Corpus
Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DE LA CUAL DECIDE SOBRE SU CONCESIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2009. · Registro digital (IUS): 22169
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 163.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 411/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

Para demostrar tal aserto, debe partirse de la premisa de que el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos que sostiene el criterio en contradicción.

TERCERO. El agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio DGC/DCC/1346/2009, en su pedimento sostiene que en la especie sí existe contradicción de tesis.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo su criterio al resolver los amparos en revisión 792/2004, 542/2005, 53/2007, 129/2007, 132/2007, 141/2008, 40/2009 y 151/2009.

En la especie se procede a transcribir exclusivamente la parte que interesa de una de las ejecutorias emitidas por el referido órgano colegiado, toda vez que en todas se sostiene, en esencia, el mismo criterio.

RP. 151/2009

"TERCERO. Dado el sentido de la presente resolución es innecesario transcribir el contenido del oficio SG/DESP/CES/JUDADH/1355/2009, donde consta el acto controvertido a la autoridad responsable, así como la sentencia recurrida y los agravios expresados por el recurrente, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte actualizada una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

"Al caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción V del ordinal 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; ...’

"Ahora bien, para estar en condiciones de exponer las razones por las que se llega a tal conclusión, cabe precisar que los numerales 2o., fracciones III y V, 40 y 41, así como el título cuarto contenedor de los diversos preceptos 51, 52, 54, 55 y 57 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, establecen:

"‘Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"‘...

"‘III. Autoridad ejecutora, al jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal;

"‘...

"‘V. Dirección, a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.’

"‘Artículo 40. Los beneficios de libertad anticipada, son aquellos otorgados por la autoridad ejecutora, cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos legalmente en cada modalidad.’

"‘Artículo 41. Dichos beneficios son:

"‘I. Tratamiento preliberacional.

"‘II. Libertad preparatoria.

"‘III. Remisión parcial de la pena.’

"Título cuarto

"Procedimiento para la concesión del tratamiento en externación y el beneficio de libertad anticipada

"‘Artículo 51. La dirección, será la autoridad responsable de dar seguimiento, llevar el control y ejercer la vigilancia para que el procedimiento establecido en este título se cumpla.’

"‘Artículo 52. El procedimiento para la concesión del tratamiento en externación y el beneficio de libertad anticipada se iniciará de oficio o a petición de parte. La solicitud se efectuará ante la dirección del centro de reclusión respectivo, enterando de inmediato a la dirección.’

"‘Artículo 54. La dirección, después de haber recibido el expediente con el dictamen respectivo del consejo deberá emitir la resolución, misma que se someterá a consideración de la autoridad ejecutora, quien aprobará, revocará o modificará en definitiva.’

"‘Artículo 55. La resolución definitiva que emita la autoridad ejecutora, surtirá sus efectos desde luego y puede ser impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.’

"‘Artículo 57. El procedimiento que se establece en este capítulo se sujetará a los términos siguientes:

"‘I. Iniciado el procedimiento, se integrará el expediente único dentro de diez días hábiles.

"‘II. El consejo deberá emitir su dictamen dentro del término de cinco días hábiles.

"‘III. La dirección emitirá su resolución en un término no mayor a cinco días hábiles.

"‘IV. La autoridad ejecutora emitirá su resolución definitiva en un término no mayor a cinco días hábiles ...’

"La interpretación sistemática de los preceptos de orden legal preinsertos conduce a establecer que si bien la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría del Gobierno de esta ciudad (ahora Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno) es la encargada de vigilar y dar seguimiento al procedimiento para la concesión de los beneficios de libertad anticipada (tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena), en el que incluso debe pronunciarse en el sentido de si proceden o no los mismos, lo cierto es que la determinación que emite no ostenta el atributo de definitividad, pues conforme al citado dispositivo 54, como requisito necesario de validez requiere someterla a consideración de la llamada autoridad ejecutora (en el caso, al jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en virtud que de ésta depende, en términos del artículo 7o., fracción I, inciso E), del Reglamento Interior de la Administración Pública de esta ciudad), quien la ‘aprobará, revocará o modificará’ en ejercicio de su arbitrio regulado en los numerales antes precisados y demás aplicables establecidos en los capítulos IV, V y VI, título tercero, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para esta metrópoli (que prevén los beneficios en comento), pero en modo alguno supeditado o condicionado a lo que someta a su consideración el director de que se trata; por lo tanto, lo concluido por éste, en sentido procesal, no tiene el carácter de resolución sino propiamente tiene sólo el carácter de una mera opinión o propuesta que la autoridad ejecutora puede o no aceptar, tan es así que es la que conforme al ordinal 54 en definitiva la aprobará, modificará o revocará.

"Desde esta perspectiva, si en la especie el acto reclamado lo es el oficio SG/DESP/CES/JUDADH/1355/2009, de seis de abril de este año, donde se determinó negar al inconforme alguno de los beneficios de libertad anticipada, es inconcuso que el mismo no es susceptible de afectar el interés jurídico del quejoso, puesto que, se itera, no constituye un acto definitivo, ni una opinión que vincule a la precitada autoridad ejecutora a resolver en ese sentido, pues ésta es la única facultada para que en definitiva establezca lo que estime procedente, siendo entonces esta última resolución la que puede causarle algún perjuicio.

"En las condiciones relatadas, es de concluirse que ante la falta de agravio personal y directo al amparista con la emisión del acto reclamado en mención, pues el mismo no afecta su interés jurídico al no ser definitivo, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a revocar la sentencia impugnada y, en términos del diverso 74, fracción III, de la legislación reglamentaria invocada, sobreseer en el juicio de garantías.

"Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 8, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sección Precedentes Relevantes, cuyo rubro y texto dicen:

"‘ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De lo dispuesto en los artículos 4o. del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 6o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la referida entidad federativa, se desprende que los agentes del Ministerio Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción penal al procurador general de Justicia, pero es éste el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en uso de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que, por consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir, que no es susceptible de afectar el interés jurídico de los gobernados, en especial, el del ofendido, denunciante o querellante, puesto que no constituye un acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al procurador a resolver en ese sentido. Por tanto, la resolución relativa a la propuesta de inejercicio de la acción penal no afecta intereses jurídicos, por lo que al respecto se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.’."

QUINTO. Por su parte el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 144/2009, 43/2009 y 102/2009, sostuvo su criterio.

En este caso, igualmente se procede a transcribir exclusivamente la parte que interesa de una de las ejecutorias emitidas por el referido órgano colegiado, toda vez que en todas se sostiene, en esencia, el mismo criterio.

RP. 144/2009

"Pues bien, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que fue incorrecto el sobreseimiento decretado por la Juez a quo.

"En efecto, la litis puesta en consideración de la Juez de Distrito, consistió en la resolución en la que le fue negada al quejoso los beneficios de libertad anticipada que solicitó a través del oficio SG/DESP/CES/JUDADH/1970/2009, de veintisiete de mayo de dos mil nueve, que por cierto fue suscrito por el coordinador de Ejecución de Sentencias, en ausencia del director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y si por medio de ese ocurso le fue notificado al quejoso que no procedía otorgarle ninguno de los beneficios que prevé la ley (tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena), ese acto contrariamente a lo expuesto por la Juez a quo constituye un ataque a la libertad personal, respecto del cual procede el juicio de amparo indirecto, pues conforme lo dispone el artículo 4o. de la Ley de Amparo, que comprende los principios que rigen el juicio de amparo, de entre ellos el de agravio personal y directo, que consiste en la ofensa o menoscabo que recae y se concreta en una persona, que sea apreciable en forma objetiva, esto es, que consista en una afectación real, no subjetiva o hipotética, de manera que si el elemento material del daño el quejoso lo hizo consistir en la negativa de otorgarle algún beneficio de la libertad anticipada que solicitó, ello presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que lo faculta para acudir a la instancia constitucional demandando que cese tal acto que dice es violatorio de garantías.

"Además, contrariamente a lo señalado en la sentencia recurrida, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, en el capítulo de competencia establece lo siguiente:

"Competencia

"‘Artículo 4o. Corresponde al jefe de Gobierno, por conducto de la secretaría, la aplicación de esta ley.’

"‘Artículo 5o. La secretaría, a través de la Subsecretaría de Gobierno, la dirección general y la dirección aplicará las disposiciones de la presente ley. ...’

"En diverso apartado denominado de ‘Generalidades’ se definen aquellos entes públicos encargados de la aplicación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, los cuales, entre otros, consisten en:

"Generalidades

"‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"‘I. Jefe de Gobierno, al jefe de Gobierno del Distrito Federal;

"‘II. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;

"‘III. Autoridad ejecutora, al jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal;

"‘IV. Dirección general, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal;

"‘V. Dirección, a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal; ...’

"Como se advierte de esos dispositivos legales, algunas facultades otorgadas a la autoridad ejecutora (jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal), fueron delegadas a diferentes entes públicos, entre ellos, al director ejecutivo de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, y si fue esta autoridad quien en ejercicio de las facultades delegadas emitió el acto del cual se queja el recurrente por el que le fue negado algún beneficio para obtener su libertad anticipada, por ello éste y no otro es el acto que depara perjuicio, máxime si del contenido del oficio respectivo no se desprende acuerdo alguno en donde se ordene que esa resolución sea remitida a otra autoridad para su aprobación, lo cual además resultaría ilógico, ante las facultades que en forma delegada le fueron otorgadas a la autoridad mencionada. Por lo anterior, el acto reclamado constituye un ataque a la libertad personal del quejoso, pues le impide que la pena de prisión que se le impuso deje de tener ejecución mediante el posible otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada de que puede gozar cualesquier sentenciado, siempre y cuando cumpla con las condiciones que para ello establece la ley.

"Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, en aras de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito al quejoso, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, reasume jurisdicción y aborda oficiosamente el análisis correspondiente de los conceptos de violación.

"Previamente, debe señalarse que con relación a la certeza del acto reclamado, en la sentencia recurrida se tuvieron por ciertos los actos atribuidos al director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno, coordinador de Ejecución de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno y al director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, todas del Distrito Federal.

"Al rendir su informe justificado el director ejecutivo de Sanciones Penales señaló que era cierto el acto que le fue reclamado en su calidad de autoridad ordenadora, a lo que se adhirió en su correspondiente informe el coordinador de Ejecución de Sentencias, precisando que depende jerárquicamente de la primera de las autoridades señaladas, en tanto que el director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte negó el acto que le fuera atribuido como autoridad ejecutora.

"Por lo anterior, deben estimarse ciertos los actos atribuidos al director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ambos del Distrito Federal, no así al coordinador de Ejecución de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, pues ésta sólo suscribió el oficio por ausencia del titular de la dirección ejecutiva, en esa virtud, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías únicamente respecto de esta última autoridad, pues se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la citada fracción, en razón de que de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que la referida autoridad en ausencia del titular únicamente firmó el oficio en el que le fue negado el beneficio de la libertad anticipada que solicitó el quejoso, de manera que no actúa directamente o atribuyéndose competencias que no le corresponden, sino en ausencia de otro, sin que el quejoso o sus autorizados hayan aportado alguna prueba que desvirtuara esa circunstancia, de lo que se colige que se actualiza la causa de sobreseimiento invocada, ante la inexistencia del acto atribuido a la citada autoridad.

"Ahora bien, contrario a lo señalado por el quejoso, la negativa a concederle algún beneficio de libertad anticipada que solicitó, se sustentó en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, que rige de un modo especial lo relativo al tratamiento de quienes son sujetos de una sentencia que ha causado ejecutoria y establece los requisitos que se deben reunir para su concesión.

"Así, en el acto reclamado se precisó que el quejoso a partir del veintitrés de noviembre de dos mil seis, se encuentra cumpliendo una pena de prisión de 3 años, 2 meses, 7 días, por la comisión del delito de robo calificado, y que para el otorgamiento del beneficio de la libertad preliberacional debía atenderse a lo dispuesto por los artículos 12, 13, 40, 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, que disponen:

"‘Artículo 12. Para la ejecución de las sanciones privativas de la libertad, se establecerá un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la readaptación social del sentenciado. Constará por lo menos de dos periodos: el primero, de estudio y diagnóstico, y el segundo, de tratamiento, dividido este último, en fases de tratamiento en internación, externación, preliberacional y postpenitenciario.

"‘El tratamiento se fundará en las sanciones penales impuestas y en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado, los que deberán ser actualizados semestralmente.

"‘La readaptación social tiene por objeto colocar al sentenciado ejecutoriado en condiciones de no delinquir nuevamente.’

"‘Artículo 13. Se consideran medios para alcanzar la readaptación social del sentenciado, el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, con base en la disciplina. Su acreditación será requisito indispensable para el otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada.

"‘Para los efectos del otorgamiento del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada, se establecerán en el programa a que se refiere el artículo 8o. de esta ley los términos en que se acreditará la realización de las actividades laborales, la capacitación para el trabajo y la educación.’

"‘Artículo 40. Los beneficios de libertad anticipada, son aquellos otorgados por la autoridad ejecutora, cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos legalmente en cada modalidad.’

"‘Artículo 41. Dichos beneficios son:

"‘I. Tratamiento preliberacional.

"‘II. Libertad preparatoria.

"‘III. Remisión parcial de la pena.’

"Capítulo IV

"Del tratamiento preliberacional

"‘Artículo 43. El tratamiento preliberacional es el beneficio que se otorga al sentenciado, después de cumplir una parte de la sanción que le fue impuesta, quedando sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia que la dirección establezca.’

"‘Artículo 44. El otorgamiento del tratamiento preliberacional se concederá al sentenciado que cumpla con los siguientes requisitos:

"‘I. Cuando haya compurgado el 50% de la pena privativa de libertad impuesta;

"‘II. Que haya trabajado en actividades reconocidas por el centro de reclusión;

"‘III. Que haya observado buena conducta;

"‘IV. Que participe en actividades educativas, recreativas culturales o deportivas que se organicen en la institución;

"‘V. Que cubra o garantice en su totalidad la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

"‘VI. No estar sujeto a otro u otros procesos penales o que con anterioridad, no se le haya concedido el tratamiento en externación y/o algún beneficio de libertad anticipada y se encuentren vigentes o que alguno de éstos le hubieren (sic) sido revocado;

"‘VII. Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado;

"‘VIII. Compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando.’

"‘Artículo 45. El tratamiento preliberacional comprenderá:

"‘I. La preparación del sentenciado y su familia en forma grupal o individual, acerca de los efectos del beneficio.

"‘II. La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social.

"‘III. Concesión de salidas grupales con fines culturales y recreativos, visitas guiadas y supervisadas por personal técnico.

"‘IV. Canalización a la institución abierta, en donde se continuará con el tratamiento correspondiente; concediéndole permisos de:

"‘a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los días sábados y domingos para convivir con su familia, y

"‘b) Reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico.’

"Capítulo V

"De la libertad preparatoria

"‘Artículo 46. La libertad preparatoria se otorgará al sentenciado que cumpla las tres quintas partes de la pena privativa de libertad impuesta, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

"‘I. Haber acreditado niveles de instrucción y actividades culturales durante el tiempo de reclusión;

"‘II. Haber participado en el área laboral;

"‘III. Cubra o garantice en su totalidad la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

"‘IV. Cuente con una persona conocida, que se comprometa y garantice a la autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el preliberado;

"‘V. Compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando.’

"De la remisión parcial de la pena

"‘Artículo 50. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

"‘La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposición de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.

"‘La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado para el efecto de lo previsto en las fracciones I, II, III y IV del artículo 90 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y, en todo caso, el sentenciado deberá acreditar que se ha cubierto la reparación del daño."

"De las transcripciones se desprende, que contrariamente a lo que refiere el promovente del juicio de amparo, no se vulneraron las garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que la autoridad responsable de manera fundada y motivada se pronunció en cuanto a la petición que realizó el quejoso, citando los preceptos legales aplicables al caso y los argumentos que estimó pertinentes, para que mediante la adecuación de éstos con aquellos concluir como correctamente lo hizo y determinar, además, que sería sujeto de valoración nuevamente en seis meses.

"Resulta aplicable a lo anterior lo decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CXVI/2000, publicada en la página 143 del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.’

"Efectivamente, tal y como se aprecia del oficio número SG/DESP/CES/JUDADH/1970/2009, de veintisiete de mayo de dos mil nueve, conforme lo disponen los dispositivos legales señalados, el beneficio de libertad anticipada debe otorgarse con base en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al reo, en ese sentido, como resultado de los que le fueron practicados al solicitante de garantías, se señaló lo siguiente:

"a) Estudio psicológico.

"Actitud: Manipulador.

"Manejo de la agresividad. Inadecuada (agresión violencia): Física y verbal.

"Actitud social. Aprovechamiento de la experiencia: Inadecuada. Introyección de normas y valores: Inadecuada. Conflictos con la figura de autoridad: Existentes. Rol de grupo: Manipulador. Interacción social: Relaciones de control. Metas: Improvisadas.

"Impresión diagnóstica: Personalidad pasivo-agresiva con rasgos paranoides.

"Dinámica de la personalidad: Sujeto originario del Distrito Federal, proviene de un núcleo primario numeroso (es el 4o. de 5 hermanos), desintegrado por el abandono del padre, posteriormente reconstruido con la presencia del padrastro, figura extrapuntiva y agresiva, siendo la mamá convencional, de ahí que el ahora procesado se desarrolle resentido y con rebeldía ante las figuras que representan autoridad, comportándose hostil y agresivo. Observa trayectoria escolar conflictiva con abandono a los 16 años. Se caracteriza por ser un sujeto agresivo de carácter fantasioso con tendencia al atrevimiento, la exigencia y la terquedad superficial son sentimientos de inferioridad que compensa con ideas megalomanas. Es infantil, que presenta dificultad en la introyección de normas, su control ético proviene del exterior.

"Pronóstico. Externo (social): Desfavorable.

"a) Estudio criminológico.

"Canalización de la agresividad. Manifiesta. Intrapunitiva. Extrapuntiva. inadecuada.

"Actitud social (interacción individuo-sociedad). Introyección de normas y valores: Inadecuada. Aprovechamiento de la experiencia: Inadecuada. Relaciones interpersonales: Control. Rol de grupo: Controlador.

"Clasificación criminológica: Reincidente específico.

"Adaptabilidad social: Media con tendencia a la baja-capacidad criminal: Media.

"Psicodinámica criminal: Sujeto clasificado criminológicamente como reincidente específico, introyecta inadecuadamente normas y valores adapt

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22169-f05d61c4/beneficios-de-libertad-anticipada-es-improcedente-el-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.