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Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS O SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN QUE CONCEDE ALGUNO DE ELLOS PERO OMITE PRONUNCIARSE RESPECTO DE OTRO DE DIFERENTE NATURALEZA, PUEDE ANALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL). CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2009. · Registro digital (IUS): 21870
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 84.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los asuntos siguientes:

1. Juicio de amparo directo 2150/92-135, resuelto el tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos. En la sentencia reclamada se condenó al quejoso como penalmente responsable del delito de robo, por lo que se le impuso pena de prisión y multa o, en caso de impago, por jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.

En sus conceptos de violación, entre otras cosas, señaló que por ser una pena de prisión menor a cinco años, debieron otorgársele los beneficios que señala el artículo 70 del Código Penal Federal y no únicamente el previsto en la fracción III de ese dispositivo.

Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

"Tampoco causa agravios al peticionario de garantías el que sólo se le hubiese otorgado el beneficio previsto en la fracción III del artículo 70 del Código Penal Federal y no los demás que señala ese mismo precepto; pues si considera que reúne las condiciones para el disfrute de algún otro, de conformidad con el artículo 74 de ese ordenamiento, puede promover ante el juzgado que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo."

2. Juicio de amparo directo 1696/94-392, fallado el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. En la sentencia reclamada se condenó al quejoso por el delito de lesiones, por lo que se le impuso pena de prisión y multa, sustituyéndosele la pena de prisión por multa.

En los conceptos de violación manifestó que se incurrió en un error al no concedérsele el beneficio de la condena condicional estipulado en el artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal.

El Tribunal Colegiado en dicho asunto estimó lo siguiente:

"Finalmente, si bien es cierto que en el fallo impugnado nada se dice sobre el otorgamiento o negativa del beneficio de la condena condicional que establece el artículo 90 del Código Penal para el Distrito Federal, también lo es que es potestativo para el Juzgador y no un derecho el otorgarlo; en la inteligencia de que lo anterior no impide que promueva el incidente respectivo en términos de la fracción X de dicho numeral."

3. Juicio de amparo 1252/95-300, resuelto el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. La sentencia reclamada se emitió por el delito de robo calificado, por lo que se le impuso a la quejosa pena de prisión.

En sus conceptos de violación adujo que se debió haber sustituido la pena privativa de libertad por multa.

En relación al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

"En esas condiciones, y en base al informe de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, oficios y copias certificadas de los Juzgados Trigésimo Noveno Penal, Primero de Paz Penal y Cuadragésimo Quinto Penal, todos del Distrito Federal, de las que se desprende que la hoy quejosa ... se le han instruido diversos procesos por los delitos de robo; por lo que la autoridad responsable, no le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, por multa, previsto en la fracción III del artículo 70 del Código Penal, por no reunir los requisitos de los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 90 del mismo ordenamiento legal. Pues bien, del análisis de dichos dispositivos legales, se desprende, que el artículo 70 del código sustantivo penal, es facultativo para el juzgador el conceder dichos beneficios, como de su propia lectura e interpretación se desprende, luego no es obligatoria su aplicación, en consecuencia dichos beneficios no son derechos, por tanto su concesión queda al libre criterio del juzgador. Por otra parte, es evidente que la quejosa no reunió los requisitos señalados en los incisos b) y c) del artículo 90 del Código Penal, como se demostró con el informe de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, así como con los oficios de los Juzgados Trigésimo Noveno Penal, Primero de Paz Penal y Cuadragésimo Quinto Penal, todos del Distrito Federal; de lo que se observa que ha sido procesada por diversos delitos de robo, por lo que no puede presumirse que no volverá a delinquir; en tal virtud la determinación que impugna la impetrante de garantías, no le causa agravio alguno y en consecuencia no se violaron garantías individuales."

4. Juicio de amparo directo 920/96-213, fallado el tres de julio de mil novecientos noventa y seis. En la sentencia reclamada se consideró al quejoso penalmente responsable del delito de robo calificado, imponiéndosele pena de prisión y multa; además, se le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa.

En sus conceptos de violación adujo que debió otorgársele algún otro sustitutivo de la pena de prisión, no la multa.

El Tribunal Colegiado, al respecto, señaló lo siguiente:

"En lo referente a la condena condicional, si bien es cierto en la sentencia impugnada no se hizo pronunciamiento alguno sobre el particular, también lo es que si no se solicitó por la defensa en la contestación de las conclusiones del Ministerio Público ni en momento procesal alguno, no había porqué resolver al respecto, además de que si no se otorgó dicho beneficio en la sentencia definitiva, se podrá solicitar a través de la vía incidental, conforme lo prevé el artículo 90, fracción X, del Código Penal para el Distrito Federal."

Los asuntos anteriores, originaron la emisión de la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, octubre de 1996

"Tesis: I.4o.P. J/2

"Página: 360

"BENEFICIOS PENALES. SI NO FUERON EXPRESAMENTE PEDIDOS, SU OMISIÓN EN LA SENTENCIA NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SINO INCIDENTALMENTE ANTE EL PROPIO JUZGADOR. Cuando al dictarse una sentencia no se resuelve respecto de los beneficios penales de la sustitución de sanciones o de la condena condicional, el sentenciado que considere reunir los requisitos para disfrutar de alguno de ellos, debe promover ante el juzgador el incidente respectivo, en términos de los artículos 74 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal y no reclamar la omisión en el juicio de amparo directo.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Amparo directo 2150/92. **********. 3 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretario: Carlos Humberto Arias Romo.

"Amparo directo 1300/94. **********. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta.

"Amparo directo 1696/94. **********. 3 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Pedro Olea Elizalde.

"Amparo directo 1252/95. **********. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

"Amparo directo 920/96. **********. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar."

Es conveniente destacar que en relación al juicio de amparo directo 1300/94, mediante oficio 3241, la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito señaló que el jefe del Centro Archivístico Judicial (Lerma, Estado de México), manifestó que el cuaderno respectivo no había sido localizado en el listado electrónico con que cuentan.

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el tres de abril de dos mil nueve el juicio de amparo directo 79/2009. En la sentencia reclamada, se consideró al quejoso penalmente responsable del delito de robo calificado, por lo que se le impuso pena de prisión y multa; en cuanto a la sanción pecuniaria, en caso de insolvencia, se sustituiría por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, la pena de prisión se sustituyó por multa.

En sus conceptos de violación manifestó que la multa sustitutiva de prisión es excesiva, que debió otorgársele la suspensión condicional de la pena.

El Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:

"SEXTO. En torno al concepto de violación reseñado en el inciso a), por el que la quejosa aduce que en la sentencia reclamada no se hizo pronunciamiento respecto al otorgamiento del sustitutivo de la pena de prisión impuesta por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, el mismo resulta parcialmente fundado al tenor de las siguientes consideraciones: La interpretación sistemática y teleológica de los artículos 84 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación a lo dispuesto en el diverso 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor al momento del hecho, ahora párrafo séptimo del mismo precepto constitucional reformado conforme a la publicación del dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, conduce a establecer que el otorgamiento de los beneficios de la sustitución de la pena de prisión y de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a que se refieren los invocados numerales 84 y 89 del ordenamiento sustantivo penal para esta ciudad, constituye facultad para el órgano judicial a partir de la satisfacción de los requisitos que el mismo ordenamiento establece, como es el caso del quantum de la sanción privativa de libertad individualizada al imputado, o bien a los antecedentes de carácter personal y criminal con los que cuente, entre otros factores que deben ser atendidos a fin de establecer el modo de vida del acusado; de tal manera que en valoración a dichas circunstancias y situación específica del imputado es que, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 188/2005, publicada en la página quinientos treinta y seis del Tomo XXIII, correspondiente a febrero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE SU EJECUCIÓN. AL DICTAR SENTENCIA, EL JUZGADOR PUEDE CONCEDER ALTERNATIVAMENTE DICHOS BENEFICIOS, PARA QUE EL SENTENCIADO OPTE POR UNO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA IMPRESCINDIBLE SUSTITUIR LAS PENAS EN UNA FORMA ESPECÍFICA EN ATENCIÓN A LAS CONDICIONES PERSONALES DEL SUJETO, EN FUNCIÓN DEL FIN PARA EL QUE FUERON IMPUESTAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).’, es menester que en ejercicio de su referida potestad el juzgador esté en la opción de otorgar los beneficios en comento; facultad que empero se trastoca en una necesidad cuando se atiende que la finalidad mediata de la punición privativa de la libertad, conforme a la norma constitucional antes referida atiende a ‘la readaptación social del delincuente’, o bien como ahora se establece en ‘propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social’; pues en tal circunstancia es incontrovertible que al dictar sentencia condenatoria que imponga sanción privativa de libertad el juzgador tiene el deber de valorar el monto de la sanción impuesta, las condiciones de realización del hecho delictivo y las personales del sujeto inculpado, a fin de que, con miras a la readaptación social del delincuente o bien a su reinserción social, pondere y decida si es posible otorgar alguno de los beneficios de sustitución de la pena de prisión impuesta o bien del relativo a la suspensión condicional de su ejecución, lo cual realizará, claro está, en razonada y prudente motivación en aras a decidir sobre su otorgamiento o denegación, en ejercicio de su atributo y facultad jurisdiscente; de tal manera que de optar por su otorgamiento, es obvio que habrá de justificar en un sentido argumentativo suficiente la especie de beneficio al cual tiene opción de acogerse el sentenciado en razón a la finalidad mediata de la pena que constitucionalmente se ha referido en los términos supraindicados. En ese contexto, no se comparte la postura del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, contenida en la jurisprudencia 467, visible en la página 353, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘BENEFICIOS PENALES. SI NO FUERON EXPRESAMENTE PEDIDOS, SU OMISIÓN EN LA SENTENCIA NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SINO INCIDENTALMENTE ANTE EL PROPIO JUZGADOR.’, debido a que si bien es verdad que dicha omisión como acto reclamado destacado no es combatible vía amparo, no menos lo es que como concepto de violación sí es atendible, y si en la especie se otorgó el beneficio de la sustitución de la sanción restrictiva de libertad por multa, es evidente que la autoridad responsable debía pronunciarse sobre el porqué concedió dicha sustitución en esos términos y no por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad aunque esta última modalidad no hubiera sido expresamente solicitada, pues se itera, la facultad en comento cuando se ejerce lleva implícito el deber de motivación correspondiente cuando se descarta alguna opción que pudiera ser hipotéticamente procedente. Bajo esta perspectiva y sobre el tópico en examen, si la autoridad responsable ordenadora otorgó la sustitución de la prisión por multa, pero omitió pronunciarse respecto de la sustitución de la sanción restrictiva de libertad por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, siendo que la prisión impuesta no excedía de tres años, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para que la Sala responsable, tomando en consideración lo expuesto, justifique en un sentido argumentativo suficiente porqué únicamente otorgó la especie de beneficio en mención en esa modalidad y no en la otra."

CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció nuevos criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

De esta manera, esta Primera Sala se apoya en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de este Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Analizadas las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en razón de que se adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su potestad jurisdiccional, sostuvo el criterio en el sentido de que el concepto de violación por el que la quejosa aduce que en la sentencia reclamada no se hizo pronunciamiento respecto al otorgamiento del sustitutivo de la pena de prisión impuesta por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, resultaba fundado.

El Tribunal Colegiado de referencia señala que si bien es verdad que dicha omisión como acto reclamado destacado no es combatible vía amparo, no menos lo es que como concepto de violación sí es atendible, y si en la especie se otorgó el beneficio de la sustitución de la sanción restrictiva de libertad por multa, es evidente que la autoridad responsable debía pronunciarse sobre el porqué concedió dicha sustitución en esos términos y no por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, aunque esta última modalidad no hubiera sido expresamente solicitada.

Dicho órgano de control constitucional, itera, que la facultad en comento cuando se ejerce lleva implícito el deber de motivación correspondiente cuando se descarta alguna opción que pudiera ser hipotéticamente procedente.

El criterio sostenido por el mencionado Tribunal Colegiado establece que si la autoridad responsable, en ejercicio de sus facultades, otorga un determinado beneficio para sustituir la sanción privativa de libertad, debe pronunciarse en lo relativo a porqué no concedió otro beneficio de diferente naturaleza al otorgado, aspecto que como concepto de violación sí es atendible en el juicio de amparo, aun cuando no como acto reclamado destacado.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito aborda el estudio del aspecto jurídico de mérito, como se puede apreciar de la jurisprudencia que emitió y de algunos de los precedentes que originaron su emisión.

Por su importancia, resulta necesario volver a reproducir en este considerando dicha jurisprudencia, la cual es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, octubre de 1996

"Tesis: I.4o.P. J/2

"Página: 360

"BENEFICIOS PENALES. SI NO FUERON EXPRESAMENTE PEDIDOS, SU OMISIÓN EN LA SENTENCIA NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SINO INCIDENTALMENTE ANTE EL PROPIO JUZGADOR. Cuando al dictarse una sentencia no se resuelve respecto de los beneficios penales de la sustitución de sanciones o de la condena condicional, el sentenciado que considere reunir los requisitos para disfrutar de alguno de ellos, debe promover ante el juzgador el incidente respectivo, en términos de los artículos 74 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal y no reclamar la omisión en el juicio de amparo directo.

"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Amparo directo 2150/92. **********. 3 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretario: Carlos Humberto Arias Romo.

"Amparo directo 1300/94. **********. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretaria: Beatriz Moguel Ancheyta.

"Amparo directo 1696/94. **********. 3 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Pedro Olea Elizalde.

"Amparo directo 1252/95. **********. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Reyes. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

"Amparo directo 920/96. **********. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar."

En términos de la jurisprudencia reproducida, cuando en una sentencia no se resuelve respecto de los beneficios penales, el sentenciado debe promover ante el juzgador el incidente respectivo y no reclamar la omisión en el juicio de amparo directo.

Ahora bien, en la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2150/92-135, se consideró que no le causa agravios al quejoso el que sólo se le hubiese otorgado un determinado beneficio y no los demás que señala el precepto respectivo, en razón de que si consideraba que reunía las condiciones para el disfrute de algún otro, podía promover ante el juzgado para que se le concediera, abriéndose el incidente respectivo.

Siguiendo este orden de ideas, en el juicio de amparo directo 1696/94-392, sostuvo que si bien es cierto que en el fallo impugnado nada se dice sobre el otorgamiento o negativa del beneficio de la condena condicional, también lo es que es potestativo para el juzgador y no un derecho el otorgarlo; en la inteligencia de que lo anterior no impide que promueva el incidente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21870-b43034fa/beneficios-o-sustitutivos-de-la-pena-privativa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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