IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el tres de marzo de dos mil cinco el amparo en revisión 2142/2004, son fundamentalmente las siguientes:
"Por otro lado, es infundado el agravio relativo a que el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la quejosa (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), pues la circunstancia de que se haya dado por pagada del crédito fiscal, de ser el caso, no hace improcedente el juicio de garantías, pues como correctamente lo apuntó la Juez de control constitucional y lo refirió la inconforme adhesiva, cuando dicha amparista tiene el carácter de querellante, ofendida o víctima del delito en el procedimiento penal, actúa como particular, en un mismo plano, desprovista de imperio, esto es, se trata de un particular frente a otro; por tanto, las reglas que deben atenderse para la procedencia del juicio de garantías son las previstas en los artículos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo y no la regla del precepto 9o. de la legislación citada en último término. La anterior afirmación se sustenta en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2002, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 24/2003, cuyo rubro dice: ‘QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.’, en la que en lo conducente se estableció: ‘... Por otra parte, tenemos que las personas morales oficiales con las características propias de autoridad, al acudir ante el órgano investigador o impartidor de justicia al interponer una querella o a ejercer un derecho, con el carácter de ofendido, no gozan de privilegio alguno, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que lo justifique, pues en ese preciso momento se trata de un particular frente a otro; opinar lo contrario sería contravenir el principio de imparcialidad en la administración de justicia que garantiza el artículo 17 constitucional, a la que tiene derecho todo gobernado, además de que la legislación federal adjetiva en materia penal, en el título segundo, capítulo primero, no prevé excepción alguna a la presentación de querella por personas morales privadas ni oficiales, y si la ley no distingue, no debe distinguirse en su interpretación.’. Por otro lado, no se desatiende que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emitió la tesis I.7o.P.54 P, consultable a página 1781 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. El juicio de amparo es el medio de defensa creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el gobernado haga frente a las arbitrariedades del poder público, por lo que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su función recaudadora de impuestos, advierte que alguno de los contribuyentes probablemente incurrió en la comisión de un delito, y formula la querella correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Federación y éste determina el no ejercicio de la acción penal, la querellante no tiene derecho a interponer demanda de garantías por estimar que se violan sus derechos públicos subjetivos, ya que en ese supuesto la secretaría de Estado accionante no se somete a las normas de derecho privado, ni se afectan sus intereses patrimoniales en lo particular; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con el numeral 74, fracción III, de la ley citada.’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio, habida cuenta que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o alguna diversa persona moral oficial considera que se incurrió en la comisión de algún delito y acude ante el Ministerio Público en calidad de querellante, denunciante o víctima del ilícito, conforme a las reglas establecidas en la legislación procesal atinente, y se resuelve el no ejercicio de la acción penal, tienen el derecho de impugnar mediante el juicio de amparo tal resolución, resultando irrelevante si se afectan o no sus derechos patrimoniales, pues respecto de tales determinaciones no es aplicable el artículo 9o. de la Ley de Amparo, puesto que la persona moral oficial actúa como otro particular, en el mismo plano desprovista de imperio, por lo que debe atenderse para la procedencia del juicio de garantías lo previsto en los preceptos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por otro lado, aun cuando se considerara que en tratándose de personas morales oficiales que impugnan el no ejercicio de la acción penal cuando acuden en calidad de querellantes, denunciantes o víctimas de algún ilícito, opera la regla del artículo 9o. de la aludida ley reglamentaria, esto es, que el acto reclamado deberá afectar sus derechos patrimoniales para que proceda el juicio de garantías (que este Tribunal Colegiado no comparte), la supremacía constitucional a que refiere el artículo 133 de la Ley Fundamental, hace que la garantía individual de los querellantes, denunciantes o víctimas de algún delito, de impugnar mediante el juicio de amparo las determinaciones de no ejercicio de la acción penal prevalezca frente a cualquier disposición secundaria que limite o restrinja su ejercicio, resultando irrelevante si se trata de particulares o personas morales oficiales, pues dicha garantía no se encuentra restringida en ese aspecto, como acertadamente lo apuntó la recurrente adhesiva. Lo anterior es así, pues el Máximo Tribunal del país ha interpretado que la finalidad de la reforma del artículo 21, párrafo cuarto, de la Carta Magna, fue reconocer constitucionalmente a favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de éste, o del legalmente interesado por la comisión de un ilícito, el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal y por ende una garantía individual, establecida para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. Como puede advertirse de las jurisprudencias P./J. 114/2000 y P./J. 128/2000, que inclusive también invoca la inconforme adhesiva, establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre y diciembre de dos mil, respectivamente, materias constitucional y penal, que dicen: ‘ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental.’. ‘ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en comento descuella, como elemento preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento.’. Cabe agregar que la reforma constitucional y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originaron la diversa a los artículos 10 y 114 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil, que dicen: ‘Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo: ... III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional.’. La exposición de motivos que llevó a efectuar tales reformas, en lo conducente, refiere: ‘Efectivamente, fue con las reformas constitucionales que aprobamos en diciembre de 1994 cuando se estableció en el artículo 21 párrafo cuarto que: «Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.». Sin embargo a casi un año de que entraron en vigor dichas reformas, no se ha reglamentado el recurso jurisdiccional correspondiente, el que creemos debe establecerse en la Ley de Amparo, entre otras razones, que se expondrán posteriormente, porque el Ministerio Público debe también estar sujeto al control de constitucionalidad de sus actos. ... Nadie puede sostener hoy que es suficiente el control interno que existe sobre las decisiones del Ministerio Público; es decir, el recurso administrativo ante el procurador de justicia de que se trate, no cumple con los requerimientos mínimos de justicia que reclama la población. ... Por tanto, no debemos limitar ni buscar alternativas tímidas o parciales sobre el recurso jurisdiccional a que se refiere el texto actual del párrafo cuarto del artículo 21 constitucional; ni debemos, como ya han opinado algunos, establecer otra instancia jurisdiccional antes del juicio de amparo, pues está claro que, de acuerdo a la técnica jurídica y atendiendo a la intención de dotar a los gobernados de mayores garantías y derechos para obtener justicia, es a través de nuestra magnífica institución de amparo como puede lograrse cabalmente. Los razonamientos expuestos demuestran que debe otorgarse el derecho a los gobernados, víctimas, ofendidos o a quienes tengan derecho a la reparación del daño, de ocurrir en demanda de amparo contra actos u omisiones del Ministerio Público, que tengan como consecuencia legal el no ejercicio de la acción penal o su desistimiento. ... Por formar parte el artículo 21 constitucional del título primero, capítulo primero de la Constitución, en el cual se establecen las garantías individuales, la violación que a éstas se den, son susceptibles de repararse a través del juicio de amparo.’."
CUARTO. Las consideraciones del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, el amparo en revisión 967/2004, son fundamentalmente las siguientes:
"En esa tesitura, se procede a realizar el estudio del primer agravio formulado por el Ministerio Público de la Federación, por el que combate la procedencia del juicio de garantías en el que argumenta que el Juez de Distrito, no advirtió que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII y último párrafo, de la Ley de Amparo, por lo cual debió sobreseer en el juicio de conformidad con el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento; ya que si bien es cierto el acto reclamado consiste en la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada en una averiguación previa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede tener el carácter de quejosa en el juicio de amparo, debido a que no obstante puede ser coadyuvante del Ministerio Público de la Federación en los procesos penales, el juicio constitucional es de naturaleza diferente; lo cual a juicio de este revisor, resulta sustancialmente fundado y al existir la obligación de estudiar las causales de improcedencia en forma oficiosa, es suficiente para revocar la sentencia recurrida. En efecto, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales; ello no acontece cuando actúan conforme a la potestad pública que les confiere la ley en su carácter de autoridades, en cuyo supuesto es improcedente el juicio de garantías si con ese carácter concurren a los tribunales a demandar la protección constitucional por considerar que otro órgano del Estado mediante diverso acto de poder vulnera sus derechos, ya que en ese supuesto no se está sometiendo a las normas de derecho privado, sino que actúa como ente de derecho público, por lo cual no tiene el carácter de gobernado para que esté en aptitud de demandar la protección constitucional. En tales condiciones, si en el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se desprende que una de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la de recaudar impuestos a los contribuyentes, para lo cual el numeral 10, fracción XXXIX, del reglamento interior de dicha secretaría de Estado, la faculta para que a través del procurador fiscal de la Federación, si en su función recaudadora advierte que alguno de los contribuyentes incurrió en una conducta considerada como delito por el Código Fiscal de la Federación, denuncie los hechos ante el Ministerio Público de la Federación; sin embargo, todo ello lo realiza en su carácter de autoridad, por ser una función pública derivada de la propia norma, mas no actúa como gobernada, con independencia de que sea querellante en una indagatoria, ya que no existe precepto alguno que autorice tal ficción; por lo que en el caso que nos ocupa, no obstante que se ostenta como ofendida por la comisión de un delito fiscal en la averiguación previa 257/FEFSF/2002, al no afectar sus intereses patrimoniales en su carácter de gobernada, no puede concurrir en amparo contra el no ejercicio de la acción penal. De estimar lo contrario se llegaría a los extremos de que en todos aquellos supuestos en que la ley faculte a las dependencias públicas a formular denuncias o querellas, en caso de que el titular del ejercicio de la acción penal concluyera que es improcedente lo solicitado, procedería el juicio de garantías, lo cual es contrario a los fines de éste que tiene dentro de sus propósitos tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados, en contra de los actos de autoridad, mas no protege a las personas morales que actúan en ejercicio de su función pública conferida por la ley. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis XLVIII/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2398/2003, en sesión de veintiocho de abril de dos mil cuatro, pendiente de su publicación, cuyos rubro y texto son: ‘FUNCIÓN PUBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN SOLAMENTE SU EJERCICIO. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes únicamente cuando se ven afectados en sus intereses patrimoniales de personas morales oficiales conforme al artículo 9o., de la Ley de Amparo. Pero cuando la potestad pública ocurre en demanda de amparo a través de alguno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos que se reclamen no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio.’-En tales condiciones es improcedente el juicio de amparo promovido por la quejosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, que reclamó del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales y agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa 9 de la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, antes titular de la mesa VIII, ambas dependientes de la Procuraduría General de la República, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o. de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, debe sobreseerse en el juicio de garantías 1661/2003-I-2, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito A de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal."
Lo anterior dio lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, septiembre de 2004
"Tesis: I.7o.P.54 P
"Página: 1781
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. El juicio de amparo es el medio de defensa creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el gobernado haga frente a las arbitrariedades del poder público, por lo que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su función recaudadora de impuestos, advierte que alguno de los contribuyentes probablemente incurrió en la comisión de un delito, y formula la querella correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Federación y éste determina el no ejercicio de la acción penal, la querellante no tiene derecho a interponer demanda de garantías por estimar que se violan sus derechos públicos subjetivos, ya que en ese supuesto la secretaría de Estado accionante no se somete a las normas de derecho privado, ni se afectan sus intereses patrimoniales en lo particular; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con el numeral 74, fracción III, de la ley citada.
"SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 967/2004. 31 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretario: Aureliano Pérez Telles."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes es conveniente invocar la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, se tiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en resumen, estima que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de querellante, ofendida o víctima del delito en el procedimiento penal actúa como particular, en un mismo plano, desprovista de imperio, es decir, que se trata de un particular frente a otro, por lo que las reglas que deben atenderse para la procedencia del juicio de garantías son las previstas en los artículos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo y no la regla del precepto 9o. de propia ley citada en último lugar.
Para apoyar lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito invocó la jurisprudencia 1a./J. 24/2003, derivada de la contradicción de tesis 129/2002, de rubro: "QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.", en cuyo caso el tema controvertido se hizo consistir en si en el caso de que una querella se presente por escrito por un servidor público en ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público debe asegurarse de la identidad del querellante, de su legitimación, así como de la autenticidad de los documentos en que la misma aparezca formulada, para así dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, o bien, si en tal caso operaría una excepción a dicha regla, no debiendo, en consecuencia, observarse tal precepto.
El órgano jurisdiccional de mérito abundó en que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier persona moral oficial considera que se incurrió en la comisión de un delito y acude ante el Ministerio Público en calidad de querellante, denunciante o víctima del ilícito, conforme a las reglas establecidas en la legislación procesal atinente, y se resuelve el no ejercicio de la acción penal, tiene el derecho de impugnar mediante el juicio de amparo tal resolución, resultando irrelevante si se afectan o no sus derechos patrimoniales, pues se dice que respecto de tales determinaciones no es aplicable el artículo 9o. de la Ley de Amparo, puesto que la persona moral oficial actúa como otro particular, en el mismo plano desprovista de imperio, por lo que debe atenderse para la procedencia del juicio de garantías lo previsto en los preceptos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción III y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo.
Agregó, que aun cuando se considerara que en tratándose de personas morales oficiales que impugnan el no ejercicio de la acción penal cuando acuden en calidad de querellantes, denunciantes o víctimas de algún ilícito opera la regla del artículo 9o. de la aludida ley reglamentaria, esto es, que el acto reclamado deberá afectar sus derechos patrimoniales para que proceda el juicio de garantías, la supremacía constitucional a que se refiere el artículo 133 de la Ley Fundamental hace que la garantía individual de los querellantes, denunciantes o víctimas de algún delito, de impugnar mediante el juicio de amparo las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, prevalezca frente a cualquier disposición secundaria que limite o restrinja su ejercicio, resultando irrelevante si se trata de particulares o personas morales oficiales, pues se dice que dicha garantía no se encuentra restring
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19079-83b78a64/improcedencia-del-juicio-de-amparo-se-actualiza-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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