido en agravio de Luz y Fuerza del Centro, lo que se robustece con el hecho de que con copia certificada de toda la averiguación previa en cita, elaboró desglose por separado para efectos de la posible integración de otros ilícitos que, en su caso, según se ha anotado, puede ser el delito de ataque a las vías de comunicación, el cual, en su caso, sí sería competencia de los tribunales de la Federación en materia penal, en términos del artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al no surtirse ninguno de los supuestos señalados en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta que no es de la competencia federal el conocimiento de los presentes hechos, sino de la jurisdicción de las autoridades penales del fuero común en el Distrito Federal, lugar donde éstos se suscitaron. En concordancia con lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 24/92, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21 del tomo 59, noviembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año de 1995, de rubro y texto: ‘COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.’ (se transcribe). En esas condiciones, el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal en el Distrito Federal es competente para abocarse al conocimiento y resolución de la causa 75/2002 de su índice, en razón de que debe ser el fuero común del lugar donde se cometió el delito el que conozca del asunto." (fojas 102 a 107 del toca de la contradicción).

SÉPTIMO. De las anteriores transcripciones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que sí existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el quince de marzo de dos mil dos, al resolver el conflicto competencial 29/2002, suscitado entre el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal del Distrito Federal y el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, y el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el catorce de mayo de dos mil dos, al resolver el conflicto competencial 50/2002, suscitado entre el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos del Distrito Federal.

Ciertamente, el Tribunal Colegiado citado en primer lugar, al resolver el conflicto competencial de mérito, sostuvo que en tratándose del delito de daño en propiedad ajena culposo, en agravio del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, resulta competente un Juez Federal para conocer de la causa penal de mérito, ya que la competencia federal se surte, no por haberse producido un perjuicio económico a dicho organismo, sino por haberse propiciado un menoscabo en los bienes afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica proporcionado por el organismo descentralizado de mérito.

Por su parte, el Tribunal Colegiado mencionado en segundo término, al resolver la citada competencia sustentó, por mayoría de votos, que respecto de la causa penal derivada del delito de daño en propiedad ajena culposo cometido en agravio de Luz y Fuerza del Centro, es competente un Juez del fuero común, pues el agraviado es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente de la Federación, por lo que dicho delito únicamente afecta a éste y no así a la Federación, pues solamente podría considerarse competencia federal si en el caso se integrase el delito de ataques a las vías de comunicación.

De lo anteriormente expuesto se desprende, inobjetablemente, que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios precisados en los párrafos anteriores, porque mientras el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene el criterio de que en tratándose del delito de daño en propiedad ajena culposo en agravio del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es competente un Juez Federal, el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito sostiene un criterio opuesto en el sentido de que para conocer de la causa penal derivada del delito de daño en propiedad ajena culposo en perjuicio del organismo público descentralizado en comento, lo será un Juez del fuero común.

OCTAVO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en lo sustancial, es coincidente con aquel sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el sentido de que es competente para conocer del delito culposo que produjo daño en propiedad ajena cometido en agravio del organismo público descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, un Juez del orden federal, en atención a los razonamientos siguientes.

En principio, conviene señalar que respecto de los organismos públicos descentralizados, el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han sustentado las tesis:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, diciembre de 1999

"Tesis: P. XCII/99

"Página: 21

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El artículo 90 constitucional consigna las bases de la administración pública federal, al señalar que ésta será centralizada y paraestatal remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17426-98ef7720/competencia-federal-se-surte-en-el-caso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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