Corpus
Modo: Corpus Pro

MENORES INFRACTORES. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE FIJAR SU DURACIÓN DE FORMA DETERMINADA E INDIVIDUALIZADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2005-PS. · Registro digital (IUS): 18915
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 196.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver, el veintiocho de enero de dos mil cuatro, el amparo directo en revisión 449/2002, consideró en síntesis lo siguiente:

Que el artículo 88 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores no se contrapone con lo dispuesto en los artículos 37, inciso c) y 40, inciso 4), de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni quebranta el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que los derechos del niño fueron tomados en cuenta al crearse la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, pues el contenido de su artículo 3o., es acorde con lo que señala el diverso 37, incisos b) y c), de la referida convención.

Además, el artículo 36, fracción I, de la mencionada ley recoge los principios plasmados en la convención, en lo que se refiere a que todo menor será tratado con humanidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes a su edad y condiciones personales, tendrá a su favor la presunción de inocencia, mientras no se demuestre su participación en la infracción atribuida.

Que si bien el artículo 88 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, prevé como medida de tratamiento, la internación del menor, no resulta inconstitucional, pues no es la única medida que puede aplicarse, ya que el consejero debe tomar en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias personales del menor.

Además, se toma como base el dictamen elaborado por el Comité Técnico Interdisciplinario, integrado por un médico, un pedagogo, un licenciado en trabajo social, un psicólogo y un criminólogo, con base en el diagnóstico biopsicosocial del menor, la evaluación de la conducta desplegada y el grado de peligrosidad, así como las condiciones familiares particulares.

Que el internamiento del menor, como medida de seguridad, no está prohibido por la referida convención, pues sólo se determinó que en su caso, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción.

Que dicha medida de internamiento no podrá ser inferior a seis meses, ni exceder de cinco años y que en el caso, la medida fue debidamente individualizada, con base en el dictamen técnico interdisciplinario, fijando como mínimo seis meses, y como máximo cinco años, medida que de ninguna manera puede considerarse indeterminada, pues pretender lo contrario implicaría aplicar de manera analógica los criterios de individualización de las penas a los responsables de la comisión de delitos, situación que nada tiene que ver con la justicia de menores.

Que tratándose de menores infractores, debe buscarse su readaptación social aplicando las medidas de orientación, protección y tratamiento en internación. Para ello, los consejeros evaluarán, de oficio, y dependiendo del avance en la readaptación, pueden decretar la liberación del menor, modificar la medida o mantenerla sin cambios.

Que la autoridad encargada de la prevención y tratamiento de menores rendirá su primer informe a los seis meses del internamiento y los subsecuentes informes cada tres meses, en los cuales se evalúa al menor infractor para determinar si está en condiciones de ser liberado.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, mayo de 2002

"Tesis: I.9o.P.5 P

"Página: 1246

"MENORES INFRACTORES. LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN EN MODO ALGUNO PUEDE CONSIDERARSE INDETERMINADA. La medida conducente a la adaptación social del menor, consistente en tratamiento en internación, que la autoridad correspondiente individualiza como lo dispone el precepto 59, fracción V, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, con base en el dictamen técnico interdisciplinario, y cuya duración se fija como máximo en cinco años, como lo prevé el numeral 119 de la ley en consulta, no puede considerarse como indeterminada, en atención a que dentro de ese máximo de su duración, los consejeros unitarios, con base en el dictamen e informe que, respectivamente, emitan el Comité Técnico Interdisciplinario y la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, respecto al desarrollo y avance de la medida impuesta, podrán liberar al menor de la medida, modificarla o mantenerla, pero en ningún caso deberá rebasar el tiempo máximo de cinco años, ello de conformidad con los preceptos 61, 62 y 124 de la ley especial aludida; estimar lo contrario sería tanto como intentar aplicar de manera analógica los criterios que imperan para la individualización de las penas a los responsables de los delitos, en cuyo caso, en tratándose de la pena privativa de libertad, el sentenciado durante el tiempo de su condena tratará de ser readaptado socialmente a través del trabajo, capacitación para el mismo y la educación; situación que no guarda relación con la justicia de menores, en la cual se pretende que por medio de las medidas de orientación, protección y tratamiento en internación o externo, se adapte socialmente al menor infractor.

"Amparo directo 449/2002. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: José Manuel Yee Cupido."

Con similares consideraciones dicho Tribunal Colegiado resolvió los amparos directos 929/2003 y 1079/2003, en sesiones de fechas trece y treinta de junio de dos mil tres, respectivamente.

CUARTO. Por otro lado el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 2077/2004, en sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, sostuvo lo siguiente:

Que la resolución reclamada carece de fundamentación en lo relativo a la individualización de la pena, ya que el artículo 21 constitucional, al establecer que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, no excluye a los menores de edad, ni establece que por tratarse de una medida de seguridad y no de una pena, deban quedar excluidos, tomando en cuenta que tal medida, finalmente, constituye una privación de la libertad.

Que si bien la Sala Superior del Consejo de Menores no es una autoridad judicial, lo cierto es que el Poder Legislativo le ha encomendado individualizar el tratamiento que debe aplicarse a los menores infractores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, fracción II, 59 y 61 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal.

Que en todo caso debe atenderse a la naturaleza y gravedad de los hechos y las infracciones atribuidas al menor, a sus concretas condiciones, así como a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción.

Que si la autoridad responsable se concretó a señalar que la medida de seguridad consistente en tratamiento en internación, no podrá ser menor de seis meses ni superior a cinco años, con ello no individualizó la medida, porque individualizar es la concreción de los márgenes establecidos por el legislador al caso particular y no limitarse a lo que señala el artículo 119 de la referida ley de la materia.

Que la autoridad responsable debió precisar la duración exacta de la medida de tratamiento en internación, pues la forma en que la señaló genera incertidumbre jurídica y afecta las defensas del menor.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, diciembre de 2004

"Tesis: I.7o.P.57 P

"Página: 1375

"MENORES INFRACTORES. ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN INDETERMINADA. La resolución que impone una medida de tratamiento en internación sin que se precise su duración y simplemente indique los términos mínimo y máximo señalados en la ley (seis meses a cinco años), viola en perjuicio del menor quejoso la garantía contenida en el numeral 16, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, al no especificar el tiempo exacto de duración de la medida impuesta; por tanto, el amparo que se concede es para el efecto de que la Sala responsable dicte una nueva resolución en la que individualice con toda precisión fundada y motivadamente la medida impuesta, sin que ello implique que deba dejar en libertad al quejoso, o que necesariamente imponga la máxima duración de la medida, pues ésta deberá ajustarse con la mayor exactitud posible al grado de desadaptación social del menor, de conformidad con el artículo 60, fracción III, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en la inteligencia de que si el caso lo amerita, pueda poner en libertad al infractor anticipadamente.

"Amparo directo 2077/2004. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Murguía Cámara. Secretaria: Elisa Macrina Álvarez Castro."

QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes. Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende de la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes se desprende lo siguiente:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que la medida de tratamiento de internación que señala la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, no puede considerarse como indeterminada, en atención a que el artículo 119 de dicha ley, señala una duración máxima de cinco años. No obstante, dentro de ese máximo dependiendo del desarrollo y avance de la medida, ésta podrá ser modificada o bien mantenerla, pero en ningún caso podrá rebasar el máximo de cinco años, conforme a lo establecido en los artículos 61, 62 y 124 de la ley mencionada.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene que la resolución que impone una medida de internación en la que sólo se indican los términos mínimo y máximo señalados por la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, viola las garantías individuales del menor infractor, porque individualizar la sanción implica la concreción de los márgenes establecidos por el legislador, por ende, la autoridad debe precisar la duración de la medida de tratamiento en internación.

Las sintetizadas consideraciones de los Tribunales Colegiados contendientes, ponen de manifiesto que ambos órganos jurisdiccionales examinaron cuestiones esencialmente iguales y, no obstante ello, adoptaron posiciones jurídicas discrepantes, particularmente por lo que se refiere a la falta de precisión del tiempo de internación, impuesto como medida de seguridad a un menor infractor.

La contradicción de criterios, deriva de la consideración que hacen los Tribunales Colegiados respecto a la medida de tratamiento de internación para menores infractores, en cuanto a que si dicha medida es o no indeterminada, pues mientras uno de los Tribunales Colegiados afirma que la medida no puede considerarse indeterminada porque existe un máximo de duración (cinco años), y que dentro de ese tiempo, con base en el dictamen e informe que respectivamente emitan el Comité Técnico Interdisciplinario y la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, el infractor puede ser liberado o bien, la medida puede ser modificada sin rebasar la medida máxima señalada en la ley. El otro Tribunal Colegiado sostiene que el hecho de que no se precise la duración de una medida de tratamiento en internación, impuesta a un menor infractor, atenta contra lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución, pues dicha medida debe ser ajustada al grado de desadaptación social del menor, conforme al artículo 60, fracción III, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal.

Lo anterior pone de manifiesto que sí se cumple con el primero de los requisitos a que alude la citada jurisprudencia, a saber: Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los requisitos, debe señalarse que las transcripciones de las respectivas resoluciones de los órganos jurisdiccionales que contienden, permiten advertir que la diferencia de criterios se presenta precisamente en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Finalmente, por lo que hace al tercer requisito debe señalarse que, de las referidas sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende que los criterios en contradicción provienen, esencialmente, del examen de los mismos elementos, a saber: La forma de establecer, precisar e individualizar la medida de tratamiento en internación de un menor infractor, en términos de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, ya que los Tribunales Colegiados difieren al considerar como indeterminada o no, la fijación de dicha medida, entre un mínimo (seis meses) y un máximo (cinco años).

Conforme a lo antes expuesto, se concluye que sí existe contradicción de criterios, en los términos que han quedado precisados.

SEXTO. Una vez que ha quedado establecido que sí existe contradicción de tesis, a continuación se procede a dilucidar cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, sin que necesariamente tenga que ser uno de los que participan en la contradicción, pues el análisis del problema planteado puede conducir a establecer uno diverso.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2/94, sostenida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y que esta Primera Sala comparte:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 74, febrero de 1994

"Tesis: 4a./J. 2/94

"Página: 19

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de las dos tesis debe prevalecer."

Previo a la determinación del criterio que debe prevalecer, es necesario hacer referencia a la naturaleza jurídica de las medidas de tratamiento para los menores infractores, ya que si bien son consecuencias del delito, en estricto sentido no son penas, aunque en algunos rasgos pudieran coincidir.

En todo caso, la diferencia entre pena y medida de seguridad no reside en la forma de designarlas, sino en su contenido y finalidad.

La pena es una sanción que se aplica como castigo, por la comisión de un hecho delictivo. Las medidas de seguridad se basan en presupuestos distintos.

Al tratarse de menores de edad, se está en presencia de sujetos que, en principio, son inimputables dada la falta de capacidad jurídica para responder, en todos sus términos, por los ilícitos cometidos, de ahí que una de las principales características de esas medidas de tratamiento, sea la finalidad de evitar que en lo futuro dichos menores sigan infringiendo la ley.

Las medidas de tratamiento tienen carácter educativo, orientador y readaptador, y deben atender a la objetiva y manifiesta probabilidad de seguir infringiendo la ley, lo cual impide establecer a priori la medida temporal, es decir, el tiempo durante el cual deberán ser aplicadas las medidas de tratamiento, aunque por otro lado, el principio de seguridad jurídica exige que éstas tengan una duración determinada.

Las medidas de tratamiento, como consecuencia jurídica de las infracciones cometidas por los menores infractores, se dirigen a la prevención de futuras conductas infractoras, no a la represión de las ya cometidas, en razón del interés preferente que tiene el menor de edad.

Aunque en estricto sentido no son penas las que se aplican a los menores infractores, lo cierto es que las conductas reprochables sí producen consecuencias jurídicas, que se traducen en privaciones o restricciones de los derechos del menor infractor, lo que conduce a aceptar que no se puede negar la existencia de una cierta imputabilidad, aunque diferente a la de los adultos.

No obstante, siempre prevalece el diferente tratamiento para los menores infractores, quienes por su minoría de edad deben ser tratados, en todo momento, con humanidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes a su edad y a sus condiciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 36 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Conforme a dicha disposición legal, mientras no se compruebe la participación del menor en la comisión de la infracción que se le atribuya, gozará de la presunción de ser ajeno a los hechos y tendrá la asesoría jurídica necesaria. Le serán facilitados todos los datos que solicite y que tengan relación con las constancias del expediente. Ningún menor podrá ser retenido por más de cuarenta y ocho horas, sin que se justifique con una resolución debidamente fundada y motivada.

De las diversas disposiciones citadas por los Tribunales Colegiados contendientes para apoyar sus consideraciones, las que se refieren a la cuestión relativa a la determinación del tiempo de duración de la medida de internamiento son las siguientes:

El artículo 37 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, prevé que el consejero unitario que decrete la sujeción del menor al procedimiento, deberá determinar si éste se llevará a cabo quedando el menor a disposición del consejo, en los centros de tratamiento o en los centros de diagnóstico.

En el artículo 59 se precisa que la resolución definitiva, entre otros requisitos, deberá determinar en los puntos resolutivos, si quedó o no acreditada la plena responsabilidad del menor, en cuyo caso se individualizará la aplicación de las medidas conducentes, tomando en consideración el dictamen técnico.

Conforme al artículo 60 de la referida ley, dicho dictamen técnico, entre otros requisitos, deberá contener las consideraciones mínimas que han de tomarse en cuenta para individualizar la aplicación de las medidas de tratamiento que procedan; además de los puntos conclusivos en los que se determinará la duración mínima del tratamiento interno del menor infractor.

El artículo 88 señala que el consejo técnico deberá determinar, en cada caso, las medidas de tratamiento interno o externo, previsto en dicha ley, necesarias para encausar dentro de la normatividad, la conducta del menor y lograr su readaptación social.

Dentro de dichas medidas, interesa particularmente para este estudio la consistente en el internamiento del menor infractor, en el centro de tratamiento, el cual no podrá exceder de cinco años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la referida ley.

Como complemento de lo anterior, el artículo 121 de la citada ley señala que el seguimiento técnico del tratamiento tendrá una duración de seis meses, de ahí que en la aplicación del internamiento, como medida de tratamiento, se señala un mínimo de seis meses y un máximo de cinco años.

En la exposición de motivos de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, se dejó señalado que la prevención de los delitos y el adecuado tratamiento a quienes infringen la ley, son tareas prioritarias del Estado en atención al interés general y por la afectación a la colectividad. Cuando se trata de menores infractores, la prevención social cobra una mayor importancia en virtud de que en este nivel existen posibilidades de corregir a tiempo conductas antisociales, que más tarde pueden alcanzar niveles de gravedad.

También se precisó que la aprobación a nivel internacional de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Nueva Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y la adopción por México de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo decreto de promulgación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, dan sustento y dirección a la iniciativa de la referida ley.

Se sostuvo que con ello se da a los menores de edad la calidad de sujetos de derecho, abandonando paternalismos infructuosos, pero con irrestricto respeto a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, ya que hasta ese momento los derechos de los menores habían estado notablemente limitados, violentándose principios como el de legalidad, audiencia y defensa, entre otros.

Se puso de manifiesto que el objetivo de la ley es la readaptación social del menor infractor, por lo que las medidas que al efecto se tomen deben ser fundamentalmente de carácter formativo, a fin de lograr con éxito la readaptación del menor, sin que ello implique soslayar que éste ha infringido una ley.

Por lo que se insistió en que en un marco de pleno respeto a sus derechos humanos y al principio de legalidad, se logre el objeto consistente en evitar que el menor vuelva a delinquir.

Como ya quedó señalado, el punto de contradicción consiste en determinar si es jurídicamente correcto o no, imponer al menor infractor una medida de internamiento fijada entre seis meses y cinco años de duración, ya que uno de los Tribunales Colegiados sostiene que la medida fijada en esos términos deviene indeterminada y por ende violatoria del principio de seguridad jurídica.

Al respecto, debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que tratándose de menores infractores, la finalidad de las medidas de tratamiento es evitar que sigan infringiendo la ley, de ahí que a dichas medidas se les atribuya un carácter terapéutico, educativo y orientador; sin embargo, la medida de internamiento, al implicar la privación de la libertad, aun cuando tenga una finalidad educativa, conforme a las reglas del derecho penal, deben respetarse las garantías legales y constitucionales, con apego al principio de seguridad jurídica para que no se acentúe su carácter represivo.

Debido a que dicha medida de tratamiento tiene naturaleza penal, supone la necesidad de someterse a las garantías del derecho penal, conforme al cual, tratándose de menores infractores, debe admitirse que las medidas de tratamiento y de seguridad tienen una finalidad resocializadora, y se aplican para orientar y reencauzar la conducta del menor, a fin de que éste se integre correctamente a la sociedad.

En este sentido debe precisarse que el internamiento del menor, como medida de intimidación, de suyo resulta inadecuada, pues dada la inmadurez de los menores, no siempre tienen la conciencia suficiente para sentirse amenazados por las normas jurídicas; además de que puede resultar contrario a su dignidad si son utilizadas como ejemplo amonestador a futuros eventuales infractores.

Por ello, el aislamiento (privación de la libertad) del menor infractor debe ser considerado como una medida de prevención especial, en principio con una clara finalidad educativa, pero buscando complementariamente un efecto disuasivo necesario en la readaptación social del menor.

Al respecto, resulta pertinente mencionar que la teoría de la prevención especial le atribuye a la pena, la finalidad de evitar la comisión de posteriores delitos por parte de quien ya ha delinquido. Lo anterior implica que la prevención especial tiene un carácter disuasivo a nivel particular, y está encaminada a readaptar y resocializar al individuo que ha infringido la ley.

El impacto de la medida de tratamiento debe ser utilizado como un factor preventivo, lo que exige una cuidadosa selección de la medida más adecuada, y para el caso de ser necesario el internamiento del menor infractor, buscando un mayor efecto disuasor, esa medida debe aplicarse con mucha cautela, ya que el aislamiento y separación social de dicho menor debe verse como un auténtico último recurso.

Como ya quedó señalado, la medida de seguridad consistente en el internamiento del menor en el centro de tratamiento, aun cuando en estricto sentido no se trata de una pena, su imposición no puede quedar excluida de las reglas que rigen en materia de individualización de las penas, tomando en cuenta que tal medida finalmente constituye una privación de la libertad del menor infractor.

Aun cuando el Consejo de Menores no sea propiamente una autoridad judicial, no puede escapar de la obligación, impuesta por el legislador, de individualizar la medida de tratamiento en internación, pues no basta con señalar genéricamente un mínimo y un máximo, para estimar que con ello se colma la garantía de seguridad jurídica, en lo que tiene que ver con la determinación precisa del tiempo en que el menor infractor estará privado de su libertad.

Con independencia de que en la aplicación de dicha medida de tratamiento en internación, previamente deba tomarse en cuenta el dictamen elaborado por el Comité Técnico Interdisciplinario, con base en el diagnóstico biopsicosocial del menor, dicha circunstancia no justifica que la duración del tiempo de internamiento deba quedar señalado de manera indeterminada entre un mínimo y un máximo, pues por tratarse de una privación de la libertad de un menor, dicha medida debe ser individualizada y determinada con la mayor precisión posible, a partir de los elementos proporcionados en el dictamen del referido comité técnico; lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tienen los consejeros para liberar al menor, de la medida impuesta, si con motivo de nuevas evaluaciones apareciere que el menor ha sido readaptado a la sociedad, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Consecuentemente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio reflejado en la siguiente tesis:

MENORES INFRACTORES. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE FIJAR SU DURACIÓN DE FORMA DETERMINADA E INDIVIDUALIZADA.-Conforme a la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, cuando a los menores se les encuentre responsables de la comisión de conductas ilícitas que ameriten la aplicación de la medida de tratamiento en internación -la cual implica la privación de su libertad- aquélla deberá fijarse de manera individualizada. Así, para que la resolución que imponga el internamiento del menor en un centro de tratamiento respete la gara

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18915-1ccf2dde/menores-infractores-la-resolucion-que-imponga-la-medida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.